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2024/04/12

Presidente Boric de Chile llama a consultas a embajador en Venezuela

 


El presidente chileno, Gabriel Boric, llamó a consultas al embajador de su país en Caracas, dijo en una publicación en X el jueves, citando comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela sobre la organización criminal Tren de Aragua.


El presidente de Chile, Gabriel Boric,habla durante un evento sobre el anuncio de una asociación 



"Las declaraciones irresponsables del Canciller de Venezuela, ignorando la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo Boric.


El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.


Chile -uno de los países más seguros y estables de América Latina- ha estado experimentando un aumento de los delitos violentos, una de las principales preocupaciones entre los votantes y una espina clavada para la administración Boric.


El Tren de Aragua ha sido un fuerte foco de críticas debido a su presunta participación en el tráfico de personas, el secuestro y el narcotráfico en el país.
Venezuela afirmó en septiembre de 2023 que había desmantelado el Tren de Aragua después de una operación gubernamental para recuperar el control de su sistema penitenciario.


Boric dijo que buscaría información del embajador chileno, Jaime Gazmuri, y "le ordenaría que tomara todas las medidas necesarias".


Boric ha señalado que “la negación no sirve y no es tolerable”. Y que “las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto para quienes han sido víctimas de esta organización y para sus familias, y lo tomamos como un insulto también a los Estados que han sido víctimas del Tren de Aragua”. Y añadió que no solo se demuestra “una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado”.


El anuncio de Boric es un paso más en la controversia que han generado los dichos de Gil en el país sudamericano, pues el martes la ministra del Interior, Carolina Tohá, la principal responsable de la seguridad pública en la Administración de izquierdas, también los había catalogado como un insulto. “Es bien impresionante, Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal”, dijo. “Personas han perdido sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso. Entonces es un insulto, no al Gobierno de Chile, al pueblo de Chile y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica, que se les diga algo así. Es inaceptable”, agregó.


Según dijo el lunes el canciller de Maduro, el Tren de Aragua “es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los Soles”, aludiendo al cartel de los Soles, una denominación genérica con la que en Venezuela se hace referencia a la colusión entre el narcotráfico y el poder que el sector militar logró durante el chavismo, y cuya existencia es negada por el régimen.





Luego planteó que personas de otras nacionalidades han dicho ser integrantes de la banda. “Ahora inventan un llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca. Hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice ‘somos del Tren de Aragua’, con acento peruano, con acento chileno”.


Boric, de izquierdas, se ha enfrentado a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua en diversas ocasiones por las violaciones a los derechos humanos, incluso desde la ONU. En una reciente entrevista con la prensa dijo que “en la izquierda en general, y en América Latina en particular, ha habido una tendencia a no hacerse cargo de los errores propios. Es un error defender ciertos regímenes porque se entienden como parte de la misma familia. No miro el color político de una persona que viole los derechos humanos o restrinja libertades que son esenciales”.


El Ministerio Público chileno indaga desde hace al menos dos años al Tren de Aragua, una organización que surgió a fines de la década del 2000 en el Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua, y que ha cometido, en distintas regiones de Chile, delitos como tráfico de migrantes, explotación sexual de mujeres migrantes, homicidios, extorsiones, torturas y, entre otros, tráfico de drogas. Desde 2022 se encuentra detenido Carlos González Vaca, alias Estrella, considerado por la Fiscalía como el líder de la organización en el país. También fue apresado en Hernán David Landaeta Garlotti, Satanás, sindicado por la policía como sicario.


Los integrantes del Tren de Aragua están en su mayoría privados de libertad en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), ubicado en el municipio de Santiago, una cárcel especial que concentra imputados por delitos de crimen organizado. La Fiscalía de Arica, una región ubicada en el extremo norte chileno, ha establecido que Los Gallegos son una facción de la organización criminal que opera en esa zona y ha llevado a juicio a 38 de sus integrantes con extremas medidas de seguridad. Entre los delitos que se le imputan se encuentra el homicidio de dos hombres: fueron enterrados vivos y tapados bajo cemento en el Cerro Chuño.


El crimen en Santiago del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado desde su departamento en el piso 14 en un edificio en el municipio de Independencia, también ha sido vinculado al Tren de Aragua por la Fiscalía. El cuerpo de Ojeda fue hallado el 2 de marzo en la comuna de Maipú: enterrado bajo cemento y dentro de una maleta.


Oficial de Carabineros Manuel Martínez López es condenado por trauma ocular de manifestante en Temuco


El oficial de Carabineros Manuel Martínez López fue condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, luego que la justicia acreditara su responsabilidad en el daño ocular de un manifestante en Temuco.



Luis Ignacio Jiménez Caamaño




El pasado jueves 11 de enero de 2024 el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, ha decidido por unanimidad condenar al entonces mayor de carabineros Manuel Martínez López, ex comisario de la primera comisaría de Fuerzas Especiales de Temuco durante el 2019, por su responsabilidad en el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, por hechos cometidos en contra del joven Luis Jiménez Caamaño, con fecha 19 de octubre del 2019.



De esta manera, el tribunal de alzada dio por finalizada la tramitación judicial que se prolongó por prácticamente cinco años. Esta comenzó cuando la sede de La Araucanía del INDH interpuso la primera querella por los hechos, el 24 de octubre de 2019. 


La víctima se encontraba participando en manifestaciones cuando lo impactaron en el ojo derecho, que perdió. En la sentencia se ratifica que se debió a un procedimiento policial desproporcionado e ilegal.


En su decisión, la Corte de Apelaciones de Temuco desechó la petición de la defensa de Manuel Martínez López  de aplicar la ley 21.560 (Nain – Retamal). Argumentan los integrantes de la segunda sala que se acreditó en el juicio que el acusado “efectuó el disparo sin que concurriera ninguna circunstancia que lo justificara en ese momento”. Esto lo hizo “incumpliendo los reglamentos y la normativa vigentes a la poca de ocurrencia de los hechos en forma dolosa”.


Evaluación del INDH


Cabe mencionar que Manuel Martínez López   recibió además la condena la inhabilitación absoluta perpetua de sus derechos políticos y la inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la condena.








El jefe del INDH de La Araucanía, Federico Aguirre, indicó que “esclarecer las violaciones a los DD.HH., rendir cuentas y determinar responsabilidades representan imperativos insoslayables en un Estado de Derecho. Se trata de obligaciones que se deben satisfacer con celo y diligencia, de modo que estos graves hechos no queden en la impunidad. El fin es reparar el daño causado y, lo más importante, contribuir a garantizar su no repetición”, indicó.


Además, el jefe del INDH dijo que “si la sanción penal tiene algún sentido en casos de violaciones a los derechos, es porque se inclina a enviar un mensaje claro y potente de prevención a la ocurrencia futura de hechos semejantes”.


Garantía de justicia


Aguirre indicó que “garantizar el acceso a la justicia a víctimas de violaciones a los derechos humanos no se puede entender como estorbo a la irrenunciable función de las policías y otros agentes del Estado en el resguardo del orden público. Si a ellas se confía el monopolio de la fuerza legítima, la exigencia mínima que se impone en un Estado de Derecho es que se ejerza con apego al derecho y a la dignidad de las personas”.