Una comisión de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un polémico proyecto de ley para que los psicólogos hagan terapias a la comunidad gay.
Una comisión de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un polémico proyecto de ley que autoriza a los psicólogos a ofrecer tratamientos para "curar" a los homosexuales.
La iniciativa, que aún tiene que ser votada por otras dos comisiones y por el pleno de la Cámara baja y del Senado, fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en votación simbólica, es decir por común acuerdo de los voceros de los partidos.
El proyecto avanzó sin ser cuestionado gracias a las gestiones del presidente de la comisión, el pastor evangélico Marco Feliciano, un dirigente del Partido Social Cristiano (PSC) que ha sido acusado de homofóbico y de racista, y que ha protagonizado varias polémicas por sus posiciones ultraconservadoras.
Feliciano aprovechó el bajo quórum en la comisión y la presencia de varios diputados del PSC para poner a votación un proyecto de ley que ha sido duramente cuestionado por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y que fue colocado infructuosamente en votación en otras cinco oportunidades.
La iniciativa básicamente modifica una resolución del Consejo Federal de Psicología, el colegio que reglamenta la profesión, que prohíbe a los psicólogos de Brasil ofrecer tratamientos para "curar" a los homosexuales.
Los voceros de los partidos que estaban en la comisión y acordaron la votación simbólica ignoraron las protestas de cerca de veinte manifestantes presentes en la sesión, que exhibían letreros con frases como "no hay cura para quien no está enfermo" y "lo que tiene que ser curado es la homofobia".
El diputado izquierdista Simplicio Araújo, uno de los pocos que criticó la iniciativa e intentó evitar la votación, alegó que el Congreso no puede revocar determinaciones que no son de su jurisdicción, como la de un colegio profesional.
"Si fuera así, nada nos impide, por ejemplo, revocar la ley de la gravedad", afirmó el también diputado izquierdista Arnaldo Jordy.
Feliciano, que también defiende un proyecto de ley que obliga al Estado a ofrecerle subsidios económicos a las mujeres violadas que no quieran ejercer su derecho a abortar, defendió la iniciativa y atribuyó la polémica a manipulaciones de los periodistas.
"La prensa siempre encuentra una forma de distorsionar los proyectos de iniciativa de diputados evangélicos. Bautizaron el Estatuto del Feto (que da las ayudas a mujeres violadas que tienen sus hijos) como la Beca Violación y llaman a este proyecto como la "Cura Gay". Colocan al pueblo contra nosotros", afirmó el polémico legislador.
Feliciano fue elegido en marzo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Pese a que hasta voceros del Gobierno han pedido que se le sustituya, Feliciano ha dicho una y otra vez que no renunciará al cargo.
Ante la Comisión que analiza el derecho a reunión y seguridad pública, concurrieron el Ministro del Interior, Andrés Chadwick; el General Director de Carabineros, Gustavo González Jure; el Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez; el presidente de la Federación de la casa de estudios, Andrés Fielbaum, y la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries.
Ante las consultas de la instancia que preside el diputado Rodrigo González (PPD), el ministro Chadwick dijo que es necesario tener una visión equilibrada del tema. Señaló que hay dos derechos de igual jerarquía que entran en conflicto: el de reunión y el derecho a la seguridad de la ciudadanía. Enfatizó que Carabineros no tiene por costumbre generar hechos de violencia por su sola y propia potestad.
Respecto al ingreso de carabineros a la Universidad de Chile, dijo que a su parecer sí hubo delito de flagrancia, cometido fundamentalmente por desórdenes públicos y por el porte de artefactos explosivos. Ante eso, señaló que Carabineros tiene la obligación de detener o interrumpir la comisión del delito flagrante, y la ley autoriza su ingreso a recintos cerrados.
Añadió que en este último caso, no se puede prevenir lo que ocurrirá al ingreso en un lugar cerrado. Dijo que las imágenes demuestran que se produjeron actos de violencia contra carabineros, y que un oficial tomó la decisión de pegar con una luma, lo que se constituye en el único hecho investigado.
Reafirmó que el Gobierno respalda la acción de Carabineros para efectos de evitar violencia y actuar frente a un delito flagrante, como el que se pudo apreciar en la oportunidad.
Por su parte, el General González Jure recalcó que no es su objetivo esconder ninguna mala acción del personal a su cargo. Se preguntó el resultado que se obtendrá, si hay una predisposición a encontrar malo todo el procedimiento de ingreso de Carabineros a la Universidad de Chile.
Manifestó que el ingreso fue en cumplimiento a la obligación legal de no permitir que se sigan cometiendo daños que afectaran a carabineros y a las personas que ahí estaban.
Respecto del uso de la fuerza, señaló que es un tema difícil al momento de determinar cómo actuar, pero habría que ver el resultado obtenido en materia de lesionados. En ese aspecto, recalcó que en 2012 se lesionaron 271 carabineros en manifestaciones, mientras que en 2013, ya van 159 efectivos lesionados.
En cuanto al actuar de la fuerza policial en manifestaciones, dijo que existen 29 protocolos de intervención policial, que ya han sido enviados al Instituto de Derechos Humanos. Entre estos protocolos, se encuentra entre otros objetivos el de garantizar el desarrollo de una manifestación cuando ocurre de forma pacífica y sin armas y que se tiene en cuenta que la fuerza es el último recurso.
El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, reiteró en su intervención el rechazo al atropello que se hizo a la autonomía de la universidad, a la forma en que ingresó a carabineros y cómo se puso en peligro la sustentabilidad del plantel.
Asimismo, planteó que la toma de los recintos universitarios violenta la convivencia y daña a la universidad y su comunidad. Agregó que responder a una acción de ese tipo con un desalojo, solo generaría mayor violencia en una espiral sin fin. Al mismo tiempo, se mostró orgulloso de sus estudiantes, al poner en la agenda pública el derecho a la educación como un derecho ciudadano, y los invitó a seguir exponiendo sus puntos de vista en forma pacífica.
Finalmente, la autoridad universitaria valoró la decisión de Carabineros para coordinar las manifestaciones a futuro y el interés de los diputados por estas situaciones.
Reacciones
A la salida de la Comisión, el ministro Chadwick reiteró que “respetamos y defendemos absolutamente el accionar de carabineros. Habían serios disturbios”. Recordó que se lanzaban desde la casa central de la Universidad de Chile y desde la calle Arturo Prat todo tipo de artefactos, piedras, ladrillos y bombas molotov.
“Eso está totalmente acreditado y carabineros ante esa situación tiene el deber de ingresar”, precisó, agregando que ninguna universidad está exenta de esa situación y que si hubo alguna situación que amerite una investigación, se hará y por ello, de inmediato Carabineros ha separado a dos funcionarios.
El diputado Gustavo Hasbún (UDI) dijo que la comisión se ha excedido en sus atribuciones, ya que lleva meses funcionando y no correspondía analizar los hechos de la Universidad de Chile, para eso están las comisiones permanentes de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana.
Indicó que Carabineros ha venido en reiteradas oportunidades a explicar sus procedimientos y que algunos parlamentarios se aprovechan para hacer un show y sacar un provecho político determinado.
“El problema no es que vengan a explicar sus procedimientos sino que se busca debilitar el accionar de las policías para quitarle atribuciones”.
Por último, criticó al Poder Judicial: “Carabineros detiene pero quien tiene que administrar justicia no lo hace y en este caso el Poder Judicial está haciendo vista gorda a la función que le corresponde”.
Por su parte, el diputado Rodrigo González dijo que “hemos considerado la necesidad de equilibrio del accionar de Carabineros cuando actúa para combatir el delito y el respeto al derecho a reunión y manifestarse de los ciudadanos y ciudadanas chilenas”.
“No se puede combatir la violencia, que no justificamos, ni la acción de los encapuchados, con más violencia”, afirmó. Añadió que esto no puede volver a repetirse, ya que no ha ayudado que Carabineros irrumpiera violentamente a la universidad a reprimir un presunto delito atacando y apaleando indiscriminadamente a todos los ocupantes.
Finalmente, Lorena Fries dijo que tras observar el proceder de la fuerza policial “hemos tenido que señalar que se cometen abusos por parte de la policía, hemos tenido que decirles que actúan muchas veces con falta de racionalidad”.
Recordó eso sí que los carabineros también tienen derechos humanos y cuestionó sus largas jornadas de trabajo, el estrés al que están sometidos desde hace unos años, para el cuál no estaban preparados, puesto que no existe política interna para contener ese estrés.
