Por: Rodolfo Varela
Sobreviviente de la represión, ex preso político y víctima de tortura
Eleito presidente do Chile Salvador Allende
Por eso resulta profundamente doloroso constatar que las máximas autoridades de la nación hayan decidido prescindir de un acto oficial de Gobierno este 11 de septiembre, una decisión inédita desde el retorno a la democracia. El presidente José Antonio Kast optó por mantener su agenda en terreno y no realizar una ceremonia institucional para recordar esta fecha.
No se trata simplemente de un cambio de agenda. Cuando el Estado decide no estar presente institucionalmente en una fecha que marcó a generaciones de chilenos, esa ausencia también tiene un significado político y simbólico.
La memoria no puede depender de la conveniencia del gobierno de turno.
Al ser emplazado respecto de esta decisión, el mandatario ha insistido en que Chile debe mirar hacia el futuro y no quedarse anclado en el pasado. Estoy de acuerdo en que debemos construir el futuro. Pero existe una pregunta que quienes sobrevivimos a aquella época tenemos todo el derecho a formular:
Un país que recuerda Contruye Su Futuro Con Memoria y Dignidad
¿Cómo podemos mirar hacia adelante si todavía existen familias que buscan a sus desaparecidos, víctimas que esperan justicia y sobrevivientes que continúan luchando por una reparación digna?
No se puede construir un futuro democrático borrando las heridas que todavía permanecen abiertas.
Y aquí aparece otra forma de violencia que pocas veces se menciona: el abandono económico de las víctimas.
La mayoría de los sobrevivientes de la represión ya somos adultos mayores. Yo tengo 76 años. Muchos hemos llegado a esta etapa de nuestras vidas después de décadas cargando las consecuencias físicas, psicológicas, familiares y económicas de aquello que vivimos.
Sobrevivientes del mayor centro de tortura de Chile en la dictadura: “Siempre evité volver”
Las pensiones de reparación que recibimos, según la situación individual y el beneficio correspondiente, se encuentran muy por debajo de lo que una persona necesita para vivir dignamente. Mientras tanto, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores de 18 a 65 años alcanza actualmente los $553.553 pesos.
Entonces pregunto, sin importar si quien gobierna es de derecha, de centro o de izquierda:
¿Puede una persona vivir dignamente hoy con una reparación económica que apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas?
Yo tengo 76 años. ¿Pretenden que a esta edad vuelva al mercado laboral para poder sobrevivir? ¿Acaso creen que quienes fuimos perseguidos, encarcelados, torturados y expulsados de nuestro propio país no tenemos derecho a llegar a la vejez con dignidad?
La reparación no puede reducirse a una cifra depositada cada mes.
Reparar significa reconocer, dignificar y permitir que quienes sobrevivimos podamos vivir nuestros últimos años con un mínimo de tranquilidad y respeto.
A 53 años del golpe de Estado de 1973, familiares, sobrevivientes y agrupaciones de derechos humanos se reunieron frente al Cementerio Municipal de Coyhaique.
Por eso sostengo que el abandono económico también puede convertirse en una forma de violencia institucional.
Y cuando se pretende que las víctimas olvidemos mientras nuestras necesidades continúan sin resolverse, el problema deja de ser solamente económico: también se transforma en un problema de memoria, de dignidad y de justicia.
¿Cómo se le pide olvidar a un país que todavía busca a sus desaparecidos?
¿Cómo se pretende guardar silencio frente a miles de asesinatos, ejecuciones, desapariciones forzadas, prisión política, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos?
¿Cómo se puede pedir que cerremos una página de la historia mientras todavía existen familias intentando reconstruir qué ocurrió con sus seres queridos?
Operación Cóndor: hallan restos en Chile de tres detenidos desaparecidos secuestrados en Argentina
Y tampoco podemos olvidar a los niños y niñas que fueron separados de sus familias y que, según numerosas investigaciones y testimonios, fueron víctimas de adopciones irregulares o ilegales.
Todo aquello ocurrió.
No es una disputa entre izquierda y derecha.
No es una batalla entre generaciones.
No es una discusión académica.
Es parte de la historia de Chile.
Los derechos humanos no tienen color político.
La verdad tampoco.,
Por eso quiero decirlo con absoluta claridad: la memoria no pertenece a ningún partido político. Pertenece a Chile.
No escribo estas palabras para alimentar odio ni para mantener abiertas las heridas por interés político. Escribo porque fui parte de esa historia. Estuve detenido. Fui torturado. Fui víctima de la represión y tuve que abandonar mi país.
Y como yo, miles de compatriotas tuvieron que reconstruir sus vidas lejos de Chile.
No pedimos privilegios.
Pedimos que el Estado cumpla con su deber.
No pedimos que nuestros hijos y nietos vivan mirando hacia 1973.
Pedimos que puedan mirar hacia el futuro sabiendo que en Chile nunca más un gobierno podrá perseguir, torturar, desaparecer o asesinar a sus propios ciudadanos por sus ideas.
Eso es democracia.
Conmemorar el 11 de septiembre no significa celebrar una tragedia.
Significa recordar para impedir que vuelva a ocurrir.
La memoria no es vivir en el pasado. La memoria es una herramienta para proteger el futuro.
Por eso, cuando una autoridad dice que debemos mirar hacia adelante, mi respuesta como sobreviviente es sencilla:
Sí. Miremos hacia adelante. Pero hagámoslo con los ojos abiertos y sin borrar nuestra historia.
Porque una democracia madura no teme recordar sus errores.
Los enfrenta.
Los reconoce.
Los enseña.
Y garantiza que nunca vuelvan a repetirse.
Asesinos y torturadores: los diez agentes de la dictadura de Pinochet que cometieron crímenes sobrecogedores
El Estado de Chile tiene un deber ético y permanente con las víctimas, que no termina cuando cambia un gobierno ni cuando desaparece una generación de testigos. La obligación de preservar la verdad histórica pertenece a todos los gobiernos y a toda la sociedad.
Frente al silencio, nosotros tenemos memoria.
Frente al olvido, tenemos testimonios.
Frente a la indiferencia, tenemos dignidad.
Y frente a quienes pretenden cerrar esta historia por decreto, tenemos una respuesta que nadie puede quitarnos:
La memoria no se decreta.
La verdad no prescribe.
La dignidad no se negocia.
Sin perdón ni olvido, por la verdad, la justicia, la reparación y la dignidad de Chile.
