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2026/09/28

La «Democracia» como negocio: el tablero imperialista en América Latina y el mundo

Por: Rodolfo Varela
Blog de Rodolfo Varela — Directo al Punto

Cuando la defensa de la libertad se convierte en una herramienta de poder


Para Rubio, América Latina es el patio trasero de EE. UU.


La historia reciente de América Latina y la geopolítica mundial nos obligan a formular una pregunta incómoda, pero absolutamente necesaria: ¿qué busca realmente Estados Unidos cuando interviene, presiona o condiciona la soberanía de otras naciones bajo la bandera de la libertad y la democracia?

La respuesta no puede encontrarse únicamente en los discursos oficiales. Debemos examinar también los antecedentes históricos, los intereses económicos, las decisiones estratégicas y, fundamentalmente, las consecuencias que estas políticas han tenido sobre los pueblos.

Durante décadas, Estados Unidos ha presentado su política exterior como una defensa de la democracia, los derechos humanos y la estabilidad internacional. Sin embargo, su historial en América Latina demuestra que esos principios no siempre han sido aplicados de manera coherente.

Cuando los intereses estratégicos, económicos o militares entran en conflicto con los principios democráticos, surge una contradicción que merece ser denunciada.


Cuando Estados Unidos lleva la democracia a otros países


Porque la democracia no puede convertirse en una herramienta diplomática que se utiliza contra determinados gobiernos mientras se toleran gobiernos autoritarios cuando estos resultan convenientes para los intereses de una potencia.

La democracia no puede tener un precio, ni la soberanía de los pueblos puede depender de la conveniencia de Washington.


1. El doble rasero del discurso democrático

Para las grandes potencias, la democracia parece adquirir diferentes significados dependiendo de las circunstancias políticas y económicas.

Estados Unidos ha intervenido históricamente en los asuntos internos de América Latina, apoyando determinadas fuerzas políticas, ejerciendo presiones económicas y participando en estrategias de desestabilización.

Chile constituye uno de los ejemplos históricos más dolorosos.

Los documentos estadounidenses desclasificados sobre el período de Salvador Allende registran esfuerzos para desestabilizar económicamente a Chile y aislar diplomáticamente a su gobierno entre 1970 y 1973.


EE. UU. debe pedir disculpas por el golpe de Pinochet en Chile.



No se trata de una interpretación construida únicamente desde la memoria de quienes vivimos aquella época. Existen documentos oficiales que permiten reconstruir responsabilidades, decisiones y estrategias.

La pregunta continúa vigente: ¿cómo puede una potencia presentarse como defensora universal de la democracia cuando su propia historia registra actuaciones que contribuyeron a debilitar gobiernos democráticamente elegidos?

El problema no consiste en negar que existan gobiernos autoritarios ni en desconocer las violaciones de derechos humanos cometidas por distintos Estados.

El problema es la selectividad.

Los derechos humanos deben defenderse siempre, independientemente de quién gobierne, de su orientación ideológica o de sus relaciones comerciales con las grandes potencias.

De lo contrario, dejan de ser principios universales y se transforman en instrumentos de conveniencia política.

2. América Latina: entre la dependencia y la desilusión política


 Nuestra región continúa atrapada entre dos problemas que se alimentan mutuamente: la injerencia extranjera y la incapacidad de numerosos liderazgos nacionales para responder a las necesidades de sus pueblos.

No podemos responsabilizar exclusivamente a Estados Unidos de todos nuestros problemas. Sería una simplificación histórica y política.

También debemos reconocer la responsabilidad de nuestras propias élites.

Una parte de la izquierda latinoamericana, que llegó al poder prometiendo justicia social, igualdad y dignidad, terminó alejándose de sus bases populares. En distintos países, determinados gobiernos han sido cuestionados por c
corrupción, oncentración del poder, debilitamiento institucional y utilización de las estructuras del Estado para preservar intereses particulares.

Pero tampoco podemos ignorar a una derecha que, en determinadas circunstancias, ha utilizado esos fracasos para justificar políticas de subordinación económica y estratégica a intereses extranjeros.

Ambos fenómenos merecen cuestionamiento.

La izquierda no tiene un cheque en blanco por proclamarse defensora de los trabajadores, así como la derecha no puede presentarse automáticamente como defensora de la libertad por invocar la democracia.

La corrupción no tiene ideología. El abuso del poder tampoco.

Y cuando los intereses particulares se imponen sobre las necesidades colectivas, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos.


Corrupción en América Latina y el Caribe


América Latina necesita superar esa falsa disyuntiva entre una izquierda que ha perdido credibilidad y una derecha que, en determinadas experiencias, ha confundido cooperación internacional con subordinación.

Nuestros pueblos necesitan gobiernos que respondan a sus ciudadanos, no a las instrucciones de las élites económicas, políticas o extranjeras.

3. La Operación Cóndor: una memoria que América Latina no puede olvidar


Para quienes vivimos las consecuencias de las dictaduras militares latinoamericanas, hablar de seguridad regional no es un asunto menor.

La Operación Cóndor representa una de las páginas más oscuras de nuestra historia contemporánea.

Durante las décadas de 1970 y 1980, los aparatos represivos de distintas dictaduras del Cono Sur coordinaron actividades de inteligencia, persecución y operaciones clandestinas contra opositores políticos, incluso fuera de sus fronteras nacionales.

Documentos desclasificados estadounidenses registran la existencia de esa coordinación y las discusiones sobre operaciones de asesinato en el extranjero.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil estuvieron vinculados a diferentes etapas de esa estructura represiva.


Operación Cóndor: historia de la persecución contra la izquierda en América Latina



La persecución política dejó miles de víctimas: detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados, exiliados y familias destruidas.

No podemos olvidar que aquella maquinaria no funcionó únicamente mediante armas y uniformes. También necesitó complicidades civiles, estructuras de inteligencia, colaboración internacional y una doctrina que convirtió al adversario político en enemigo de la nación.

Como chileno y víctima de la dictadura, considero que nuestra memoria histórica debe servir para impedir que cualquier proyecto político o militar vuelva a poner en peligro las libertades fundamentales.

El Escudo de las Américas: seguridad regional y soberanía

La creación del denominado Escudo de las Américas, impulsado por Donald Trump en marzo de 2026, merece un análisis cuidadoso.

Su objetivo oficialmente presentado es combatir los carteles y fortalecer la cooperación de seguridad regional. Sin embargo, también aparece asociado a la intención estadounidense de limitar la influencia de potencias extrarregionales, particularmente China y Rusia.

Aquí surge una preocupación que no podemos ignorar.

Combatir el narcotráfico y el crimen organizado es una responsabilidad legítima de los Estados. Pero ninguna política de seguridad puede situarse por encima de la soberanía nacional, los derechos humanos y los controles democráticos.

La historia nos enseñó que las doctrinas de seguridad nacional pueden convertirse en instrumentos de persecución cuando se confunde al delincuente con el opositor político y se transforma la discrepancia ideológica en una amenaza para el Estado.

No estoy afirmando que el Escudo de las Américas sea una nueva Operación Cóndor. Establecer esa equivalencia sin pruebas sería históricamente irresponsable.

Lo que sostengo es que América Latina tiene el deber de exigir garantías antes de entregar atribuciones militares, información estratégica o capacidad operativa a estructuras de seguridad internacional.


No podemos permitir que América Latina y el Caribe retrocedan a los tiempos oscuros de la Operación Cóndor


La seguridad de los pueblos no puede construirse sacrificando sus libertades.

Y mucho menos cuando la historia demuestra que los mecanismos de cooperación entre aparatos represivos pueden terminar convertidos en instrumentos de persecución política.

4. Los discursos en Naciones Unidas y la disputa por la hegemonía


La Asamblea General de Naciones Unidas continúa siendo uno de los escenarios donde se manifiestan las contradicciones del orden internacional.

Gobiernos como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán y Rusia han utilizado históricamente ese espacio para denunciar lo que consideran políticas imperialistas estadounidenses.

Estados Unidos y sus aliados occidentales, por su parte, defienden sus actuaciones argumentando que buscan proteger la seguridad internacional, promover la democracia y responder a violaciones de derechos humanos.

Históricamente el gobierno de Cuba le ha llamado bloqueo a las sanciones económicas estadounidenses.


Pero una cosa es escuchar los discursos y otra muy distinta es examinar sus consecuencias.

Tampoco podemos aceptar automáticamente las denuncias de unos gobiernos ni las justificaciones de otros.

Un gobierno que denuncia el imperialismo estadounidense no queda exento de responder por sus propias violaciones de derechos humanos.

Y una potencia que invoca la democracia no queda exenta de responder por sus intervenciones y decisiones internacionales.

Los principios deben ser universales o dejan de ser principios.

La Carta de Naciones Unidas establece la igualdad soberana de los Estados y prohíbe, como principio general, la amenaza o utilización de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de otro Estado.

Por eso, la discusión sobre sanciones unilaterales, intervenciones y presiones económicas no puede reducirse a una disputa ideológica. También exige un análisis jurídico sobre sus fundamentos, alcances y consecuencias.

5. Los recursos estratégicos y el verdadero tablero geopolítico


El mundo atraviesa una disputa cada vez más compleja por el control económico, tecnológico, comercial y militar.

Petróleo, gas, cobre, litio, tierras raras y minerales críticos forman parte de una competencia internacional en la que Estados Unidos, China, Rusia y otras potencias buscan preservar o ampliar sus posiciones estratégicas.

América Latina posee recursos fundamentales para el desarrollo tecnológico y energético del futuro.

Sin embargo, nuestros países continúan enfrentando una contradicción: disponen de riquezas naturales, pero una parte importante de sus poblaciones sigue viviendo en condiciones de pobreza y desigualdad.


Pobreza en América Latina, la brecha entre pobres y ricos


La pregunta que debemos formular no es solamente quién controla esos recursos, sino quién se beneficia realmente de su explotación.

¿Los pueblos propietarios de esas riquezas o las grandes empresas y los intereses financieros que participan en su comercialización?

La soberanía económica no significa cerrar las puertas al comercio internacional ni rechazar las inversiones extranjeras.

Significa establecer relaciones de cooperación en condiciones de igualdad, con transparencia, beneficios compartidos y respeto por las decisiones democráticas de cada nación.

Lo mismo ocurre con las tensiones internacionales.

La competencia entre Estados Unidos y China, las disputas por las rutas comerciales estratégicas y los conflictos en Medio Oriente, incluido el estrecho de Ormuz, tienen consecuencias que trascienden las fronteras de los países directamente involucrados.

Europa, América Latina y el resto del mundo terminan enfrentando repercusiones económicas, energéticas y diplomáticas de decisiones adoptadas por grandes potencias.

Mientras tanto, las necesidades cotidianas de millones de personas continúan relegadas.



Guerra comercial entre Estados Unidos y China



La política internacional no puede reducirse a una competencia permanente por la hegemonía.

La paz, la cooperación y el desarrollo humano deberían ocupar el centro de las relaciones internacionales.

6. La responsabilidad de nuestras propias democracias


Sería un error histórico denunciar la injerencia extranjera y guardar silencio frente a la corrupción interna.

La soberanía también se pierde cuando los gobernantes utilizan las instituciones para proteger sus propios intereses.

Se pierde cuando la justicia deja de actuar con independencia.

Se pierde cuando la corrupción se convierte en una práctica tolerada.

Se pierde cuando los partidos políticos abandonan a sus electores y transforman sus organizaciones en instrumentos de conservación del poder.

Y se pierde cuando los ciudadanos dejan de creer que su participación democrática puede cambiar sus condiciones de vida.

Por eso, mi crítica no está dirigida exclusivamente a Estados Unidos, ni pretende justificar a gobiernos que se presentan como sus adversarios.

Mi cuestionamiento es mucho más amplio.

Rechazo cualquier forma de imperialismo, venga de donde venga.

Rechazo la subordinación de los pueblos a las grandes potencias, pero también la subordinación de los ciudadanos a sus propias élites políticas.

“Este sistema neoliberal nos trata como basura”



No existe verdadera soberanía cuando un país cambia de dependencia, pero no consigue recuperar el control democrático de su destino.

7. La verdadera independencia comienza con la dignidad de los pueblos


América Latina no necesita elegir entre Washington, Pekín, Moscú o cualquier otra capital para determinar su futuro.

Necesita construir una política exterior independiente, basada en la cooperación internacional, el respeto mutuo y la defensa de sus intereses nacionales.

Necesita gobiernos transparentes, instituciones independientes, justicia social y una ciudadanía capaz de fiscalizar permanentemente el ejercicio del poder.



Trump, "No voy a aprender su maldito idioma"


La independencia no consiste en cambiar de protector.

Consiste en dejar de necesitar protectores.

La historia de nuestros pueblos demuestra que la democracia no puede sostenerse únicamente mediante elecciones. Necesita justicia, libertad, igualdad ante la ley, respeto a los derechos humanos y una distribución más equitativa de las oportunidades.

Y sobre todo necesita memoria.

Porque quienes hemos vivido las consecuencias de las dictaduras sabemos que la libertad no es una concesión de los gobiernos ni una mercancía que pueda negociarse en los despachos del poder.

Es un derecho.

Conclusión: la democracia no puede ser el negocio de las potencias

La llamada democracia no puede convertirse en una fachada para justificar intereses económicos, estratégicos o militares.

Tampoco puede utilizarse como argumento para encubrir las responsabilidades de gobiernos que, mientras hablan de libertad, restringen derechos y concentran el poder.

Estados Unidos tiene derecho a defender sus intereses nacionales, como cualquier otro Estado. Pero ese derecho no le otorga autoridad para decidir unilateralmente el destino de otros pueblos.

Y América Latina tiene la obligación de defender su soberanía sin convertirla en una excusa para tolerar autoritarismos, corrupción o abusos internos.

La verdadera independencia exige dos luchas inseparables: contra la injerencia extranjera y contra quienes, desde dentro, utilizan el poder para beneficio propio.


No podemos continuar condenados a escoger entre quienes prometen liberarnos mientras nos someten y quienes prometen defendernos mientras negocian nuestra soberanía.

La salida no está en los extremos ni en las lealtades ciegas a determinados líderes o ideologías.

Está en una ciudadanía consciente, organizada, informada y dispuesta a exigir responsabilidades.


América Latina debe abordar la pobreza, la corrupción y la inseguridad



Porque ningún país puede llamarse verdaderamente libre cuando sus decisiones fundamentales dependen de intereses ajenos, ni ninguna democracia puede considerarse legítima cuando abandona a su propio pueblo.

La soberanía no se negocia. La democracia no se vende. Los derechos humanos no tienen ideología. Y la memoria de nuestros pueblos no debe someterse al silencio de ninguna potencia.

Por Rodolfo Varela

2026/09/25

LA IDENTIDAD NO SE ENVÍA COMO UN PAQUETE: ¿HASTA CUÁNDO LAS VÍCTIMAS TENDRÁN QUE SEGUIR ESPERANDO?

Por: Rodolfo Varela
Blog de Rodolfo Varela — Directo al Punto

Hay cosas que simplemente no deberían ocurrir cuando hablamos de derechos humanos.

Una de ellas es tratar la historia, la identidad y los antecedentes familiares de una persona como si fueran un simple documento administrativo que puede ser introducido en un sobre y enviado por correo común.


"Mi mamá fue forzada a aceptar que yo sería arrebatada de sus brazos": el drama de los niños robados en Chile en la dictadura de Pinochet


Por eso me llamó profundamente la atención la denuncia publicada por Stichting Chilean Adoptees, organización que representa a personas chilenas adoptadas en los Países Bajos.

La denuncia es concreta: después de haber planteado en mayo de 2025 a Wereldkinderen su preocupación por la forma en que se enviaban expedientes de ascendencia con información extremadamente sensible, se habría acordado que esos documentos serían enviados posteriormente mediante correo certificado y con mayores medidas de cuidado.


Sin embargo, según la organización, más de un año después dos adoptados chilenos volvieron a recibir sus expedientes de la misma manera: directamente en el buzón.

Y entonces surge una pregunta que va mucho más allá de un sobre:

¿Qué valor tienen los acuerdos cuando las instituciones no los cumplen?


UNA HISTORIA DE VIDA NO ES UN PAPEL CUALQUIERA


Un expediente de ascendencia puede contener el nombre de una madre biológica, la identidad de un padre, antecedentes de nacimiento, documentos judiciales, información familiar y circunstancias que explican por qué un niño terminó separado de su familia.

Para quien busca sus orígenes, ese expediente puede representar algo que esperó durante décadas.

Puede contener la respuesta a una pregunta que lo acompañó durante toda su vida:


¿Quién soy realmente y de dónde vengo?


Por eso resulta difícil comprender que información de semejante importancia pueda ser tratada como correspondencia ordinaria.

No estamos hablando solamente de privacidad.

Estamos hablando de dignidad, identidad, memoria y derechos humanos.


Daniel cuenta que se enfrentó a comentarios, burlas y apodos por su color de piel y por ser adoptado.


CHILE NO PUEDE MIRAR PARA OTRO LADO


Y aquí está el problema que nos lleva directamente a Chile.

El propio Estado chileno reconoció en febrero de 2026 que existen miles de denuncias relacionadas con adopciones ocurridas entre las décadas de 1950 y 2000 y que estos hechos constituyen graves vulneraciones del derecho a la identidad y a la vida familiar.

Por lo tanto, ya no estamos solamente ante testimonios aislados de personas que buscan a sus familias.

Existe un reconocimiento institucional de que estamos frente a un problema de derechos humanos.

Y cuando hablamos de derechos humanos, la respuesta del Estado no puede limitarse a crear mesas de trabajo, elaborar informes o anunciar medidas.

Las víctimas necesitan resultados.

Necesitan acceso a los archivos.

Necesitan investigaciones.

Necesitan cooperación internacional.

Necesitan saber qué ocurrió con sus madres, sus padres, sus hermanos y sus hijos.

Y, sobre todo, necesitan conocer su propia historia.


NO ES UN PROBLEMA DEL PASADO


Algunos podrían preguntarse:

¿Para qué seguir hablando de hechos ocurridos hace décadas?

La respuesta es sencilla.

Porque para quien todavía busca a su madre, su hijo, su hermano o su familia biológica, el tiempo no cerró la herida.

El paso de los años no devuelve automáticamente la identidad.

Una persona puede tener 40, 50, 60 o más años y continuar buscando respuestas sobre su nacimiento.

Por eso el derecho a la identidad no tiene fecha de vencimiento.

Y tampoco debería tenerla la obligación de investigar.


LOS ANTECEDENTES SON DEMASIADO SERIOS


Una investigación publicada por CIPER en agosto de 2024 documentó antecedentes sobre al menos 155 niños chilenos enviados irregularmente a los Países Bajos desde el Hogar Las Palmas entre 1970 y 1990. El reportaje también señaló que una investigación judicial chilena había identificado más de 20 mil menores adoptados irregularmente por extranjeros entre 1970 y 1990, aunque las causas judiciales siguen caminos diversos y no todos esos casos tienen la misma situación procesal.


Más recientemente, en agosto de 2026, CIPER informó sobre un informe del Comité Noruego de Investigaciones sobre Adopciones Irregulares que revisó 61 adopciones de niños chilenos realizadas entre 1987 y 2010. El informe describió casos de madres a quienes se habría hecho creer que sus hijos habían muerto, además de otros antecedentes de engaño o amenazas. También cuestionó la profundidad de los controles realizados por autoridades noruegas, especialmente durante el período de la dictadura chilena.

Y en septiembre de 2026 apareció otro antecedente que merece atención.

CIPER reveló documentos sobre una investigación reservada realizada entre 1981 y 1983 por la entonces ministra de Justicia Mónica Madariaga, después de recibir antecedentes relacionados con adopciones irregulares y tráfico de niños chilenos hacia Estados Unidos e Italia.


Entonces cabe preguntarse:


¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para conocer toda la verdad?


Los bebés robados de la dictadura chilena


LAS MADRES TAMBIÉN TIENEN DERECHO A SABER


Detrás de cada expediente existe una historia humana.

Una madre que pudo haber sido engañada.

Una familia que pudo haber recibido información falsa.

Un niño que creció lejos de sus raíces.

Un adulto que décadas después comienza a buscar.

Y muchas veces, una persona que descubre que aquello que le contaron durante toda su vida simplemente no correspondía con la verdad.



La agrupación Hijos y Madres del Silencio (HMS) busca a niños adoptados irregularmente durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Eso no es una cuestión burocrática.

Eso es una tragedia humana.

Y cuando existen antecedentes de irregularidades, el Estado tiene la responsabilidad de hacer todo lo razonablemente posible para reconstruir esas historias.


MI SOLIDARIDAD COMO VÍCTIMA


Yo no soy una persona adoptada y no pretendo hablar en nombre de quienes vivieron esa experiencia.

Pero sí soy una víctima de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar chilena.

Conozco personalmente lo que significa que una parte de tu vida quede marcada por decisiones tomadas por otros.

Conozco el dolor de tener que buscar respuestas.

Conozco lo que significa que el Estado reconozca oficialmente una parte de lo ocurrido y, al mismo tiempo, que muchas heridas permanezcan abiertas durante décadas.

Por eso puedo solidarizar con quienes todavía buscan a sus familias sin apropiarme de su historia.

No hablo por ellos. Hablo junto a ellos.

Y creo que Chile tiene una obligación moral e institucional con estas personas.


Madres chilenas en larga búsqueda de bebés robados durante la dictadura de Pinochet


LA MEMORIA TAMBIÉN ES IDENTIDAD


Chile ha avanzado en el reconocimiento de algunas de sus deudas históricas.

Pero avanzar no significa que la deuda esté saldada.

En febrero de 2026 el Gobierno presentó recomendaciones de una Mesa Interinstitucional sobre adopciones forzadas o irregulares, orientadas a verdad, justicia y derecho a la identidad.

Ese paso debe ser valorado como un antecedente institucional.

Pero precisamente por eso también debemos exigir que las recomendaciones se transformen en acciones concretas, permanentes y verificables.

Porque las víctimas no pueden vivir eternamente esperando que una nueva administración, una nueva comisión o una nueva mesa vuelva a comenzar desde cero.


UN EXPEDIENTE NO ES UN PAQUETE


Por eso quiero volver al comienzo.

Un expediente de ascendencia no es un paquete cualquiera.

No es una publicidad.

No es una factura.

No es un documento administrativo sin importancia.

Puede contener la identidad de una persona.

Puede contener la historia de una familia.

Puede contener la última posibilidad de reconstruir una verdad.

Y por eso la denuncia de Stichting Chilean Adoptees debería servirnos para abrir una conversación mucho más profunda.

Si una institución invoca la privacidad para proteger información personal, entonces debe aplicar ese mismo principio de cuidado cuando entrega esa información a quien tiene derecho a conocerla.

La privacidad no puede ser una excusa para ocultar información cuando se solicita, y después desaparecer cuando finalmente esa información es entregada.

La privacidad implica responsabilidad.

La identidad implica dignidad.

Y la verdad exige compromiso.


¿Un archivo así se mete en un sobre y se empuja por el buzón?


¿HASTA CUÁNDO?


Entonces vuelvo a la pregunta que dio origen a estas palabras:

¿Hasta cuándo tendrán que esperar las víctimas?

¿Hasta cuándo una madre tendrá que preguntarse qué ocurrió con su hijo?

¿Hasta cuándo un hijo tendrá que preguntarse quiénes fueron sus padres?

¿Hasta cuándo una familia tendrá que vivir con documentos incompletos, contradictorios o inaccesibles?

¿Hasta cuándo Chile permitirá que la búsqueda de una identidad dependa de la voluntad, capacidad o buena disposición de instituciones nacionales o extranjeras?

No estoy pidiendo privilegios.

Estoy hablando de derechos.

Y los derechos humanos no deberían depender del lugar donde nació una persona, del país donde terminó viviendo ni de cuántas décadas hayan pasado.


Entre 1970 y 1990, Geertruida Kuijpers no sólo gestionó adopciones irregulares de chilenos a Países Bajos,


La identidad pertenece a cada ser humano.

Y la verdad sobre el origen de una persona no debería ser tratada como una mercancía, un trámite burocrático ni un simple paquete que alguien deja caer dentro de un buzón.

Chile tiene una deuda con estas víctimas.

Y una deuda de derechos humanos no desaparece porque pase el tiempo.

La memoria no se archiva.
La identidad no prescribe.
La verdad no puede ser enviada al olvido.

Por: Rodolfo Varela
Blog de Rodolfo Varela — Directo al Punto

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2026/09/24

LA SEGUNDA TORTURA: CUANDO LA VÍCTIMA TIENE QUE DEMOSTRAR QUE FUE VÍCTIMA


El fallo que reconoce a una víctima también nos obliga a mirar una deuda que Chile todavía mantiene con quienes sobrevivimos


28° Juzgado Civil De Santiago, Chile


 Por Rodolfo Varela

El 24 de septiembre de 2026, el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco de Chile a pagar $70 millones a un ex prisionero político sometido a torturas y relegación en 1984.

La sentencia, dictada en la causa Rol 13.566-2024, reconoce la responsabilidad del Estado frente a un crimen de lesa humanidad y sostiene la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria en este contexto.

Es un fallo importante.

Pero mientras lo leía, no pude dejar de pensar en una pregunta mucho más dolorosa:

¿Por qué una víctima de la represión del Estado tiene que pasar nuevamente por los tribunales para conseguir que el mismo Estado reconozca aquello que sufrió?

Y esta pregunta no la hago desde la teoría.

La hago desde mi propia vida.

Yo fui reconocido como exonerado político. Pero no como ex preso y torturado político.


Esta diferencia es fundamental.

En mi caso, tuve que recurrir a la justicia para ser reconocido como exonerado político.


Destacado abogado de DD.HH. Nelson Caucoto: “Jamás una causa de derechos humanos puede ser investigada por la justicia militar”


Conté con la representación del abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, y tuve que presentar como testigos a dos amigos y compañeros que conocían mi historia: Sergio Campos Ulloa y Rafael Montes.

Ellos también trabajaban en Radio Corporación CB 114 de Santiago, donde yo desarrollaba mi actividad profesional.


Sergio Campos e Rodolfo Varela



Finalmente fui reconocido como exonerado político.

Pero no fui reconocido, en aquella oportunidad, como ex preso político y torturado.

¿Por qué?

Porque para acreditar oficialmente esa condición se requerían antecedentes que yo no tenía.

Y aquí aparece la parte más cruel de esta historia.

¿Dónde están los documentos?


Yo sé lo que viví.

Sé que fui detenido en distintas oportunidades.

Sé que fui golpeado.

Sé que fui torturado.

Sé que recibí un golpe con un fusil que dejó secuelas permanentes en mi audición.

Sé lo que ocurrió después del toque de queda.

Sé las amenazas que recibí.

Sé lo que significó vivir con el miedo de que una nueva detención pudiera terminar en mi muerte.

Pero hoy alguien podría preguntarme:

“Rodolfo, ¿dónde está el documento que demuestra que te detuvieron?”

Y mi respuesta es:

No lo tengo.

“¿Dónde está el documento militar que certifica que te torturaron?”

No lo tengo.

“¿Dónde está el documento firmado por quienes te golpearon?”

No existe en mi poder.

Y aquí está la paradoja.

Quienes me detuvieron y me torturaron tenían el poder de registrar los hechos.

También tenían el poder de no registrarlos.

Y hoy, más de cincuenta años después, la víctima queda enfrentada a la necesidad de demostrar aquello que el aparato represivo nunca documentó o cuya documentación no llegó a sus manos.


El Instituto Butantan de Brasil produjo veneno para que la dictadura chilena asesinara a opositores


¿Tengo que volver a los tribunales para demostrar que fui torturado?


Esta es la parte que más me duele.

Para que se reconozca formalmente mi condición de ex preso político y torturado tendría que iniciar otro proceso.

Otra vez abogados.

Otra vez antecedentes.

Otra vez testigos.

Otra vez contar lo que ocurrió.

Otra vez abrir heridas que nunca terminaron de cerrarse.

Otra vez tener que convencer a una institución de que aquello que viví realmente sucedió.

Para mí, eso sería una segunda tortura.

La primera fue física.

La segunda sería obligarme, décadas después, a volver a demostrar que fui víctima.

Mi cuerpo también es parte de la historia


No tengo un documento militar que diga:

“Rodolfo Varela fue golpeado con un fusil”.

Pero tengo las consecuencias de aquello.

Tengo una pérdida permanente de audición.

Tengo secuelas físicas.

Tengo recuerdos que no desaparecieron con el paso del tiempo.

Y tuve que enfrentar dos operaciones por aneurismas cerebrales en 2009.

No estoy diciendo que una consecuencia médica, por sí sola, sustituya una prueba judicial.

Estoy diciendo algo diferente:

las víctimas no son solamente expedientes.

También son cuerpos.

Son recuerdos.

Son testimonios.

Son familias.

Son vidas interrumpidas.

Y cuando no existen documentos oficiales, el Estado debería investigar seriamente todas las evidencias disponibles en lugar de convertir la ausencia de un documento represivo en una sospecha sobre la víctima.

Violadas, embarazadas y torturadas: las mujeres como botín de guerra en la dictadura de Pinochet

Yo tuve que probar lo que el Estado no quiso registrar


Esta es la contradicción que Chile todavía debe enfrentar.

Para ser reconocido como exonerado político tuve que recurrir a la justicia.

Tuve un abogado.

Tuve testigos.

Tuve que reconstruir mi historia.

Y finalmente obtuve ese reconocimiento.

Pero existe otra parte de mi historia que permanece sin el reconocimiento formal correspondiente porque no cuento con los documentos necesarios para acreditarla.

Entonces me pregunto:

¿Cuántos sobrevivientes están exactamente en la misma situación?

¿Cuántos fueron detenidos sin registro?

¿Cuántos fueron golpeados sin certificado médico?

¿Cuántos fueron torturados en lugares donde nadie dejó constancia?

¿Cuántos fueron liberados y enviados de vuelta a sus casas con la orden silenciosa de no contar nada?

¿Cuántos murieron sin haber podido contar su historia?

Y, sobre todo:

¿Cuántos terminaron abandonando la lucha porque no tenían dinero, abogados, documentos o fuerzas para comenzar un nuevo proceso?

El reconocimiento tardío también revela una deuda


El fallo del Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago demuestra que el sistema judicial puede reconocer la responsabilidad del Estado frente a graves violaciones de derechos humanos.

Pero también nos obliga a mirar una realidad incómoda:

una justicia que llega después de décadas puede reparar parcialmente un daño, pero no puede devolverle a la víctima los años que perdió.


«Me arrebataron a mi madre embarazada y a mi padre cuando tenía 2 años»: el relato de una víctima del gobierno de Pinochet.


Una indemnización puede ser necesaria.

Pero una indemnización no devuelve la juventud.

No devuelve la salud.

No devuelve la tranquilidad.

No devuelve el trabajo perdido.

No devuelve a los compañeros asesinados o desaparecidos.

No borra la tortura.

Y tampoco puede borrar la responsabilidad histórica del Estado.

No podemos pedirle a la víctima la prueba que el represor nunca le entregó


Esta debería ser una de las grandes lecciones de nuestra historia.

Cuando el propio Estado participó en la represión, la ausencia de un documento oficial no puede convertirse automáticamente en ausencia de verdad.

La investigación debe considerar el conjunto de las evidencias disponibles: testimonios, antecedentes médicos, archivos, registros históricos, documentos de organizaciones de derechos humanos, declaraciones de terceros y todos aquellos elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.


Chile pode dobrar número de vítimas oficiais do regime Pinochet


Porque una víctima no empieza a existir cuando aparece un papel.

La víctima existía antes del expediente.

El dolor existía antes del tribunal.

La tortura existía antes del certificado.

Y la memoria existía antes de que alguien decidiera reconocerla oficialmente.

Yo no quiero volver a ser juzgado por mi propia historia


Tengo 76 años.

Han pasado 53 años desde el golpe de Estado.

Mi vida continuó.

Salí de Chile en 1976 y reconstruí mi existencia en Brasil.

Pero algunas heridas no se fueron.

Por eso no quiero que mi historia sea utilizada para atacar a nadie ni para alimentar odios.

Quiero algo mucho más sencillo:

que se reconozca la verdad de las víctimas.

No quiero tener que enfrentar otro proceso judicial para demostrar que fui detenido y torturado.

No quiero volver a sentarme frente a un expediente para convencer a alguien de que lo que viví fue real.

Ya lo viví una vez.

No quiero vivirlo judicialmente una segunda vez.

Chile tiene una deuda con sus víctimas


El reconocimiento de una víctima no debería depender exclusivamente de cuánto dinero tiene para contratar abogados, de cuántos testigos conserva después de más de cinco décadas o de si el aparato represivo tuvo la delicadeza de entregarle un certificado de que fue torturada.


La deuda de Chile con el derecho a vivir esta en paz?


Las víctimas de la dictadura no deberían tener que pasar toda su vida golpeando las puertas del Estado para que este reconozca el daño que sufrió.

Chile necesita verdad.

Necesita justicia.

Necesita reparación.

Pero también necesita algo que muchas veces se olvida:

necesita creerle a sus víctimas y escucharlas.

Porque la memoria no comienza en un tribunal.

La memoria comienza en la vida de quienes sobrevivieron.

Y cuando una persona tiene que volver a los tribunales para demostrar que fue víctima de aquello que sufrió hace más de medio siglo, entonces la tortura terminó físicamente hace décadas, pero el Estado todavía no ha conseguido cerrar completamente sus consecuencias.

No podemos exigirle a la víctima la prueba que el victimario nunca le entregó.

La memoria no se decreta.

La verdad no prescribe.

La dignidad no tiene fecha de vencimiento.

Y quienes sobrevivimos no deberíamos ser obligados a sufrir una segunda tortura para demostrar que la primera ocurrió.

Por Chile.
Por la verdad.
Por la memoria.
Por quienes sobrevivieron.
Y por quienes nunca pudieron contar su historia.

Nunca más.

Por: Rodolfo Varela

Locutor profesional — Publicista — Director de Radio y Televisión
Exonerado político

2026/09/23

Opinión: Ideología, soberanía y seguridad: el debate que Brasil no puede eludir

Por: Rodolfo Varela

El crimen organizado transnacional ya no conoce fronteras. Sus redes atraviesan países, utilizan rutas internacionales, movilizan enormes cantidades de dinero, trafican drogas y armas y aprovechan las diferencias entre las legislaciones nacionales para ampliar su poder.


El desafío del crimen organizado transnacional en América Latina


Por eso, la decisión de Brasil de mantenerse fuera del “Escudo de las Américas”, una iniciativa de cooperación regional impulsada por Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, merece una reflexión seria y sin consignas partidarias.


El 22 de septiembre de 2026, Estados Unidos y otros 14 países de América Latina y el Caribe anunciaron en Naciones Unidas una acción conjunta contra 24 organizaciones criminales. Entre ellas fueron incluidos el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, dos de las principales organizaciones criminales brasileñas. Brasil, sin embargo, no forma parte de esta iniciativa.


La cuestión, entonces, no debería reducirse a si la propuesta viene de Washington o de otro lugar. La pregunta fundamental es otra: ¿cómo puede un país enfrentar organizaciones criminales que operan internacionalmente si la cooperación internacional no acompaña la dimensión internacional del problema?


Defender la soberanía nacional es legítimo y necesario. Pero soberanía no debería significar aislamiento. Un Estado puede conservar plenamente el control de sus instituciones, de sus fuerzas de seguridad y de sus decisiones políticas y, al mismo tiempo, compartir información, inteligencia, tecnología y mecanismos de persecución financiera con otros países.


La erosión silenciosa de la soberanía por parte del crimen organizado



De hecho, Brasil ya mantiene cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad. En abril de este año, ambos países formalizaron un acuerdo para combatir redes delictivas internacionales y el tráfico de armas, incluyendo mecanismos de intercambio de información aduanera.



Entonces surge una pregunta que merece respuesta: si Brasil puede cooperar bilateralmente con Estados Unidos contra el crimen transnacional, ¿por qué mantenerse fuera de una iniciativa regional que busca precisamente ampliar la coordinación entre varios países?


No se trata de entregar la soberanía brasileña a ninguna potencia extranjera. Tampoco de convertir la seguridad pública en una cuestión ideológica. Se trata de evaluar, con pragmatismo, qué herramientas pueden ayudar a proteger a millones de ciudadanos.


Brasil y Estados Unidos unen fuerzas para combatir el crimen transnacional


El crimen tampoco tiene ideología


Las grandes organizaciones criminales no preguntan si una víctima vota por la izquierda, por el centro o por la derecha.

No respetan fronteras, gobiernos ni colores partidarios.

Su lógica es el dinero, el control territorial, el tráfico de drogas y armas y la capacidad de corromper instituciones.

Por eso, la respuesta del Estado tampoco debería quedar atrapada en disputas ideológicas.

Brasil tiene una de las mayores economías y poblaciones de América Latina y enfrenta organizaciones criminales con capacidad de operar mucho más allá de una ciudad o incluso de un estado. El PCC y el Comando Vermelho, además, fueron incluidos por los países participantes del Escudo de las Américas entre las organizaciones consideradas una amenaza narcoterrorista dentro de la declaración conjunta de septiembre.

Eso no significa que Brasil deba aceptar automáticamente todas las definiciones o estrategias de otros gobiernos. Significa que el problema existe y que merece una respuesta proporcional a su dimensión.


El “Novo Cangaço” y el dominio de ciudades


Brasil también conoce desde hace años una modalidad criminal que la prensa, investigadores y agentes de seguridad han denominado “Novo Cangaço”.

Son ataques en los que grupos numerosos y fuertemente armados sitian ciudades, atacan bancos o transportadoras de valores, utilizan explosivos, bloquean carreteras, enfrentan a las fuerzas policiales y, en algunos casos, utilizan a civiles como rehenes o escudos humanos. Investigaciones académicas y estudios vinculados a la seguridad pública han documentado este fenómeno en diferentes regiones del país.

El «nuevo cangaço» en Varginha


El ataque de Araçatuba, en São Paulo, en 2021, mostró hasta dónde podía llegar esta modalidad: hombres armados con fusiles, vehículos preparados para la acción, explosivos, drones, vehículos incendiados y personas utilizadas como escudos humanos.

Víctimas son utilizadas como escudos humanos tras un asalto a un banco en la ciudad de Vidal Ramos, Santa Catarina (Brasil).


Incluso existe un debate técnico dentro de los organismos de seguridad brasileños sobre la expresión “Novo Cangaço”, y algunos especialistas consideran más preciso hablar de “domínio de cidades”. Pero más allá del nombre, la realidad es la misma: grupos criminales capaces de paralizar temporalmente comunidades enteras mediante el uso coordinado de violencia y armamento pesado.



Delincuentes utilizan a personas como escudos humanos durante un asalto a bancos en Araçatuba, São Paulo.


Y cuando una población civil queda atrapada entre delincuentes fuertemente armados y fuerzas de seguridad, lo que existe es una amenaza concreta contra el Estado de derecho y contra la vida de ciudadanos inocentes.

Seguridad sin sometimiento


Cooperar internacionalmente no significa entregar las decisiones nacionales.

Brasil puede y debe defender sus intereses, controlar sus fronteras y exigir que cualquier cooperación respete su Constitución y sus leyes.

Pero tampoco debería convertir la soberanía en una barrera automática frente a toda iniciativa internacional.

La propia declaración del Escudo de las Américas establece que las acciones de los países participantes deben realizarse de acuerdo con sus respectivas obligaciones jurídicas nacionales e internacionales.

Por eso, el debate debería ser mucho más serio que una simple disputa entre izquierda y derecha.


Marcos Camacho, Markola, es el líder del PCC, actualmente preso en una cárcel en Brasil.


La pregunta no es quién tiene la bandera correcta.

La pregunta es qué instrumentos concretos pueden salvar vidas, cortar las rutas del narcotráfico, perseguir el dinero del crimen organizado, combatir el tráfico de armas y proteger a las comunidades.

El crimen organizado ya se globalizó.

La cooperación internacional también tendrá que hacerlo.

La soberanía es un derecho de los Estados. La seguridad de los ciudadanos es un deber de los gobiernos. Una cosa no debería utilizarse como excusa para abandonar la otra.


El mundo, bajo amenaza del crimen organizado trasnacional


Porque frente al crimen organizado, la ideología no puede estar por encima de la vida humana.

2026/09/22

Kast Ante La ONU: Cuando El Discurso Presidencial Debe Enfrentar La Realidad De Chile

Por: Rodolfo Varela

El Presidente de Chile, José Antonio Kast, habló ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas y presentó ante la comunidad internacional su visión sobre el presente y el futuro de nuestro país.



El presidente de Chile, José Antonio Kast, generó una fuerte controversia durante su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).



Su mensaje estuvo marcado por conceptos como seguridad, inversión, crecimiento y recuperación.

Uno de los conceptos centrales de su intervención fue que “Chile está de vuelta”.

Como ciudadano chileno, creo que nadie debería oponerse a que Chile vuelva a crecer, genere empleo, atraiga inversiones, recupere la seguridad y entregue mejores condiciones de vida a sus habitantes.

Pero existe una obligación que está por encima de cualquier gobierno: la obligación de hablarle con honestidad al país y también al mundo.


La pobreza en Chile habría vuelto a subir en 2026



Y aquí comienza mi preocupación.

¿DISCURSO POLÍTICO O REALIDAD COMPROBABLE?



Un Presidente tiene todo el derecho de defender su gestión.

Pero cuando habla ante las Naciones Unidas no está hablando solamente ante sus partidarios ni ante la oposición chilena.

Está hablando ante el mundo.

Por eso sus afirmaciones deben poder ser contrastadas con información pública, estadísticas oficiales y hechos verificables.

Y hoy eso es más fácil que nunca.

Vivimos en una época en que una declaración pronunciada en Nueva York puede ser conocida en Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Punta Arenas o en cualquier parte del mundo prácticamente en el mismo instante.

Las comunicaciones cambiaron.

Internet cambió.

La información ya no puede ser controlada como en otras épocas.

Las palabras quedan registradas y los datos están disponibles.

Por eso, los discursos presidenciales también deben someterse al examen de la realidad.



La comunicación en tiempo real


“CHILE ESTÁ DE VUELTA”


El Presidente Kast afirmó ante la ONU que “Chile está de vuelta” y presentó a nuestro país como una nación que comienza a recuperar su camino hacia el crecimiento y el desarrollo.

Pero existe un detalle que resulta imposible ignorar.

El propio Presidente reconoció ante la Asamblea General que la economía todavía no despega y que el desempleo continúa siendo alto.

Entonces aparece una pregunta legítima:

¿Chile ya está de vuelta o todavía está intentando regresar?

No es una pregunta partidista.

Es una pregunta que debe responderse con cifras.

El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación llegó al 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026.

Y el Banco Central, en su informe de septiembre, redujo sus perspectivas de crecimiento económico para 2026.

Estos datos no significan que Chile esté condenado al fracaso.

Tampoco significan que todas las políticas del actual Gobierno sean equivocadas.

Significan algo mucho más sencillo:

la realidad económica todavía presenta dificultades importantes.

Y reconocerlas no es atacar a Chile.

Al contrario.

Es respetar a los chilenos.


Hombres y mujeres asisten a una feria laboral en busca de empleo en Pudahuel, Santiago, en julio de 2026.

 

LA INVERSIÓN NO COMENZÓ EL DÍA EN QUE ASUMIÓ UN PRESIDENTE

Otro aspecto del discurso merece una reflexión.

Existen inversiones y proyectos que efectivamente se están desarrollando en Chile.

Eso debe reconocerse.

Pero también debemos recordar que las grandes inversiones no aparecen de un día para otro.

Un proyecto puede necesitar años de estudios, permisos, financiamiento, decisiones empresariales, infraestructura y planificación.

Por eso, ningún Gobierno debería apropiarse automáticamente de todos los resultados positivos de la economía producidos durante su administración.

Del mismo modo, tampoco corresponde atribuirle automáticamente todos los problemas.

La economía de un país tiene memoria.

Los gobiernos pasan.

Los proyectos continúan.

Las instituciones permanecen.

Y las inversiones muchas veces atraviesan diferentes administraciones.

Por eso, cuando se habla de “volver a la confianza”, corresponde preguntar:

¿Qué parte de ese resultado pertenece a las decisiones de los últimos seis meses y qué parte corresponde a procesos iniciados mucho antes?

Es una pregunta legítima.


La inseguridad se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la población chilena.



SEGURIDAD: AVANZAR NO SIGNIFICA HABER RESUELTO EL PROBLEMA


La seguridad constituye otra de las grandes banderas del Gobierno de Kast.

Y nadie puede negar que la delincuencia y el crimen organizado constituyen una preocupación real para millones de chilenos.

El Gobierno ha implementado y anunciado diversas medidas destinadas a fortalecer el control fronterizo, enfrentar el crimen organizado y recuperar espacios públicos.

Todo eso puede y debe ser evaluado.

Pero una cosa es implementar políticas de seguridad.

Otra muy distinta es presentar la recuperación del orden como si el problema estuviera definitivamente solucionado.

Chile todavía enfrenta homicidios, narcotráfico, tráfico de armas, crimen organizado y problemas de seguridad que preocupan diariamente a la ciudadanía.

Por eso, cualquier reducción de determinados delitos debe ser reconocida.

Pero también deben reconocerse aquellos indicadores que continúan siendo preocupantes.

Gobernar no consiste en escoger solamente las cifras favorables.

Gobernar consiste en mirar todas las cifras.


EL PROBLEMA DE LAS VERDADES A MEDIAS


Y aquí llegamos al punto que considero más importante.

Una mentira no siempre consiste en inventar completamente un hecho.

También puede existir una distorsión cuando se seleccionan solamente aquellos datos que favorecen un determinado relato y se dejan fuera aquellos que muestran una realidad más compleja.

Por eso debemos ser extremadamente cuidadosos.

Esto vale para Kast.

Pero también valía para Boric.

Valía para Piñera.

Valía para Bachelet.

Y debe valer para cualquier futuro Presidente de Chile.

La verdad no cambia porque cambie el color político del Gobierno.


El problema de la verdad en política



LA AUTOCRÍTICA TAMBIÉN ES PARTE DE GOBERNAR


Hace pocas semanas, al ser consultado sobre cuál había sido su principal error durante sus primeros seis meses de Gobierno, el Presidente Kast respondió que no sabía señalar cuál había sido el mayor error y que tendría que pensarlo para establecer una jerarquía.

No considero que esa respuesta sea, por sí sola, una prueba de fracaso.

Pero sí plantea una reflexión.

Un Gobierno que exige confianza a los ciudadanos también debe demostrar capacidad para reconocer sus errores.

Porque ningún Gobierno es perfecto.

Ningún Presidente tiene siempre la razón.

Y ningún proyecto político puede confundirse con la verdad absoluta.

La autocrítica no debilita una democracia.

La fortalece.


CHILE NO ES UN GOBIERNO


Hay algo que algunos políticos parecen olvidar.

Chile no es Kast.

Pero tampoco fue Boric.

Chile no fue Piñera.

Chile no fue Bachelet.

Chile es mucho más grande que cualquier Presidente.

Chile son sus trabajadores.

Sus jubilados.

Sus estudiantes.

Sus empresarios.

Sus pobladores.

Sus profesionales.

Sus agricultores.

Sus pescadores.

Sus pueblos originarios.

Sus niños.

Sus adultos mayores.

Sus millones de ciudadanos que todos los días levantan este país.

Por eso, cuando un Presidente habla ante el mundo, debe recordar que está representando a una nación completa.

No solamente a quienes votaron por él.


LA INFORMACIÓN YA NO TIENE FRONTERAS


Durante décadas, los gobiernos podían construir relatos que demoraban años en ser contrastados.

Hoy es diferente.

Una declaración presidencial puede ser grabada, difundida, archivada y comparada con las estadísticas oficiales en cuestión de minutos.

La ciudadanía puede acceder a los datos.

Los periodistas pueden investigar.

Los especialistas pueden analizar.

Y cualquier ciudadano puede preguntar.

Por eso, la política moderna necesita algo que no se puede reemplazar con propaganda:

credibilidad.

Y la credibilidad no se exige.

Se construye.

El "micrófono de la verdad" contra las "fake news"



NO ES DERECHA NI IZQUIERDA: ES HONESTIDAD


Como hombre que ha vivido buena parte de la historia política contemporánea de Chile, aprendí algo que considero fundamental:

No debemos entregar nuestra conciencia política a ningún partido.

No debemos convertir a ningún Presidente en dueño de la verdad.

Y tampoco debemos aceptar que alguien pretenda convencernos de que cuestionar al Gobierno significa estar contra Chile.

Criticar al Gobierno no es criticar a Chile.

Exigir transparencia no es ser enemigo de Chile.

Preguntar por las cifras no es ser enemigo de Chile.

Contrastar un discurso con los hechos no es ser enemigo de Chile.

Al contrario.

Es una forma de defender nuestra democracia.

Por eso, ante el discurso del Presidente Kast en Naciones Unidas, mi pregunta no es si debemos creerle a la derecha o a la izquierda.





Mi pregunta es mucho más sencilla:

¿Qué dicen los hechos?

Porque Chile no necesita gobiernos que solamente sepan construir buenos discursos.

Chile necesita gobiernos capaces de enfrentar la realidad, reconocer sus dificultades, mostrar sus resultados y asumir también sus errores.

Y eso vale para todos.

No es derecha.

No es izquierda.

Es honestidad.


Porque cuando se habla en nombre de Chile ante el mundo, la verdad no puede ser una cuestión de conveniencia política.

La verdad debe ser un compromiso con los ciudadanos.

Por: Rodolfo Varela

Blog de Rodolfo Varela — Directo al Punto

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