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2026/09/14

El entramado civil, militar y extranjero en el golpe de 1973: traición, intervención y la deuda histórica de Chile

Por: Rodolfo Varela


El 11 de septiembre de 1973 no fue simplemente una operación militar aislada.

Fue el resultado de una profunda crisis política y social, de una conspiración militar, de la intervención extranjera, de la acción de sectores civiles y empresariales, de la polarización política y de una cadena de decisiones que terminó destruyendo la democracia chilena e instalando una dictadura que durante 17 años dejó miles de víctimas de prisión política, tortura, ejecución, desaparición forzada y exilio.



Allende. 53 años del golpe en Chile



Cincuenta y tres años después, Chile continúa enfrentando las consecuencias de aquel quiebre.


Y existe una pregunta que sigue siendo inevitable:

¿Quiénes participaron, quiénes se beneficiaron y quiénes todavía tienen una deuda con las víctimas?

1. La traición militar: Pinochet y el quiebre de la confianza presidencial



Uno de los aspectos más dramáticos del golpe fue la traición de Augusto Pinochet a la confianza depositada en él por el Presidente Salvador Allende.

Pinochet había asumido como Comandante en Jefe del Ejército el 23 de agosto de 1973, después de la salida del general Carlos Prats. Menos de tres semanas después, encabezaría junto a los demás comandantes de las Fuerzas Armadas el golpe de Estado que terminó con el Gobierno constitucional.



“Es necesario subrayar que el golpe de Estado en Chile fue ejecutado por los militares chilenos, sí, pero con el apoyo ideológico y económico del gobierno estadunidense.”


El 11 de septiembre, mientras el país se encontraba bajo una operación militar coordinada, el Presidente Allende intentaba conocer la posición de los mandos militares y defender el orden constitucional.

Yo estaba trabajando en Radio Corporación de Chile aquel día.

Junto a mis compañeros Sergio Campos, Miguel Ángel San Martín y Luis Hernán Schwaner, bajo la dirección de Erich Schnake, vivimos desde la radio el avance de los acontecimientos y el ataque contra la democracia chilena.

Radio Corporación transmitió aquel día hasta que fue silenciada. El propio Archivo Sonoro del Museo de la Memoria conserva registros de aquella transmisión.

Por eso, cuando hablo del 11 de septiembre, no hablo solamente como observador de la historia.


Hablo como alguien que estuvo allí.


2. Estados Unidos y la intervención extranjera


La participación estadounidense en la desestabilización del Gobierno de Salvador Allende ya no pertenece al terreno de las especulaciones.

Los documentos desclasificados del propio Gobierno de Estados Unidos muestran que la Administración de Richard Nixon buscó impedir la llegada de Allende a la Presidencia y posteriormente desarrolló operaciones destinadas a debilitar a su Gobierno.

Un memorando de la CIA del 15 de septiembre de 1970 registra las instrucciones de Nixon de “hacer crujir” la economía chilena y de impedir la investidura de Allende.   


A 53 años de aquella fatídica fecha, conviene exponer lo que EE.UU. y sus socios locales e internacionales emprendieron para "hacer gritar" a la economía chilena.


Otro documento oficial estadounidense señala que, desde 1971, el Comité de los 40 había aprobado más de seis millones de dólares para partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones privadas contrarias al Gobierno de Allende. El mismo documento reconoce que las huelgas del sector privado desempeñaron un papel importante en la crisis que precedió al golpe.

También existen documentos que muestran que Washington seguía de cerca los preparativos de un eventual golpe militar durante 1973.

Entre los medios que recibieron apoyo estadounidense estuvo El Mercurio, cuya relación financiera con la CIA también aparece documentada en archivos desclasificados.

Esto no significa borrar las responsabilidades internas chilenas.

Al contrario.

La intervención extranjera y la responsabilidad de los actores civiles y militares chilenos pueden coexistir.

Una cosa no elimina la otra.

3. El poder civil, empresarial y la crisis económica

El golpe tampoco puede comprenderse únicamente desde los cuarteles.

Chile vivía una profunda confrontación política, económica y social. Existieron huelgas, desabastecimiento, conflictos empresariales y una creciente polarización que debilitó las posibilidades de convivencia democrática.

Sectores empresariales y organizaciones gremiales participaron activamente en la oposición al Gobierno de la Unidad Popular.



Pero es importante distinguir entre responsabilidades colectivas y responsabilidades individuales.

No todos los empresarios, agricultores, profesionales o civiles participaron de la conspiración.

Sin embargo, sí existieron sectores organizados que contribuyeron a crear las condiciones de ingobernabilidad que terminaron favoreciendo el golpe.

En paralelo, un grupo de economistas vinculados posteriormente a la dictadura desarrolló El Ladrillo, documento que se transformaría en una de las bases del programa económico aplicado después del golpe.


La historia, por lo tanto, no puede reducirse a militares contra civiles.


Fue un entramado mucho más complejo.


4. El Poder Judicial y la deuda con las víctimas


Uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia fue la respuesta de las instituciones judiciales durante la dictadura.

Familiares de detenidos desaparecidos y presos políticos acudieron reiteradamente a los tribunales buscando protección y justicia.


La Corte Suprema chilena reconoce su omisión durante la dictadura militar.


En demasiados casos, los recursos de amparo fueron rechazados o no produjeron la protección efectiva que las víctimas necesitaban.

La democracia posterior debió enfrentar una enorme deuda institucional.

Porque la justicia no consiste solamente en castigar a quienes cometieron delitos.

También consiste en haber protegido oportunamente a quienes estaban siendo perseguidos.

5. El saqueo y el Caso Riggs


La imagen de una dictadura que decía actuar en nombre del orden, la austeridad y la defensa de la patria quedó profundamente cuestionada por los antecedentes descubiertos en el Caso Riggs.

Las investigaciones sobre las cuentas secretas de Augusto Pinochet revelaron la existencia de una importante fortuna mantenida fuera del sistema financiero chileno y movimientos patrimoniales cuya procedencia fue objeto de investigación judicial.


Herederos del dictador Pinochet, deberán devolver 16 millones de dólares obtenidos tras malversación de fondos públicos.



La corrupción tampoco tiene ideología.

Y quienes gobernaron Chile durante 17 años no pueden exigir que la sociedad olvide las violaciones de derechos humanos mientras se silencian o minimizan los abusos cometidos desde el propio aparato estatal.


6. Los niños separados de sus familias y la pérdida de identidad


Existe además otra deuda que Chile todavía no ha conseguido resolver completamente: las adopciones e inscripciones irregulares de menores.


Los bebés robados de la dictadura chilena



Durante décadas, numerosas familias denunciaron que niños fueron separados de sus madres y posteriormente entregados en adopción mediante procedimientos irregulares, engaños o falsificaciones.

La propia Cámara de Diputadas y Diputados creó una Comisión Especial Investigadora sobre eventuales irregularidades en procesos de adopción, inscripción de menores y control de su salida del país.

Posteriormente, la Cámara aprobó una resolución solicitando la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para las familias afectadas por adopciones irregulares.

Aquí también existe una deuda con la verdad.

Porque perder la identidad no significa solamente desconocer un nombre.

Significa crecer sin saber quiénes fueron nuestros padres, de dónde venimos y por qué nuestra propia historia fue arrancada de nuestras manos.

7. Y hoy: ¿qué significa mirar hacia el futuro?


Aquí llegamos al presente.

En 2026, Chile conmemora 53 años del golpe de Estado.

Sin embargo, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió no realizar un acto oficial de conmemoración el 11 de septiembre.

El Ejecutivo justificó la decisión señalando que su deber era mirar hacia los próximos 50 años.

Yo pregunto:

¿Desde cuándo recordar significa quedarse en el pasado?

Mirar hacia el futuro no exige borrar el pasado.

Al contrario.


Una sociedad madura puede mirar hacia adelante precisamente porque es capaz de mirar de frente aquello que ocurrió.


"No voy a pedir a los chilenos quedarse anclados en el pasado"




El Estado chileno puede cambiar de gobierno.

Puede cambiar de Presidente.

Puede cambiar de orientación política.

Pero las víctimas continúan siendo víctimas.

Los detenidos desaparecidos continúan desaparecidos.

Las familias que todavía buscan respuestas continúan buscando.

Los sobrevivientes de la prisión política y la tortura continúan viviendo con las consecuencias de aquello que les ocurrió.

Y muchos de ellos siguen esperando una reparación que esté a la altura del daño sufrido.

Por eso, la ausencia de una conmemoración oficial en 2026 no debería ser considerada simplemente una cuestión de agenda.


Es una decisión política.

Y como toda decisión política, merece ser discutida públicamente.

Un Presidente de la República no gobierna solamente para quienes votaron por él.

Gobierna para todos los chilenos.

También para quienes fueron perseguidos por el Estado.

También para quienes fueron torturados.

También para quienes perdieron a sus padres, madres, hijos, hermanos y compañeros.

También para quienes tuvieron que abandonar Chile.

Y también para quienes todavía buscan a un familiar desaparecido.



8. La memoria no pertenece a la izquierda ni a la derecha


La memoria histórica no es patrimonio de un partido político.

No pertenece exclusivamente a la izquierda.

Tampoco pertenece a la derecha.


Pertenece a Chile.


Recordar el golpe de Estado no significa justificar todos los errores del Gobierno de Salvador Allende.

Tampoco significa negar la profunda crisis política, económica y social que vivía el país.


Miguel Krassnoff, Ex militar que secuestró y torturó a mujer embarazada.


Significa reconocer que ninguna crisis puede justificar la destrucción de la democracia, la tortura, las ejecuciones, las desapariciones forzadas ni la persecución política.

La democracia tiene errores.

La democracia puede corregirse.

La democracia puede perder elecciones y recuperarlas.

Lo que no puede aceptarse como solución democrática es eliminarla.


9. La deuda histórica permanece


Chile no podrá construir una verdadera reconciliación mientras la memoria sea utilizada como arma electoral o mientras las víctimas sean recordadas solamente cuando conviene políticamente.

La reconciliación no puede significar impunidad.

El perdón no puede ser una obligación impuesta a las víctimas.

Y pasar la página no puede significar arrancarla del libro de nuestra historia.

Yo sobreviví a la prisión política y a la tortura.

Fui exonerado político.

Tuve que abandonar mi país.

Pero nunca abandoné la memoria.

Y después de 53 años sigo creyendo que Chile merece una democracia capaz de mirar hacia el futuro sin avergonzarse de mirar hacia atrás.

Porque un país que conoce su historia puede evitar repetirla.

Un país que honra a sus víctimas fortalece su democracia.

Y un Estado que recuerda a quienes sufrieron demuestra que la vida y la dignidad humana están por encima de cualquier gobierno.


Asesinos y torturadores: los diez agentes de la dictadura de Pinochet que cometieron crímenes sobrecogedores



La memoria no es una cadena que nos ata al pasado.

La memoria es una luz que nos impide caminar nuevamente hacia el mismo abismo.


Por: Rodolfo Varela
Sobreviviente de la represión, ex preso político y exonerado político.
Blog de Rodolfo Varela — Directo al Punto

2026/09/12

La memoria no se decreta: una respuesta desde la sobrevivencia al negacionismo fiscal



Por: Rodolfo Varela
Sobreviviente de la represión, ex preso político y víctima de tortura

A 53 años del quiebre democrático que cambió para siempre la historia de Chile, el dolor de las ausencias continúa vivo y la búsqueda de verdad, justicia y reparación sigue siendo una deuda pendiente del Estado.


Eleito presidente do Chile Salvador Allende



Por eso resulta profundamente doloroso constatar que las máximas autoridades de la nación hayan decidido prescindir de un acto oficial de Gobierno este 11 de septiembre, una decisión inédita desde el retorno a la democracia. El presidente José Antonio Kast optó por mantener su agenda en terreno y no realizar una ceremonia institucional para recordar esta fecha.


No se trata simplemente de un cambio de agenda. Cuando el Estado decide no estar presente institucionalmente en una fecha que marcó a generaciones de chilenos, esa ausencia también tiene un significado político y simbólico.


La memoria no puede depender de la conveniencia del gobierno de turno.



Al ser emplazado respecto de esta decisión, el mandatario ha insistido en que Chile debe mirar hacia el futuro y no quedarse anclado en el pasado. Estoy de acuerdo en que debemos construir el futuro. Pero existe una pregunta que quienes sobrevivimos a aquella época tenemos todo el derecho a formular:


Un país que recuerda Contruye Su Futuro Con Memoria y Dignidad



¿Cómo podemos mirar hacia adelante si todavía existen familias que buscan a sus desaparecidos, víctimas que esperan justicia y sobrevivientes que continúan luchando por una reparación digna?

No se puede construir un futuro democrático borrando las heridas que todavía permanecen abiertas.

Y aquí aparece otra forma de violencia que pocas veces se menciona: el abandono económico de las víctimas.



La mayoría de los sobrevivientes de la represión ya somos adultos mayores. Yo tengo 76 años. Muchos hemos llegado a esta etapa de nuestras vidas después de décadas cargando las consecuencias físicas, psicológicas, familiares y económicas de aquello que vivimos.


Sobrevivientes del mayor centro de tortura de Chile en la dictadura: “Siempre evité volver”



Las pensiones de reparación que recibimos, según la situación individual y el beneficio correspondiente, se encuentran muy por debajo de lo que una persona necesita para vivir dignamente. Mientras tanto, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores de 18 a 65 años alcanza actualmente los $553.553 pesos.


Entonces pregunto, sin importar si quien gobierna es de derecha, de centro o de izquierda:


¿Puede una persona vivir dignamente hoy con una reparación económica que apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas?




Yo tengo 76 años. ¿Pretenden que a esta edad vuelva al mercado laboral para poder sobrevivir? ¿Acaso creen que quienes fuimos perseguidos, encarcelados, torturados y expulsados de nuestro propio país no tenemos derecho a llegar a la vejez con dignidad?



La reparación no puede reducirse a una cifra depositada cada mes.


Reparar significa reconocer, dignificar y permitir que quienes sobrevivimos podamos vivir nuestros últimos años con un mínimo de tranquilidad y respeto.


A 53 años del golpe de Estado de 1973, familiares, sobrevivientes y agrupaciones de derechos humanos se reunieron frente al Cementerio Municipal de Coyhaique.



Por eso sostengo que el abandono económico también puede convertirse en una forma de violencia institucional.



Y cuando se pretende que las víctimas olvidemos mientras nuestras necesidades continúan sin resolverse, el problema deja de ser solamente económico: también se transforma en un problema de memoria, de dignidad y de justicia.



¿Cómo se le pide olvidar a un país que todavía busca a sus desaparecidos?

¿Cómo se pretende guardar silencio frente a miles de asesinatos, ejecuciones, desapariciones forzadas, prisión política, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos?

¿Cómo se puede pedir que cerremos una página de la historia mientras todavía existen familias intentando reconstruir qué ocurrió con sus seres queridos?


Operación Cóndor: hallan restos en Chile de tres detenidos desaparecidos secuestrados en Argentina




Y tampoco podemos olvidar a los niños y niñas que fueron separados de sus familias y que, según numerosas investigaciones y testimonios, fueron víctimas de adopciones irregulares o ilegales.




Todo aquello ocurrió.


No es una disputa entre izquierda y derecha.

No es una batalla entre generaciones.

No es una discusión académica.


Es parte de la historia de Chile.

Los derechos humanos no tienen color político.

La verdad tampoco.,


Por eso quiero decirlo con absoluta claridad: la memoria no pertenece a ningún partido político. Pertenece a Chile.




No escribo estas palabras para alimentar odio ni para mantener abiertas las heridas por interés político. Escribo porque fui parte de esa historia. Estuve detenido. Fui torturado. Fui víctima de la represión y tuve que abandonar mi país.




Y como yo, miles de compatriotas tuvieron que reconstruir sus vidas lejos de Chile.

No pedimos privilegios.

Pedimos que el Estado cumpla con su deber.

No pedimos que nuestros hijos y nietos vivan mirando hacia 1973.

Pedimos que puedan mirar hacia el futuro sabiendo que en Chile nunca más un gobierno podrá perseguir, torturar, desaparecer o asesinar a sus propios ciudadanos por sus ideas.

Eso es democracia.

Conmemorar el 11 de septiembre no significa celebrar una tragedia.

Significa recordar para impedir que vuelva a ocurrir.

La memoria no es vivir en el pasado. La memoria es una herramienta para proteger el futuro.

Por eso, cuando una autoridad dice que debemos mirar hacia adelante, mi respuesta como sobreviviente es sencilla:

Sí. Miremos hacia adelante. Pero hagámoslo con los ojos abiertos y sin borrar nuestra historia.

Porque una democracia madura no teme recordar sus errores.

Los enfrenta.

Los reconoce.

Los enseña.

Y garantiza que nunca vuelvan a repetirse.


Asesinos y torturadores: los diez agentes de la dictadura de Pinochet que cometieron crímenes sobrecogedores


El Estado de Chile tiene un deber ético y permanente con las víctimas, que no termina cuando cambia un gobierno ni cuando desaparece una generación de testigos. La obligación de preservar la verdad histórica pertenece a todos los gobiernos y a toda la sociedad.

Frente al silencio, nosotros tenemos memoria.

Frente al olvido, tenemos testimonios.

Frente a la indiferencia, tenemos dignidad.

Y frente a quienes pretenden cerrar esta historia por decreto, tenemos una respuesta que nadie puede quitarnos:

La memoria no se decreta.

La verdad no prescribe.

La dignidad no se negocia.

Sin perdón ni olvido, por la verdad, la justicia, la reparación y la dignidad de Chile.

2026/09/10

El deber de la memoria: Entre el olvido de la derecha y las promesas rotas de la izquierda en Chile



Por: Rodolfo Varela

El 11 de septiembre de 1973 no es una fecha para celebraciones ni para conmemoraciones protocolares. Es una fecha que exige memoria, reflexión y, sobre todo, respeto por quienes sufrieron las consecuencias de uno de los períodos más oscuros de nuestra historia reciente.


Presidentes de Chile Vuelta a la Democracia



Recordar no es vivir atrapados en el pasado. Recordar es asumir una responsabilidad con el presente y con las futuras generaciones. Un país que conoce su historia tiene mayores posibilidades de impedir que los abusos del poder, la violencia política y las violaciones de los derechos humanos vuelvan a repetirse.


Sin embargo, después de más de cinco décadas del golpe de Estado y de más de tres décadas y media desde el retorno a la democracia, Chile continúa enfrentando una deuda histórica que ningún sector político puede atribuir exclusivamente a sus adversarios.


La derecha, durante distintos períodos, ha albergado discursos que buscan relativizar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, bajo argumentos como que es necesario "dar vuelta la página", mirar hacia el futuro o dejar atrás las divisiones del pasado. Pero una sociedad democrática no puede construir su futuro sobre el olvido. La memoria no es una amenaza para la democracia: es una de sus defensas.


Pero también debemos tener la honestidad de mirar hacia el otro lado.

La izquierda y la centroizquierda que gobernaron Chile después de la dictadura tampoco pueden presentarse como dueñas exclusivas de la memoria y de la defensa de los derechos humanos. Durante décadas, el dolor de las víctimas y la memoria del 11 de septiembre reaparecieron con fuerza en períodos electorales, movilizando legítimamente emociones y conciencias. El problema surge cuando esas promesas no se transforman, una vez obtenido el poder, en soluciones concretas y permanentes.


Porque las víctimas no viven de discursos.


Viven de pensiones insuficientes, de enfermedades, de burocracia, de expedientes que permanecen durante años en oficinas públicas y de familias que todavía esperan respuestas.


¿Qué ocurrió con los restos humanos que permanecieron durante años sin una identificación adecuada y que, según las propias denuncias de familiares y organizaciones, llegaron a permanecer archivados o "engavetados" en dependencias del Instituto Médico Legal?


Osamentas olvidadas: la historia de la indolencia del Estado



¿Qué explicación puede recibir una familia que durante décadas buscó a un padre, una madre, un hermano, un hijo o una hija y que todavía espera una identificación científica y definitiva?


La búsqueda de los desaparecidos no puede depender del calendario electoral. Tampoco puede transformarse en una promesa que reaparece cada cierto tiempo para después perderse entre la burocracia estatal.


Y existe otra herida que todavía permanece abierta: los niños y niñas que fueron separados de sus familias mediante procedimientos irregulares, adopciones ilegales o redes de ocultamiento de identidad.



Más de 20 mil niños y niñas fueron arrebatados a sus familias durante la dictadura en Chile.


Hoy, muchas de esas personas siguen intentando reconstruir su historia y conocer su verdadera identidad. Familias enteras enfrentan dificultades para demostrar vínculos de parentesco que deberían haber sido protegidos por el propio Estado.


¿Cómo puede hablarse de reparación integral cuando una persona tiene que luchar durante décadas para responder una pregunta tan elemental como: ¿quién soy y de dónde vengo?


La memoria no puede reducirse entonces a recordar a los muertos. También significa devolverles la identidad a quienes fueron privados de ella y entregar respuestas a quienes todavía buscan a sus familiares.


Y hay otra contradicción que tampoco podemos esconder: la situación económica de muchos sobrevivientes de la dictadura.


Miles de exonerados, ex presos políticos y sobrevivientes de tortura llegaron a la vejez con pensiones de reparación que, en numerosos casos, resultan insuficientes para enfrentar el costo de una vida digna.


No basta con reconocer jurídicamente a una víctima si, después de reconocerla, el Estado la condena a sobrevivir en la precariedad.


La reparación no debería ser solamente un certificado, una tarjeta o una resolución administrativa. Debe significar dignidad.


Y aquí aparece también una cuestión que afecta a millones de chilenos: el sistema de pensiones y las AFP.


Exonerados Políticos exigen justicia en materia de pensiones en Chile



No podemos hablar de justicia social mientras personas que trabajaron durante décadas llegan a la vejez preguntándose cómo podrán vivir con una pensión que no guarda relación con el esfuerzo realizado durante toda una vida.


Las víctimas de la dictadura tienen además una situación particularmente dolorosa: después de haber perdido años de libertad, trabajo, salud, estabilidad familiar y oportunidades, muchas terminaron su vida laboral en condiciones que perjudicaron todavía más sus pensiones.


Por eso, la discusión sobre reparación no puede separarse de la discusión sobre dignidad en la vejez.


Ni la derecha puede borrar la historia, ni la izquierda puede apropiarse electoralmente de ella.

La memoria pertenece a Chile.

Pertenece a las víctimas.

Pertenece a sus familias.


Y pertenece también a las nuevas generaciones que tienen derecho a conocer la verdad sin manipulaciones partidistas.



En la fecha que marca el 53 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.


No escribo estas palabras desde la comodidad de quien observó la historia desde lejos. Hablo desde mi propia experiencia como sobreviviente de la represión, ex preso político, exonerado y víctima de tortura.


Por eso puedo decirlo con absoluta claridad: no necesitamos que ningún partido político nos recuerde solamente cuando necesita nuestros votos. Necesitamos que el Estado nos recuerde cuando llega el momento de cumplir sus obligaciones.


La verdadera reparación no puede depender de si gobierna la izquierda, la centroizquierda o la derecha.

Los derechos humanos no tienen color político.

La verdad tampoco.

El tiempo se agota. La generación que vivió directamente aquellos acontecimientos es hoy una generación envejecida. Muchos compañeros y familiares murieron esperando justicia, reconocimiento, identificación de sus seres queridos o una reparación que nunca llegó de manera suficiente.

Por eso, el 11 de septiembre no debería ser una fecha utilizada para alimentar odios ni una herramienta electoral.

Debe ser un día para recordar, investigar, identificar, reparar y aprender.

Chile necesita memoria, pero también necesita honestidad.

Necesita una derecha capaz de reconocer sin ambigüedades los crímenes de la dictadura y una izquierda capaz de reconocer sus propias promesas incumplidas.

Porque la memoria no puede ser propiedad de ningún partido político.

Y la deuda con las víctimas tampoco prescribe con las elecciones.

El verdadero homenaje al 11 de septiembre de 1973 no está en las consignas. Está en la verdad, en la justicia, en la reparación y en la dignidad de quienes todavía estamos aquí para contar lo que ocurrió.


El presidente Salvador Allende se dirige al país por radio Corporación de Chile.



Chile no debe olvidar. Pero tampoco debe seguir utilizando el dolor de sus víctimas como una herramienta electoral.


La memoria debe servir para unir al país alrededor de la verdad, no para dividirlo alrededor de intereses políticos.

2026/09/09

Opinión: La complicidad del silencio y la afrenta a la memoria histórica de Chile


Por: Rodolfo Varela
Sobreviviente de la tortura, exonerado, ex preso político y defensor de los Derechos Humanos.

Las recientes declaraciones emitidas en Santiago por el presidente argentino, Javier Milei, constituyen un agravio inadmisible que violenta la dignidad de nuestro país y la memoria de quienes padecimos en carne propia los horrores de la dictadura militar. Referirse en términos despectivos y degradantes a las víctimas y a los sectores que defienden la verdad histórica no es solo una provocación ordinaria; es una muestra de profunda miseria moral y un acto de violencia discursiva que ningún Estado soberano debería tolerar.


Javier Milei, basura humana


Como sobreviviente de la prisión política y la tortura, sé perfectamente que el dolor de Chile no es un mito. Los secuestros, las desapariciones forzadas, los asesinatos y la persecución estatal ocurrieron; están ampliamente documentados y dejaron heridas abiertas en miles de familias chilenas. Asimismo, es una verdad histórica innegable que el derrocamiento del presidente Salvador Allende fue un proceso orquestado y ejecutado con la intervención y el financiamiento de los Estados Unidos. 


A estos crímenes brutales se suma una de las tramas más oscuras y desgarradoras del régimen: el secuestro sistemático y la venta ilegal de miles de niños y niñas chilenos enviados al extranjero. Mediante engaños a madres vulnerables a las que se les mentía diciendo que sus bebés habían muerto al nacer, redes criminales compuestas por jueces, médicos, trabajadores sociales y agentes del Estado traficaron con la infancia de nuestro país. 



Golpe militar en Chile y el asesinato de Salvador Allende (11/09/1973)



Estas adopciones forzadas e irregulares son, junto a la falta de justicia total, una herida abierta y una inmensa deuda moral, judicial y de reparación que el Estado chileno aún no salda con las víctimas de la dictadura. Que un mandatario extranjero venga a nuestro propio suelo a relativizar estos crímenes de lesa humanidad y a insultar a nuestros compatriotas es una aberración diplomática y humana. 


Sin embargo, lo más doloroso e indignante no es solo la insolencia de Milei, sino la sumisión de quien hoy ostenta la máxima magistratura de nuestra nación. El actual presidente de Chile, José Antonio Kast, ha demostrado una alarmante falta de carácter y de patriotismo al negarse a defender a sus propios compatriotas frente a estos insultos. Al asumir el cargo, un presidente se convierte en el representante de todos los chilenos, sin importar su color político. Su deber primordial es proteger la dignidad nacional.


La respuesta displicente de Kast, argumentando que prefiere no opinar para resguardar la diplomacia, es una excusa inaceptable. No se trata de diplomacia; se trata de una alarmante complicidad ideológica que pone sus afinidades partidistas internacionales por encima del respeto a los ciudadanos de su propio país. Callar ante la ofensa a las víctimas de la dictadura es, en la práctica, avalar el negacionismo.


José Antonio Kast, es el presidente de todos los chileno?



Guardo un profundo respeto y hermandad por el pueblo argentino, una nación hermana con la que compartimos historia y futuro. Sin embargo, no puedo guardar silencio ante el actual gobierno de ese país, cuyas provocaciones y discursos de odio vulneran la convivencia democrática de la región.


La memoria de Chile costó sangre, exilio, la separación forzada de familias y un dolor incalculable. Ningún discurso negacionista, por estridente que sea, podrá borrar la verdad de lo que vivimos. Y ninguna omisión presidencial, por calculada que sea, logrará que los sobrevivientes dejemos de exigir la dignidad, la justicia y el respeto que nuestro país se merece. 

2026/08/26

El Ocaso de la Esencia Periodística: De la Información a la Militancia que Divide a una Nación

Por: Rodolfo Varela
Profesional de la Comunicación y Director de Radio y TV


Quien ha dedicado su vida a la radiodifusión y ha aprendido a respetar el micrófono sabe que la credibilidad es un patrimonio que toma décadas construir, pero que puede pulverizarse en pocos minutos de transmisión. Hoy en día, asistir al declive de las grandes cadenas de televisión y de los principales medios de comunicación en América Latina, y especialmente en Brasil, causa una profunda inquietquieta. 




Emisoras que en otro tiempo ostentaban índices históricos de confianza popular ven su autoridad derretirse frente a un público que ya no se siente representado en sus pantallas. La causa de este diagnóstico es clara: el abandono de la esencia informativa en favor de un periodismo militante, enfocado en buscar el aplauso fácil, avivar la polarización y sembrar la discordia entre los ciudadanos.



El periodismo está cada vez más en contra de la democracia en América Latina.



Esta patología editorial ya no es exclusividad de las páginas de política; ha hecho metástasis en el periodismo deportivo. La misma dinámica beligerante que destruye el debate público en los debates presidenciales se aplica diariamente en las mesas redondas y en las transmisiones de fútbol. El compromiso con el hecho dio lugar a la pasión ciega de la narrativa ideológica o del fanatismo por un club, transformando a la comunicación en una máquina de enganche basada en el antagonismo.


El Debate como Tribunal: El Ejemplo de la Política


El episodio reciente de los debates y entrevistas electorales en televisión nacional ilustra con precisión esta inversión de valores. El papel clásico de la prensa en un período democrático de elección es actuar como un puente transparente entre el candidato y el ciudadano. Se espera que el entrevistador cuestione la viabilidad de las propuestas, explore los planes de gobierno económicos y sociales, y brinde el espacio para que las ideas sean expuestas y contrastadas con firmeza y educación.


Lo que se presiente, sin embargo, es un espectáculo de interrupciones agresivas y preguntas tendenciosas. El foco dejó de ser el futuro del país y pasó a ser el encuadre moral del entrevistado. Cuando los periodistas utilizan el horario estelar no para informar al pueblo, sino para crear videos cortos para redes sociales basados en la confrontación pura, abdican del papel de mediadores y asumen el rol de militantes de una causa —ya sea esta partidaria o de pura vanidad corporativa. Al acorralar a los candidatos con preguntas malintencionadas y capciosas, la prensa se distancia de la sociedad y valida el sentimiento de que tiene un lado definido en el tablero de ajedrez político.



La Tribuna en las Redacciones: El Ejemplo del Deporte


Esta misma fórmula destructiva fue importada con éxito por el periodismo deportivo. El deporte, que históricamente funcionó como una de las herramientas más potentes de unión cultural, entretenimiento y fraternidad entre los ciudadanos, fue secuestrado por la lógica de la polarización.


Hoy, los análisis tácticos, la belleza del juego y el respeto institucional han sido asfixiados por debates basados en la provocación barata, la burla institucionalizada y la caza de brujas. Profesionales que deberían analizar el desempeño técnico de atletas y clubes se comportan como fanáticos indignados en internet, inflamando a las barras bravas, persiguiendo a profesionales del deporte y plantando la semilla de la violencia y del odio entre los aficionados. El periodismo deportivo moderno descubrió que la indignación fabricada genera más clics que la información equilibrada. El resultado es el mismo que se ve en la política: el desgaste de las relaciones humanas y la transformación del debate en una guerra de trincheras.


El Rescate de la Esencia como Supervivencia del Mercado


El gran paradoja de esta estrategia es que es comercialmente suicida a largo plazo. Al elegir el camino de la militancia y del sensacionalismo divisivo, los grandes medios rompen el pacto de imparcialidad con el público general. Cuando el ciudadano percibe que el profesional en la televisión no busca la verdad, sino el aplauso de su propia burbuja ideológica, la confianza desaparece. Y sin confianza, no hay audiencia sostenible ni modelo de negocio que resista en el mercado de las concesiones públicas.


El periodismo no es solo una profesión, es un compromiso con la verdad, la democracia y el ejercicio de ciudadanía.



El verdadero periodismo debe regresar urgentemente a su esencia fundamental: escuchar a las dos partes, verificar los hechos con rigor, mantener el equilibrio en el tono, respetar la inteligencia del telespectador y, por encima de todo, separar la opinión personal del deber informativo.


Como directores, comunicadores y profesionales de los medios, tenemos la responsabilidad ética de blindar nuestras redacciones contra la tentación del éxito fácil promovido por el odio. América Latina no necesita más inquisidores con credencial de prensa; la región carece de periodistas enfocados en proponer soluciones, aclarar dudas y reconstruir los puentes que la polarización ayudó a dinamitar. La supervivencia de nuestra profesión depende del rescate de nuestra dignidad editorial.

2026/08/14

La deuda eterna: cómo la política utilizó nuestro dolor y nuestra pobreza

 Por: Rodolfo Varela

Exonerado político, ex preso político y sobreviviente de tortura


Ingenuidad, ignorancia y pobreza. Tres vulnerabilidades humanas que buena parte de la clase política latinoamericana ha aprendido a explotar para mantenerse en el poder.


Cómo la izquierda engaña a los pobres


Durante las últimas décadas hemos visto cómo tanto la derecha como la izquierda se han alejado, demasiadas veces, de aquello que debería ser la esencia de la política: trabajar por el bienestar de los pueblos. En lugar de ello, las tragedias históricas, las necesidades económicas y la vulnerabilidad social terminaron convertidas en instrumentos de intercambio electoral.


No hablo solamente desde la teoría. Hablo desde la experiencia.


Como sobreviviente de la dictadura militar chilena, pertenezco a una generación que conoció la tortura, la prisión política, la exoneración, el secuestro, la muerte y la desaparición. Vimos familias destruidas para siempre. Vimos cómo el miedo penetró en los hogares y cómo las heridas de la violencia de Estado sobrevivieron durante décadas.


Las élites y los políticos de derecha chilenos fueron demasiado lejos al exprimir a la población.


También fuimos testigos de otros horrores que durante mucho tiempo permanecieron en las sombras: niños y niñas separados ilegalmente de sus familias y entregados o vendidos en el extranjero.


Frente a esa tragedia, la izquierda levantó las banderas de la verdad, la justicia, los derechos humanos y la reparación. Prometió cambios profundos y asumió compromisos con las víctimas y sus familias.

Pero después de décadas de gobiernos de distintos signos políticos, debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa deuda histórica ha sido realmente pagado?




La respuesta para muchos de nosotros sigue siendo dolorosa.


La reparación ha avanzado en algunos ámbitos, pero continúa siendo insuficiente para quienes cargamos las consecuencias físicas, psicológicas, económicas y familiares de aquella violencia. Y el discurso de los derechos humanos, en demasiadas ocasiones, terminó siendo utilizado como herramienta de legitimación y de captura electoral, sin que las promesas se tradujeran en una reparación verdaderamente digna.


La derecha, por su parte, continúa enfrentando nuestra historia reciente con una mirada que muchas veces minimiza, relativiza u omite la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura.


Derechos Humanos en Chile


Se nos habla de libertad, crecimiento y prosperidad macroeconómica. Pero una economía que no alcanza a garantizar dignidad para quienes trabajaron toda su vida y para quienes fueron víctimas del propio Estado difícilmente puede considerarse un modelo plenamente exitoso.

Un ejemplo evidente es el sistema de AFP, nacido durante el régimen militar y presentado durante décadas como la solución para garantizar jubilaciones dignas. Sin embargo, para millones de chilenos las pensiones han demostrado estar muy lejos de esa promesa.





Durante años, políticos de diferentes sectores prometieron modificar profundamente el sistema. El problema es que las promesas se multiplicaron mientras millones de trabajadores continuaron esperando una vejez digna.

Y aquí aparece una paradoja que resulta difícil de aceptar.

Desde el 1 de mayo de 2026, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores de entre 18 y 65 años quedó fijado en $553.553. Para los mayores de 65 años, el ingreso mínimo legal es de $412.938.

Sin embargo, muchos sobrevivientes y víctimas de la dictadura continúan dependiendo de pensiones y beneficios de reparación que, en numerosos casos, resultan insuficientes frente al costo de la vida.

No estamos hablando simplemente de números.

Estamos hablando de personas.

Personas que fueron encarceladas. Personas que fueron torturadas. Personas que perdieron sus trabajos. Personas que quedaron marcadas física y psicológicamente. Personas que envejecieron esperando una reparación que nunca llegó en la dimensión que merecían.

Muchos de mis compañeros ya murieron sin conocer una reparación verdaderamente digna.


Condiciones para el 'Nunca Más'?


Y esa es una deuda que el Estado no debería olvidar.


El problema tampoco termina en Chile.

América Latina continúa atrapada entre pobreza, corrupción, desigualdad, instituciones debilitadas y una creciente desconfianza ciudadana. En distintos países hemos visto cómo la justicia puede ser utilizada políticamente, cómo las instituciones pierden credibilidad y cómo la pobreza convive peligrosamente con redes de corrupción y crimen organizado.

Pero tampoco podemos caer en otro error: pensar que la solución consiste simplemente en entregar más poder al Estado.

Quienes hemos sufrido abusos del Estado no queremos un estatismo ciego.

Queremos instituciones fuertes, independientes, transparentes y honestas.

Queremos un Estado que proteja al ciudadano y no que lo utilice.

Queremos una política que entienda que gobernar no significa administrar votos, sino administrar responsabilidades.

El verdadero desarrollo de nuestros pueblos comenzará cuando la política deje de lucrar electoralmente con la vulnerabilidad de la gente.

Cuando la pobreza deje de ser una herramienta de campaña.

Cuando el dolor de las víctimas deje de aparecer solamente durante los períodos electorales.

Cuando los derechos humanos dejen de ser una bandera partidaria y vuelvan a ser entendidos como lo que realmente son: derechos de todos.

Y mientras eso no ocurra, los ciudadanos honestos seguiremos alzando la voz.

Porque nuestra memoria no está en venta.

Nuestro dolor no es una moneda electoral.

Y nuestra dignidad tampoco.

No queremos que utilicen nuestro dolor para conseguir votos. Queremos que, finalmente, hagan justicia.

2026/07/24

La ilusión del poder y el despertar ciudadano: la democracia no tiene dueño

Por: Rodolfo Varela  

América Latina sufre una profunda resaca política. Gobiernos que llegaron al poder prometiendo reivindicaciones sociales y un futuro más digno han terminado, en muchos casos, secuestrando las instituciones que juraron proteger. 


La esposa de Ortega, nombrada comandante suprema de las fuerzas armadas de Nicaragua.


El continente presencia un fenómeno preocupante: proyectos políticos que nacieron con la promesa de representar a los ciudadanos terminan concentrando el poder y erosionando los principios democráticos que les dieron origen.


La democracia no desaparece de un día para otro; se deteriora lentamente, mediante decisiones que debilitan el Estado de Derecho, limitan la independencia de las instituciones y reducen los espacios de participación ciudadana. Cuando ese proceso avanza sin resistencia, la voluntad popular deja de ser el fundamento del poder y pasa a convertirse en una simple formalidad.


Un ejemplo elocuente es lo ocurrido en Nicaragua. Tras años de un progresivo deterioro democrático, el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo consolidaron un sistema político en el que desaparece toda posibilidad de competencia electoral real al anunciar que en el país no habrá más elecciones. Mediante reformas constitucionales que eliminaron la separación de poderes y concentraron las decisiones fundamentales en el Ejecutivo, se ha institucionalizado un modelo de gobierno familiar que vacía de contenido los principios republicanos.



Congreso Nicaragua prepara reformas para prohibir elecciones


Sin embargo, esta deriva autoritaria no pertenece exclusivamente a un sector ideológico. La historia reciente de América Latina demuestra que tanto gobiernos identificados con la izquierda como administraciones de derecha han caído, en distintas circunstancias, en la tentación de concentrar poder, debilitar los contrapesos institucionales y utilizar los recursos del Estado para perpetuarse o restringir las libertades de quienes piensan distinto. Cuando las instituciones dejan de actuar con independencia, el riesgo para la democracia es el mismo, sin importar el color político de quienes gobiernan.


Las consecuencias de esa concentración de poder siempre recaen sobre los ciudadanos, especialmente sobre los más vulnerables. Las promesas de prosperidad terminan transformándose en pobreza económica y también en pobreza cívica. Los sistemas públicos se deterioran, las oportunidades disminuyen y la justicia deja de actuar como garante de los derechos para convertirse, muchas veces, en un instrumento al servicio del poder político.

La experiencia latinoamericana demuestra que ningún gobernante debería situarse por encima de la Constitución ni de la ley. Cuando desaparecen los contrapesos institucionales, la libertad de expresión comienza a restringirse, la prensa independiente enfrenta crecientes presiones y la ciudadanía pierde, de manera gradual, los mecanismos que le permiten fiscalizar a quienes ejercen el poder. Ese deterioro suele producirse de forma lenta, casi imperceptible, hasta que recuperar la democracia se convierte en una tarea mucho más difícil.



Brasil y Venezuela impulsan el aumento de la pobreza en América Latina, según un informe.


Ha llegado el momento de que los pueblos latinoamericanos despierten. La verdadera lucha no debe reducirse a una confrontación permanente entre izquierda y derecha, entendidas como identidades políticas irreconciliables. La experiencia demuestra que ninguna ideología posee el monopolio de la democracia ni de la justicia social. Lo verdaderamente importante es construir instituciones sólidas, transparentes e independientes que garanticen el respeto irrestricto a los derechos de todos los ciudadanos.



Los pueblos deben comprender que el poder no pertenece a los gobernantes, sino que emana de la voluntad soberana de los ciudadanos. Es indispensable superar la polarización estéril que divide a nuestras sociedades y comenzar a exigir transparencia, rendición de cuentas, independencia judicial, libertad de prensa, respeto por la Constitución y una auténtica alternancia en el ejercicio del poder.



Venezuela no avanza en la erradicación de la pobreza


La historia demuestra que ninguna democracia está garantizada para siempre. Se fortalece cuando los ciudadanos participan, fiscalizan y defienden sus instituciones, y se debilita cuando la indiferencia permite que el poder se concentre sin límites.


La libertad, la justicia y el desarrollo no son concesiones de los gobernantes ni privilegios otorgados por una élite política. Son conquistas permanentes de una ciudadanía consciente, comprometida y vigilante, que entiende que el verdadero poder reside siempre en el pueblo y que la democracia no tiene dueños, sino guardianes.


2026/07/17

Chile : Cincuenta y tres años después: la justicia tardía también es una forma de injusticia

Por: Rodolfo Varela

La reciente sentencia de la Corte Suprema de Chile que confirmó la condena contra un exoficial de Carabineros Carlos Gastón Manterola Miranda por el homicidio calificado de José Andrés García Lazo y Jorge Rodrigo Muñoz Mella, ejecutados el 18 de septiembre de 1973 y arrojados al Zanjón de la Aguada, obliga a una profunda reflexión sobre el verdadero significado de la justicia.


Corte Suprema confirma condena de ex oficial de Carabineros por crimen de jóvenes pobladores arrojados al Zanjón de la Aguada en 1973




Los hechos quedaron acreditados. Dos jóvenes fueron sacados por la fuerza de una vivienda, ejecutados cuando se encontraban indefensos y sus cuerpos arrojados a un canal para hacerlos desaparecer. Décadas más tarde, sus restos fueron encontrados en el Patio 29 del Cementerio General, confirmando lo que sus familias siempre denunciaron.




La pregunta es inevitable: ¿puede llamarse justicia a una sentencia que llega más de medio siglo después de cometido el crimen?




Durante cincuenta y tres años, las familias esperaron una respuesta que el Estado fue incapaz de entregar con la rapidez y la firmeza que exigían delitos de lesa humanidad. Muchos padres y madres murieron sin conocer una condena. Muchos sobrevivientes envejecieron esperando que los responsables respondieran ante la justicia.


Exsubtente Carlos Gastón Manterola Miranda deberá cumplir 15 años y un día de presidio efectivo,




Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, pero el tiempo sí deja cicatrices irreparables. La justicia tardía no devuelve la vida, no borra la tortura, no repara el exilio ni elimina el sufrimiento de quienes perdieron a sus seres queridos. Puede establecer responsabilidades, pero jamás recuperará los años robados a miles de víctimas.




Es imposible escribir estas líneas desde la neutralidad. Yo también fui una de las víctimas de aquella tragedia nacional. Fui detenido, encarcelado, torturado y exonerado por la dictadura militar. En septiembre de 1973 trabajaba en Radio Corporación, una emisora comprometida con la democracia, que fue silenciada tras el golpe de Estado. Como tantos otros chilenos, me vi obligado a abandonar mi país y aún hoy continúo viviendo en el exilio.




No escribo movido por el odio. Escribo desde la memoria.





Escribo porque sé lo que significa perder la libertad, ver destruida una vida construida con esfuerzo y comprobar que el paso del tiempo parece favorecer más a los victimarios que a las víctimas.



Jorge Rodrigo Muñoz Mella- Detenido Desaparecido




La sentencia de la Corte Suprema constituye un reconocimiento jurídico importante, pero también deja al descubierto una realidad que Chile no puede seguir ignorando: la extraordinaria lentitud con que el Estado ha enfrentado muchos de los crímenes cometidos durante la dictadura.



José Andrés García Lazo- Detenido Desaparecido



Una democracia sólida no solo se construye mediante elecciones. También se fortalece cuando sus instituciones son capaces de responder con oportunidad frente a las violaciones más graves de los derechos humanos. Cuando esa respuesta tarda medio siglo, la confianza en la justicia se debilita y las víctimas sienten que el Estado volvió a abandonarlas.


Pero existe otra preocupación que me inquieta profundamente.



Con el paso de los años, una parte importante de la sociedad chilena parece haber optado por la comodidad del olvido. Las nuevas generaciones conocen poco de lo ocurrido; muchos prefieren mirar únicamente el presente, mientras otros relativizan o incluso justifican los crímenes cometidos durante la dictadura. La memoria colectiva se debilita cuando la historia deja de enseñarse con honestidad y cuando el sufrimiento de miles de compatriotas se transforma en una simple nota al pie.


Un país que olvida su historia corre el riesgo de repetirla.



No puede existir una democracia plenamente saludable mientras permanezcan deudas morales e históricas con miles de exonerados políticos, ex presos políticos, torturados, familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos. Chile aún mantiene compromisos pendientes con quienes pagaron un precio altísimo por defender la democracia y la libertad.


La memoria no busca venganza.

Busca verdad.

Busca justicia.


Busca impedir que las futuras generaciones vuelvan a vivir el horror que marcó para siempre la historia de nuestro país.



La memoria del horror de 1973, en el Estado Nacional de Chile



Después de cincuenta y tres años, esta sentencia representa un paso importante, pero también deja una pregunta que la conciencia nacional no debería eludir:




¿Cuántas víctimas murieron esperando una justicia que llegó demasiado tarde?



Chile: las víctimas de la dictadura de Pinochet, medio siglo después




Porque la justicia que tarda medio siglo en llegar deja de ser una reparación plena. Se convierte en el doloroso recordatorio de una deuda que Chile todavía no ha terminado de saldar con su propia historia.