Esta mañana la Mandataria firmó un proyecto de ley que sanciona con penas efectivas los delitos de alta connotación social y que busca aumentar la capacidad disuasiva de nuestro sistema penal.
La Jefa de Estado, Michelle Bachelet, junto a los ministros de Interior, Rodrigo Peñailillo; de Hacienda, Alberto Arenas; y de Justicia, José Antonio Gómez, firmó el proyecto de ley que modifica el Código Penal y otras normas para asegurar que determinados delitos reciban la sanción penal que corresponde.
La Presidenta de la República señaló que “hoy estamos dando un paso muy importante para concretar uno de nuestros anhelos fundamentales como sociedad, que es poder sentirnos seguros en nuestras casas, calles, barrios y ciudades”.
Este proyecto busca que se apliquen efectivamente las penas establecidas. Es decir, que en el caso de delitos como los “lanzazos”, los asaltos, los robos con armas, los robos en las casas y locales comerciales y en el transporte público, el juez aplique la pena determinada sin establecer atenuantes.
Frente a los presentes, la Jefa de Estado explicó que “con el envío de este proyecto estamos enfrentando decididamente los delitos más comunes, aquellos que cada día amenazan la seguridad de las personas en la calle, en el transporte público, en sus casas”.
El proyecto busca que quienes sean condenados por robos con violencia por primera vez, deberán cumplir al menos un año de presidio efectivo antes de que se puedan aplicar penas alternativas, como la libertad vigilada. Y en el caso de los reincidentes en los robos violentos contra las personas y en los hogares, deberán cumplir penas sobre los 7 años, sin beneficios.
En segundo lugar, este proyecto refuerza las atribuciones de las policías para investigar y entregar pruebas a los tribunales, y de los fiscales para perseverar en las causas hasta encontrar y condenar a los culpables de estos actos ilícitos, lo cual va a aumentar la capacidad disuasiva de nuestro sistema penal.
Al finalizar sus palabras, la Mandataria afirmó que “la lucha contra la delincuencia es una tarea de todos, sin diferencias políticas, en la que debemos por sobre todo proteger a las víctimas y el derecho a vivir en barrios, en calles y en casas más seguras”.
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