De la dictadura a la democracia tutelada
Por Rodolfo Varela
La corrupción política en Chile no nació ayer.
No comenzó con un diputado desaforado.
No empezó con un gobierno específico.
Es un fenómeno estructural que tiene raíces profundas en nuestra historia reciente.
Durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, el país vivió no solo represión política, sino también una reorganización del poder económico y estatal sin controles democráticos efectivos. Privatizaciones aceleradas, concentración de riqueza y ausencia de fiscalización generaron una cultura donde el poder operaba con escasa transparencia.
Con el retorno a la democracia en 1990, muchos creímos que la institucionalidad corregiría esos vicios. Sin embargo, la transición mantuvo estructuras heredadas: redes económicas consolidadas, una relación estrecha entre política y grandes intereses empresariales y una cultura de poder difícil de desmontar.
Chile avanzó en libertades.
Pero la ética pública no avanzó al mismo ritmo.
El caso actual: una señal más
La confirmación del desafuero del diputado Joaquín Lavín León por parte de la Corte Suprema de Chile vuelve a poner el tema en el centro del debate.
No se trata solo de un nombre.
Se trata de un patrón.
Renuncias partidarias estratégicas.
Distanciamientos comunicacionales.
Defensas técnicas bien articuladas.
Mientras tanto, la confianza ciudadana se erosiona.
Redes familiares y cultura de privilegio
Uno de los aspectos más delicados de la corrupción contemporánea es la intersección entre poder político y vínculos familiares.
Cuando funciones públicas se cruzan con campañas, municipios, asesorías y asignaciones parlamentarias, el riesgo institucional aumenta.
Chile ha conocido escándalos en distintos sectores políticos. La ideología cambia; la lógica de protección corporativa muchas veces no.
La corrupción deja de ser un hecho aislado y se convierte en cultura de tolerancia.
Democracia formal, ética pendiente
Chile tiene elecciones libres.
Tiene tribunales que investigan.
Tiene instituciones que funcionan.
Pero la pregunta central es otra:
¿Existe responsabilidad política real más allá de la sanción judicial?
La corrupción no solo es un delito.
Es una ruptura del pacto democrático.
Cuando la ciudadanía percibe que las élites —de cualquier sector— se protegen entre sí, la democracia pierde legitimidad moral.
Y sin legitimidad, ninguna institución se sostiene en el tiempo.
Cierre testimonial
Escribo estas líneas no solo como ciudadano, sino como alguien que vivió la dictadura, que conoció el miedo, la persecución y el silencio impuesto. Creí —como muchos chilenos— que el retorno a la democracia significaría también el fin de las prácticas de abuso de poder y privilegios ocultos.
Avanzamos en libertades, sí.
Pero la ética pública no se reconstruye solo con elecciones; se reconstruye con coherencia, transparencia y memoria.
Por eso duele constatar que, décadas después, seguimos enfrentando redes de poder que parecen repetirse bajo distintos nombres.
No luchamos por recuperar la democracia para normalizar la corrupción.
Luchamos para que el poder estuviera al servicio del país, no de intereses particulares.
La memoria no es solo recuerdo.
Es responsabilidad.
Rubén Pérez Riquelme director nacional de Gendarmería de Chile.
