Por Rodolfo Varela
El Gobierno de Chile acaba de promulgar la ley que crea el Registro de Ausentes por Desaparición Forzada, una medida que, según el propio Ejecutivo, constituye un “acto de reparación histórica”.
Sin embargo, la pregunta que muchos nos hacemos es inevitable: ¿por qué recién ahora?
Han pasado más de cinco décadas desde el golpe militar de 1973 y todavía seguimos viendo cómo la reparación se entrega a cuentagotas, como si el dolor pudiera administrarse por calendario político.
La memoria usada como vitrina electoral
Llama la atención que esta ley —por importante que sea— aparezca en plena época electoral. No es casualidad. En Chile, los gobiernos han aprendido a dosificar el dolor de las víctimas para convertirlo en titulares convenientes.
¿Acaso creen que los familiares de los detenidos desaparecidos son ingenuos?
Durante años el Servicio Médico Legal ha tenido cientos de restos humanos sin identificar, esperando una orden que nunca llega. ¿Por qué el gobierno no ordena esas pericias con urgencia?
La respuesta es tan simple como cruel: porque es más visible hacerlo cuando hay elecciones.
Entonces, lo que se presenta como “acto de justicia”, termina siendo una puesta en escena, una promesa tardía frente a una deuda que sigue creciendo.
Un paso necesario, pero insuficiente
Reconozco que este Registro de Ausentes por Desaparición Forzada es un paso necesario. Pero no podemos permitir que se use como cortina de humo.
El vicepresidente Álvaro Elizalde declaró:
“Sabemos que este acto no repara el dolor ni reemplaza la ausencia, pero sí reafirma que el Estado asume su responsabilidad histórica”.
Le pregunto al señor Elizalde: ¿de qué responsabilidad histórica hablamos si las víctimas siguen viviendo en la miseria?
Muchos ex presos políticos, exonerados, familiares y sobrevivientes viven hoy en condiciones indignas, en viviendas precarias, con pensiones miserables, sin atención médica y con humillaciones diarias.
Los verdaderos responsables del horror murieron impunes o viven con jubilaciones de lujo, mientras las víctimas envejecen olvidadas y sin justicia.
¿Qué dignidad hay en un país donde los sobrevivientes de la dictadura no tienen para comer?
Las heridas abiertas del Chile profundo
Esta nueva ley —al igual que el llamado Plan Nacional de Búsqueda— llega tarde.
Muy tarde.
Mientras los discursos oficiales hablan de “verdad, justicia y garantías de no repetición”, la realidad sigue marcada por la indiferencia.
Aún no hay justicia plena para los torturados.
Aún no hay reparación integral para los exonerados.
Aún no hay verdad para los hijos e hijas robadas y vendidas como mercancía por el Estado.
No es posible seguir fingiendo que con una ley simbólica se salda medio siglo de dolor.
Chile fue azotado por una dictadura sangrienta impuesta con el apoyo de Estados Unidos, y todavía hoy las estructuras de impunidad siguen intactas.
El deber del Parlamento: crear una Comisión Nacional de Reparación Integral
Si el Gobierno se demora, es hora de que el Parlamento de Chile —la casa del pueblo— asuma su responsabilidad.
Los diputados y senadores fueron elegidos por el pueblo y reciben millonarios salarios pagados con los impuestos de ese mismo pueblo.
Ha llegado el momento de que justifiquen ese privilegio creando una Comisión Especial Permanente para resolver la deuda histórica con las víctimas de la dictadura.
Una comisión con poder real, que escuche a los sobrevivientes, revise los casos pendientes, fiscalice al Estado y proponga medidas urgentes de reparación material y moral.
Chile no puede seguir viviendo del discurso de la memoria: necesita acciones concretas, ahora.
Ni perdón ni olvido
Los gobiernos de derecha nunca tuvieron interés en reparar a las víctimas, pero lo más doloroso es ver cómo también los gobiernos de izquierda han abandonado esa causa.
Se llenan la boca con la palabra “memoria”, pero la memoria sin acción es una mentira.
Los viejos luchadores que sobrevivieron a la tortura y al exilio están muriendo en silencio.
A ellos no les sirven los homenajes, sino la dignidad ahora, en vida, no cuando estén muertos.
La historia no se repara con discursos.
Se repara con justicia, con verdad, y con la voluntad política de un país que deje de usar la memoria como instrumento de campaña.
Porque la reparación no puede seguir siendo gota a gota.
Porque el dolor no se mide por decreto.
Y porque las víctimas de la dictadura —todas— merecen vivir con la dignidad que Chile les negó durante más de cincuenta años.
