La jefa de Estado de Brasil, Dilma Rousseff, sigue batallando para evitar su destitución y hoy se reunió con sus asesores para analizar unas medidas de carácter social que podría anunciar durante el Día de los Trabajadores con el fin de reconquistar el apoyo de la izquierda.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Las posibilidades de Rousseff de mantenerse a flote cada vez son menores y en las últimas semanas la presidenta le ha hecho varios guiños a los movimientos sociales y sindicatos con el fin de recuperar su respaldo, el cual se había debilitado en medio de una serie de propuestas de ajuste fiscal lanzadas por la mandataria en el último año.
Mientras Rousseff busca su reaproximación con las bases, su vicepresidente y ahora adversario político, Michel Temer, hilvana a contrarreloj las piezas de su eventual Gobierno.
Temer, primero en la línea de sucesión, ha comenzado a conformar su tablero político y distribuye cargos entre bastidores, algunos de los cuales ya se dan por sentenciados, como el del expresidente del Banco Central, Henrique Meirelles, como ministro de Hacienda.
El vicepresidente, de 75 años, también tantea la presencia en su eventual Ejecutivo de algunos exministros de Rousseff, como Eliseu Padilha o Wellington Moreira Franco.
Temer trabaja para definir las líneas maestras de su posible programa gubernamental, que, según un documento obtenido por la prensa local titulado la "Travesía social", prevé la privatización o concesión "de todo lo que sea posible".
No obstante, en caso de que se concrete, encontrará de frente la oposición de los movimientos sociales, que ya han expresado abiertamente su rechazo a una eventual gestión del vicepresidente y han advertido que "resistirán" en las calles.
Los sindicatos y sectores de izquierda han comenzado a organizarse para el Día de los Trabajadores, una fecha que esperan convertir en un palco contra el "golpe de Estado", como la izquierda y el propio Gobierno han calificado el juicio político que amenaza con destituir a Rousseff.
La marcha en Sao Paulo, inicialmente, estará encabezada por Rousseff y su padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en las últimas semanas se ha movilizado para defender a su muñeca política ante la amenaza de su destitución.
La oposición señala que la presidenta cometió un "crimen de responsabilidades" al realizar unas maniobras fiscales para maquillar las cuentas de 2014 y 2015, al modificar los presupuestos a través de decretos y acumular deudas y contratado créditos con la banca pública, lo que está prohibido por la legislación vigente.
El Gobierno ha admitido que realizó estas operaciones contables, pero insiste en que no suponen un "delito de responsabilidades" y por tanto no sirven de argumento para iniciar un juicio legislativo en su contra.
No obstante, los argumentos del Ejecutivo no parecen convencer a los legisladores y Rousseff cuenta cada día con menos cartas en su baraja política, lo que complica su estrategia de cara a la votación del Senado, que ya ha comenzado a debatir si existen méritos jurídicos para iniciar el proceso con miras a acortar su mandato.
El caso está ahora en manos de una comisión del Senado, que elaborará un informe que será votado el próximo 6 de mayo.
Ese informe será analizado después en el pleno del Senado, que alrededor del 10 de mayo se pronunciará sobre el asunto.
En caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe la instauración del proceso, Rousseff deberá separarse del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado por Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si la presidenta es finalmente destituida.
Por ello, es posible que Temer sea quien se siente en el palco de autoridades durante la inauguración de los Juegos Olímpicos que se celebran en Río de Janeiro el próximo agosto, un evento cuya preparación se ha visto eclipsada por la grave crisis política que azota sin tregua al país.
