Candidata a la reelección, la presidenta Dilma Rousseff pedirá formalmente a la Justicia tener acceso a los originales de la declaración del ex director de Petrobras Paulo Roberto Costa. Las denuncias de Costa ante la Justicia incluyeron a un ministro de Estado, gobernadores, parlamentarios, políticos y empresarios. También el Partido Socialista Brasileño (PSB) prepara una reacción ya que las denuncias mencionaron al fallecido ex gobernador de Pernambuco. Eduardo Campos, antecesor de Marina Silva en la candidatura presidencial de la agrupación.
Asesores presidenciales citados por Pensa de S. Paulo dijeron que el Poder Ejecutivo, a través de Petrobras, pedirá a la Justicia los documentos originales de las denuncias de un ex director de la petrolera estatal, Paulo Roberto Costa, que involucra a legisladores oficialistas en una red de corrupción en la empresa.
El problema es que la solicitud sólo puede ser hecha tras el final del proceso de declaraciones bajo la forma de delación premiada, lo que puede ocurrir después de la primera vuelta del 5 de octubre.
El ex director de la empresa Paulo Roberto Costa habría citado a senadores y diputados oficialistas, además del ministro de Minas y Energia, Edison Lobão, como beneficiarios de sobornos por contratos sobrefacturados de la petrolera.
En la declaración de Costa también fue incluido el fallecido candidato a la presidencia por el Partido Socialista Brasileño (PSB) de Marina Silva, el ex gobernador Eduardo Campos.
Del lado del PSB, el candidato a vicepresidente Beto Albuquerque dijo que la agrupación ya solicitó acceso al proceso y afirmó que la familia de Campos ha sufrido con las sospechas levantadas sobre el ex gobernador.
El temor del oficialismo es que nuevas filtraciones aparezcan en los días previos a la elección, o después de la primera vuelta, y afecten el desempeño de la actual mandataria.
Según estimaciones de Valor PRO, con base en cifras oficiales de la petrolera, el área de Abastecimiento de Petrobras invirtió 112.390 millones de reales entre mayo de 2004 y abril de 2012, período durante el cual fue gerenciada por el denunciante Paulo Roberto Costa, acusado de participar en un esquema de corrupción que funcionaba en la petrolera estatal.
Calculando que los desvíos estaban -según el denunciante- fijados en comisiones del 3% sobre cada contrato de la petrolera con sus proveedores, los desvíos habrían alcanzado a más de 3.300 millones de dólares.
