El fallo que reconoce a una víctima también nos obliga a mirar una deuda que Chile todavía mantiene con quienes sobrevivimos
28° Juzgado Civil De Santiago, Chile
Por Rodolfo Varela
El 24 de septiembre de 2026, el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco de Chile a pagar $70 millones a un ex prisionero político sometido a torturas y relegación en 1984.
La sentencia, dictada en la causa Rol 13.566-2024, reconoce la responsabilidad del Estado frente a un crimen de lesa humanidad y sostiene la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria en este contexto.
Es un fallo importante.
Pero mientras lo leía, no pude dejar de pensar en una pregunta mucho más dolorosa:
¿Por qué una víctima de la represión del Estado tiene que pasar nuevamente por los tribunales para conseguir que el mismo Estado reconozca aquello que sufrió?
Y esta pregunta no la hago desde la teoría.
La hago desde mi propia vida.
El 24 de septiembre de 2026, el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco de Chile a pagar $70 millones a un ex prisionero político sometido a torturas y relegación en 1984.
La sentencia, dictada en la causa Rol 13.566-2024, reconoce la responsabilidad del Estado frente a un crimen de lesa humanidad y sostiene la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria en este contexto.
Es un fallo importante.
Pero mientras lo leía, no pude dejar de pensar en una pregunta mucho más dolorosa:
¿Por qué una víctima de la represión del Estado tiene que pasar nuevamente por los tribunales para conseguir que el mismo Estado reconozca aquello que sufrió?
Y esta pregunta no la hago desde la teoría.
La hago desde mi propia vida.
Yo fui reconocido como exonerado político. Pero no como ex preso y torturado político.
Esta diferencia es fundamental.
En mi caso, tuve que recurrir a la justicia para ser reconocido como exonerado político.
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Conté con la representación del abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, y tuve que presentar como testigos a dos amigos y compañeros que conocían mi historia: Sergio Campos Ulloa y Rafael Montes.
Ellos también trabajaban en Radio Corporación CB 114 de Santiago, donde yo desarrollaba mi actividad profesional.
Sergio Campos e Rodolfo Varela
Pero no fui reconocido, en aquella oportunidad, como ex preso político y torturado.
¿Por qué?
Porque para acreditar oficialmente esa condición se requerían antecedentes que yo no tenía.
Y aquí aparece la parte más cruel de esta historia.
¿Dónde están los documentos?
Yo sé lo que viví.
Sé que fui detenido en distintas oportunidades.
Sé que fui golpeado.
Sé que fui torturado.
Sé que recibí un golpe con un fusil que dejó secuelas permanentes en mi audición.
Sé lo que ocurrió después del toque de queda.
Sé las amenazas que recibí.
Sé lo que significó vivir con el miedo de que una nueva detención pudiera terminar en mi muerte.
Pero hoy alguien podría preguntarme:
“Rodolfo, ¿dónde está el documento que demuestra que te detuvieron?”
Y mi respuesta es:
No lo tengo.
“¿Dónde está el documento militar que certifica que te torturaron?”
No lo tengo.
“¿Dónde está el documento firmado por quienes te golpearon?”
No existe en mi poder.
Y aquí está la paradoja.
Quienes me detuvieron y me torturaron tenían el poder de registrar los hechos.
También tenían el poder de no registrarlos.
Y hoy, más de cincuenta años después, la víctima queda enfrentada a la necesidad de demostrar aquello que el aparato represivo nunca documentó o cuya documentación no llegó a sus manos.
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¿Tengo que volver a los tribunales para demostrar que fui torturado?
Esta es la parte que más me duele.
Para que se reconozca formalmente mi condición de ex preso político y torturado tendría que iniciar otro proceso.
Otra vez abogados.
Otra vez antecedentes.
Otra vez testigos.
Otra vez contar lo que ocurrió.
Otra vez abrir heridas que nunca terminaron de cerrarse.
Otra vez tener que convencer a una institución de que aquello que viví realmente sucedió.
Para mí, eso sería una segunda tortura.
La primera fue física.
La segunda sería obligarme, décadas después, a volver a demostrar que fui víctima.
Mi cuerpo también es parte de la historia
No tengo un documento militar que diga:
“Rodolfo Varela fue golpeado con un fusil”.
Pero tengo las consecuencias de aquello.
Tengo una pérdida permanente de audición.
Tengo secuelas físicas.
Tengo recuerdos que no desaparecieron con el paso del tiempo.
Y tuve que enfrentar dos operaciones por aneurismas cerebrales en 2009.
No estoy diciendo que una consecuencia médica, por sí sola, sustituya una prueba judicial.
Estoy diciendo algo diferente:
las víctimas no son solamente expedientes.
También son cuerpos.
Son recuerdos.
Son testimonios.
Son familias.
Son vidas interrumpidas.
Y cuando no existen documentos oficiales, el Estado debería investigar seriamente todas las evidencias disponibles en lugar de convertir la ausencia de un documento represivo en una sospecha sobre la víctima.
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Yo tuve que probar lo que el Estado no quiso registrar
Esta es la contradicción que Chile todavía debe enfrentar.
Para ser reconocido como exonerado político tuve que recurrir a la justicia.
Tuve un abogado.
Tuve testigos.
Tuve que reconstruir mi historia.
Y finalmente obtuve ese reconocimiento.
Pero existe otra parte de mi historia que permanece sin el reconocimiento formal correspondiente porque no cuento con los documentos necesarios para acreditarla.
Entonces me pregunto:
¿Cuántos sobrevivientes están exactamente en la misma situación?
¿Cuántos fueron detenidos sin registro?
¿Cuántos fueron golpeados sin certificado médico?
¿Cuántos fueron torturados en lugares donde nadie dejó constancia?
¿Cuántos fueron liberados y enviados de vuelta a sus casas con la orden silenciosa de no contar nada?
¿Cuántos murieron sin haber podido contar su historia?
Y, sobre todo:
¿Cuántos terminaron abandonando la lucha porque no tenían dinero, abogados, documentos o fuerzas para comenzar un nuevo proceso?
El reconocimiento tardío también revela una deuda
El fallo del Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago demuestra que el sistema judicial puede reconocer la responsabilidad del Estado frente a graves violaciones de derechos humanos.
Pero también nos obliga a mirar una realidad incómoda:
una justicia que llega después de décadas puede reparar parcialmente un daño, pero no puede devolverle a la víctima los años que perdió.
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Una indemnización puede ser necesaria.
Pero una indemnización no devuelve la juventud.
No devuelve la salud.
No devuelve la tranquilidad.
No devuelve el trabajo perdido.
No devuelve a los compañeros asesinados o desaparecidos.
No borra la tortura.
Y tampoco puede borrar la responsabilidad histórica del Estado.
No podemos pedirle a la víctima la prueba que el represor nunca le entregó
Esta debería ser una de las grandes lecciones de nuestra historia.
Cuando el propio Estado participó en la represión, la ausencia de un documento oficial no puede convertirse automáticamente en ausencia de verdad.
La investigación debe considerar el conjunto de las evidencias disponibles: testimonios, antecedentes médicos, archivos, registros históricos, documentos de organizaciones de derechos humanos, declaraciones de terceros y todos aquellos elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.
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Porque una víctima no empieza a existir cuando aparece un papel.
La víctima existía antes del expediente.
El dolor existía antes del tribunal.
La tortura existía antes del certificado.
Y la memoria existía antes de que alguien decidiera reconocerla oficialmente.
Yo no quiero volver a ser juzgado por mi propia historia
Tengo 76 años.
Han pasado 53 años desde el golpe de Estado.
Mi vida continuó.
Salí de Chile en 1976 y reconstruí mi existencia en Brasil.
Pero algunas heridas no se fueron.
Por eso no quiero que mi historia sea utilizada para atacar a nadie ni para alimentar odios.
Quiero algo mucho más sencillo:
que se reconozca la verdad de las víctimas.
No quiero tener que enfrentar otro proceso judicial para demostrar que fui detenido y torturado.
No quiero volver a sentarme frente a un expediente para convencer a alguien de que lo que viví fue real.
Ya lo viví una vez.
No quiero vivirlo judicialmente una segunda vez.
Chile tiene una deuda con sus víctimas
El reconocimiento de una víctima no debería depender exclusivamente de cuánto dinero tiene para contratar abogados, de cuántos testigos conserva después de más de cinco décadas o de si el aparato represivo tuvo la delicadeza de entregarle un certificado de que fue torturada.
La deuda de Chile con el derecho a vivir esta en paz?
Las víctimas de la dictadura no deberían tener que pasar toda su vida golpeando las puertas del Estado para que este reconozca el daño que sufrió.
Chile necesita verdad.
Necesita justicia.
Necesita reparación.
Pero también necesita algo que muchas veces se olvida:
necesita creerle a sus víctimas y escucharlas.
Porque la memoria no comienza en un tribunal.
La memoria comienza en la vida de quienes sobrevivieron.
Y cuando una persona tiene que volver a los tribunales para demostrar que fue víctima de aquello que sufrió hace más de medio siglo, entonces la tortura terminó físicamente hace décadas, pero el Estado todavía no ha conseguido cerrar completamente sus consecuencias.
No podemos exigirle a la víctima la prueba que el victimario nunca le entregó.
La memoria no se decreta.
La verdad no prescribe.
La dignidad no tiene fecha de vencimiento.
Y quienes sobrevivimos no deberíamos ser obligados a sufrir una segunda tortura para demostrar que la primera ocurrió.
Por Chile.
Por la verdad.
Por la memoria.
Por quienes sobrevivieron.
Y por quienes nunca pudieron contar su historia.
Nunca más.
Por: Rodolfo Varela
Locutor profesional — Publicista — Director de Radio y Televisión
Exonerado político
