La represión contra las revueltas iniciadas en octubre de ese año dejó un saldo de más de 30 muertos y miles de heridos, entre ellos 460 con daños oculares.
“Piñera, al saber que se estaban produciendo decenas y decenas de casos de mutilación ocular, como lo conocimos todos por la prensa, tenía la máxima autoridad constitucional para hacer cesar estos crímenes represivos, y no lo hizo”, advirtió el abogado.
Añadió que su culpabilidad es inocultable, toda vez que el Código Penal sanciona precisamente por estos delitos de responsabilidad omisiva a quienes teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello, o estando en posición de hacerlo, no impidieron estas violaciones humanitarias.
“No es posible que en Chile solo paguen siempre subordinados y nunca los principales responsables políticos. La Constitución vigente establece que al presidente de la República le compete directamente todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público”, señaló Rendón.
En su opinión, si esto no se corrige estaríamos ante un nuevo caso de impunidad de los más altos dirigentes políticos, lo que ha sido la tónica en Chile en los últimos 50 años, tanto en materia de crímenes represivos como de corrupción.
Por esta causa, conocida como Alto Mando, se pidió investigar también al entonces director de Carabineros, Mario Rozas, y al encargado de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez, actual jefe de ese cuerpo de la policía militarizada.
Esta semana decenas de manifestantes entregaron una carta en la dirección de la policía y en el Palacio de La Moneda, sede de la presidencia, para demandar la salida de Yáñez y el procesamiento de los culpables.
“Piñera debiera ser detenido. Él dijo que en este país había una guerra y la policía, dirigida por Yáñez, asesinó, reprimió y disparó contra los manifestantes”, recordó la activista humanitaria Mónica Araya.
