Se habla de dignidad.
Se habla de justicia social.
Pero la realidad es mucho más cruda.
Si un jubilado pasa de $100.000 a $250.000 pesos, ¿eso significa que ahora vive con dignidad?
En 2026 el salario mínimo alcanzará los $539.000.
Eso significa que miles de pensionados reciben menos del 50% del ingreso mínimo legal.
¿Es eso justicia?
¿O es simplemente maquillaje político?
El sistema administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones prometió pensiones dignas.
Durante décadas se aseguró que cada trabajador sería dueño de su ahorro.
¿El resultado?
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Pensiones miserables.
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Jubilados endeudados.
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Utilidades millonarias para las AFP.
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Gobiernos que nunca se atrevieron a desmontar el corazón del modelo.
Nadie cambió la estructura de fondo.
Lo más doloroso es que este abandono también alcanza a quienes fueron perseguidos, exonerados, presos y torturados durante la dictadura.
Muchos sobrevivientes reciben pensiones de reparación que tampoco alcanzan el 50% del salario mínimo.
Personas que pagaron con cárcel, tortura y exilio.
Personas que sacrificaron su juventud por la democracia.
Hoy sobreviven con ingresos que no permiten cubrir arriendo, medicamentos ni una vida básica digna.
¿Dónde está la justicia histórica?
¿Dónde está la reparación real?
No basta con discursos en fechas conmemorativas.
La verdadera memoria se expresa en políticas públicas concretas.
No se trata de cifras, se trata de dignidad
El gobierno habla de millones de beneficiados.
Pero la pregunta es sencilla:
¿Puede un adulto mayor vivir con $250.000 en Chile?
Arriendos superiores a $300.000.
Medicamentos que superan los $80.000 mensuales.
Alimentos cada vez más caros.
La política no puede celebrar mientras la vejez vive en precariedad.
Un país se mide por cómo trata a sus mayores.
Y hoy, Chile les está fallando.
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