Mantienen la imputación contra Messi y su padre por fraude fiscal

El magistrado considera que existen "indicios suficientes" para creer que el delantero conocía la "estructura societaria ficticia" creada para "eludir las obligaciones tributarias".

Cuando parecía que la causa contra Leo Messi por presunto fraude fiscal iba a tener un final feliz para el delantero azulgrana, tras la petición de archivo por parte de Fiscalía de Barcelona en el caso del goleador porque "no intervenía en la toma de decisiones", el jugador ha recibido un nuevo revés que lo deja a un paso de sentarse en el banquillo. El Juzgado de Instrucción número 3 de Gavà ha decidido desoír al ministerio fiscal yseguir las diligencias contra el astro y su padre, Jorge Horacio Messi.

Manuel Alcover Povo

En un auto publicado este lunes, el titular del juzgado, Manuel Alcover Povo, rechaza la pretensión de la fiscalía de archivar la causa contra la estrella y mantenerla solo contra su progenitor porque, en su opinión, existen "indicios suficientes" para considerar que el futbolista "podría haber conocido y consentido la creación y mantenimiento de una estructura societaria ficticia, que tenía como única finalidad eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de los ingresos generados por la explotación de sus derechos de imagen".

Las declaraciones complementarias, "irrelevantes"

El juez considera que hay una "probabilidad razonable" de comisión de un delito, puesto que el jugador, como obligado tributario, y su padre, como representante, "de manera conjunta y mediando acuerdo para ello", dejaron de pagar a la Agencia Tributaria más de 4,1 millones de euros correspondientes a las declaraciones del IRPF de los años 2007, 2008 y 2009. Para burlar al fisco, crearon variasempresas "de nula actividad" domiciliadas en paraísos fiscales como Uruguay, Belice, Suiza y el Reino Unido.

También tacha de "irrelevante" que los Messi ya hayan pagado a Hacienda, a través de declaraciones complementarias de IRPF, las cantidades presuntamente defraudadas, aunque admite que la medida puede rebajar en uno o dos grados la pena que se les pueda imponer. Igualmente, resta importancia al hecho de que hayan regularizado la situación de los ejercicios posteriores a los que se investigan.

Una vez finalizada la instrucción, el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado tienen 10 días para formular la acusación y pedir la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

¿A qué temen los militares de Guatemala?

La exigencia de justicia por parte de las víctimas y sobrevivientes ixiles, durante el proceso penal por genocidio y crímenes de lesa humanidad en contra de José Efraín Ríos Montt y de Mauricio Rodríguez Sanchez, ha sido afrontada por la parte conservadora de la sociedad guatemalteca como una provocación inadmisibleUn acto de traición a la paz.

El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt habla durante su juicio por genocidio en Guatemala, jueves 9 de mayo de 2013. A sus 86 años, el ex presidente de facto, congresista y predicador evangélico es el primer gobernante latinoamericano en ser juzgado por genocidio en su propio país.

El proceso contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez ha evidenciado, una vez más, la tan asentada costumbre del bien avenido matrimonio entre la oligarquía tradicional y los militares de imponer su versión de los hechos por medio de la intimidación y de la coacción que históricamente han tenido por práctica cotidiana.

También se ha vuelto a evidenciar que la sociedad guatemalteca permanece hipersegmentada por conflictos étnicos, religiosos, políticos y de clase, herederos de un feudo que se prolonga en el tiempo y de una democracia no adquirida sino instaurada. Unos conflictos que no son fruto de enjuiciar a criminales de guerra o genocidas, sino de la praxis violenta y violentogénica de quienes han detentado el poder, que son quienes han escrito su historia y su verdad, que no la historia y la verdad.

La historia: mut(il)aciones de ayer y de hoy

Los regímenes represivos (re)escriben antojadizamente la historia para legitimarse y para evitar procesos de rendición de cuentas ante la responsabilidad penal que conlleva cometer crímenes graves. Así, quienes narran y generan opinión son sujetos activos y parte fundamental dentro de la propia estructura bélica.

Para garantizar la imposición de la historia oficial, la academia conservadora de Guatemala limitó, incluso con vidas acabadas en medio, las publicaciones autorizadas para imprenta. Académicos y académicas que no comulgaban con la versión institucional se convirtieron en el objetivo del exterminio selectivo y de la persecución durante el conflicto armado. También lo fueron periodistas que en muchas ocasiones se vieron obligados a dar a conocer como hechos o actualidad los comunicados del gobierno. La censura y la autocensura se convirtieron en rutina. Un ejemplo de ello es el testimonio de un periodista, sobreviviente del conflicto armado interno, incluido en el libro La Masacre de Panzós: Etnicidad, tierra y violencia en Guatemala, de la antropóloga Victoria Sanford: “La censura y la corrupción vienen en varias formas. Había periodistas desaparecidos, editores asesinados. No necesitabas una amenaza de muerte para saber que a ti te tocaría pronto. (…)Hubo editores que cambiaban lo que tú habías escrito para protegerte o para protegerse a sí mismos porque realmente estaban al lado del Ejército.”

En el contexto de la Guerra Fría, los flujos informativos imperantes en Guatemala estaban plagados de opiniones en contra del temido fantasma que recorría el planeta, el comunismo. Algo que resultaría completamente absurdo en nuestros días. Por ello, la élite política y económica del país, así como su brazo armado (legal e ilegal), han tenido que actualizar los argumentos con los que justifican la persecución de quienes se atreven a pensar de forma diferente. Para tal fin se han alineado con el discurso de una supuesta defensa frente a un supuesto terrorismo. Idea que, por supuesto, no es propia de los grupos de poder locales, sino la conveniente importación de un producto fabricado en los laboratorios del norte.

Así como durante el conflicto armado la población civil fue declarada el enemigo interno, hoy las y los integrantes de la sociedad civil organizada son para estos autoproclamados “defensores de la patria” las y los terroristas a vencer. La criminalización de activistas, de defensoras y defensores de los Derechos Humanos se crea y difunde a través del latifundio mediático que militares y oligarcas dominan. Desde ahí, lanzan, como de costumbre, una campaña que se centra en desprestigiar e intimidar a quienes no se someten a sus reglas.

Los medios, incluidas las redes sociales, se convierten en tribunales inquisidores donde, sin reconocimiento de los límites de la libertad de expresión, cualquier persona relacionada con la defensa de los Derechos Humanos puede ser estigmatizada como terrorista, la nueva modalidad de enemigo interno. Terrorista también es la etiqueta con que se clasifica a cualquier persona que se oponga a la política extractiva de las corporaciones transnacionales radicadas en Guatemala.

Aristóteles sostenía que se puede comprender sólo a los que sufren un infortunio inmerecido. Esto lo han entendido muy bien los aparatos represivos en Guatemala, por eso trabajaron larga y sistemáticamente en la estigmatización de la población indígena, hasta convertirla en el enemigo interno. El objetivo era hacerla fácilmente prescindible. Estos marcos de interpretación de la realidad están atravesados por el imaginario construido y pre-fabricado desde la opinión que reina en los medios actuales, y tienen la misma razón de ser de siempre: mantener a quienes se oponen a los intereses de la fusión oligarca-militar señalados como delincuentes, por lo tanto merecedores de cualquier castigo.

La pretensión final de definir la historia de la población, convertida en objetivo militar, es pues, la imposición de quien es sujeto y quien se convierte en objeto. Como afirmó Simone Weil, en su sublime ensayo sobre la guerra La «Iliada» o el poema de la fuerza: “La violencia convierte en cosa a quien está sujeto a ella.”

Negacionismo y la negación de la negación

“No hubo genocidio. Lo vuelvo a repetir ahora después del fallo” dijo Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, al periodista Fernando del Rincón de CNN en Español, reafirmándose como cabeza visible de la maquinaria negacionista que ha puesto en marcha todo tipo de acciones para reducir cualquier atisbo de debate, no sólo sobre la existencia del genocidio en Guatemala, sino sobre la naturaleza de este delito que demanda, para su correcta comprensión, ser analizado con todo rigor.

( Foto/Moises Castillo)

Una indígena ixil, pariente de una víctima de la guerra civil, escucha la traducción del español al ixil del juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt eb Guatemala, jueves 9 de mayo de 2013. Acusado de la matanza de 1.771 indígenas durante la guerra civil, el ex general de 86 años es el primer gobernante de facto latinoamericano en ser juzgado y condenado por genocidio en un tribunal de su país.

Negar públicamente el genocidio, es buena muestra del lugar que le asigna el mandatario guatemalteco a la separación de poderes sobre la cual se asienta todo Estado democrático. Sin embargo, después, para negar el significado de la negación el Ministerio de Exteriores ha debido publicar un comunicado que cita: “El Gobierno de la República de Guatemala, por medio del Presidente Constitucional Otto Pérez Molina, ha respetado la libertad, independencia y autonomía de las instituciones judiciales, así, en correspondencia: respeta y acata sus conclusiones y resoluciones”. No se conoce que los embajadores extranjeros en Guatemala se hayan manifestado oficial y públicamente solicitando al presidente ejemplificar el respeto a la independencia del poder judicial. Excusatio non petita, accusatio manifesta.



Eso sí, para que no se diga que la negación del genocidio procede sólo de los militares y sus simpatizantes, la “intelectualidad” de la oligarquía se hizo presente con un comunicado para ratificar, desde los cerebros conservadores, la versión de sus guardianes armados. También lo hizo la otra parte, mucho más auténtica y representativa de esa misma oligarquía, el sector empresarial aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).


La Verdad

Es obligación del Estado averiguar, dar a conocer y preservar la verdad, como salvaguarda fundamental contra la repetición de violaciones a los Derechos Humanos. Además, el Estado está obligado a recordar, asegurando la conservación y el mantenimiento de los archivos y otras pruebas destinadas, según Naciones Unidas, “a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.

Pero, la batalla de los militares y de la oligarquía es imponer a la población guatemalteca, por la vía del descrédito y del terror, la idea de que la reconciliación del país sólo es posible sin mirar al pasado. Su idea de paz está asentada sobre la base del olvido. Y no sólo del olvido legal que significa la amnistía, sino del olvido de todo cuanto las víctimas hayan podido padecer a manos del Ejército y sus aliados.

El mismo dictador, hoy condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad, en primera instancia, violó la más grande verdad del ordenamiento jurídico, la verdad constitucional: “No podíamos respetar la Constitución porque todo era una podredumbre, todo se había caído solo”, confesó Ríos Montt al Tribunal presidido por la jueza Jazmín Barrios, justificando así la sustitución de la Carta Magna por el Estatuto Central de Gobierno, que redactó junto a su Gabinete.

La evidencia de que los militares y la oligarquía no están dispuestos a asumir el peso de la verdad quedó demostrada, una vez más, con la estrategia dilatoria diseñada y ejecutada por la defensa de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez durante el juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sus defensores no dudaron en llegar al litigio malicioso para impedir no sólo la sentencia, sino algo bien sabido por ellos: la inconmensurable aportación a la Verdad que significan los testimonios de las y los sobrevivientes.

El ejercicio del Derecho a Ser Escuchado convierte, ante el mundo, a las víctimas que narran la realidad en sujetos políticos activos que nunca más tendrán la condición de objetos que les fue adjudicada por sus verdugos.

Pasos de animal grande

La población ixil ya no es el grupo aislado en las montañas, cuyas noticias sobre su exterminio controlado tardaban meses e incluso años en llegar a la portada de algún medio. Los hombres y las mujeres mayas de Guatemala son una mayoría que cada vez se aleja más de ese grupo humano observado, ese “otro” que como dice Susan Sontag, “incluso cuando no es enemigo, se le tiene por alguien que ha de ser visto, no alguien (como nosotros) que también ve.”

Guatemala entera ya no es el país donde la cárcel era sólo una amenaza para los pobres: Alfonso Portillo y Ríos Montt son una buena muestra de ello. Es un país que está en la primera página de periódicos de todo el mundo que rinden homenaje a la enorme capacidad de resiliencia y a la valentía inquebrantable de una población amenazada por una bestia armada que se sabe herida y cuyos feroces y reactivos coletazos alcanzan a víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, a activistas, a defensores y defensoras de Derechos Humanos, y a jueces y fiscales cuya integridad nos reconcilia cada día, como humanidad, con la justicia.

Antes, el miedo de los militares a la verdad quedó patente con su negativa absoluta incluso a llamar Comisión de la Verdad a la detallada narración de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas, en su enorme mayoría, por el Ejército en contra de la población civil de Guatemala. Esa verdad que le costó la vida a Juan Gerardi y que finalmente se llamó “Recuperación de la Memoria Histórica”.

Quizá el único acto de aportación a la verdad, cargado de significado, ha sido la autoinculpación simbólica que conlleva el que tantos aliados de los militares estén dándose por aludidos como genocidas. Nos recuerdan que nada de lo que Ríos Montt hizo fue solo.

El miedo de los militares es absolutamente fundado: el pueblo de Guatemala es cada día más consciente de la represión causada por un ejército que masacró a más del 90% de las víctimas del conflicto armado totalmente al margen de los episodios de combate, que fueron contados y excepcionales. Una buena parte de la Comunidad Internacional también conoce, hasta la saciedad, la condenen o no, la desproporcionada e injustificada violencia cometida por el Ejército en contra la propia población guatemalteca, no sólo durante el conflicto armado interno sino ahora, defendiendo los derechos de las empresas extranjeras en el país. Pero quizá la verdad más incómoda para los militares es la claridad con la que les marca el coto la élite política y económica de Guatemala desvelándolos como lo que son: el brazo armado defensor de una oligarquía que no los reconoce ni los reconocerá jamás como iguales.

Indígenas de Ecuador siguen esperando que los consulten

Un proyecto de ley sobre consulta previa a pueblos indígenas sobre medidas legislativas no termina de definirse en el parlamento de Ecuador

El inciso 7 del artículo 57 de la Constitución garantiza la "consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente"

Recientes proyectos mineros y petroleros pusieron a prueba la voluntad del gobierno de respetar la consulta.

Jefe de una familia huaorani recibe junto a su esposa e hijos a un grupo de turistas en la comunidad de Tigüino, dentro del Parque Nacional Yasuní. 

Pero este derecho no está plenamente reglamentado, mientras sigue en debate el proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades.

El inciso 7 del artículo 57 de la Constitución garantiza la “consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente”.

El texto constitucional también da a estas poblaciones derecho a “participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna”.

“Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”, añade.

La base jurídica de la consulta también se rastrea en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Ecuador ratificó en 1998, y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007.

Pero recientes proyectos mineros y petroleros pusieron a prueba la voluntad del gobierno de respetar la consulta, y en alerta a las organizaciones indígenas.

El 28 de noviembre de 2012, cientos de nativos llegaron a Quito a protestar con grandes carteles porque no hubo consulta antes de convocar la XI Ronda de Licitación Petrolera, que puso a disposición de capitales privados yacimientos que contendrían 1.600 millones de barriles de crudo.

En ese momento, Domingo Peas, líder de la nacionalidad achuar, aseguró que “el gobierno dice que ha realizado consulta previa, pero esto no es verdad”.

“Las consultas realizadas entre los pueblos y nacionalidades de las zonas de influencia son nulas porque su reglamentación no contó con participación de los pueblos y nacionalidades indígenas, no se respetaron sus métodos tradicionales de toma de decisiones y no se incluyeron procedimientos culturales adecuados, como el idioma”, agregó.

En síntesis, dijo Peas, “no son previas, no son libres, no son informadas y se han desarrollado con mala fe”.

El presidente de la influyente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, considera que el trabajo de las autoridades no es suficiente.

“La consulta previa está pendiente, todavía no tenemos los resultados que quisiéramos. Necesitamos que se apruebe la ley, con eso se avanzaría mucho”, dijo a Tierramérica.

El proyecto, de 29 artículos, se refiere a consultas sobre medidas legislativas y prevé cuatro fases: de preparación; de convocatoria pública e inscripción; de realización de la consulta, y de análisis de resultados y cierre.

De esta forma, el Estado determinará si un proyecto de ley afecta los derechos de cierta comunidad y luego la Asamblea Nacional legislativa convocará a una consulta prelegislativa que se ejecutará a través del Consejo Nacional Electoral.

Es clave que esta norma entre en vigencia, porque “garantizará a las nacionalidades indígenas su participación para decidir en futuras leyes que las afecten directamente, y así se evitará la falta de consensos”, dijo a Tierramérica la legisladora nativa Lourdes Tibán, del izquierdista y opositor movimiento Pachakutik.

Una vez en vigencia esa legislación, se podrán abordar proyectos de mayor interés, como la ley de recursos hídricos, cuyo debate se pospone desde 2010 precisamente por la resistencia de los pueblos indígenas, que exponen una preocupación central: que lo que propongan en la consulta prelegislativa no sean incluido en la redacción final de la ley consultada.

Lo mismo ocurre con otras iniciativas legales, como la de culturas y la de tierras.

He ahí el meollo del conflicto.

Un año atrás, el presidente Rafael Correa advirtió en uno de sus mensajes sabatinos que las organizaciones no gubernamentales “buscan que la consulta previa sea consulta popular y que sea vinculante; eso significa que para dar cualquier paso, vamos a tener que pedir permiso a la comunidad”.

“Eso es gravísimo, eso no dicen los tratados internacionales, no es velar por los intereses de las mayorías, sino de la unanimidad. Sería imposible gobernar así“, advirtió.

Ante esta afirmación, las organizaciones indígenas buscaron blindarse, solicitando a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OIT que supervisen la aplicación de la consulta previa.

De hecho, comunidades indígenas ya echaron mano a alguno de esos mecanismos. En 2003, el pueblo kichwa de Sarayaku denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por autorizar exploración petrolera en su territorio, sin contar con una consulta previa.

La comunidad, ubicada en la provincia amazónica de Pastaza, denunció daños en su territorio, cultura y economía. En junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado.

El gobierno todavía estudia cómo pagar una suma de 1.398.000 dólares de indemnización por daños materiales e inmateriales, costas y gastos del proceso, y cómo terminar de resarcir el daño.

Fuente: red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

Derechos Humanos: EE.UU, tejado de vidrio

La Habana, 27 feb . Cual ciudadano que arroja piedras a su vecino pese a tener tejado de vidrio, Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en su tradicional informe de países que considera violadores de los derechos humanos, texto muy desacreditado a nivel internacional.

El documento, divulgado por el Departamento de Estado, lanza acusaciones contra más de 190 naciones y regiones, pero hace total silencio acerca de las violaciones de los derechos ciudadanos en su propio territorio.

Entre otros países, las páginas del reporte injerencista arremeten contra China y Venezuela, cuyos gobiernos recordaron a Washington el rosario de hechos que enturbian su expediente en la materia.

En el caso de Cuba, la actual administración estadounidense olvidó que en el reciente examen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el país caribeño recibió el respaldo mayoritario de los integrantes de ese foro, del cual está excluido Estados Unidos.

Al rendir cuenta al organismo en Ginebra, fueron evidentes los éxitos de Cuba en las esferas de los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos, así como la cobertura universal, la gratuidad y la excelencia de los sistemas de salud y educación de la isla, que recibieron reiterados elogios.

La cooperación internacional cubana en materia de salud y educación emergieron como paradigmas de solidaridad internacional.

Una veintena de delegaciones resaltaron dichas iniciativas y alentaron al pueblo cubano a continuar sus esfuerzos en la materia. El método de alfabetización Yo sí Puedo, puesto por Cuba a disposición de varias naciones, fue felicitado.

Igual reconocimiento recibió la emblemática Operación Milagro, gracias a la cual miles de ciudadanos en América Latina han recobrado la visión.

En el foro de Ginebra los participantes refirieron como ejemplo de participación popular, inclusión y justicia social al sistema político, económico y social elegido por el pueblo cubano.

Las leyes, instituciones y funciones del Estado se sustentan en el ejercicio del poder de las grandes mayorías de trabajadores, intelectuales, profesionales y artistas.

Existe una amplia y activa sociedad civil. Los cubanos participan de modo efectivo y sistemático en los procesos de adopción de decisiones, no sólo en el ámbito político y electoral, sino también en las esferas económica, política, social y cultural.

Pese a las condiciones de subdesarrollo que la Isla heredó de un pasado colonial y neocolonial y del férreo bloqueo económico, comercial y financiero que le impone Estados Unidos, Cuba ha podido avanzar significativamente con el objetivo de construir una sociedad cada vez más justa, libre, independiente, equitativa, democrática, solidaria y participativa.

Sin embargo, el expediente de Washington en materia de derechos humanos se torna cada vez más oscuro, como evidencia el informe difundido la víspera por China como réplica a los acusaciones del Departamento de Estado.

Con el título de Estados Unidos, pongan su propia casa en orden, el documento denuncia los casos de racismo flagrante, de abusos policiales, de negación de los derechos culturales de las minorías y las torturas a presos en la cárcel de la base naval norteamericana de Guantánamo, territorio cubano ilegalmente ocupado por Washington.

Al hacer referencia al derecho a la vida y la seguridad personal, y basado en fuentes norteamericanas, el detallado reporte chino señala que la proliferación de crímenes violentos en Estados Unidos supone una seria amenaza para la vida, la propiedad y la seguridad personal de su pueblo.

De acuerdo con un informe publicado en septiembre de 2008 por el Buró Federal de Investigación, durante el año 2007 el país registró 1,4 millones de delitos violentos, incluyendo 17 mil asesinatos y 9,8 millones de delitos contra la propiedad.

En la base naval de Guantánamo permanecen enjaulados unos 250 reos, recluidos al margen de toda asistencia legal. Los confinados no tienen derecho a abogados ni a recibir noticias de sus familiares y amigos, según confirman testimonios de personas que fueron liberados luego de años de encierro allí, sin cargo alguno en su contra.

Un reciente estudio del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), denunció que los presos están atrapados en un círculo vicioso de aislamiento que les causa daños psicológicos.

"Los detenidos en Guantánamo han continuado sufriendo confinamiento solitario, abusos psicológicos, alimentación forzada abusiva de huelguistas de hambre, abusos religiosos, y abusos físicos y amenazas de violencia de parte de guardias y de equipos de la Fuerza de Reacción Inmediata", señala el informe.

Más allá de Guantánamo, en el propio Estados Unidos, uno de cada 100 ciudadanos está en la cárcel.

La estadística fue difundida a mediados del pasado año por el Pew Center on the States, al develar que dos millones 319 mil 258 personas estaba en prisión. Ya sea per cápita o en simples números, se trata del país con mayor población penal.

Escándalos por escuchas telefónicas sin permiso judicial, muertes de mexicanos en la frontera con Estados Unidos, resurgimiento de los grupos de odio en la sociedad, reiteradas denuncias por las torturas a prisioneros y el amparo a terroristas, entre otros fenómenos, completan las lagunas en el expediente del gigante norteño en materia de derechos humanos.

"No hay que hacerse grandes esperanzas con este nuevo gobierno de Estados Unidos, que seguirá siendo un imperio, y el imperio atropella a los pueblos, ese que ahora nos acusa irresponsablemente de violar derechos humanos", afirmó la víspera le presidente venezolano, Hugo Chávez.

El mandatario reiteró a Washington la petición de extradición del terrorista internacional Luis Posada Carriles, prófugo de la justicia venezolana y responsable de la explosión en pleno vuelo de un avión civil cubano en 1976 con 73 personas a bordo.

Destaca Fidel Castro "amistosa visita" de Michelle Bachelet

El máximo líder cubano, Fidel Castro, expresó el día 12 que siempre estará satisfecho con la "amistosa visita" de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, con quien departió durante hora y media.

En sus Reflexiones que publica hoy el sitio Cubadebate, tituladas Encuentro con la presidenta de Chile Michelle Bachelet, Castro reseña su conversación este jueves con la mandataria sudamericana, en La Habana. En el texto, Castro señala que abordó con la mandataria diversos temas regionales, referidos particularmente a Bolivia, Venezuela y Chile, y recordó "la traición del siniestro Jefe del Ejército Chileno" (Augusto Pinochet) contra el presidente constitucional Salvador Allende, y la muerte en combate de este último. "De estos temas conversé con Michelle Bachelet, quien me hizo el honor de escucharme con interés, conversar cálidamente y expresar con amplitud sus ideas", dijo Castro. "No importa lo que yo diga sobre el amistoso encuentro (con Bachelet), algunas agencias y publicaciones tomarán la información y divulgarán que el anciano, el convaleciente de una grave enfermedad o algún otro calificativo dirigido a reducir el modesto valor de lo que expresé a mi prestigiosa interlocutora", añadió. Sobre la elección de Bachelet como presidenta de Chile por el voto mayoritario otorgado al Partido Socialista que la postuló, Castro dijo que "por primera vez en los últimos años en América Latina una organización de izquierda había obtenido tal victoria, sin apoyo del dinero, las armas y el aparato de publicidad yanki". El líder de la Revolución cubana destacó asimismo el papel de la fallecida Gladys Marín al frente del Partido Comunista de Chile, que apoyó a Bachelet, "determinando así el fin de la influencia de Augusto Pinochet". En otra parte del texto señaló que además de la industria minera, Chile es especialmente eficiente en la producción de nutritivos alimentos y maderas de alta calidad, en sus tierras agrícolas, sus montañas y su privilegiado clima. "No hay otro país que lo supere en la eficiencia de sus cultivos marítimos y de productos tan demandados como el salmón y otras especies cultivadas o naturales, en sus ricas aguas marítimas y terrestres." En sus Reflexiones, el ex presidente antillano agradeció a Michelle Bachelet el homenaje rendido por ella al Héroe Nacional cubano, José Martí, a su arribo en visita oficial a la isla.

Referéndum en Venezuela: Chávez y la oposición luchan por los votantes indecisos

Este domingo se celebrará en Venezuela un plebiscito con miras a aprobar o rechazar la modificación de cinco artículos constitucionales que permitiría la reelección ilimitada del presidente Hugo Chávez.

Que la venezolana es una sociedad políticamente polarizada es cosa sabida. Pero pocas veces se ha visto a los partidarios de Hugo Chávez y a sus opositores tan movilizados como ahora, cuando se acerca el día del referéndum a través del cual se aprobará o rechazará por mayoría simple la modificación de cinco artículos constitucionales que permitiría la reelección ilimitada del presidente de la república y otras autoridades –gobernadores, alcaldes y diputados, entre otras– elegibles por voto popular.

Ambas partes se han esmerado en persuadir a los numerosos indecisos y abstencionistas que podrían inclinar la balanza a favor o en contra de esta iniciativa promovida por la oficialista Asamblea Nacional de Venezuela. No es poca cosa la que está en juego este domingo 15 de febrero: para unos se trata de “ampliar los derechos políticos del pueblo venezolano, ” aprobando la aludida enmienda constitucional; para otros, de defender los pocos derechos políticos que a ese pueblo le quedan, evitando que los representantes del partido de gobierno se eternicen en sus cargos.

Bildunterschrift: Prof. Dr. Klaus Bodemer. Después de todo, son miembros de la coalición de partidos que apoyan a Chávez quienes están al mando de todas las instancias del aparato gubernamental, incluyendo aquellas que, por su jerarquía, deberían conservar una posición imparcial para proteger a los ciudadanos de posibles abusos del poder estatal, como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. “Chávez ha distribuido a sus seguidores en todas las instituciones. Él no puede centralizar aún más el poder; ya él ha concentrado todo el poder en sus manos”, comenta el Dr. Klaus Bodemer, ex director del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS, en inglés) de Hamburgo.

Este plebiscito es de vital importancia para los chavistas, quienes, tras una década en el gobierno, no han logrado hacer de eso que su líder denomina “socialismo del siglo XXI” un proyecto sostenible y necesitarían ganar tiempo; pero también lo es para el bando opuesto, de cuyo seno no ha salido todavía un dirigente político capaz de hacerle contrapeso a la carismática figura de Chávez – si el “NO” triunfa este domingo, la era Chávez llegaría a su fin en el año 2013 a pesar de la fragmentada oposición venezolana.

“La fuerza de Chávez radica en la debilidad de la oposición”, observa Bodemer. “La verdadera novedad es que entre los seguidores del presidente haya tantas voces criticando abiertamente su gestión, no solamente por su aspiración a ser reelegido más de una vez, sino por su estilo de mando y por el contenido de su programa político”, agrega el investigador especializado en las áreas de violencia, poder y seguridad.

Estas son las décimo cuartas elecciones en Venezuela desde la juramentación de Hugo Chávez como presidente en 1999; ese mismo año se aprobó por referéndum la nueva constitución nacional, extendiendo el período presidencial de cinco a seis años. Chávez fue reelegido como primer mandatario en los comicios extraordinarios de 2000 organizados para “relegitimar todos los poderes” y, luego, en las elecciones presidenciales ordinarias de 2006.

Turbios augurios

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: “El plebiscito va a arrojar un resultado favorable a Chávez; pero, aunque las últimas encuestas que estudié mostraban a los partidarios de la enmienda constitucional con ocho puntos de ventaja frente a sus adversarios, no creo que la moción chavista triunfe con una mayoría de votos considerable”, dice Bodemer, secundado por el Dr. Jorge Gordín, investigador miembro del ILAS especializado en política del Cono Sur y de los países del área andina: “Hay una cantidad importante de electores indecisos. Se trata de casi dos millones de personas que usualmente se abstienen de votar, pero que, de decidirse a hacerlo, no votarían por el ‘NO' que promueve la oposición”.

El periodista Christoph Twickel describe escenarios a mediano y largo plazo en caso de que el “NO” se imponga este 15 de febrero: “Si se decide que Chávez no puede ser reelegido como presidente más de una vez, él tendrá que esforzarse en conseguir a un sucesor y abrirle camino para que se dé a conocer y gane popularidad. También es posible que aplique la estrategia de Vladimir Putin y apoye la candidatura presidencial de otro actor político en 2012, pero manteniéndose cerca del poder, en un segundo plano”, afirma el autor de la primera biografía de Hugo Chávez escrita en alemán.

“Yo no creo que Chávez pierda esta consulta, pero si lo hace, él aceptará los resultados como aceptó los del referéndum de 2007”, asegura Twickel sin rastro de ironía, probablemente olvidando que muchas de las enmiendas constitucionales que la mayoría de los votantes rechazó en el plebiscito de 2007 fueron aprobadas por decreto pocos meses después como si la consulta no hubiese tenido lugar, sembrando serias dudas en torno a la verdadera disposición del presidente venezolano a acatar la voluntad popular cuando ésta no se alinea con sus objetivos políticos.

Una simple pregunta

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Aunque se pide a los votantes que expresen su opinión con un simple “SÍ” o “NO”, la pregunta a plantearse en el plebiscito del venidero domingo es algo más que tendenciosa y cualquier cosa menos transparente. “¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políticos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular?", reza la consulta en cuestión.

“Con este referéndum se busca eliminar una restricción que atañe tanto a las autoridades elegidas por voto popular como a los propios electores. Desde ese punto de vista, uno sí puede decir que las enmiendas propuestas en esta consulta amplían los derechos políticos del pueblo venezolano”, sostiene Twickel, agregando que no ve en ellas peligro alguno para la institucionalidad democrática. “De acuerdo, la pregunta está formulada de tal forma que favorece a quienes han promovido este referéndum; pero yo creo que los venezolanos son suficientemente astutos como para no caer en una trampa: si creen que su democracia necesita limitar el número de veces que un presidente puede ser reelegido, ellos votarán para expresar su convicción”, señala.

Los riesgos de la reelección ilimitada

“Si el pueblo alemán reelige a sus cancilleres tantas veces como le provoque, no veo razón alguna para negarle al pueblo venezolano esa posibilidad. ¿Por qué criticar la implementación de ese derecho en Venezuela con mayor severidad que en Alemania?”, pregunta Twickel, señalando que Helmut Kohl ocupó el cargo de canciller durante dieciséis años tras ser reelegido en tres ocasiones diferentes.

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Omnipresente. “No es que los políticos venezolanos tengan menos derecho que los alemanes a la prerrogativa de la reelección ilimitada, sino que hay razones de peso para que las constituciones de los países suramericanos hayan establecido restricciones al ejercicio del poder de los jefes de Estado. También los primeros ministros del Reino Unido tienen la opción de postularse a la reelección un número indefinido de veces; pero ellos hacen uso de esta facultad porque en los sistemas parlamentarios existen suficientes mecanismos institucionales –más que en los regímenes presidencialistas de América Latina– para evitar la excesiva concentración de poder en manos de los gobernantes”, responde Gordín.

“Permitir la reelección ilimitada del presidente en Venezuela conduciría a una concentración del poder en manos del Ejecutivo que no sería beneficiosa para el orden democrático porque exacerbaría el hiperpresidencialismo ya vigente en el país”, añade el investigador del ILAS. “Aparte de Colombia, Venezuela es el único otro país de América del Sur en donde se está promoviendo una iniciativa como esa. Chile lo hizo en la época de la dictadura pinochetista; pero ninguna otra nación lo hace, porque esa moción es un elemento debilitador del orden institucional”.

Bodemer complementa la advertencia: “La aspiración a ser reelegido ilimitadamente contradice la noción de democracia representativa; pero a Chávez lo que le interesa es la democracia directa, eso que él llama ‘democracia socialista'. Él siempre dice: ‘Yo no dialogo ni con los partidos ni con la Asamblea Nacional, sino con el pueblo'. Pero por otro lado también dice: ‘Si el pueblo se pone en mi contra, estará también en contra de la democracia socialista'. Chávez está convencido de que el proyecto que se inició con él sólo marchará con él a la cabeza y con nadie más. Esa es la razón por la cual es visto como un caudillo autoritario. Y esa concentración horizontal y vertical de poder es antidemocrática”.

Segundo intento

Considerando que el pasado plebiscito tuvo lugar hace apenas catorce meses, cabe preguntarse si las circunstancias han cambiado lo suficiente como para que Hugo Chávez vuelva a llevar al pueblo a las urnas. “Chávez se ha dado cuenta de que cuando las elecciones giran en torno a su persona, él siempre ha contado con un enorme apoyo popular”, dice Twickel. “La caída de los precios del petróleo ha mermado el capital material, político y simbólico del gobierno venezolano y los otros gobernantes de América Latina se dan cuenta de que la posición de Chávez en Venezuela se ha debilitado. De ahí que él huya hacia delante e insista en organizar esta consulta”, afirma Bodemer.

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Ya en el referéndum de diciembre de 2007 los venezolanos votaron en contra de una propuesta que pretendía eliminar las restricciones constitucionales a la reelección indefinida del presidente, incluida dentro de un heterogéneo paquete de reformas. En aquel momento se especuló que Chávez había perdido respaldo porque hasta sus simpatizantes percibían la enmienda como un gesto antidemocrático y por el descontento que habría aflorado en las propias filas del chavismo al ver que su líder solamente sometería a plebiscito la posibilidad de su reelección ilimitada como presidente de la república.

Ahora, ciertas precauciones parecen haber sido tomadas: el 30 de noviembre de 2008, Chávez instó a sus incondicionales a solicitar un proceso de enmienda constitucional que le permitiera postularse por tercera vez como candidato presidencial en los comicios de 2012; pero el político venezolano replanteó su propuesta el 5 de enero de 2009 para extender el beneficio de la reelección a todas las autoridades elegidas por voto popular, según el diario español “El País”.

Está por verse si el carisma de Hugo Chávez es suficiente para convencer a la mayoría de los electores de darle un voto de confianza con implicaciones tan controvertidas.

Minera china confirma inversión de US$19.500 millones en Rio Tinto

Se trata de la mayor operación de una compañía del gigante asiático en el exterior.

La estatal china también adquirirá 7.200 millones de bonos convertibles en acciones de Rio Tinto, la mayor productora mundial de aluminio, segunda de mineral de hierro y una de las cinco más grandes de cobre. Chinalco, matriz de Aluminum Corp of China Ltd (Chalco), podría duplicar su participación en Rio Tinto al 18%, dijo Rio, al tiempo que negó que estuviera vendiendo su independencia a China. "Se arrinconaron, pero lo bueno son los US$20.000 millones en efectivo que tendrán inmediatamente ya que resuelve los problemas de su balance", comentó Michael Bentley, administrador de fondos de Northward Capital."Lo frustrante es que tuvieron que vender parte de la granja y, especialmente, los activos de mineral de hierro, que son la joya", añadió. El plan sería revisado muy de cerca por el Gobierno australiano, que quiere asegurar que las inversiones de entidades estatales extranjeras no tengan ataduras políticas o estratégicas. Poco antes del anuncio por parte de Rio, Wayne Swan, el Tesorero de Australia, dijo que el Gobierno endurecerá inmediatamente las leyes de tenencias foráneas, clasificando las deudas convertibles como valores. El presidente de Chinalco, Xiao Yaqing, indicó que estaba al tanto del cambio propuesto y que no consideró como una señal negativa el anuncio de Swan. "También estamos muy satisfechos de tener acceso a algunos activos (...) de clase mundial, así como a la pericia de un equipo gerencial de nivel internacional", recalcó Xiao. Chinalco dijo en un comunicado que acordó comprar el interés de su socio, el grupo estadounidense Alcoa en la participación original del 9% en Rio que ambos adquirieron en febrero del 2008 por US$14.000 millones. La firma china agregó que pagará US$1.020 millones a Alcoa, un precio similar a su inversión inicial de US$1.200 millones. El trato de Rio con Chinalco podría afrontar la resistencia de BHP Billiton, que podría ofertar nuevamente por algunos de los activos de Rio que serían comprados por Chinalco, reportó el diario The Times en su sitio de internet.