Por Rodolfo Varela
No estoy en contra de la captura de Nicolás Maduro, a quien considero responsable de graves crímenes, del sufrimiento de millones de venezolanos y de haber sumido al país en una crisis humanitaria sin precedentes. Lo que sí rechazo con absoluta claridad es la intromisión extranjera en la soberanía política de Venezuela.
Ninguna potencia tiene derecho a decidir el destino político de otro país. Los asuntos internos deben ser resueltos por su propio pueblo, ya sea mediante una nueva elección libre y transparente o permitiendo que asuma el presidente legítimamente electo, Edmundo González Urrutia. Cualquier otra salida impuesta desde el exterior no hará más que repetir una historia que América Latina conoce demasiado bien.
Oficialmente, Edmundo González Urrutia se convierte en el 35.º Presidente de VenezuelaEn el caso específico de Venezuela, la intervención no ha sido una invasión militar abierta, sino una combinación de operaciones de inteligencia, presión económica, sanciones y apoyo político a sectores opositores. A esto se suma el impacto de la nacionalización del petróleo, proceso que se intensificó bajo el gobierno de Hugo Chávez a comienzos de los años 2000. A diferencia de Chile, Venezuela utilizó inicialmente la renta petrolera para programas sociales, pero el sector terminó deteriorado por el subinversión, la mala gestión y las sanciones estadounidenses.
La historia regional ofrece ejemplos contundentes de intervenciones directas:
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Cuba, con múltiples ocupaciones militares entre 1898 y 1934 y el intento fallido de invasión de Bahía de Cochinos en 1961.
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República Dominicana, ocupada por marines entre 1916 y 1924 y nuevamente intervenida en 1965.
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Haití, ocupado militarmente entre 1915 y 1934.
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Nicaragua, con reiteradas intervenciones desde 1912 y la guerra contra Augusto César Sandino.
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Guatemala, donde en 1954 se apoyó un golpe de Estado contra el gobierno democrático de Jacobo Árbenz, motivado por intereses de la United Fruit Company.
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Brasil, con el respaldo al golpe militar de 1964 contra João Goulart.
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Chile, donde la nacionalización del cobre en 1971, aprobada por unanimidad del Congreso, desencadenó fuertes tensiones con Estados Unidos. Archivos desclasificados confirman que el gobierno de Nixon participó activamente en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende y apoyó el golpe de 1973 que dio paso a la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet.
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Granada, invadida en 1983 bajo la llamada Operación Furia Urgente.
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Panamá, invadida en 1989 para derrocar a Manuel Noriega, antiguo colaborador de la CIA.
Estas acciones, sumadas al respaldo a dictaduras militares mediante la Escuela de las Américas y la Operación Cóndor, forman parte de un largo historial de intervencionismo justificado por la Doctrina Monroe, el Corolario Roosevelt y la lucha anticomunista.
Numerosos estudios históricos y académicos coinciden en una conclusión incómoda: las intervenciones estadounidenses en América Latina, lejos de traer estabilidad o democracia, generaron inestabilidad política, conflictos internos, violaciones sistemáticas de derechos humanos y un profundo retraso social y económico.
Nuestra región sigue enfrentando desafíos estructurales como la desigualdad, la corrupción, la fragilidad institucional y la falta de acceso a servicios básicos. Estos problemas han persistido bajo gobiernos de distintas orientaciones ideológicas, incluidas izquierdas elitizadas que traicionaron las expectativas populares.
En síntesis, el pueblo venezolano merece una salida democrática, soberana y propia, sin dictadores internos ni salvadores externos. La historia demuestra que las soluciones impuestas desde fuera casi nunca liberan a los pueblos: solo cambian los nombres de quienes los dominan.
