Así lo solicitan mediante un proyecto de acuerdo un grupo transversal de senadores que proponen la derogación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, MEPCO.
Conseguir que la rebaja del precio de los combustibles llegue en su integridad a los consumidores, es el objetivo que persigue el proyecto de acuerdo presentado por un grupo transversal de senadores y que deberá ser sometido al pronunciamiento de la Sala.
La iniciativa fue presentada por los senadores Baldo Prokurica, Manuel José Ossandón, Alejandro García Huidobro, Jacqueline Van Rysselberghe, Carlos Bianchi, Juan Antonio Coloma, Alfonso De Urresti, Alejandro Guillier, Antonio Horvath, Jaime Orpis, Víctor Pérez Varela y Eugenio Tuma.
La iniciativa solicita a la Presidenta de la República la derogación de la ley N°20.765 que crea el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Mepco, con el fin de traspasar íntegramente la reducción de precios a los consumidores.
Los autores de la iniciativa que -requiere patrocinio del Ejecutivo- explicaron que la razón que fundamenta la existencia del mecanismo, obedece a las constantes alzas históricas de los precios del combustible y a la creencia del regulador de que el consumidor creería necesario morigerar las variaciones periódicas del precio.
Argumentaron que según datos de Econsult, “en las últimas bajas del precio del combustible refinado, debido a la existencia de este mecanismo, el precio real que han pagado los consumidores de este hidrocarburo es, en promedio, del orden de un 46% más alto de lo que pagarían si no existiese el Mepco”.
Al respecto, el senador Prokurica explicó que “hemos un proyecto de acuerdo junto a un grupo de parlamentarios –de todos los sectores políticos-, con la finalidad de pedirle a la Presidenta de la República que pueda enviar un proyecto de ley para derogar el Mepco”.
“El consumidor espera poder beneficiarse de una variación positiva (una baja de precio). Por esto, no se justifica un sistema de estabilización donde, finalmente, el usuario puede llegar a pagar incluso más que el precio del mercado”, precisó.
Agregó que “claramente el Mepco, se ha convertido en una importante herramienta de recaudación fiscal al mantener, artificialmente, un precio más elevado del litro de combustible por un tiempo más prolongado, por tanto, aumentando la base imponible del IVA”.
De la misma forma, Prokurica agregó que “esta es un iniciativa que no apoyé en su momento –el Mepco-, no ha producido los efectos –no sólo-, porque es un instrumento imperfecto, sino que hoy está produciendo un efecto negativo para los consumidores”.
El senador Prokurica indicó que “Mepco, significa un mecanismo de protección a los consumidores, y hoy –cuando el precio internacional de los combustibles ha bajado a un tercio del existente al crear este mecanismo-, hoy está rebaja no se traspasa en su totalidad a los consumidores”.
En este contexto, el proyecto de acuerdo señala que la variación de los precios no es, en esencia, perjudicial ni ventajosa, ya que el consumidor espera poder beneficiarse de una variación positiva (una baja de precio). Por esto, no se justifica un sistema de estabilización donde, finalmente, el usuario puede llegar a pagar incluso más que el precio del mercado, solo que en espacios de tiempo más prolongados.
Agrega que el “Mepco se ha convertido en una importante herramienta de recaudación fiscal al mantener, artificialmente, un precio más elevado del litro de combustible por un tiempo más prolongado, por tanto, aumentando la base imponible del IVA”.
Esta mañana la Mandataria firmó un proyecto de ley que sanciona con penas efectivas los delitos de alta connotación social y que busca aumentar la capacidad disuasiva de nuestro sistema penal.
La Jefa de Estado, Michelle Bachelet, junto a los ministros de Interior, Rodrigo Peñailillo; de Hacienda, Alberto Arenas; y de Justicia, José Antonio Gómez, firmó el proyecto de ley que modifica el Código Penal y otras normas para asegurar que determinados delitos reciban la sanción penal que corresponde.
La Presidenta de la República señaló que “hoy estamos dando un paso muy importante para concretar uno de nuestros anhelos fundamentales como sociedad, que es poder sentirnos seguros en nuestras casas, calles, barrios y ciudades”.
Este proyecto busca que se apliquen efectivamente las penas establecidas. Es decir, que en el caso de delitos como los “lanzazos”, los asaltos, los robos con armas, los robos en las casas y locales comerciales y en el transporte público, el juez aplique la pena determinada sin establecer atenuantes.
Frente a los presentes, la Jefa de Estado explicó que “con el envío de este proyecto estamos enfrentando decididamente los delitos más comunes, aquellos que cada día amenazan la seguridad de las personas en la calle, en el transporte público, en sus casas”.
El proyecto busca que quienes sean condenados por robos con violencia por primera vez, deberán cumplir al menos un año de presidio efectivo antes de que se puedan aplicar penas alternativas, como la libertad vigilada. Y en el caso de los reincidentes en los robos violentos contra las personas y en los hogares, deberán cumplir penas sobre los 7 años, sin beneficios.
En segundo lugar, este proyecto refuerza las atribuciones de las policías para investigar y entregar pruebas a los tribunales, y de los fiscales para perseverar en las causas hasta encontrar y condenar a los culpables de estos actos ilícitos, lo cual va a aumentar la capacidad disuasiva de nuestro sistema penal.
Al finalizar sus palabras, la Mandataria afirmó que “la lucha contra la delincuencia es una tarea de todos, sin diferencias políticas, en la que debemos por sobre todo proteger a las víctimas y el derecho a vivir en barrios, en calles y en casas más seguras”.
La petrolera estatal brasileña Petrobras informó hoy de que aún está calculando la dimensión de las pérdidas que ha sufrido por la corrupción y el tamaño de los cortes en las inversiones que realizará por sus problemas financieros.
En un comunicado enviado a la bolsa de Sao Paulo, Petrobras "no confirma" las cifras publicadas en la víspera por la prensa local, que citando una fuente del Gobierno, sostuvo que la compañía descontaría de su balance del tercer trimestre de 2014 el total de 10.000 millones de reales (unos 3.850 millones de dólares).
Ese importe es la cifra de fondos desviados en la última década, que habrían sido dedicados a financiar a partidos políticos, legisladores y empresarios, conforme a los cálculos de la Policía Federal de Brasil.
Según la prensa local, la compañía también prevé cortar sus inversiones previstas en un 30 %, porcentaje que Petrobras tampoco confirmó, aunque reiteró que está revisando su planificación para 2015.
La petrolera indicó que está adoptado medidas para "hacer viables" sus proyectos sin la necesidad de tomar nuevos créditos en el mercado, lo que incluye la "reducción del ritmo de inversiones", la "revisión" de estrategias de precios y productos y la reducción de costes operacionales.
Petrobras debería haber publicado su balance del tercer trimestre hasta el pasado noviembre, pero pospuso la divulgación por el escándalo de corrupción.
La compañía prevé divulgar el balance el próximo día 27, aunque posteriormente los números serán revisados por una auditora externa contratada para tal fin.
El escándalo se refiere al pago de sobornos a partidos políticos y legisladores con fondos de la petrolera y procedente de contratistas que inflaban los precios artificialmente con costo a las arcas públicas.
Hasta ahora la fiscalía ha acusado a 36 personas por las corruptelas, entre las que se incluyen tres ejecutivos de Petrobras y los directores de seis de las mayores constructoras de Brasil.
