El magistrado considera que existen "indicios suficientes" para creer que el delantero conocía la "estructura societaria ficticia" creada para "eludir las obligaciones tributarias".
Cuando parecía que la causa contra Leo Messi por presunto fraude fiscal iba a tener un final feliz para el delantero azulgrana, tras la petición de archivo por parte de Fiscalía de Barcelona en el caso del goleador porque "no intervenía en la toma de decisiones", el jugador ha recibido un nuevo revés que lo deja a un paso de sentarse en el banquillo. El Juzgado de Instrucción número 3 de Gavà ha decidido desoír al ministerio fiscal yseguir las diligencias contra el astro y su padre, Jorge Horacio Messi.
Manuel Alcover Povo
En un auto publicado este lunes, el titular del juzgado, Manuel Alcover Povo, rechaza la pretensión de la fiscalía de archivar la causa contra la estrella y mantenerla solo contra su progenitor porque, en su opinión, existen "indicios suficientes" para considerar que el futbolista "podría haber conocido y consentido la creación y mantenimiento de una estructura societaria ficticia, que tenía como única finalidad eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de los ingresos generados por la explotación de sus derechos de imagen".
Las declaraciones complementarias, "irrelevantes"
El juez considera que hay una "probabilidad razonable" de comisión de un delito, puesto que el jugador, como obligado tributario, y su padre, como representante, "de manera conjunta y mediando acuerdo para ello", dejaron de pagar a la Agencia Tributaria más de 4,1 millones de euros correspondientes a las declaraciones del IRPF de los años 2007, 2008 y 2009. Para burlar al fisco, crearon variasempresas "de nula actividad" domiciliadas en paraísos fiscales como Uruguay, Belice, Suiza y el Reino Unido.
También tacha de "irrelevante" que los Messi ya hayan pagado a Hacienda, a través de declaraciones complementarias de IRPF, las cantidades presuntamente defraudadas, aunque admite que la medida puede rebajar en uno o dos grados la pena que se les pueda imponer. Igualmente, resta importancia al hecho de que hayan regularizado la situación de los ejercicios posteriores a los que se investigan.
Una vez finalizada la instrucción, el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado tienen 10 días para formular la acusación y pedir la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
