Por Rodolfo Varela
Desde 1981, el pueblo chileno ha sido víctima de una maquinaria diseñada no para garantizar pensiones dignas, sino para enriquecer a un puñado de administradoras privadas: las AFP.
El modelo se implementó en dictadura, bajo el Decreto Ley 3.500, impulsado por José Piñera, hermano del expresidente Sebastián Piñera. Desde entonces, los gobiernos democráticos, de todos los signos políticos, han sido cómplices silenciosos de un sistema que fracasó en su promesa original y que hoy mantiene a millones de personas con pensiones miserables.
Durante décadas se vendió la mentira de que, con 10% de cotización y 30 años de trabajo, se podría jubilar con el doble del sueldo o, al menos, con el 70% de la renta promedio. Pero la verdad es que esa proyección nunca estuvo garantizada por ley, ni era realista. Se basaba en un escenario ficticio: empleo estable, sin lagunas previsionales y con una expectativa de vida mucho menor que la actual. Nada de eso refleja la realidad del trabajador chileno.
También se difundió la idea de que las AFP respondían por las pérdidas de los fondos. Falso. Siempre ha sido el afiliado quien asume el riesgo. Si el fondo pierde, la AFP no lo compensa, a menos que haya perdido mucho más que sus competidores. A eso se le llama rentabilidad mínima, que no es una garantía real, sino un mecanismo de comparación entre AFPs, no con respecto a un piso absoluto. A pesar de esto, se han modificado leyes (como la Ley 19.641 en 1999, o la 20.255 en 2008) que han debilitado los resguardos al afiliado y han reforzado los márgenes de maniobra de las administradoras.
Se ha dicho que los fondos son inembargables. En teoría, sí. Pero con excepciones y mecanismos (como compensaciones por divorcio) que han abierto la puerta a debates sobre el verdadero control que tiene el afiliado sobre su ahorro. La gente cree que el dinero es de la AFP, y en la práctica muchas veces actúan como si lo fuera, imponiendo restricciones, comisiones poco transparentes, e invirtiendo esos fondos en empresas donde incluso los directores de las AFP tienen intereses cruzados.
Los multifondos, creados en 2002, se presentaron como una opción flexible. En realidad, lo que hicieron fue traspasar oficialmente el riesgo bursátil al trabajador. La AFP nunca pierde: cobra comisiones aún si hay pérdida, y gana con los excedentes sin compartir con el afiliado. Las llamadas “comisiones fantasmas” no son mito: se cobra comisión incluso si no estás cotizando activamente, y muchas veces sin que el trabajador lo entienda.
Desde Aylwin hasta Boric, ningún presidente ha desmantelado este sistema injusto. Por el contrario, cada reforma ha sido cosmética o ha terminado legitimando aún más el modelo. Se ha creado un Pilar Solidario con aportes estatales para cubrir la miseria que deja el modelo privado. ¿No sería más eficiente y justo fortalecer un sistema público de reparto mixto y solidario?
La verdadera pregunta es: ¿cuánto más debe aguantar el pueblo chileno para que los gobiernos dejen de defender los intereses de las AFP?
Es tiempo de decir las cosas como son: las AFP no garantizan una pensión digna, no asumen los riesgos, y sí lucran con los ahorros de los trabajadores. Lo más indignante es que todo esto se hace con respaldo legal, en un sistema que ha sido blindado por tecnócratas, políticos y lobbistas, mientras millones de chilenos sobreviven con pensiones que no alcanzan ni para pagar sus medicamentos.
La crisis de las pensiones no es sólo un problema económico. Es una crisis moral. Y los gobiernos que no se atreven a cambiarlo de raíz, son parte del problema.
