Por: Rodolfo Varela
Exonerado político, ex preso político y sobreviviente de tortura
Ingenuidad, ignorancia y pobreza. Tres vulnerabilidades humanas que buena parte de la clase política latinoamericana ha aprendido a explotar para mantenerse en el poder.
Cómo la izquierda engaña a los pobresDurante las últimas décadas hemos visto cómo tanto la derecha como la izquierda se han alejado, demasiadas veces, de aquello que debería ser la esencia de la política: trabajar por el bienestar de los pueblos. En lugar de ello, las tragedias históricas, las necesidades económicas y la vulnerabilidad social terminaron convertidas en instrumentos de intercambio electoral.
No hablo solamente desde la teoría. Hablo desde la experiencia.
Como sobreviviente de la dictadura militar chilena, pertenezco a una generación que conoció la tortura, la prisión política, la exoneración, el secuestro, la muerte y la desaparición. Vimos familias destruidas para siempre. Vimos cómo el miedo penetró en los hogares y cómo las heridas de la violencia de Estado sobrevivieron durante décadas.
También fuimos testigos de otros horrores que durante mucho tiempo permanecieron en las sombras: niños y niñas separados ilegalmente de sus familias y entregados o vendidos en el extranjero.
Frente a esa tragedia, la izquierda levantó las banderas de la verdad, la justicia, los derechos humanos y la reparación. Prometió cambios profundos y asumió compromisos con las víctimas y sus familias.
Pero después de décadas de gobiernos de distintos signos políticos, debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa deuda histórica ha sido realmente pagado?
La respuesta para muchos de nosotros sigue siendo dolorosa.
La reparación ha avanzado en algunos ámbitos, pero continúa siendo insuficiente para quienes cargamos las consecuencias físicas, psicológicas, económicas y familiares de aquella violencia. Y el discurso de los derechos humanos, en demasiadas ocasiones, terminó siendo utilizado como herramienta de legitimación y de captura electoral, sin que las promesas se tradujeran en una reparación verdaderamente digna.
La derecha, por su parte, continúa enfrentando nuestra historia reciente con una mirada que muchas veces minimiza, relativiza u omite la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura.
Se nos habla de libertad, crecimiento y prosperidad macroeconómica. Pero una economía que no alcanza a garantizar dignidad para quienes trabajaron toda su vida y para quienes fueron víctimas del propio Estado difícilmente puede considerarse un modelo plenamente exitoso.
Un ejemplo evidente es el sistema de AFP, nacido durante el régimen militar y presentado durante décadas como la solución para garantizar jubilaciones dignas. Sin embargo, para millones de chilenos las pensiones han demostrado estar muy lejos de esa promesa.
Durante años, políticos de diferentes sectores prometieron modificar profundamente el sistema. El problema es que las promesas se multiplicaron mientras millones de trabajadores continuaron esperando una vejez digna.
Y aquí aparece una paradoja que resulta difícil de aceptar.
Desde el 1 de mayo de 2026, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores de entre 18 y 65 años quedó fijado en $553.553. Para los mayores de 65 años, el ingreso mínimo legal es de $412.938.
Sin embargo, muchos sobrevivientes y víctimas de la dictadura continúan dependiendo de pensiones y beneficios de reparación que, en numerosos casos, resultan insuficientes frente al costo de la vida.
No estamos hablando simplemente de números.
Estamos hablando de personas.
Personas que fueron encarceladas. Personas que fueron torturadas. Personas que perdieron sus trabajos. Personas que quedaron marcadas física y psicológicamente. Personas que envejecieron esperando una reparación que nunca llegó en la dimensión que merecían.
Muchos de mis compañeros ya murieron sin conocer una reparación verdaderamente digna.
Condiciones para el 'Nunca Más'?Y esa es una deuda que el Estado no debería olvidar.
El problema tampoco termina en Chile.
América Latina continúa atrapada entre pobreza, corrupción, desigualdad, instituciones debilitadas y una creciente desconfianza ciudadana. En distintos países hemos visto cómo la justicia puede ser utilizada políticamente, cómo las instituciones pierden credibilidad y cómo la pobreza convive peligrosamente con redes de corrupción y crimen organizado.
Pero tampoco podemos caer en otro error: pensar que la solución consiste simplemente en entregar más poder al Estado.
Quienes hemos sufrido abusos del Estado no queremos un estatismo ciego.
Queremos instituciones fuertes, independientes, transparentes y honestas.
Queremos un Estado que proteja al ciudadano y no que lo utilice.
Queremos una política que entienda que gobernar no significa administrar votos, sino administrar responsabilidades.
El verdadero desarrollo de nuestros pueblos comenzará cuando la política deje de lucrar electoralmente con la vulnerabilidad de la gente.
Cuando la pobreza deje de ser una herramienta de campaña.
Cuando el dolor de las víctimas deje de aparecer solamente durante los períodos electorales.
Cuando los derechos humanos dejen de ser una bandera partidaria y vuelvan a ser entendidos como lo que realmente son: derechos de todos.
Y mientras eso no ocurra, los ciudadanos honestos seguiremos alzando la voz.
Porque nuestra memoria no está en venta.
Nuestro dolor no es una moneda electoral.
Y nuestra dignidad tampoco.
No queremos que utilicen nuestro dolor para conseguir votos. Queremos que, finalmente, hagan justicia.
