Los senadores avanzaron en el análisis de la nueva institución. En la sesión se escucharon las posturas de la Comisión Nacional de Acreditación y del Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior.
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Continuando con el análisis del proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnologíaescuchó las exposiciones del presidente de la Comisión Nacional de Acreditación CNA, Matko Koljatic; del director del Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior, CONIFOS, Juan Matulic; y además contó con los comentarios del subsecretario de Educación, Fernando Rojas.
Uno de los puntos que también se esbozó durante la jornada fue la posibilidad de realizar modificaciones a la actual 20.129, entendida como una “ley corta”, para enfrentar los problemas del sistema.
Para el presidente de la Comisión de Educación, senador Jaime Quintana, muchas veces el término calidad “se usa como comodín, pero el problema es mucho más que calidad, es segregación, es inequidad, son problemas de acceso, de lucro, de abuso, por lo que si vamos a avanzar en este debate, que justamente busca garantizar calidad, tenemos que ponernos de acuerdo más allá del cambio institucional que vamos a hacer”.
El parlamentario valoró las exposiciones y agregó que “valoro que hay un consenso importante, hasta este minuto, en temas –resumidos muy bien por la Comisión de Acreditación- como la obligatoriedad, los años de acreditación, las normas de transparencia y la propuesta que hay en torno a licitar el rol de las agencias y no al revés”.
Sin embargo, el legislador llamó a tener especial cuidado con “la diferencia entre acreditación y licenciamiento, porque la inmensa mayoría que ha estado en estas nueve sesiones han sido majaderos al señalar que es un tema que no está bien en el proyecto”.
Por otra parte, apuntó a la necesidad de despejar algunas materias, “aquí no me preocupa la concentración, este no es el debate de las farmacias. La educación no es una cosa, es un derecho social”. Además, puso hincapié en la necesidad de que las cerreras tengan una efectiva empleabilidad.
“Ahora –agregó- hay una especie de tensión en las audiencias que hemos tenido, entre el concepto de calidad, desde el punto de vista de alto nivel, y el concepto de estándares mínimos, que es algo un poco menos ambicioso. Creo que la perspectiva de estándares tiene que apuntar siempre a asegurar calidad y elevar los niveles de ambición”.
El senador llamó a generar una correcta distinción entre autonomía y acreditación, “entre licenciamiento y acreditación, porque son dos procesos que tienen su especificidad. Hay que hacer distinción entre acreditación de universidades y acreditación de centros de formación técnica e institutos profesionales, son dos realidades distintas”.
Además, puso como condición la acreditación como exigencia para recibir fondos público y la y solidarizó con la obligatoriedad de licitar las agencias de acreditación.
La senadora Ena Von Baer destacó la importancia de tener instituciones acreditadas. “En la prensa leí que las instituciones que no tienen acreditación cayó en un 65% su matrícula, lo que significa que efectivamente las familias, los hogares, están recogiendo las señales del sistema y se están eligiendo instituciones acreditadas. El sistema actual, públicamente, ha hecho agua y tenemos un problema de legitimidad”.
Durante la sesión, la parlamentaria planteo si, “¿tenemos un sistema que nos puede dar garantías si nos demoramos con este proyecto de ley?, ¿la Comisión Nacional de Acreditación está haciendo bien su pega, está dando las señales correctas?”
Con respecto a los estándares de calidad, señaló que al establecerlos se deben conjugar con la diversidad de instituciones de educación superior que se le ofrecen a la ciudadanía. “Tenemos universidades complejas y la pregunta es qué tipo de universidades queremos en Chile, soy muy amiga de la diversidad”, acotó.
En tanto, el senador Alejandro Navarro fue crítico frente al sistema y recordó que por años ha venido manifestando su postura sobre la acreditación obligatoria. “En su oportunidad señalamos que esta Comisión de Acreditación debía tener una estructura que garantizara que el mínimo fuera 6 años, pero se aprobó por un año, lo que fue el equivalente a lo que dijimos: todas van a quedar acreditadas y no hay manera de que los estudiantes puedan distinguir entre una universidad o instituto por la publicidad que apela a que “está acreditada”, sentenció.
En otra área, refutó el sistema de fiscalización, ya que -a su juicio- “no fiscaliza, es una institución precaria. La Superintendencia de la Educación Superior que se propone, lo digo responsablemente y estoy dispuesto a discutirlo, fue escrita por las universidades privadas. Es una Superintendencia en donde quien define qué se fiscaliza y qué es fiscalización, es el superintendente nombrado por el Gobierno de turno”.
“La pregunta es: ¿soportan nuevos errores los estudiantes en Chile?, ¿nuevas leyes a medias? Yo quiero un rol preponderante del Estado. Necesitamos una especialización, un Ministerio de Educación Superior, y en la educación básica y media los Concejos Regionales de Educación pública, ya que los municipios han fracasado. Aquí se requiere cirugía mayor y estos proyectos lo que hacen, más bien, es poner un parche a una herida que no va a cicatrizar si no hay cirugía”, argumentó.
1. Acreditación obligatoria.
2. La forma de elección de los comisionados.
3. Que la acreditación se defina en: acreditado y no acreditado.
4. La forma en que las agencias de acreditación son seleccionadas.
Koljatic agregó que está de acuerdo con que se discuta una nueva ley (la que se está analizando), pero “pienso que será difícil ponernos de acurdo con la nueva ley y entre tanto hay urgencia, por lo que pedí que se hagan cambios inmediatos a la 20.129, mientas se discute la de más largo plazo”, concluyó.
Por su parte, el director del Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior, CONIFOS, Juan Matulic, señaló que proponen que el proyecto de ley que crea la ANA, “más que aumentar sanciones, más que desarmar la institucionalidad existente para reemplazarla por otra demasiado parecida, más bien se centre en solucionar los temas que la actual institucionalidad no resuelve en materia de calidad de la educación superior”, para lo que propusieron:
1. Definir y promulgar la Política de Educación Superior para Chile, en la que se enmarcarán todos sus organismos y cuerpos normativos, y donde las instituciones que forman parte de esa estructura tengan propósitos definidos y declarados. (CNA, CNED, Divesup).
2. Consensuar qué se entenderá por calidad y qué calidad aseguraremos, con amplia participación, es decir, considerando las propuestas y necesidades del país a través de todos sus actores: instituciones, rectores, docentes, estudiantes, expertos nacionales e internacionales y comunidades diversas.
3. Incorporar en los organismos existentes deberes para con la ciudadanía, tales como: capacidades técnicas en materias de aseguramiento de la calidad a disposición de las instituciones y de los estudiantes: de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica); instalar capacidades de transferencia de programas, herramientas y buenas prácticas de calidad; establecer la bilateralidad tanto en el proceso de Acreditación como de Apelación a las resoluciones emitidas.
4. Crear Consejos Regionales de la Calidad preocupados por el funcionamiento y calidad de las IES.
Uno de los puntos que también se esbozó durante la jornada fue la posibilidad de realizar modificaciones a la actual 20.129, entendida como una “ley corta”, para enfrentar los problemas del sistema.
MÁS QUE CALIDAD
Para el presidente de la Comisión de Educación, senador Jaime Quintana, muchas veces el término calidad “se usa como comodín, pero el problema es mucho más que calidad, es segregación, es inequidad, son problemas de acceso, de lucro, de abuso, por lo que si vamos a avanzar en este debate, que justamente busca garantizar calidad, tenemos que ponernos de acuerdo más allá del cambio institucional que vamos a hacer”.
El parlamentario valoró las exposiciones y agregó que “valoro que hay un consenso importante, hasta este minuto, en temas –resumidos muy bien por la Comisión de Acreditación- como la obligatoriedad, los años de acreditación, las normas de transparencia y la propuesta que hay en torno a licitar el rol de las agencias y no al revés”.
Sin embargo, el legislador llamó a tener especial cuidado con “la diferencia entre acreditación y licenciamiento, porque la inmensa mayoría que ha estado en estas nueve sesiones han sido majaderos al señalar que es un tema que no está bien en el proyecto”.
Por otra parte, apuntó a la necesidad de despejar algunas materias, “aquí no me preocupa la concentración, este no es el debate de las farmacias. La educación no es una cosa, es un derecho social”. Además, puso hincapié en la necesidad de que las cerreras tengan una efectiva empleabilidad.
CALIDAD V/S ESTÁNDARES MÍNIMOS
Para el senador Ignacio Walker, en el marco de una posible “ley corta”, este es un tema en el que no se pueden apresurar, debido a su complejidad y la necesidad de un perfeccionamiento continuo. “Tiendo a pensar que lo central es construir un sistema de acreditación que acompañe a las instituciones de educación superior en la perspectiva del perfeccionamiento continuo, más que sanciones con el garrote”.
El senador llamó a generar una correcta distinción entre autonomía y acreditación, “entre licenciamiento y acreditación, porque son dos procesos que tienen su especificidad. Hay que hacer distinción entre acreditación de universidades y acreditación de centros de formación técnica e institutos profesionales, son dos realidades distintas”.
Además, puso como condición la acreditación como exigencia para recibir fondos público y la y solidarizó con la obligatoriedad de licitar las agencias de acreditación.
GARANTÍAS DEL SISTEMA
La senadora Ena Von Baer destacó la importancia de tener instituciones acreditadas. “En la prensa leí que las instituciones que no tienen acreditación cayó en un 65% su matrícula, lo que significa que efectivamente las familias, los hogares, están recogiendo las señales del sistema y se están eligiendo instituciones acreditadas. El sistema actual, públicamente, ha hecho agua y tenemos un problema de legitimidad”.
Durante la sesión, la parlamentaria planteo si, “¿tenemos un sistema que nos puede dar garantías si nos demoramos con este proyecto de ley?, ¿la Comisión Nacional de Acreditación está haciendo bien su pega, está dando las señales correctas?”
Con respecto a los estándares de calidad, señaló que al establecerlos se deben conjugar con la diversidad de instituciones de educación superior que se le ofrecen a la ciudadanía. “Tenemos universidades complejas y la pregunta es qué tipo de universidades queremos en Chile, soy muy amiga de la diversidad”, acotó.
CRÍTICAS AL SISTEMA
En tanto, el senador Alejandro Navarro fue crítico frente al sistema y recordó que por años ha venido manifestando su postura sobre la acreditación obligatoria. “En su oportunidad señalamos que esta Comisión de Acreditación debía tener una estructura que garantizara que el mínimo fuera 6 años, pero se aprobó por un año, lo que fue el equivalente a lo que dijimos: todas van a quedar acreditadas y no hay manera de que los estudiantes puedan distinguir entre una universidad o instituto por la publicidad que apela a que “está acreditada”, sentenció.
En otra área, refutó el sistema de fiscalización, ya que -a su juicio- “no fiscaliza, es una institución precaria. La Superintendencia de la Educación Superior que se propone, lo digo responsablemente y estoy dispuesto a discutirlo, fue escrita por las universidades privadas. Es una Superintendencia en donde quien define qué se fiscaliza y qué es fiscalización, es el superintendente nombrado por el Gobierno de turno”.
“La pregunta es: ¿soportan nuevos errores los estudiantes en Chile?, ¿nuevas leyes a medias? Yo quiero un rol preponderante del Estado. Necesitamos una especialización, un Ministerio de Educación Superior, y en la educación básica y media los Concejos Regionales de Educación pública, ya que los municipios han fracasado. Aquí se requiere cirugía mayor y estos proyectos lo que hacen, más bien, es poner un parche a una herida que no va a cicatrizar si no hay cirugía”, argumentó.
COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN
Para el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, Matko Koljatic, “el sistema de acreditación es fundamental para el país, ya que da una señal de calidad a los alumnos y permite al Estado otorgar beneficios”. El personero manifestó su acuerdo con realizar correcciones a la actual ley 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, ya que, a su juicio, “tienen fallas importantes” y propuso 4 áreas a reformar:
1. Acreditación obligatoria.
2. La forma de elección de los comisionados.
3. Que la acreditación se defina en: acreditado y no acreditado.
4. La forma en que las agencias de acreditación son seleccionadas.
Koljatic agregó que está de acuerdo con que se discuta una nueva ley (la que se está analizando), pero “pienso que será difícil ponernos de acurdo con la nueva ley y entre tanto hay urgencia, por lo que pedí que se hagan cambios inmediatos a la 20.129, mientas se discute la de más largo plazo”, concluyó.
CONIFOS
1. Definir y promulgar la Política de Educación Superior para Chile, en la que se enmarcarán todos sus organismos y cuerpos normativos, y donde las instituciones que forman parte de esa estructura tengan propósitos definidos y declarados. (CNA, CNED, Divesup).
2. Consensuar qué se entenderá por calidad y qué calidad aseguraremos, con amplia participación, es decir, considerando las propuestas y necesidades del país a través de todos sus actores: instituciones, rectores, docentes, estudiantes, expertos nacionales e internacionales y comunidades diversas.
3. Incorporar en los organismos existentes deberes para con la ciudadanía, tales como: capacidades técnicas en materias de aseguramiento de la calidad a disposición de las instituciones y de los estudiantes: de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica); instalar capacidades de transferencia de programas, herramientas y buenas prácticas de calidad; establecer la bilateralidad tanto en el proceso de Acreditación como de Apelación a las resoluciones emitidas.
4. Crear Consejos Regionales de la Calidad preocupados por el funcionamiento y calidad de las IES.
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