Elecciones, desinformación, poder político y responsabilidad institucional
Por: Rodolfo Varela
Blog de Rodolfo Varela — Directo al Punto
La reflexión de mi amigo y compañero Miguel Ángel San Martín, publicada bajo el título «El momento de las redes sociales», plantea una cuestión fundamental para las democracias contemporáneas: la manipulación de la opinión pública, la utilización de la mentira como herramienta política y la responsabilidad de quienes ejercen el poder.
Comparto la preocupación central de su reflexión. Las redes sociales se han convertido en instrumentos de enorme influencia sobre la sociedad. Pueden contribuir a democratizar la información, denunciar injusticias y dar voz a quienes históricamente no han tenido espacio en los grandes medios de comunicación. Pero también pueden ser utilizadas para manipular, desinformar y construir realidades que no necesariamente corresponden a los hechos.
Sin embargo, considero necesario ampliar este debate y observar lo que sucede en Brasil.
Mi discrepancia con una parte del planteamiento de Miguel Ángel está relacionada con su interpretación del triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, presentado como ejemplo de una utilización limpia y sincera de las redes sociales. Creo que esa afirmación necesita una evaluación más amplia y menos partidaria.
Ningún resultado electoral convierte automáticamente a un candidato en propietario de la verdad. Ganar unas elecciones tampoco significa que todas sus declaraciones, promesas y actuaciones durante la campaña hayan sido correctas.
La democracia no puede funcionar con una verdad para la izquierda y otra para la derecha.
1. Las campañas electorales y la responsabilidad frente a la verdad
Durante la campaña presidencial brasileña de 2026, las acusaciones, los videos y las declaraciones de los candidatos ocuparon un lugar central en el debate público.
Uno de los episodios que merece atención ocurrió el 9 de octubre, cuando la Justicia Electoral determinó la retirada de publicaciones de la campaña de Lula y de la primera dama, Janja, que atribuían a Flávio Bolsonaro la intención de eliminar o reducir programas sociales y modificar derechos de los trabajadores.
Según las decisiones judiciales divulgadas por la Agencia Brasil, determinadas afirmaciones sobre el cierre de programas sociales no tenían respaldo suficiente en las propuestas presentadas por Flávio Bolsonaro. Los magistrados reconocieron, al mismo tiempo, que parte de la crítica política estaba protegida por la libertad de expresión.
Pero también debemos mencionar que, el 8 de octubre, el propio Tribunal Superior Electoral había ordenado retirar tres publicaciones de Flávio Bolsonaro contra Lula. Una utilizaba inteligencia artificial para representar una situación inexistente y otras dos relacionaban al entonces candidato con organizaciones criminales sin un fundamento fáctico mínimo.
Estos antecedentes demuestran que la desinformación electoral no pertenece exclusivamente a un partido. La responsabilidad debe alcanzar a todos.
Lo que corresponde exigir es que los candidatos presenten propuestas verdaderas y que sus campañas respeten el derecho del ciudadano a recibir información confiable.
2. Una declaración presidencial que merece una reflexión institucional
Durante el debate electoral de TV Bandeirantes del 18 de octubre de 2026, Lula dirigió a Flávio Bolsonaro una declaración que merece especial atención.
El presidente le dijo:
«Você se prepare que dia 25 você vai perder imunidade e você vai ter problema, porque a sua vida tem muito inquérito, que agora vai andar».
En español: «Prepárate, porque el día 25 vas a perder la inmunidad y vas a tener problemas, porque tu vida tiene muchas investigaciones que ahora van a avanzar».
No se trata de discutir si un candidato tiene o no investigaciones pendientes. Toda persona debe responder ante la Justicia cuando existan elementos que lo justifiquen.
La cuestión institucional es otra: ¿qué mensaje transmite un presidente de la República cuando, durante un debate electoral, habla del futuro de las investigaciones judiciales de su adversario como algo que comenzará a suceder después de las elecciones?
La Policía Federal, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben actuar con independencia. Las investigaciones no pueden convertirse en instrumentos de presión electoral ni ser presentadas como decisiones anticipadas de un gobernante.
Una investigación debe avanzar cuando existen fundamentos jurídicos y pruebas, no porque un candidato anuncie públicamente que llegará el momento de su adversario.
La Justicia no debe servir a los intereses de ningún gobierno ni de ninguna candidatura.
3. El uso de la estructura gubernamental y la igualdad electoral
La utilización de recursos públicos, la publicidad institucional y las ventajas derivadas del ejercicio del poder son cuestiones que deben someterse a fiscalización.
Un presidente que busca la reelección tiene una responsabilidad especial: distinguir claramente sus funciones institucionales de sus actividades como candidato.
En este punto, considero legítimo exigir que se investiguen las denuncias sobre eventuales ventajas gubernamentales durante la campaña de Lula.
Pero también es necesario precisar que una acusación no constituye por sí sola una prueba de utilización ilegal de recursos públicos. Para sostener una conclusión se necesitan expedientes, auditorías, resoluciones y antecedentes verificables.
La igualdad de condiciones electorales debe ser una garantía para todos los candidatos, no una concesión del gobierno de turno.
4. El caso INSS y las investigaciones relacionadas con el entorno familiar del presidente
Uno de los asuntos más delicados de la actualidad brasileña es el escándalo de los descuentos asociativos irregulares aplicados a jubilados y pensionistas del INSS.
Estamos hablando de personas que trabajaron durante décadas, que aportaron al sistema y que, en muchos casos, dependen de cada real de su jubilación para sobrevivir.
El problema adquiere una dimensión institucional todavía mayor cuando las investigaciones alcanzan a personas relacionadas con el entorno familiar del presidente.
Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo del mandatario, es objeto de investigaciones de la Policía Federal por sospechas de tráfico de influencias.
Según informaciones publicadas por CNN Brasil el 21 de octubre de 2026, la Policía Federal reunió las informaciones relacionadas con estas sospechas en una investigación y solicitó una ampliación del plazo para continuar las diligencias.
Los antecedentes investigados incluyen posibles relaciones con personas vinculadas al caso de los descuentos irregulares del INSS y supuestas gestiones para favorecer intereses empresariales.
La defensa de Fábio Luís cuestiona las diligencias y rechaza las sospechas.
Es fundamental aclarar que no existe una condena que permita afirmar que Lulinha participó criminalmente en el fraude contra los jubilados. Pero la existencia de una investigación justifica preguntas legítimas y exige transparencia.
La condición de hijo del presidente no puede significar privilegios, pero tampoco debe justificar una condena anticipada.
5. Frei Chico y el sindicato relacionado con las investigaciones del INSS
Otro nombre que aparece en el debate público es José Ferreira da Silva, conocido como Frei Chico, hermano de Lula y vicepresidente del Sindnapi.
El sindicato figura entre las entidades investigadas por posibles irregularidades en los descuentos aplicados a jubilados.
Aquí también debemos distinguir los hechos: Frei Chico no fue identificado como objetivo de los mandatos de búsqueda de la Operación Sem Desconto, según la información publicada por la prensa brasileña.
En octubre de 2026, el Ministerio Público Federal abrió una investigación para examinar si el director general de la Policía Federal había divulgado información reservada relacionada con Frei Chico.
No corresponde presentar esa investigación como una acusación penal contra el hermano del presidente por el fraude del INSS.
Sin embargo, la sociedad tiene derecho a conocer cómo funcionaban las entidades involucradas, quiénes eran sus responsables, qué controles existían y cómo se protegerá a los jubilados perjudicados.
El centro de este escándalo no debe ser la disputa entre partidos. Son los ciudadanos que sufrieron descuentos irregulares en sus beneficios.
6. Banco Master: la transparencia también debe alcanzar al Poder Judicial
El caso Banco Master ha abierto otro debate de enorme importancia para la credibilidad institucional brasileña.
Las investigaciones y publicaciones periodísticas han expuesto relaciones personales, profesionales y financieras entre el entorno del antiguo propietario del banco, Daniel Vorcaro, y personas vinculadas a integrantes del Supremo Tribunal Federal.
La Policía Federal comunicó oficialmente que había tratado con el presidente del STF, Luiz Edson Fachin, el procedimiento para presentar información y menciones a ministros encontradas durante las investigaciones.
El Supremo explicó que cualquier eventual investigación formal sobre un ministro debe respetar las competencias y los procedimientos constitucionales.
El 15 de septiembre de 2026, el propio STF examinó una cuestión procesal relacionada con la reunión de expedientes y la certificación de los magistrados mencionados sobre los cuales existieran indicios de recepción de valores indebidos.
Esto no permite afirmar que todos los ministros mencionados hayan cometido delitos ni que todos estén formalmente investigados. Pero sí demuestra la importancia de esclarecer los antecedentes y garantizar que nadie quede fuera del escrutinio institucional.
La independencia judicial no puede confundirse con ausencia de transparencia.
Los magistrados deben contar con las garantías necesarias para ejercer sus funciones, pero también deben responder cuando existan cuestionamientos sustentados en antecedentes concretos.
La credibilidad de la Justicia depende de que sus decisiones sean transparentes y de que no existan privilegios personales.
7. Las redes sociales: libertad de expresión y responsabilidad ciudadana
Volviendo a la reflexión de Miguel Ángel San Martín, considero que las redes sociales tienen un papel fundamental en esta discusión.
Durante mucho tiempo, la información estuvo concentrada en grandes grupos de comunicación. Hoy, millones de ciudadanos pueden registrar acontecimientos, compartir documentos, difundir declaraciones y cuestionar a quienes ejercen el poder.
Pero esa libertad también exige responsabilidad.
Un video puede ser una prueba importante, pero debe ser presentado completo y con su contexto. Una declaración puede revelar una contradicción, pero necesita ser contrastada. Una denuncia puede abrir una investigación, pero no constituye una sentencia.
La sociedad necesita menos propaganda y más información verificable.
No podemos aceptar que los políticos utilicen las redes sociales para construir enemigos, desacreditar adversarios o transformar acusaciones en verdades por medio de la repetición.
Tampoco debemos permitir que los grandes intereses económicos determinen qué puede conocer la ciudadanía.
La libertad de expresión debe proteger tanto a quienes coinciden con el gobierno como a quienes lo cuestionan.
8. No se trata de defender a la derecha ni a la izquierda
Quiero dejar algo muy claro.
No escribo estas reflexiones para defender a Jair Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro ni a ningún otro representante de la derecha brasileña.
Tampoco considero que Lula, por representar a la izquierda o por haber recibido el voto de millones de brasileños, deba quedar protegido de las críticas.
Mi posición es independiente de cualquier lealtad partidaria.
He vivido y conocido las consecuencias de las dictaduras, la persecución política y la falta de libertad. Por eso no puedo aceptar que los principios democráticos se defiendan solamente cuando benefician a nuestro sector político.
La democracia exige pluralismo, respeto, libertad de pensamiento, transparencia y responsabilidad ante la sociedad.
Un gobierno debe ser fiscalizado. Una oposición debe ser fiscalizada. Los empresarios, los jueces y las instituciones públicas también deben responder por sus actuaciones.
El ciudadano no puede convertirse en un instrumento electoral que solamente es importante cuando llega el momento de votar.
9. La verdad pertenece a los ciudadanos
El artículo de Miguel Ángel San Martín nos invita a reflexionar sobre el momento de las redes sociales. Yo agregaría que también estamos ante el momento de la responsabilidad política y ciudadana.
Brasil necesita instituciones confiables, una Justicia independiente, autoridades transparentes y medios de comunicación comprometidos con la información.
Poderes en el Cono Sur: alianzas de ultraderecha en LatinoaméricaNecesita proteger a sus jubilados, investigar las irregularidades, garantizar elecciones limpias y evitar que el poder político se convierta en una herramienta de protección para determinados grupos.
No podemos combatir una mentira con otra mentira. Tampoco podemos aceptar que una denuncia sea considerada verdadera simplemente porque provenga de alguien que piensa como nosotros.
La verdad debe ser examinada mediante documentos, pruebas y hechos.
No soy de quienes defienden a los políticos por sus colores. Soy de quienes defienden al ciudadano frente a los abusos del poder, venga de donde venga.
Porque la democracia no pertenece a Lula, a Bolsonaro, a sus familias, a los partidos ni a los jueces.
La democracia pertenece al pueblo.
Y el pueblo tiene derecho a conocer la verdad, exigir explicaciones y vivir en un país donde nadie esté por encima de la ley.
La verdad no tiene partido. La justicia no debe tener dueño. Y el poder siempre debe rendir cuentas.
Rodolfo Varela
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