Por Rodolfo Varela
Las sanciones económicas no caen sobre los gobiernos. Caen sobre los pueblos.
Cuando un país poderoso decide asfixiar económicamente a otro, no está castigando a una élite política. Está castigando a madres que no encuentran medicamentos, a niños que no tienen leche, a ancianos que dependen de un sistema de salud debilitado y a trabajadores que ven desaparecer sus fuentes de sustento.
Y lo digo con conocimiento de causa.
En Chile, el 11 de septiembre de 1973 no solo cayó un gobierno. Al día siguiente del golpe militar, las mercaderías aparecieron en los supermercados. Los electrodomésticos reaparecieron en los grandes almacenes como por obra de magia, después de meses de escasez.
Eso yo lo viví.
Nadie me lo contó.
No lo leí en los diarios.
No lo escuché en medios muchas veces complacientes o directamente mentirosos.
Lo vi con mis propios ojos.
Durante meses se habló de crisis y desabastecimiento. Y sin embargo, inmediatamente después del golpe, los productos estaban ahí. La historia ya documentó bloqueos financieros, presiones económicas y estrategias diseñadas para “hacer gritar la economía”. No es consigna. Es documentación histórica.
Esa experiencia marcó a toda una generación. Porque dejó una pregunta inevitable:
¿cuánto del sufrimiento económico fue consecuencia de errores internos… y cuánto fue parte de una estrategia deliberada de asfixia?
Por eso hoy no puedo callar.
Cuba atraviesa una crisis profunda: escasez de energía, deterioro del transporte, crisis alimentaria y colapso sanitario.
Y es necesario decirlo sin rodeos:
Los niños, las mujeres, los ancianos y los trabajadores cubanos no son enemigos del pueblo estadounidense.
No son enemigos de ningún ciudadano norteamericano.
Y mucho menos pueden ser considerados enemigos de las políticas equivocadas del presidente egocéntrico Donald Trump.
Castigar a una población vulnerable no es firmeza diplomática.
Es abuso de poder.
No es defensa de la democracia.
Es imposición.
Y cuando la política exterior utiliza el hambre como herramienta, deja de ser diplomacia y se convierte en castigo y tortura colectiva.
Sí, tortura colectiva.
Porque privar deliberadamente a una sociedad de acceso a alimentos, medicamentos, energía y recursos básicos no es una estrategia técnica: es una forma moderna de asfixia. Es un mecanismo de presión que recae sobre los cuerpos más frágiles: niños, enfermos, ancianos, trabajadores.
La historia demuestra que la asfixia económica no trae libertad. Trae desesperación. Radicaliza conflictos. Y, en el caso chileno, fue antesala de una dictadura que dejó miles de muertos, torturados y exiliados.
El poder no otorga superioridad moral.
Ningún presidente — por poderoso que sea su país — tiene autoridad ética para convertir el sufrimiento humano en instrumento político.
Y resulta aún más grave cuando ese castigo se intenta justificar con una palabra sagrada: democracia.
La democracia no se impone con hambre.
No se construye bloqueando medicinas.
No se promueve debilitando hospitales ni asfixiando economías.
Cuando la palabra “democracia” se utiliza para encubrir sanciones que castigan a civiles, deja de ser un ideal y se transforma en retórica vacía.
La democracia verdadera protege a los pueblos.
No los utiliza como campo de presión.
Por eso la decisión del gobierno chileno, anunciada por el canciller Alberto van Klaveren, de enviar ayuda humanitaria a Cuba — aun sabiendo que puede incomodar a Estados Unidos — no es un gesto ideológico. Es un acto de dignidad soberana y de coherencia humanitaria.
Chile no está defendiendo un régimen.
Está defendiendo un principio: que ningún pueblo merece ser castigado colectivamente.
Ese gesto puede contradecir intereses geopolíticos de una potencia. Pero honra algo más importante: la conciencia y la responsabilidad internacional.
Yo viví lo que ocurre cuando la economía se transforma en arma. Viví el día en que los productos reaparecieron “como por magia” tras el golpe de 1973. Viví la dictadura que vino después. Y sé, por experiencia propia, que detrás de ciertas palabras nobles pueden esconderse intereses muy poco nobles.
Por eso lo digo con claridad:
Los niños no son enemigos.
Las mujeres no son enemigas.
Los trabajadores no son enemigos.
Los ancianos no son enemigos.
Y ninguna política exterior, por más poderosa que sea la nación que la impulse, tiene derecho a tratarlos como tales en nombre de la “democracia”.
La historia ya ha demostrado que el hambre no libera.
El castigo colectivo no humaniza.
Y la democracia no puede convertirse en excusa para la crueldad.
Porque cuando se usa una palabra noble para justificar el sufrimiento humano, no se está defendiendo la democracia.
Se la está degradando.
La memoria no es ideología.
Es responsabilidad.

