Por Rodolfo Varela
El Poder Judicial de Chile ha tomado una de las decisiones más drásticas y de mayor impacto político y social en su historia reciente. El pleno de la Corte Suprema resolvió remover de sus funciones al controvertido juez Daniel Urrutia, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tras acreditarse el uso indebido de licencias médicas para realizar viajes al extranjero.
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Con esta determinación, que pone fin a una carrera de 26 años en la magistratura, Urrutia se convierte en una de las figuras más visibles de una histórica purga institucional que ya suma un total de 18 jueces expulsados por conductas similares.
El detonante técnico: El escándalo de las licencias médicas
Aunque Daniel Urrutia ha sido históricamente un foco de intensas polémicas por sus fallos de alto perfil político —como la liberación de imputados de la "Primera Línea" en 2019 o la autorización de videollamadas a peligrosos reos vinculados al Tren de Aragua en 2024—, su destitución definitiva se fundó en razones administrativas y éticas estrictas.
La investigación disciplinaria comprobó que el magistrado realizó viajes internacionales a Costa Rica (2020) y Ecuador (2022) mientras se encontraba bajo períodos de reposo por licencias médicas. Basándose en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, el máximo tribunal chileno determinó por mayoría de votos que estas acciones quebrantaron el principio de "buen comportamiento" que se exige de manera estricta a los miembros de la judicatura.
Una purga masiva sin precedentes
La caída de Urrutia no es un hecho aislado. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, lideró un proceso de fiscalización interna que ha revisado decenas de cuadernos de remoción. Junto a Urrutia, en la misma jornada se resolvió la expulsión de otros dos magistrados: Carlos Jeria (del Juzgado de Letras y Garantía de Carahue) y la jueza de garantía María José Salas.
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Este riguroso control interno ha enviado una señal contundente a la sociedad civil y a toda América Latina: el resguardo de la fe pública y la probidad administrativa se aplica sin distinción de la ideología, la militancia o la notoriedad del funcionario público.
La respuesta de la defensa y el frente internacional
Fiel a su estilo combativo, la defensa de Daniel Urrutia, encabezada por el abogado Carlos Quezada, ha calificado la medida como un error y una "pasada de cuenta" motivada por las antiguas rencillas y denuncias del juez hacia sus superiores. La defensa intentó detener el proceso impugnando la imparcialidad de varios ministros de la Corte Suprema y acusando irregularidades en el orden de votación, recursos que el pleno postergó para derivarlos a la justicia ordinaria.
Dado que la vía de apelación interna dentro del Poder Judicial chileno está prácticamente agotada tras el fallo del máximo tribunal, el equipo jurídico de Urrutia ya prepara su estrategia internacional. El objetivo central será recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando una supuesta vulneración al debido proceso y persecución política por su activismo gremial.
Un espejo para América Latina
El caso chileno instala un profundo debate sobre la rendición de cuentas (accountability) dentro de los sistemas judiciales de la región, donde históricamente la remoción de magistrados de alta influencia suele ser un proceso complejo o paralizado por corporativismos.
La crisis del Poder Judicial y el desafío de recuperar la confianza
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