Por Rodolfo Varela
25 de septiembre de 2025
La noticia de que la Corte Suprema de Chile realizará una audiencia inédita para discutir el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría parecer, a primera vista, un paso histórico.
Corte Interamericana de Derechos HumanosSe trata del caso “Vega González vs. Chile”, en el cual el país fue condenado por aplicar la vergonzosa figura de la “media prescripción” a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
Sin embargo, ¿podemos hablar de avances reales cuando las víctimas y sus familias han tenido que esperar medio siglo para que el Estado chileno cumpla con lo mínimo? ¿Qué significa esta audiencia cuando la historia demuestra que las autoridades, sin importar su color político, han sido cómplices del abandono y la indiferencia hacia quienes sufrieron desapariciones, ejecuciones, torturas y empobrecimiento forzado?
Chile es un país que se ahoga en la burocracia. Las víctimas deben atravesar procesos interminables para obtener reparaciones, como si pedir justicia fuera un favor personal y no un derecho. Las autoridades, tanto de gobiernos de derecha como de izquierda, nunca estuvieron a favor de nada que beneficiara a estas personas. Prefirieron preocuparse de su propio poder, de sus negociados, de sus beneficios financieros. Nunca mostraron compasión real por los miles de chilenos y chilenas a quienes la dictadura destrozó la vida.
La condena de la Corte Interamericana es clara: Chile debe anular las reducciones de penas a criminales de lesa humanidad, modificar su legislación para impedir que la media prescripción vuelva a aplicarse en estos casos, brindar apoyo psicológico a las víctimas y, sobre todo, reconocer públicamente su responsabilidad internacional. Pero este reconocimiento llega tarde, demasiado tarde. Porque mientras los tribunales se toman décadas en “debatir” lo que ya está resuelto en el derecho internacional, las víctimas envejecen, mueren en el olvido o sobreviven en la pobreza.
La “histórica audiencia” del 26 de septiembre no debe hacernos olvidar la verdad incómoda: Chile como Estado ha sido indolente, ciego y cómplice. La memoria y la justicia han sido postergadas una y otra vez, como si se tratara de un trámite más en medio de la maraña burocrática.
¿Será este el inicio de una reparación real? O, como tantas veces en la historia reciente, ¿será otra cortina de humo para mostrar una imagen de justicia mientras las víctimas siguen esperando lo que les corresponde?
Lo cierto es que mientras los victimarios aún discuten beneficios y reducciones de penas, las víctimas siguen pagando la factura más alta: la del dolor, el despojo y el abandono.
