Por Rodolfo Varela
Una vez más, Chile vuelve a enfrentarse con una verdad dolorosa que jamás debió quedar sepultada bajo el silencio, la protección política y la complicidad judicial.
La reciente acusación dictada el 14 de mayo de 2026 por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, contra los ex oficiales de Carabineros Héctor Emilio Díaz Anderson y Patricio Augusto Zamora Rodríguez, por cinco delitos de secuestro calificado cometidos en enero de 1985 en San José de Maipo, no representa solamente un acto judicial tardío: representa también una nueva confirmación de que en Chile la impunidad ha sido una política de Estado.
Estos mismos criminales, protegidos durante décadas por sectores del poder político, judicial e institucional, jamás tuvieron compasión por sus víctimas. No hubo piedad para los secuestrados, los torturados, los ejecutados, los desaparecidos, ni para los niños y niñas arrancados de sus familias y vendidos como mercancía humana.
Hoy, más de cuarenta años después, las víctimas siguen pagando el precio de aquellas atrocidades.
Familias enteras continúan viviendo en el abandono, en la pobreza, en la humillación y en la indiferencia de gobiernos de derecha e izquierda que han administrado la memoria histórica como si fuera una simple consigna electoral.
La deuda moral y material con las víctimas de la dictadura no disminuye: crece cada día.
Los mismos nombres, los mismos verdugos
Ahora vuelve a aparecer como autor de secuestros calificados, junto a Héctor Emilio Díaz Anderson, otro nombre vinculado a las operaciones criminales de la DICOMCAR y la represión sistemática ejercida bajo la dictadura.
Según la resolución judicial, ambos participaron directamente en la detención ilegal, tortura física y psicológica, aplicación de electricidad, amenazas, golpizas y montaje de pruebas falsas contra cinco militantes del MAPU Lautaro: Juan Carlos Contreras Varas, Ignacio Edgardo Fonseca Vidal, Carlos Custodio Mellado Reyes, Guillermo Enrique Ossandón Cañas y Sergio Gabriel Riveros Jara.
No fueron errores.
No fueron excesos.
Fueron crímenes deliberados, planificados y ejecutados desde el aparato del Estado.
La vergüenza nacional del silencio
Las imágenes de estos criminales prácticamente no existen en el dominio público. Sus rostros permanecen escondidos bajo una red de resguardos legales, institucionales y privilegios que parecen diseñados para proteger su privacidad, mientras las víctimas fueron expuestas al horror, al exilio, a la pobreza y al olvido.
¿Dónde estuvo esa preocupación por la dignidad humana cuando se aplicaban descargas eléctricas?
¿Dónde estuvo ese respeto por la privacidad cuando familias completas eran allanadas, perseguidas y destruidas?
Chile sigue protegiendo mejor a sus verdugos que a sus víctimas.
Eso no es justicia.
Eso es vergüenza nacional.
La deuda que nadie quiere pagar
Los exonerados continúan sobreviviendo con pensiones miserables.
Los sobrevivientes de tortura envejecen esperando reparación.
Los hijos y nietos cargan heridas heredadas.
Y mientras tanto, los responsables envejecen protegidos por pactos de silencio, beneficios carcelarios y una estructura institucional que nunca fue completamente desmontada.
La democracia chilena sigue construida sobre una deuda impaga.
Hablar de reconciliación sin justicia es simplemente una forma elegante de administrar la impunidad.
No es pasado: sigue siendo presente
Sigue presente en la pobreza.
Sigue presente en la desigualdad.
Sigue presente en la falta de reparación.
Sigue presente en la impunidad.
Y sigue presente cuando los responsables mueren en libertad o permanecen ocultos tras privilegios que jamás tuvieron sus víctimas.
No basta con abrir causas judiciales.
No basta con discursos institucionales.
No basta con actos simbólicos.
Chile necesita verdad completa, justicia real y reparación digna.
Todo lo demás es complicidad.
Porque cuando un país protege a sus criminales y abandona a sus víctimas, no hablamos de pasado.
Hablamos de presente.
Y también de vergüenza.
