Por: Rodolfo Varela
América Latina atraviesa un período de profundo cuestionamiento político. En distintos países, los electores han comenzado a utilizar las urnas para castigar a gobiernos y partidos que, a juicio de una parte de la ciudadanía, dejaron de responder a sus necesidades y expectativas.
Brasil acaba de ofrecer una nueva expresión de este fenómeno. En el primer turno de las elecciones presidenciales de 2026, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó el 45,16%, llevando la disputa a un segundo turno. Al mismo tiempo, el Partido Liberal se convirtió en la mayor bancada de la Cámara de Diputados, con 121 escaños, mientras la federación PT-PCdoB-PV obtuvo 88. En el Senado, el PL también se encamina a iniciar 2027 con la mayor bancada partidaria, con 28 senadores.
Pero interpretar estos resultados simplemente como una conversión masiva del electorado hacia la derecha sería, a mi juicio, demasiado fácil.
Existe otra lectura que merece ser considerada: el voto de castigo.
Cuando el ciudadano deja de sentirse representado
El trabajador latinoamericano no pertenece políticamente a la izquierda ni a la derecha.
Su voto le pertenece a él.
Trabaja, paga impuestos, enfrenta el costo de la vida, necesita seguridad, salud, educación, empleo y una jubilación digna. Y cuando observa que quienes gobiernan parecen más preocupados por mantener sus estructuras de poder que por resolver sus problemas cotidianos, puede utilizar la herramienta democrática que tiene a su alcance: el voto.
Ese voto puede premiar.
Pero también puede castigar.
Y cuando el ciudadano siente que un gobierno ha tenido la oportunidad de gobernar y no cumplió sus expectativas, no necesariamente está abrazando una ideología contraria. Puede simplemente estar diciendo:
“Ustedes tuvieron su oportunidad. Ahora tendrán que responder ante las urnas.”
La izquierda y el peligro de transformarse en una élite política
Durante décadas, buena parte de la izquierda latinoamericana construyó su identidad alrededor de la defensa de los trabajadores, los sectores populares y los más vulnerables.
Ese compromiso no debería abandonarse.
El problema comienza cuando una fuerza política que nació desde las demandas populares termina desarrollando una distancia excesiva respecto de aquellos que dice representar.
Una izquierda que habla permanentemente en nombre del pueblo, pero que deja de escuchar al pueblo, corre el riesgo de convertirse precisamente en aquello que alguna vez criticó: una élite política desconectada de la realidad cotidiana.
El trabajador no vive de discursos.
Necesita que el salario alcance.
Necesita seguridad para salir de su casa.
Necesita servicios públicos que funcionen.
Necesita combatir la corrupción.
Necesita confiar en las instituciones.
Y necesita sentir que las autoridades están sometidas a las mismas reglas que cualquier ciudadano.
Corrupción: la diferencia entre investigar y condenar
El caso del INSS es particularmente sensible porque involucra investigaciones sobre fraudes que afectan recursos destinados a la seguridad social. La Policía Federal ha informado diversas operaciones relacionadas con esquemas fraudulentos y manipulación de beneficios y datos del sistema previsional.
También existen investigaciones judiciales relacionadas con el llamado caso Banco Master y otras actuaciones de la Policía Federal y del Supremo Tribunal Federal.
Asimismo, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como “Lulinha”, ha sido objeto de investigación en una causa relacionada con sospechas de tráfico de influencia y corrupción.
Pero aquí debemos establecer una frontera fundamental:
una investigación no equivale a una condena.
Defender el Estado de Derecho significa exigir que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, independientemente del apellido, partido o posición política del investigado, pero también significa respetar el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
No podemos combatir la corrupción sustituyendo la justicia por la condena anticipada.
Si exigimos honestidad de nuestros gobernantes, debemos exigir también honestidad en la manera de informar y analizar los hechos.
El voto de castigo no pertenece a ninguna ideología
El resultado brasileño no debería ser utilizado automáticamente para afirmar que América Latina se convirtió en un continente de derecha.
Tampoco sería correcto afirmar que todo elector que castiga a un gobierno lo hace porque se volvió conservador.
La realidad es mucho más compleja.
El voto puede expresar ideología, pero también puede expresar cansancio, frustración, inseguridad, preocupación económica, rechazo a la corrupción o simplemente el deseo de cambiar a quienes están gobernando.
La propia composición del nuevo Congreso brasileño muestra una mayor presencia de la derecha, especialmente del PL, pero también evidencia que otras fuerzas políticas mantienen una representación significativa. Especialistas consultados por la Cámara de Diputados han señalado que los partidos de centro continúan teniendo un papel importante en las negociaciones legislativas.
Por eso, reducir todo a “izquierda contra derecha” puede significar no comprender el verdadero mensaje de una parte del electorado.
Una advertencia para toda la clase política
También debería ser escuchada por la derecha.
Porque si el trabajador utiliza su voto para castigar a un gobierno de izquierda y mañana considera que un gobierno de derecha tampoco responde a sus necesidades, puede volver a utilizar exactamente la misma herramienta.
El voto de castigo no tiene ideología.
Tiene memoria.
Y esa memoria puede cambiar de dirección.
Por eso ningún partido debería considerar que el trabajador es un elector cautivo.
La izquierda no tiene la propiedad del trabajador.
La derecha tampoco.
El ciudadano es libre de premiar o castigar a quienes ejercen el poder.
América Latina ante un nuevo comportamiento electoral
Los cambios políticos de los últimos años muestran que los electorados pueden desplazar gobiernos, partidos y alianzas cuando consideran que sus expectativas no fueron satisfechas.
No estamos necesariamente ante la desaparición de la izquierda ni ante la victoria permanente de la derecha.
Podríamos estar ante algo diferente: una ciudadanía menos dispuesta a entregar cheques en blanco a sus gobernantes.
Y eso, en una democracia, debería ser saludable.
Porque el poder no pertenece eternamente a ningún partido.
Pertenece temporalmente a quienes reciben la confianza de los ciudadanos.
El trabajador no es de izquierda ni de derecha: es ciudadano
El trabajador no quiere necesariamente grandes discursos ideológicos.
Quiere vivir con dignidad.
Quiere que su esfuerzo tenga recompensa.
Quiere seguridad para su familia.
Quiere servicios públicos que funcionen.
Quiere instituciones honestas.
Quiere políticos que recuerden que fueron elegidos para servir y no para servirse del poder.
Por eso, cuando siente que quienes gobiernan dejaron de escucharlo, el ciudadano tiene una herramienta poderosa y absolutamente democrática:
su voto.
Puede votar a favor.
Puede votar en contra.
Puede cambiar de opinión.
Y puede castigar.
Porque el voto del trabajador no pertenece a la izquierda ni a la derecha.
Es suyo.
Y cuando la política deja de representar al ciudadano trabajador y honesto, quizás la respuesta más contundente que puede dar una democracia sea precisamente aquella que ningún político puede controlar:
la decisión del ciudadano frente a las urnas.