Por Rodolfo Varela
Chile vuelve a asomarse a un abismo conocido. La elección de José Antonio Kast como presidente abre una profunda desconfianza en amplios sectores de la población, especialmente entre quienes han sido víctimas directas de la violencia estatal, de la represión durante el estallido social y de los crímenes impunes de la dictadura de Augusto Pinochet.
La pregunta es directa y brutal:
¿Este gobierno entrante se prepara para liberar a torturadores, criminales y asesinos?
Porque los hechos recientes no son casuales ni aislados. Son señales. Y las señales importan.
El caso Maturana: una herida abierta
Organizaciones de Derechos Humanos y agrupaciones civiles de todo Chile exigen la renuncia inmediata del Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, tras el otorgamiento del beneficio de salida dominical al ex carabinero Patricio Maturana, condenado a 12 años y 183 días de prisión por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas.
Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme,
Maturana fue el autor del disparo de una bomba lacrimógena que dejó ciega de por vida a la actual senadora Fabiola Campillai en 2019, durante el estallido social.
El beneficio fue concedido a menos de tres años de iniciada la condena efectiva, lo que constituye un acto de impunidad y un desprecio abierto hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Sospechas políticas que agravan la indignación
La gravedad del hecho aumenta al conocerse que este beneficio fue otorgado pocos días después de una reunión entre el Director Nacional de Gendarmería y el entonces líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.
Más de cincuenta organizaciones, entre ellas la Comisión Chilena de Derechos Humanos, firmaron una declaración pública denunciando lo que consideran una movida política inaceptable, cuando no un posible tráfico de influencias.
La presión social crece y ya se exige la salida de Rubén Pérez Riquelme —quien asumió el cargo tras la renuncia de Sebastián Urra en julio de 2025— durante febrero de 2026.
La voz de la víctima
La senadora Fabiola Campillai fue clara: expresó dolor y angustia, calificó la medida como un acto de impunidad y exigió responsabilidades administrativas y políticas.
No habló solo por ella.
Habló por los mutilados, los cegados, los torturados.
Habló por las víctimas del estallido social y por quienes llevan más de 50 años esperando justicia desde la dictadura.
La traición de la “nueva izquierda”
Pero esta indignación no se limita a la derecha dura que hoy llega al poder. También alcanza a esta nueva izquierda elitizada, que prometió memoria, justicia y reparación, y terminó administrando el olvido.
El gobierno de Gabriel Boric habla de derechos humanos en el extranjero, pero abandona a las víctimas en casa.
Apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, sin hacerse cargo de su fracaso histórico en materia de reparación, es un puñetazo directo al estómago de quienes nunca fueron escuchados.
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo los gobiernos —de derecha o de esta izquierda acomodada— seguirán engañando al pueblo?
¿Hasta cuándo las poblaciones más humildes seguirán pagando el precio de pactos, silencios y cálculos políticos?
¿Hasta cuándo la impunidad seguirá siendo política de Estado?
Como víctima de la dictadura, junto a las víctimas históricas, los exonerados, los presos políticos y los mutilados del estallido social, sigo esperando.
Seguimos esperando verdad.
Seguimos esperando justicia.
Seguimos esperando reparación.
La deuda histórica del Estado chileno sigue intacta.
Y hoy somos cada vez menos quienes sobrevivimos para recordarlo.
Por eso no puedo —ni voy— a quedarme fuera frente a estos desmanes gubernamentales.
Porque el silencio también mata.
Porque el olvido también es violencia.
Y esa deuda, por más que intenten enterrarla, no prescribe.
Estaré siempre aquí para denunciarla.
