Una nueva denuncia de colusión empresarial, en este caso de los principales supermercados, volvió a indignar a los chilenos y a las autoridades en un país considerado hasta hace poco ejemplo de probidad.
Tras descubrir hace dos meses que había un extendido cartel del papel higiénico, los consumidores chilenos volvieron a sorprenderse por un nuevo caso de colusión, esta vez de las principales cadenas de supermercados -Walmart Chile, SMU y Cencosud-, que se concertaron para fijar precios mínimos de venta del pollo entre 2008 y 2011.
La denuncia derivó de una investigación anterior que había sancionado en noviembre a las tres mayores productoras de pollo con 60 millones de dólares, por trasngredir normas contra los monopolios para fijar los precios de venta de los pollos, un producto básico en la dieta de los chilenos, sobre todo los más pobres.
"Condeno absolutamente este nuevo caso de colusión y cualquier caso de colusión que sin duda afecta la confianza y el presupuesto familiar", reprochó este jueves la presidenta Michelle Bachelet.
Bachelet califica como inaceptable y condenable colusión de supermercados
Una escasa regulación y bajas sanciones a la colusión -para la cual hoy no existe la pena de cárcel han confluido para alentar el desarrollo de estas malas prácticas empresariales en Chile.
"Hay una cultura del abuso", criticó a la AFP el abogado Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus).
El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón
"El empresariado chileno nunca ha tomado conciencia de que estas prácticas son condenables en cualquier parte del mundo", agregó Calderón.
Para detener los abusos empresariales, la presidenta Bachelet urgió al Congreso a aprobar antes de fin de mes una ley que vuelve a sancionar con cárcel la colusión y eleva las multas.
"Esperamos que este tipo de situaciones no continúen nunca más y para eso hemos tomado las medidas pertinentes con un proyecto de ley y hoy estamos pidiendo que esperamos aprobar ahora ya, a finales de este mes", dijo en el palacio presidencial La Moneda.
Considerado uno de los países menos corruptos de América Latina, según los Índices de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en el mundo, varios casos de corrupción que estallaron en los últimos meses dejaron al descubierto que estas prácticas no son tan ajenas a Chile.
Como si el país se hubiera propuesto sacar la basura debajo de la alfombra, el gobierno, políticos, empresarios y dirigentes deportivos quedaron envueltos en sonados escándalos de corrupción que indignaron a los chilenos.
Una veintena de políticos -tanto oficialistas como de oposición- son investigados por el financiamiento irregular a través de la entrega de facturas por servicios no prestados y por las cuales grupos económicos como Penta, la minera Soquimich o la pesquera Corpesca, descontaban el pago de impuestos.
Hasta la propia presidenta se ha visto salpicada por la corrupción en un caso que involucra a su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y a su nuera Natalia Compagnon, investigados por el uso de "información privilegiada y tráfico de influencias" y evasión de impuestos, tras concretar millonario negocio de especulación inmobiliaria.
El caso, que obligó al hijo de la mandataria a renunciar al cargo no remunerado que ejercía en el gobierno, tumbó la credibilidad de Bachelet (20 puntos en todo el año), quien en la campaña había prometido acabar con la desigualdad y los privilegios de unos pocos en Chile.
La corrupción también alcanzó al mismísimo Ejército chileno, donde la justicia investiga un fraude de cinco millones de dólares a través del desvió de dineros de un fondo para la compra de material bélico.
Y después de gozar su primer triunfo deportivo internacional de su historia -la Copa América de 2015- el fútbol también quedó empañado por el caso de corrupción que involucra a su expresidente, Sergio Jadue, quien se declaró culpable de recibir sobornos ante la justicia estadounidense que investiga las irregularidades en la FIFA.
Junto con las medidas en contra de la colusión, el Congreso chileno analiza un paquete de leyes pro transparencia redactado para hacer frente a los casos de corrupción política que golpearon Chile durante 2015.
