En cuanto a las víctimas de violaciones a los DD.HH. ocurridas durante la crisis social, Consuelo Contreras indicó que “debe haber una política de reparación integral. Chile tiene una larga experiencia. Crear una comisión calificadora permitirá saber con claridad cuántas son las víctimas”.
Elementos destacados del informe se encuentran en el capítulo que aborda la desaparición forzada en dictadura, cuando están por conmemorarse 50 años del golpe y también en virtud del anuncio presidencial de un Plan Nacional de Búsqueda. El informe valora esta iniciativa y recuerda que el Estado tiene una obligación como firmante de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Las víctimas identificadas son pocas pese a que han transcurrido 32 años desde la recuperación democrática. “En Chile no se ha implementado un modelo judicial de búsqueda como tal”, dice el informe. “Considerando las cifras dadas a conocer por las comisiones de Verdad, que es 1.109 personas, la cantidad de identificados a octubre de 2022 sería solo de 310”, añade el Informe.
Se sugiere además al Poder Ejecutivo disponer “un presupuesto permanente para las entidades estatales destinadas o vinculadas a la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, incluyendo instituciones que brindan apoyo al sistema de justicia, como la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y el Servicio Médico Legal”.
“Hacerlo va a permitir dar tranquilidad y paz a muchas familias que necesitan hacer el rito de enterrar a sus muertos”, afirmó en su discurso la directora.
Crisis social y función policial
En el capítulo sobre víctimas de violaciones de los DD.HH. en democracia se entrega un reporte actualizado de los casos por la crisis social. Según dice el informe, a octubre de 2022, de las 3.151 querellas presentadas por el INDH por hechos entre el 18 de octubre de 2019 y 18 de marzo de 2020, sólo 3% tiene formalización. Hay 187 formalizados y de los 18 condenados, apenas dos cumplen penas privativas de libertad.
La directora propuso la creación de una comisión especializada para abordar la situación de las víctimas. “Debe haber una política de reparación integral. Chile tiene una larga experiencia en comisiones calificadoras, como Rettig, Valech 1, Valech 2. Crear una comisión calificadora permitirá saber con claridad cuántas son las víctimas, dónde están y cuáles son las medidas que requieren para reparar el daño causado”, insistió en su discurso.
El capítulo también aborda el uso de la fuerza. A tres años de la crisis, el Estado ha incumplido o cumplido de forma parcial las recomendaciones, se dice. “La ausencia de una ley y no simplemente un protocolo que discipline el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad, refuerza la preocupación de que ciertas conductas vuelvan a repetirse en el futuro”, sostiene el informe.
“El derecho a la legítima defensa existe”, planteó la directora. “Pero debe estar acompañado de una legislación con la cual se debe formar Carabineros para que sepan cómo, cuándo y hasta dónde actuar”, dijo. “Quienes tengan la creencia o intenten construir una pugna entre el INDH y Carabineros están profundamente equivocados. Nuestro desafío, al igual que el de Carabineros, es apartar de sus filas a quienes no están dispuestos a respetar los derechos humanos, incumpliendo su principal deber que es proteger a todas y todos quienes habitan en este territorio”, añadió.
Educación en pandemia
En el anterior Informe Anual la pandemia fue abordada desde el punto de vista de un recrudecimiento de las desigualdades en la situación de la mujer. Ahora, en cambio, se tocó cómo está afectando a los estudiantes, sobre todo en el retorno a la presencialidad. “Las denuncias registradas en la Superintendencia de Educación revelan que los primeros seis meses de 2022 ingresaron 2.968 denuncias sobre violencia al interior de colegios: alrededor de un 6% más que el mismo período en 2019, y 1.700 más que las hechas durante los dos años de cuarentenas”, se revela.
Además, el texto concluye que “el retorno a la presencialidad ha dejado en evidencia que hay un grupo de estudiantes que ha quedado fuera del sistema; otros viviendo condiciones de infraestructura deficiente, con déficit de docentes o enfrentados a situaciones de violencia que, si bien han tendido a disminuir en el segundo semestre de 2022, muestra la necesidad de profundizar en las políticas que aseguren el acceso a la educación”, se indica.
Derecho al agua
El cambio climático es objeto de análisis desde la perspectiva de su efecto en el acceso al agua, cada vez más escasa en el territorio nacional. El informe recuerda que en marzo de 2022 había 188 comunas, equivalentes a un 54% del país, bajo decreto de escasez hídrica. En ellas habitan 8.350.000 personas (47,5% de la población). “Las regiones que mayormente se encuentran sufriendo amenaza a sus derechos producto de la escasez hídrica son aquellas que cuentan con actividades productivas con uso intensivo de agua, como el sector forestal y el agropecuario”, se indica.
Los conflictos entre mapuche y forestales en torno a la posesión de la tierra impactan directamente sobre la posibilidad de acceder a recursos naturales, incluido el agua, dice el texto. Por rezagos como éste, se constata “la ausencia de una perspectiva integral de DD.HH. en la política de adaptación al cambio climático en Chile. Si bien existen referencias genéricas a conceptos como ‘grupos vulnerables’ o ‘perspectiva de género’, la aplicación práctica de estos conceptos dista de capturar adecuadamente aquello que se propone”.
El texto del discurso de la directora se encuentra aquí
El texto del informe se encuentra aquí
