Noche de protestas en Chile tiene saqueos a tiendas y casi 200 detenidos

Balance oficial registra 24 policías y 18 civiles heridos en 150 puntos de manifestación en todo el país.

Manifestaciones por el tercer aniversario de las protestas sociales en Chile terminaron con 195 presos, 42 heridos y 15 establecimientos comerciales saqueados, según un informe oficial difundido este miércoles (19).

No hubo personas muertas en Chile; el año pasado tuvimos que lamentar dos — destaca Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, al entregar un informe, todavía en la noche del martes (18), de los hechos de violencia registrados en todo el país.

La jornada comenzó con la instalación de barricadas contra incendios en barrios periféricos de Santiago y protestas en las principales ciudades, además de la movilización de 25.000 policías. Entre ellos, 5.000 tenían como destino Santiago, donde se concentraron las manifestaciones.

Según las autoridades, se congregaron aproximadamente 2.300 personas. Esta fue una convocatoria menor que el aniversario anterior de la llamada “explosión social”, las protestas masivas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 por una serie de demandas de la población.

Un camión fue quemado en la madrugada y dos buses públicos fueron robados en el centro de Santiago, además de varios negocios saqueados.

En el barrio Puente Alto, al sur de la capital, turbas saquearon tres supermercados, una farmacia y una juguetería.

El balance de este miércoles contabiliza 24 policías y 18 civiles heridos en los 150 puntos de manifestaciones en todo el territorio chileno. También hubo 195 detenidos y 15 negocios violados.

El aumento de las tarifas del metro de Santiago hace tres años desencadenó las mayores protestas sociales desde el retorno de la democracia tras la dictadura del traidor Augusto Pinochet (1973-1990). En su momento, las manifestaciones causaron la muerte de 30 personas y aproximadamente 400 lesiones en los ojos por la acción de agentes del Estado.

Tras 3 años de convulsión social, los chilenos vuelven a las calles para exigir una nueva constitución

Con una victoria del "no" en el referéndum constitucional de septiembre, el presidente Boric dijo que aún se necesitan reformas.

Chilenos protestan en Plaza Baquedano, bautizada Plaza de la Dignidad, en el centro de Santiago de Chile, para celebrar tres años de convulsión social, este martes (18) Martín Bernetti

Este martes (18), miles de chilenos ocupan las calles de las principales ciudades del país para celebrar los tres años del levantamiento social de octubre de 2019. Barricadas cortan las principales vías de Santiago, Valparaíso, Bío Bío y otras ciudades chilenas para exigir la liberación de los presos políticos y la continuidad del proceso constituyente.


El 18 de octubre de 2019, miles de chilenos iniciaron protestas contra el aumento de las tarifas del metro. Los actos se hicieron masivos, se convirtieron en los más grandes en la historia democrática del país y terminaron con la exigencia de una nueva constitución.


El Ministerio del Interior ha asignado 25.000 efectivos policiales para monitorear las protestas en todo el territorio chileno.Solo en Santiago, hay 5.000 efectivos en los alrededores del Palacio de La Moneda y estaciones del metro en la zona centro de la capital. Medios independientes denuncian represión policial a las protestas.

La Plaza Baquedano, en el centro de Santiago, se convirtió en el punto de reunión de las manifestaciones y pasó a llamarse Plaza de la Dignidad / PABLO COZZAGLIO

El presidente Gabriel Boric pronunció un discurso en el que reiteró que es hora de aprender las lecciones de las protestas sociales, que no pueden ser caracterizadas como una "revolución anticapitalista" ni reducidas a "actos delictivos".

“Después de tres años de convulsión social, es hora de que salgamos de la zona de confort para interpretar lo sucedido, entender las lecciones que debemos aprender de este proceso y actuar”, dijo el jefe de Estado, en conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda. .


“La revuelta nos dejó enormes consecuencias. No permitiremos que sean en vano. No podemos ser los mismos como sociedad después de esta experiencia, no podemos cometer los mismos errores”, agregó Boric.


En agosto de este año, el gobierno de Chile lanzó el Plan de Seguimiento y Atención a Sobrevivientes de Trauma Ocular (Pacto), un programa para asistir a víctimas de lesiones oculares. En un mes de protestas por el referéndum constitucional de 2019, 467 personas perdieron total o parcialmente la vista, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile.


El actual jefe de Estado es criticado por no haber otorgado amnistía a líderes políticos de las manifestaciones de octubre de 2019, detenidos por la administración de Sebastián Piñera.


“En otros países ven la oportunidad que hemos creado los chilenos: partiendo de una ruptura profunda, encontramos un camino institucional. Este es el proceso constitucional, estas son las reformas que hemos mantenido. En Chile enfrentamos los problemas con más democracia, no menos”, dijo el presidente Boric.


La salida institucional a la crisis política y social instalada en octubre de 2019 fue la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera y representantes de partidos del campo progresista, entre ellos se encontraba el entonces diputado y ahora presidente del país, Gabriel Boric.

Manifestantes levantaron barricadas en diferentes ciudades de Chile a tres años del levantamiento social de 2019 / Martín Bernetti

Proceso Constituyente Suspendido


Luego de un mes del plebiscito que rechazó la nueva propuesta de Carta Magna para Chile, gobierno y oposición siguen en un callejón sin salida para retomar el proceso constituyente. La administración de Boric aboga por la elección de un nuevo órgano constituyente, con 134 diputados por paridad de género, y nueve escaños reservados para los pueblos indígenas. Todavía aceptan la sugerencia de los sectores opositores, y proponen la creación de una comisión de 30 expertos designados por los partidos para asesorar en la redacción del nuevo texto constitucional. Todo el proceso debe completarse en seis meses.


Las negociaciones se reanudaron el lunes pasado (17), pero la plataforma opositora "Chile Vamos" aún no se comprometió a aceptar el nuevo formato y dijo que presentará una nueva propuesta en las próximas semanas.


El 4 de septiembre, la opción "rechazar" ganó el plebiscito constitucional con el 61,8%, equivalente a 7,8 millones de votos.


“Sabemos que Chile espera reformas, pero no nos está dando un cheque en blanco, y las reformas solicitadas no siempre coinciden con las reformas que estamos proponiendo. Octubre.


Lea también: 10 elementos para entender el rechazo a la nueva Constitución en Chile


El proceso constituyente comenzó oficialmente en octubre de 2020, con el primer referéndum que decidió la redacción de una nueva Carta Magna por parte de un nuevo organismo elegido por voto popular.


Ya en 2021 se eligió la Convención Constituyente, integrada por 155 diputados por la igualdad de género, 47 eran independientes y 37 de partidos del campo progresista, mientras que la derecha obtuvo solo 25 escaños.


Además del formato del nuevo mecanismo constituyente, la oposición también pretende establecer límites a las modificaciones al actual texto constitucional, promulgado en 1990, durante la dictadura del traidor  Augusto Pinochet. Entre los temas más polémicos está la reforma del sistema judicial y el reconocimiento de Chile como estado plurinacional.

El Tratado de Asociación Transpacífico Integral y Progresista (TPP-11) sigue generando polémica hoy en Chile entre quienes defienden su rápida implementación y quienes piden la ratificación de acuerdos bilaterales antes de su entrada en vigor.

El TPP11 fue aprobado el 11 de octubre en el Senado por 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención, pese al rechazo de unas 200 organizaciones sociales y gremiales del país.

Los votos en la cámara alta provinieron principalmente de la derecha opositora y otros senadores socialistas demócratas; mientras que el bloque de izquierda formado por el Partido Comunista, el Frente Amplio y la Federación Verde Social Regionalista votaron en contra.

Con un mercado de casi 500 millones de personas, el tratado involucra a 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Sus partidarios aquí, especialmente la derecha y las grandes empresas, señalan que abre la puerta de forma gratuita a más de 3.000 productos y generará ingresos anuales de 1.200 millones de dólares.

Por otro lado, sus detractores argumentan que viola la soberanía nacional al permitir que las corporaciones transnacionales demanden a un estado si, en su opinión, hacerlo perjudica sus intereses.

Durante una intervención en el Senado, la ministra de Asuntos Exteriores, Antonia Urrejola, recordó los riesgos contenidos en el capítulo vinculado a la resolución de controversias en este pacto.

Indicó que una forma de evitar este trámite es suscribir las llamadas “cartas de seguimiento” con los países miembros, en las que expresan su intención de no aplicar la mencionada cláusula.

Durante una visita a la región de Antofagasta, el presidente Gabriel Boric defendió la firma de cartas paralelas y anunció que ya están en marcha importantes negociaciones con países como México, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Tailandia.

El objetivo es encontrar una solución a algo que genera discusión a nivel internacional y es que la resolución de los conflictos generados entre empresas y Estados no se da a través de mecanismos convencionales ad hoc, dijo.

El mandatario recordó que, aunque votó en contra del tratado cuando era diputado, respetará profundamente las facultades del Congreso y la voluntad democrática expresada en él, le gusten o no sus decisiones.

Boric cuestionó a sectores de la oposición que condicionaron su apoyo a importantes reformas pendientes, como la reforma tributaria o el proyecto de presupuesto para 2023, a la promulgación del TPP-11.

Unas 200 organizaciones sindicales, ambientalistas, territoriales, feministas, campesinas y otras rechazaron el tratado por las consecuencias negativas para la producción nacional, la soberanía, el desarrollo y la vulnerabilidad estatal.

Fuente: prensa Latina