Por: Rodolfo Varela
El 11 de septiembre de 1973 no fue simplemente una operación militar aislada.
Fue el resultado de una profunda crisis política y social, de una conspiración militar, de la intervención extranjera, de la acción de sectores civiles y empresariales, de la polarización política y de una cadena de decisiones que terminó destruyendo la democracia chilena e instalando una dictadura que durante 17 años dejó miles de víctimas de prisión política, tortura, ejecución, desaparición forzada y exilio.

Cincuenta y tres años después, Chile continúa enfrentando las consecuencias de aquel quiebre.
1. La traición militar: Pinochet y el quiebre de la confianza presidencial
Uno de los aspectos más dramáticos del golpe fue la traición de Augusto Pinochet a la confianza depositada en él por el Presidente Salvador Allende.
Pinochet había asumido como Comandante en Jefe del Ejército el 23 de agosto de 1973, después de la salida del general Carlos Prats. Menos de tres semanas después, encabezaría junto a los demás comandantes de las Fuerzas Armadas el golpe de Estado que terminó con el Gobierno constitucional.

El 11 de septiembre, mientras el país se encontraba bajo una operación militar coordinada, el Presidente Allende intentaba conocer la posición de los mandos militares y defender el orden constitucional.
Junto a mis compañeros Sergio Campos, Miguel Ángel San Martín y Luis Hernán Schwaner, bajo la dirección de Erich Schnake, vivimos desde la radio el avance de los acontecimientos y el ataque contra la democracia chilena.
Radio Corporación transmitió aquel día hasta que fue silenciada. El propio Archivo Sonoro del Museo de la Memoria conserva registros de aquella transmisión.
Por eso, cuando hablo del 11 de septiembre, no hablo solamente como observador de la historia.
2. Estados Unidos y la intervención extranjera
Los documentos desclasificados del propio Gobierno de Estados Unidos muestran que la Administración de Richard Nixon buscó impedir la llegada de Allende a la Presidencia y posteriormente desarrolló operaciones destinadas a debilitar a su Gobierno.
Un memorando de la CIA del 15 de septiembre de 1970 registra las instrucciones de Nixon de “hacer crujir” la economía chilena y de impedir la investidura de Allende.
Otro documento oficial estadounidense señala que, desde 1971, el Comité de los 40 había aprobado más de seis millones de dólares para partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones privadas contrarias al Gobierno de Allende. El mismo documento reconoce que las huelgas del sector privado desempeñaron un papel importante en la crisis que precedió al golpe.
También existen documentos que muestran que Washington seguía de cerca los preparativos de un eventual golpe militar durante 1973.
Entre los medios que recibieron apoyo estadounidense estuvo El Mercurio, cuya relación financiera con la CIA también aparece documentada en archivos desclasificados.
Esto no significa borrar las responsabilidades internas chilenas.
3. El poder civil, empresarial y la crisis económica
El golpe tampoco puede comprenderse únicamente desde los cuarteles.Chile vivía una profunda confrontación política, económica y social. Existieron huelgas, desabastecimiento, conflictos empresariales y una creciente polarización que debilitó las posibilidades de convivencia democrática.
Sectores empresariales y organizaciones gremiales participaron activamente en la oposición al Gobierno de la Unidad Popular.
Pero es importante distinguir entre responsabilidades colectivas y responsabilidades individuales.
No todos los empresarios, agricultores, profesionales o civiles participaron de la conspiración.
Sin embargo, sí existieron sectores organizados que contribuyeron a crear las condiciones de ingobernabilidad que terminaron favoreciendo el golpe.
En paralelo, un grupo de economistas vinculados posteriormente a la dictadura desarrolló El Ladrillo, documento que se transformaría en una de las bases del programa económico aplicado después del golpe.
La historia, por lo tanto, no puede reducirse a militares contra civiles.
Fue un entramado mucho más complejo.
Uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia fue la respuesta de las instituciones judiciales durante la dictadura.
Familiares de detenidos desaparecidos y presos políticos acudieron reiteradamente a los tribunales buscando protección y justicia.
En demasiados casos, los recursos de amparo fueron rechazados o no produjeron la protección efectiva que las víctimas necesitaban.
La democracia posterior debió enfrentar una enorme deuda institucional.
Porque la justicia no consiste solamente en castigar a quienes cometieron delitos.
También consiste en haber protegido oportunamente a quienes estaban siendo perseguidos.
5. El saqueo y el Caso Riggs
La imagen de una dictadura que decía actuar en nombre del orden, la austeridad y la defensa de la patria quedó profundamente cuestionada por los antecedentes descubiertos en el Caso Riggs.
Las investigaciones sobre las cuentas secretas de Augusto Pinochet revelaron la existencia de una importante fortuna mantenida fuera del sistema financiero chileno y movimientos patrimoniales cuya procedencia fue objeto de investigación judicial.
La corrupción tampoco tiene ideología.
Y quienes gobernaron Chile durante 17 años no pueden exigir que la sociedad olvide las violaciones de derechos humanos mientras se silencian o minimizan los abusos cometidos desde el propio aparato estatal.
Existe además otra deuda que Chile todavía no ha conseguido resolver completamente: las adopciones e inscripciones irregulares de menores.
Durante décadas, numerosas familias denunciaron que niños fueron separados de sus madres y posteriormente entregados en adopción mediante procedimientos irregulares, engaños o falsificaciones.
La propia Cámara de Diputadas y Diputados creó una Comisión Especial Investigadora sobre eventuales irregularidades en procesos de adopción, inscripción de menores y control de su salida del país.
Posteriormente, la Cámara aprobó una resolución solicitando la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para las familias afectadas por adopciones irregulares.
Aquí también existe una deuda con la verdad.
Porque perder la identidad no significa solamente desconocer un nombre.
Significa crecer sin saber quiénes fueron nuestros padres, de dónde venimos y por qué nuestra propia historia fue arrancada de nuestras manos.
7. Y hoy: ¿qué significa mirar hacia el futuro?
En 2026, Chile conmemora 53 años del golpe de Estado.
Sin embargo, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió no realizar un acto oficial de conmemoración el 11 de septiembre.
El Ejecutivo justificó la decisión señalando que su deber era mirar hacia los próximos 50 años.
Una sociedad madura puede mirar hacia adelante precisamente porque es capaz de mirar de frente aquello que ocurrió.

El Estado chileno puede cambiar de gobierno.
Puede cambiar de Presidente.
Puede cambiar de orientación política.
Pero las víctimas continúan siendo víctimas.
Los detenidos desaparecidos continúan desaparecidos.
Las familias que todavía buscan respuestas continúan buscando.
Los sobrevivientes de la prisión política y la tortura continúan viviendo con las consecuencias de aquello que les ocurrió.
Y muchos de ellos siguen esperando una reparación que esté a la altura del daño sufrido.
Por eso, la ausencia de una conmemoración oficial en 2026 no debería ser considerada simplemente una cuestión de agenda.
Y como toda decisión política, merece ser discutida públicamente.
Un Presidente de la República no gobierna solamente para quienes votaron por él.
Gobierna para todos los chilenos.
También para quienes fueron perseguidos por el Estado.
También para quienes fueron torturados.
También para quienes perdieron a sus padres, madres, hijos, hermanos y compañeros.
También para quienes tuvieron que abandonar Chile.
Y también para quienes todavía buscan a un familiar desaparecido.
8. La memoria no pertenece a la izquierda ni a la derecha
No pertenece exclusivamente a la izquierda.
Tampoco pertenece a la derecha.
Pertenece a Chile.
Recordar el golpe de Estado no significa justificar todos los errores del Gobierno de Salvador Allende.
Tampoco significa negar la profunda crisis política, económica y social que vivía el país.
Significa reconocer que ninguna crisis puede justificar la destrucción de la democracia, la tortura, las ejecuciones, las desapariciones forzadas ni la persecución política.
La democracia tiene errores.
La democracia puede corregirse.
La democracia puede perder elecciones y recuperarlas.
Lo que no puede aceptarse como solución democrática es eliminarla.
9. La deuda histórica permanece
La reconciliación no puede significar impunidad.
El perdón no puede ser una obligación impuesta a las víctimas.
Y pasar la página no puede significar arrancarla del libro de nuestra historia.
Yo sobreviví a la prisión política y a la tortura.
Fui exonerado político.
Tuve que abandonar mi país.
Pero nunca abandoné la memoria.
Y después de 53 años sigo creyendo que Chile merece una democracia capaz de mirar hacia el futuro sin avergonzarse de mirar hacia atrás.
Porque un país que conoce su historia puede evitar repetirla.
Un país que honra a sus víctimas fortalece su democracia.
Y un Estado que recuerda a quienes sufrieron demuestra que la vida y la dignidad humana están por encima de cualquier gobierno.

La memoria no es una cadena que nos ata al pasado.
La memoria es una luz que nos impide caminar nuevamente hacia el mismo abismo.
Por: Rodolfo Varela
Sobreviviente de la represión, ex preso político y exonerado político.
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