Por Rodolfo Varela
La reciente detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, marca un punto de inflexión histórico para el sistema judicial chileno.
Por primera vez en décadas, una figura del máximo tribunal es arrestada y enfrenta cargos graves por cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y quebrantamiento de secreto, delitos que golpean directamente el corazón del Estado de Derecho.
La caída de una ministra suprema
Ángela Vivanco fue detenida el 25 de enero de 2026 en su domicilio de la comuna de Las Condes, tras la decisión de la Corte Suprema de acoger una querella de capítulos, lo que permitió levantar su fuero y dar inicio a su persecución penal. El operativo fue encabezado por el fiscal Marco Muñoz, de la Fiscalía Regional de Los Lagos, junto a personal del OS7 de Carabineros de Chile.
Las acusaciones se concentran principalmente en la denominada trama o “muñeca bielorrusa”, vinculada al consorcio Belaz Movitec, favorecido en un fallo judicial en una disputa contra Codelco, además del denominado “caso audios”, que reveló gestiones indebidas y tráfico de influencias a través de conversaciones con el abogado Luis Hermosilla.
Los cargos: corrupción en estado puro
La investigación penal apunta a delitos de extrema gravedad:
-
Cohecho, por presuntas retribuciones económicas recibidas a cambio de decisiones judiciales favorables.
-
Lavado de activos, mediante maniobras destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos.
-
Tráfico de influencias, por intervenir en procesos judiciales en favor de terceros.
-
Entrega de información privilegiada y quebrantamiento del secreto, afectando la imparcialidad judicial.
Estos hechos ya habían sido advertidos en octubre de 2024, cuando Vivanco fue destituida del máximo tribunal e inhabilitada por el Senado, tras una acusación constitucional por notable abandono de deberes, que enumeró siete capítulos de graves irregularidades, incluyendo manipulación de salas, interferencia en nombramientos y coordinación con abogados externos.
Responsabilidades políticas: el silencio cómplice
Reducir este escándalo a una sola persona sería una forma más de encubrimiento. Ángela Vivanco no actuó sola ni en el vacío. Operó dentro de un sistema tolerado por sucesivos gobiernos.
Aquí la mayor responsabilidad política recae en los gobiernos de izquierda y centroizquierda, que gobernaron Chile durante más tiempo, levantaron discursos éticos y de derechos humanos, pero fracasaron en depurar las instituciones, fiscalizar al Poder Judicial y cumplir la deuda histórica con las víctimas de la dictadura.
La derecha, por su parte, tampoco queda exenta de responsabilidad: optó por la estabilidad del sistema antes que por su transparencia, privilegiando el silencio y el cálculo político.
Chile como señal para América Latina
Este caso adquiere una dimensión regional. En un continente donde, en no pocos países, el Poder Judicial ha sido capturado o subordinado al poder político —con la complicidad abierta o silenciosa de sectores de la izquierda—, lo ocurrido en Chile envía una señal clara.
Mientras en otras realidades se consolida una verdadera dictadura judicial, en la que jueces y fiscales operan protegidos por gobiernos afines, en Chile se demuestra que incluso las más altas autoridades judiciales pueden y deben rendir cuentas. No es el triunfo de un sector político, sino una advertencia regional: la democracia no sobrevive cuando la justicia se convierte en instrumento ideológico.
Una señal tardía, pero necesaria
La actuación de la Fiscalía y de la Corte Suprema constituye una señal potente, aunque tardía. Recuperar la confianza ciudadana exige sanciones reales, sin privilegios ni pactos de silencio, caiga quien caiga.
Impunidad, corrupción y justicia 