Por Rodolfo Varela
El manejo del Gobierno del presidente Gabriel Boric frente a la suspensión de la Pensión Garantizada Universal (PGU) dejó al descubierto una preocupante combinación de improvisación, descoordinación institucional y falta de criterio político, con consecuencias directas para miles de adultos mayores en Chile.
La “falta de preparación” del Estado de Chile.
Reclamos masivos y una rectificación tardía
Los reclamos se multiplicaron a nivel nacional. Adultos mayores aseguraron no haber salido del país o haberlo hecho por períodos inferiores a los establecidos por la normativa. Solo entonces el presidente Boric salió a explicar la situación.
En entrevista con Radio Futuro, el mandatario señaló que el Gobierno decidió no aplicar la suspensión y ordenó una investigación profunda para cotejar y verificar los datos migratorios.
“Lo que decidimos como Gobierno es no aplicar esto y que se investigue”, afirmó Boric, enfatizando que la prioridad es entregar tranquilidad a los pensionados y evitar injusticias.
Desde el Ejecutivo se indicó que la revisión busca restablecer la confianza en el sistema de pagos y garantizar que el beneficio llegue oportunamente. Sin embargo, no se informó un plazo claro para finalizar la verificación ni para regularizar los pagos suspendidos, dejando a miles de personas en la incertidumbre.
El Estado se equivoca, pero el daño ya está hecho
El propio Gobierno reconoció que cerca de 13 mil beneficiarios fueron afectados por errores administrativos. El IPS adoptó medidas de contingencia y aseguró que ninguna persona que cumpla la normativa perderá su pensión por fallas en la información.
Pero la pregunta es inevitable:
¿por qué primero se castiga y después se investiga?
Durante días, adultos mayores vieron suspendido un ingreso del cual dependen para alimentarse, comprar medicamentos o pagar servicios básicos. No fue un error menor: fue una falla grave del Estado.
13 mil pensionados denuncian que por error les quitaron la PGU
Una ley injusta que debe ser modificada
Es cierto que la ley original de la PGU, creada antes de este gobierno, establece como causal de extinción del beneficio el permanecer fuera de Chile por más de 180 días continuos o discontinuos en un año calendario.
Pero este episodio deja en evidencia un problema más profundo:
esta cláusula es injusta, discriminatoria y debe ser retirada o modificada.
¿Desde cuándo en Chile se castiga la movilidad de los pobres y jubilados?
¿Por qué un adulto mayor no puede pasar una temporada con hijos o familiares que viven en el extranjero?
¿Es un pecado querer compartir los últimos años de vida con la familia?
Mientras autoridades, parlamentarios y altos funcionarios viajan constantemente, muchas veces con recursos públicos y sin fiscalización real, un adulto mayor arriesga perder su pensión por salir del país. Esta desigualdad revela una visión clasista del Estado, donde los derechos no son iguales para todos.
Una pensión digna no puede estar condicionada a permanecer encerrado dentro de las fronteras. La PGU no es un favor: es un derecho social.
La “falta de preparación” de Gabriel Boric
Este episodio expone una contradicción profunda de esta izquierda que se autodefine como defensora de los más vulnerables. Por un error del propio Estado, el Gobierno suspendió pensiones y solo rectificó tras la presión pública.
Gobernar no es improvisar.
Mucho menos cuando se administra la dignidad de los adultos mayores.
El retroceso del presidente Boric no borra el daño causado. La confianza se pierde cuando el Estado actúa sin rigor y corrige solo cuando la indignación social lo obliga.
Chile necesita un gobierno que proteja primero a los más vulnerables, y una legislación que respete la libertad y dignidad de quienes trabajaron toda su vida.
Porque cuando el Estado falla, los adultos mayores no deberían ser los primeros en pagar el precio.
Una izquierda que se dice social, pero actúa sin humanidad
Este episodio expone una contradicción profunda de esta izquierda que se autodefine como defensora de los más vulnerables. Por un error del propio Estado, el Gobierno suspendió pensiones y solo rectificó tras la presión pública.
Gobernar no es improvisar.
Mucho menos cuando se administra la dignidad de los adultos mayores.
Conclusión
El retroceso del presidente Boric no borra el daño causado. La confianza se pierde cuando el Estado actúa sin rigor y corrige solo cuando la indignación social lo obliga.
Chile necesita un gobierno que proteja primero a los más vulnerables, y una legislación que respete la libertad y dignidad de quienes trabajaron toda su vida.
Porque cuando el Estado falla, los adultos mayores no deberían ser los primeros en pagar el precio.
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