Por: Rodolfo Varela
El 11 de septiembre de 1973 no es una fecha para celebraciones ni para conmemoraciones protocolares. Es una fecha que exige memoria, reflexión y, sobre todo, respeto por quienes sufrieron las consecuencias de uno de los períodos más oscuros de nuestra historia reciente.
Presidentes de Chile Vuelta a la Democracia
Recordar no es vivir atrapados en el pasado. Recordar es asumir una responsabilidad con el presente y con las futuras generaciones. Un país que conoce su historia tiene mayores posibilidades de impedir que los abusos del poder, la violencia política y las violaciones de los derechos humanos vuelvan a repetirse.
Sin embargo, después de más de cinco décadas del golpe de Estado y de más de tres décadas y media desde el retorno a la democracia, Chile continúa enfrentando una deuda histórica que ningún sector político puede atribuir exclusivamente a sus adversarios.
La derecha, durante distintos períodos, ha albergado discursos que buscan relativizar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, bajo argumentos como que es necesario "dar vuelta la página", mirar hacia el futuro o dejar atrás las divisiones del pasado. Pero una sociedad democrática no puede construir su futuro sobre el olvido. La memoria no es una amenaza para la democracia: es una de sus defensas.
Pero también debemos tener la honestidad de mirar hacia el otro lado.
La izquierda y la centroizquierda que gobernaron Chile después de la dictadura tampoco pueden presentarse como dueñas exclusivas de la memoria y de la defensa de los derechos humanos. Durante décadas, el dolor de las víctimas y la memoria del 11 de septiembre reaparecieron con fuerza en períodos electorales, movilizando legítimamente emociones y conciencias. El problema surge cuando esas promesas no se transforman, una vez obtenido el poder, en soluciones concretas y permanentes.
Porque las víctimas no viven de discursos.
Viven de pensiones insuficientes, de enfermedades, de burocracia, de expedientes que permanecen durante años en oficinas públicas y de familias que todavía esperan respuestas.
¿Qué ocurrió con los restos humanos que permanecieron durante años sin una identificación adecuada y que, según las propias denuncias de familiares y organizaciones, llegaron a permanecer archivados o "engavetados" en dependencias del Instituto Médico Legal?
Osamentas olvidadas: la historia de la indolencia del Estado
¿Qué explicación puede recibir una familia que durante décadas buscó a un padre, una madre, un hermano, un hijo o una hija y que todavía espera una identificación científica y definitiva?
La búsqueda de los desaparecidos no puede depender del calendario electoral. Tampoco puede transformarse en una promesa que reaparece cada cierto tiempo para después perderse entre la burocracia estatal.
Y existe otra herida que todavía permanece abierta: los niños y niñas que fueron separados de sus familias mediante procedimientos irregulares, adopciones ilegales o redes de ocultamiento de identidad.
Más de 20 mil niños y niñas fueron arrebatados a sus familias durante la dictadura en Chile.
Hoy, muchas de esas personas siguen intentando reconstruir su historia y conocer su verdadera identidad. Familias enteras enfrentan dificultades para demostrar vínculos de parentesco que deberían haber sido protegidos por el propio Estado.
¿Cómo puede hablarse de reparación integral cuando una persona tiene que luchar durante décadas para responder una pregunta tan elemental como: ¿quién soy y de dónde vengo?
La memoria no puede reducirse entonces a recordar a los muertos. También significa devolverles la identidad a quienes fueron privados de ella y entregar respuestas a quienes todavía buscan a sus familiares.
Y hay otra contradicción que tampoco podemos esconder: la situación económica de muchos sobrevivientes de la dictadura.
Miles de exonerados, ex presos políticos y sobrevivientes de tortura llegaron a la vejez con pensiones de reparación que, en numerosos casos, resultan insuficientes para enfrentar el costo de una vida digna.
No basta con reconocer jurídicamente a una víctima si, después de reconocerla, el Estado la condena a sobrevivir en la precariedad.
La reparación no debería ser solamente un certificado, una tarjeta o una resolución administrativa. Debe significar dignidad.
Y aquí aparece también una cuestión que afecta a millones de chilenos: el sistema de pensiones y las AFP.
Exonerados Políticos exigen justicia en materia de pensiones en Chile
No podemos hablar de justicia social mientras personas que trabajaron durante décadas llegan a la vejez preguntándose cómo podrán vivir con una pensión que no guarda relación con el esfuerzo realizado durante toda una vida.
Las víctimas de la dictadura tienen además una situación particularmente dolorosa: después de haber perdido años de libertad, trabajo, salud, estabilidad familiar y oportunidades, muchas terminaron su vida laboral en condiciones que perjudicaron todavía más sus pensiones.
Por eso, la discusión sobre reparación no puede separarse de la discusión sobre dignidad en la vejez.
Ni la derecha puede borrar la historia, ni la izquierda puede apropiarse electoralmente de ella.
La memoria pertenece a Chile.
Pertenece a las víctimas.
Pertenece a sus familias.
Y pertenece también a las nuevas generaciones que tienen derecho a conocer la verdad sin manipulaciones partidistas.
En la fecha que marca el 53 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
No escribo estas palabras desde la comodidad de quien observó la historia desde lejos. Hablo desde mi propia experiencia como sobreviviente de la represión, ex preso político, exonerado y víctima de tortura.
Por eso puedo decirlo con absoluta claridad: no necesitamos que ningún partido político nos recuerde solamente cuando necesita nuestros votos. Necesitamos que el Estado nos recuerde cuando llega el momento de cumplir sus obligaciones.
La verdadera reparación no puede depender de si gobierna la izquierda, la centroizquierda o la derecha.
Los derechos humanos no tienen color político.
La verdad tampoco.
El tiempo se agota. La generación que vivió directamente aquellos acontecimientos es hoy una generación envejecida. Muchos compañeros y familiares murieron esperando justicia, reconocimiento, identificación de sus seres queridos o una reparación que nunca llegó de manera suficiente.
Por eso, el 11 de septiembre no debería ser una fecha utilizada para alimentar odios ni una herramienta electoral.
Debe ser un día para recordar, investigar, identificar, reparar y aprender.
Chile necesita memoria, pero también necesita honestidad.
Necesita una derecha capaz de reconocer sin ambigüedades los crímenes de la dictadura y una izquierda capaz de reconocer sus propias promesas incumplidas.
Porque la memoria no puede ser propiedad de ningún partido político.
Y la deuda con las víctimas tampoco prescribe con las elecciones.
El verdadero homenaje al 11 de septiembre de 1973 no está en las consignas. Está en la verdad, en la justicia, en la reparación y en la dignidad de quienes todavía estamos aquí para contar lo que ocurrió.
El presidente Salvador Allende se dirige al país por radio Corporación de Chile.
Chile no debe olvidar. Pero tampoco debe seguir utilizando el dolor de sus víctimas como una herramienta electoral.
La memoria debe servir para unir al país alrededor de la verdad, no para dividirlo alrededor de intereses políticos.
