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2023/02/23

Chile recupera su puesto como el país más seguro para invertir de América Latina

 

El riesgo país de Chile ha caído a su nivel más bajo en ocho meses y ahora es significativamente inferior al de Perú y Panamá, solo dos meses después de que los tres países se disputaran el codiciado primer lugar.






Chile está recuperando el puesto como el país más seguro de América Latina, aunque solo en parte por mérito propio.


El riesgo país de Chile ha caído a su nivel más bajo en ocho meses y ahora es significativamente inferior al de Perú y Panamá, solo dos meses después de que los tres países se disputaran el codiciado primer lugar.


Si bien Chile ha mejorado su clima de inversión con el rechazo de una radical nueva Constitución, los conflictos internos que enfrentan sus pares hacen más llamativa su estabilidad relativa. Perú no logra salir de una crisis política con protestas que han paralizado gran parte del país, mientras que una disputa de impuestos en Panamá amenaza con detener la producción de su mina de cobre más grande y sienta un peligroso precedente para los inversionistas. Como resultado, Chile vuelve a parecer una buena casa en un mal barrio.





Bloomberg destaca que Chile está recuperando su puesto como el país más seguro para invertir en Latinoamérica















"No es difícil que Chile se vea relativamente bien", ya que "el gobierno de México está recordando el financiamiento del organismo que supervisó las elecciones, mientras que Colombia ha dado un giro hacia la izquierda".


"Argentina está al borde de otra crisis ante la proximidad de las elecciones, y en Brasil los 'impulsar' a un golpe de Estado y asaltaron el palacio presidencial" de Planalto, concluyen.


Según el artículo de Bloomberg, uno de los escenarios que favoreció a Chile fue el rechazo del proyecto de nueva Constitución.
El medio especializado en economía y negocios Bloomberg destacó que Chile sería el país más seguro para en invertir dentro de Latinoamérica.


Servicio de Reinserción Social Juvenil en camino a reemplazar al Sename

 

Con el nuevo organismo se espera aplicar un nuevo modelo de intervención más profesionalizado, con respeto a los derechos humanos de los jóvenes, para lograr su reinserción y evitar la reiteración delictual.




El pasado 12 de enero de 2023 quedó publicada en el Diario Oficial la Ley 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.


El nuevo servicio, junto al de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (en funcionamiento desde 2021), son los continuadores del Sename; cuyas funciones se separaron para poder mejorar la gestión y atención especializada en cada caso.


El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil es ahora un organismo público descentralizado, que asumirá el proceso de reinserción de los adolescentes infractores de ley. Se espera esté en completa operatividad a nivel nacional el año 2026.


El servicio contará con recursos humanos y materiales para aplicar un nuevo modelo de intervención técnico y profesionalizado, que guiará los procesos de cumplimiento y progresión de las sanciones. Esto constituye una de las innovaciones de la nueva regulación para lograr una mejora en la gestión, en comparación a lo que ocurría con el Sename.


Principios


La ley se originó en una iniciativa del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, presentada en abril de 2017. Esta establece al servicio el deber de orientar toda su gestión hacia la integración social de los jóvenes.


Además, considerar en todas sus actuaciones el interés superior de estos, así como los principios de separación y segmentación; y el de especialización que garantice un trato diferenciado en las sanciones.


Asimismo, propender a la unidad de la acción de todos los organismos públicos involucrados; y el respeto de los derechos humanos de los jóvenes bajo su tutela.


Alcances


El nuevo servicio tendrá como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente.


Para ello la presente ley también incorpora perfeccionamientos a esta normativa, respecto del concurso de delitos, la reiteración delictiva y la unificación de sanciones.


En estos cambios se incorpora la mediación penal juvenil, como una forma alternativa de resolución de los conflictos.


Uno de los objetivos del nuevo servicio, es el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva. Así como, de la integración social de los jóvenes sujetos de su atención.


Cabe precisar que la ley 20.084 se aplica a los adolescentes que están bajo los siguientes supuestos:


Al momento en que se hubiere dado principio de ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho años, considerándose como adolescentes.


Si el delito tiene su inicio entre los catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de edad, la legislación aplicable será la que rija para los imputados mayores de edad.


La edad del imputado deberá ser determinada por el juez competente en cualquiera de las formas establecidas en el Código Civil.


Funciones


Dentro de las múltiples funciones del nuevo servicio se cuenta, entre otras, administrar y supervisar el sistema para la ejecución efectiva de las medidas y sanciones aplicadas.


También, coordinar con los órganos de la Administración del Estado competentes la elaboración y ejecución de planes, estrategias, programas y prestaciones relacionados con reinserción, rehabilitación e intervenciones socioeducativas amplias orientadas a la integración social.


Asimismo, supervisar la labor que desarrollen los organismos acreditados y centros de administración directa que ejecutan programas en relación a las medidas y sanciones contempladas en la citada ley 20.084. A su vez, supervisar los servicios prestados por personas naturales, teniendo en consideración el enfoque de derechos humanos.


El servicio deberá realizar un seguimiento de los casos en que se ordene la aplicación de medidas o sanciones, durante la ejecución de las mismas y otorgar un acompañamiento posterior voluntario, a través de la respectiva Dirección Regional.


Por último, generar estudios y evaluaciones de sus programas, considerando la realidad regional o local, así como la descripción de la población objeto de su atención.