Febrero de 2025 marcará un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia y reparación para miles de niños robados durante las dictaduras del siglo XX. Esta vez, varias personas adoptadas en el extranjero durante la dictadura del traidor y asesino Augusto Pinochet regresaron a Chile para reencontrarse, por primera vez, con sus familias biológicas.
Chile, una de las caras más visibles de esta tragedia
En el caso chileno, la nefasta y sangrienta dictadura militar del traidor y asesino Augusto Pinochet (1973–1990) no solo dejó una estela de desaparecidos y torturados. También sembró una herida profunda y menos visible: la del tráfico de menores con fines de adopción. Se estima que más de 20.000 niños fueron sustraídos de sus familias y enviados principalmente a Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania y otros países.
Una de esas víctimas fue Johanna Lamboley, hoy investigadora y jefa de la Unidad de Investigación de Orígenes de Adoptados de Chile (RAÍF). Ella misma fue separada de su madre chilena poco después de nacer y adoptada en Europa sin conocimiento ni consentimiento de su familia de origen.
"Me dijeron que mi madre me había abandonado. La verdad era otra: mi madre me buscó durante años sin éxito", explicó Lamboley en una entrevista reciente, durante su visita a Santiago, donde acompaña a otras personas adoptadas en el reencuentro con sus familias biológicas.
Una red con implicaciones globales
Chile no fue el único país afectado. Prácticas similares ocurrieron en la España franquista, donde se calcula que más de 300.000 bebés fueron robados entre los años 40 y los 90; en Corea del Sur, donde miles de niños fueron enviados a Estados Unidos en medio de políticas nacionalistas; y en Argentina, donde la dictadura también utilizó la apropiación de bebés como herramienta represiva.
Lo que une a todos estos casos es el uso del aparato estatal —salud pública, policía, registros civiles— para facilitar adopciones ilegales, muchas veces justificadas con ideologías eugenésicas, religiosas o políticas. Y décadas después, los ahora adultos adoptados intentan reconstruir sus historias, muchas veces con pocas pistas y mucha incertidumbre.
La lucha por la verdad y la reparación
Gracias a iniciativas como RAÍF, Hijos y Madres del Silencio, Nos Buscamos, entre otras, cientos de casos han podido ser esclarecidos. La tecnología del ADN, la presión social y el trabajo conjunto con medios de comunicación han permitido unir piezas del rompecabezas.
“Lo que buscamos no es solo justicia legal, sino justicia emocional. Es devolverle a cada persona su derecho a saber quién es y de dónde viene”, afirmó Lamboley.
Mientras el Estado chileno enfrenta presiones crecientes para reconocer oficialmente estas violaciones a los derechos humanos y garantizar el acceso gratuito a pruebas genéticas y documentación, el movimiento de los adoptados robados continúa creciendo y organizándose, con fuerza y dignidad.
Una herida abierta, una memoria que no olvida
Los reencuentros de febrero de 2025 son una muestra del poder de la verdad y del amor familiar que resiste el paso del tiempo. Pero también nos recuerdan que aún queda mucho por hacer: miles de personas siguen buscando respuestas.
Como escribió una de las adoptadas en sus redes sociales, tras abrazar por primera vez a su madre biológica:
"Nos separaron con mentiras. Nos reencontramos con la verdad."
Aquí tienes un resumen actualizado del tipo de reparación que el Estado de Chile ofrece a los niños y niñas secuestrados y entregados en adopciones ilegales durante la dictadura militar (1973–1990), hasta la fecha más reciente conocida (mayo de 2025):
🧾 Tipo de reparación que ofrece el Estado de Chile (actualizado a 2025)
1. 🛑 Reconocimiento oficial del crimen
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El Estado chileno ha reconocido públicamente que existieron adopciones irregulares o ilegales durante la dictadura, muchas de las cuales involucraron engaños, coacción o sustracción de menores.
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En 2021 y años posteriores, autoridades de gobierno han ofrecido disculpas públicas a las víctimas, admitiendo que hubo participación o negligencia de instituciones estatales.
2. ⚖️ Investigación judicial
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Existen más de 700 causas activas en el Ministerio Público sobre adopciones ilegales.
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El Poder Judicial investiga a redes que operaban entre hospitales, juzgados de menores, servicios sociales y agencias de adopción internacionales.
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Se han identificado responsables civiles y estatales, aunque las condenas han sido escasas hasta el momento.
3. 🧬 Facilitación de búsqueda de orígenes
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El Estado ofrece apoyo para la búsqueda de familias biológicas, tanto dentro como fuera de Chile.
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Se han promovido iniciativas para la creación de un banco de ADN nacional, pero aún no está completamente implementado.
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Se han realizado acuerdos con instituciones y laboratorios para realizar pruebas genéticas gratuitas a las víctimas.
4. 🧑⚕️ Acceso a atención médica y psicosocial
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A través del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), algunas víctimas pueden acceder a servicios de salud física y mental.
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Sin embargo, no todas las personas adoptadas ilegalmente han sido reconocidas oficialmente como beneficiarias de PRAIS, por lo que el acceso no es automático ni garantizado.
5. 🧾 Proyectos de ley en curso para reparación integral
Actualmente se están tramitando en el Congreso chileno iniciativas legislativas para:
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Incluir a las personas adoptadas ilegalmente en la categoría de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
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Reconocer la sustracción de niños como crimen de lesa humanidad.
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Establecer un mecanismo de reparación económica y simbólica, similar al que han recibido otras víctimas de la dictadura.
6. 🤝 Apoyo consular y logístico para reencontrarse con sus raíces
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El gobierno ha ofrecido apoyo consular a personas adoptadas que viven en el extranjero (EE. UU., Suecia, Alemania, etc.) para:
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Realizar trámites legales de nacionalidad.
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Viajar a Chile para reencontrarse con sus familias.
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Participar en procesos de reunificación familiar.
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A la fecha, la reparación ofrecida por el Estado de Chile a las víctimas de adopciones ilegales durante la dictadura no es integral ni suficiente. Se han hecho avances en el reconocimiento público, apoyo judicial y búsqueda de identidad, pero falta una ley específica que reconozca plenamente sus derechos y garantice una reparación económica, legal y simbólica integral.
