El Presidente de la República, Gabriel Boric, recibió protocolarmente al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), encabezado por su directora Consuelo Contreras.


El Primer Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano. En tanto, junto con la directora del INDH, estuvieron presentes los consejeros Juan Carlos Cayo, Beatriz Corbo, Francisco Ugás, Constanza Valdés y Lieta Vivaldi. Esta es la segunda oportunidad en que el Mandatario recibe al INDH en La Moneda. La primera vez fue a finales de septiembre de 2022.


En el encuentro, de carácter protocolar, se abordaron una serie de temas de interés prioritario, entre ellos, la situación de los pueblos originarios, donde se abordó la presentación de la propuesta de diálogo Estado – Pueblos Indígenas del Instituto. También se trató el tema de seguridad desde una perspectiva de derechos fundamentales.


En el ámbito de la salud, se vio la situación de los grupos de especial protección y se mencionó, dentro de otras temáticas, la violencia de género de género y discriminación que afecta a las mujeres y diversidades sexuales.


Junto con ello, se trató la gestión de desastres naturales y cómo desde el Estado se abordan las recomendaciones en estas tareas.


Otro de los aspectos que se planteó al Presidente Boric se refirió a avances en justicia transicional. Esto, en lo que se toca a herramientas políticas y jurídicas que el Estado puso a disposición respecto a los derechos y deberes en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Todo ello en el ámbito de las graves violaciones a los DD.HH. cometidas durante la dictadura.


Sobre la situación carcelaria, el consejo del INDH se concentró en los grupos de especial protección, como los niños y niñas con madres privadas de libertad y el impacto que esta situación tiene en su desarrollo.


Dentro de la misma esfera se habló de la modificación del Reglamento N° 518 en lo que se refiere a la perspectiva de género en los centros penitenciarios. Al mismo tiempo, los derechos de los indígenas privados de libertad con arreglo a los estándares internacionales de derechos humanos a los cuales el Estado de Chile se encuentra obligado.