Víctimas de una secta alemana en Chile serán indemnizadas.

Víctimas de secta alemana en Chile serán indemnizadas - Tras 26 años de disputa judicial, remate de terrenos del ex asentamiento Colonia Dignidad recauda fondos para indemnizar a víctimas chilenas del exlíder del movimiento, el alemán Paul Schäfer.

Colonia Dignidad fue un asentamiento de inmigrantes alemanes en Chile que se hizo conocido por ser escenario de crímenes que van desde abusos sexuales a menores hasta torturas a opositores a la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet.

La abogada de víctimas de la ex Colonia Dignidad, Winfried Hempel, habló de "enorme satisfacción" y calificó la subasta de "histórica". “Es la primera vez que se toca algo material de la colonia, es decir, bienes directamente de este bastión que hizo lo que quiso aquí en Chile durante 50, 60 años”, dijo Hempel a la emisora ​​pública alemana ARD.

Dos de las víctimas ya fallecieron, los demás tenían más de 40 años. Fueron estas personas quienes, con gran valentía, denunciaron el sistema de Colonia Dignidad. “Se trata de personas de una zona rural, de la periferia de la colonia, que fueron abusadas de niños, que ahora son ciudadanos comunes en Chile y para quienes esta cantidad de dinero ayudará mucho”, dice Hempel, y agrega que “lo que pasó a ellos en la colonia partieron sus vidas en dos".

El proceso duró 26 años.

El proceso se abrió en 1996, con un pedido de reparación por los abusos sexuales cometidos por el líder de la secta contra niños chilenos en la zona de la colonia. No fue sino hasta 2013 que la Corte Suprema de Chile confirmó la legitimidad de las demandas, y pasaron otros nueve años antes de la actual subasta actual.

“Aquí hay una culpa compartida: por un lado, la colonia se ha defendido con todos los medios legales, con los mejores abogados y con todo el dinero que tiene”, dice Hempel. Dice que, en cambio, muchas cosas han perjudicado el lado de las víctimas. Uno de los problemas, dice, fue que "el código procesal civil chileno es increíblemente antiguo y está desactualizado y todavía está almacenado en archivos antiguos y, por supuesto, es bastante complejo".

En total, el monto de la indemnización para las 11 víctimas chilenas o sus descendientes fue fijado en un monto correspondiente a alrededor de 1,5 millones de euros (R$ 8 millones). El medio millón restante se recaudará a través de nuevas subastas.

La Colonia de la Dignidad.

Colonia Dignidad fue establecida en 1961 por colonos alemanes liderados por Schäfer. Transformó el lugar, 350 kilómetros al sur de Santiago, en una especie de secta, donde practicaba la pedofilia y donde nadie podía entrar ni salir sin su autorización. 

Durante la dictadura militar en Chile, entre 1973 y 1990, el lugar también fue utilizado como centro de detención ilegal, donde se practicaba la tortura y se asesinaba a los opositores al régimen. Colonia Dignidad también sirvió como depósito de armas y fue un bastión para el trabajo esclavo infantil.

Entre 1961 y 2005, alrededor de 300 personas que siguieron a Schäfer fueron sometidas a trabajos forzados, castigos, manipulación mental, además de abusos sexuales contra menores. En 2005, Schäfer fue detenido en Argentina y extraditado a Chile, donde fue condenado a 33 años de prisión por asesinato, tortura y abuso sexual. Murió en prisión en 2010.

Chile inicia búsqueda de 1.162 desaparecidos de la sangrienta dictadura de Pinochet

El 11 de septiembre de 2023 se cumplieron 50 años del golpe militar en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende y dio inicio a 17 años de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. El actual presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, en su primer discurso a la nación el pasado 1 de junio, mencionó la fecha que deberá asumir como jefe de Estado. 

 

Además de reflejar que "todavía son muchas las deudas que cargamos", a pesar de que Chile ha llevado a cabo políticas inéditas en el mundo en la búsqueda de la verdad y en la reparación a las víctimas -como la Comisión Valech sobre prisión política-. y tortura-, Boric anunció que su gobierno “seguirá buscando sin descanso a los desaparecidos a través de un plan nacional de búsqueda”.


“Estamos comprometidos con la verdad y la justicia”, dijo Boric, quien durante su campaña y gestión hizo varios gestos hacia el Gobierno de Unidad Popular de Allende e hizo de los derechos humanos uno de los emblemas fundamentales de su mandato.


El plan será ejecutado por el Ministerio de Justicia, que encabeza la ministra Marcela Ríos. Según datos elaborados por la Unidad de Programas de Derechos Humanos en conjunto con la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, existen 1.469 víctimas de desaparición forzada. Solo se han identificado 307 cuerpos o restos óseos. En consecuencia, 1.162 personas siguen desaparecidas, casi medio siglo después del golpe.


Mientras en el mundo de los derechos humanos y en los familiares de las víctimas existe la convicción de que las Fuerzas Armadas y Carabineros, la policía militar, tienen información sobre su suerte, los uniformados la niegan. En 2001, luego de una mesa de diálogo que reunió a instituciones militares, víctimas, iglesias y sociedad civil, los militares aseguraron que muchos de los desaparecidos habían sido arrojados por la borda, aunque luego se comprobó que parte de esta información no era cierta.


La psicóloga Elizabeth Lira, académica de la Universidad Alberto Hurtado y Premio Nacional de Ciencias Sociales 2017, recuerda que los Estados tienen la obligación de buscar a los desaparecidos, según un documento de la ONU de 2019.


— El anuncio de Boric corresponde al cumplimiento de acuerdos internacionales y obligaciones de Estado — explica el académico, quien tuvo un papel relevante en instancias de búsqueda de la verdad, como la mesa de diálogo 1999-2000 y la Comisión Política sobre Prisión y Tortura, entre los años 2003-2005 .


Gobierno de Piñera: 'Se ha acumulado descontento social' en Chile, dice director de Latinobarómetro Lira dice que el documento de la ONU que rige la búsqueda de desaparecidos establece que “debe realizarse bajo la presunción de que están vivos; respetar la dignidad humana; regirse por políticas públicas”.


Para el abogado de derechos humanos Luciano Fouillioux, “Boric no tiene por qué no impulsar una iniciativa de este tipo o similar, como ya lo han hecho otros gobiernos en Chile desde 1990 (unos más y otros menos, pero todos hicieron algo en estos temas, incluso la del propio Sebastián Piñera, desde la derecha)”.


Fouillioux enumera: Boric es un presidente joven, de una generación posterior a los crímenes de la dictadura —pero comprometido con estos temas—, cercano al mundo de las víctimas y que tiene el tema de los derechos humanos en el centro de su programa de gobierno, incluso en todos los ministerios.


“Otra cosa es que tenga resultados”, analiza el abogado de derechos humanos, quien representa a la familia del expresidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) en el juicio que pretende esclarecer las circunstancias de su muerte.


"Lo que debería tener en mente sería hacer un gran negocio con las propias Fuerzas Armadas, porque, quizás, se encontrará con más de una sorpresa: los comandos actuales son totalmente diferentes a los de 1973", agrega Fouillioux sobre las posibilidades de entregando información sobre el destino de los desaparecidos.


La propuesta del Ministerio de Justicia incluye la ampliación de la campaña “Una gota de sangre por la verdad y la justicia”, que se refiere a la recolección de muestras de sangre en todo el territorio para completar la base de datos de registros genéticos. Se pretende elaborar un diagnóstico sistemático de toda la información ya recogida que permita identificar las principales líneas de trabajo a desarrollar.


El gobierno bórico quiere identificar, a su vez, la gama de nuevas tecnologías que se pueden utilizar para avanzar en las investigaciones según las formas de desaparición forzada o involuntaria. La idea, explica el texto elaborado por el Ministerio de Justicia, pretende generar una propuesta metodológica y procedimental para la elaboración del plan.


La Presidencia también quiere convocar a una mesa de trabajo que reúna a los distintos actores involucrados: la coordinación de ministros visitantes con dedicación exclusiva a la investigación de estas causas, el Servicio Médico Legal, el Registro Civil, la Policía de Investigaciones, el Programa de Derechos Humanos , familias y grupos de víctimas y expertos.


Además, Boric quiere fortalecer la Unidad de Programas de Derechos Humanos con más profesionales multidisciplinarios capaces de llevar a cabo una política de búsqueda administrativa. Lo mismo con la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, con el objetivo de “aumentar su capacidad instalada para analizar y revisar casos de interés forense para esclarecer la suerte de las víctimas de desaparición forzada o involuntaria”.


Los distintos gobiernos democráticos desde 1990 han llevado a cabo importantes políticas en relación con las víctimas de la dictadura del traidor Pinochet. El gobierno de Patricio Aylwin ejecutó la Comisión Rettig, sobre la verdad de los muertos y desaparecidos. Posteriormente, en el mandato de fray Ruiz Tagle, se instituyó la Mesa de Diálogo, que representó el reconocimiento de los delitos por parte de las Fuerzas Armadas y la Orden. El gobierno de Ricardo Lagos, por su parte, constituyó una comisión encabezada por monseñor Sergio Valech sobre prisión política y tortura, iniciativa sin precedentes en el mundo, a la que siguieron medidas de reparación vigentes hasta el día de hoy.