Después de casi 50 años, la izquierda vuelve al poder en el país, con Gabriel Boric, y nuevamente el tema de las transnacionales aparece ligado a la disputa gubernamental, en los enfrentamientos por la privatización del litio. En su discurso inaugural, Boric nuevamente enfatiza la necesidad de confrontar el poder corporativo.
En Brasil, desde la década de 1990, las políticas neoliberales han avanzado hacia la privatización de sectores estratégicos del desarrollo nacional como el sector eléctrico, la minería, la política agraria, etc.
Todos estos cambios son procesos antidemocráticos y siempre han estado conectados a la defensa de los intereses extranjeros de estas empresas en el país. Esto se puede ver en el golpe de Estado de 2016 y en la posterior implementación de gobiernos alineados con los intereses de la industria petrolera, lo que ha hecho posible la fragmentación y privatización de Petrobras.
De hecho, el cambio de dirección de las políticas ha permitido a las corporaciones avanzar en la mercantilización del agua, en la flexibilización de las regulaciones ambientales, en la intensificación de la precariedad del trabajo, en fin, en la externalización de los costos sociales y ambientales para el pueblo brasileño.
La configuración de la economía capitalista, en su etapa neoliberal, ha servido para consolidar y reforzar la centralidad de las empresas transnacionales en la economía mundial.
Así, acumulan cada vez más poderes económicos, políticos y culturales, controlando muchos Estados que tienen una economía dependiente de estas inversiones. Estos terminan convirtiéndose en cómplices de violaciones a los derechos de las personas a servir a las empresas y asegurar el mantenimiento de la tasa de ganancia.
Muchos movimientos populares alrededor del mundo constituyen su resistencia ante el avance del poder empresarial y en la afirmación de la inminencia de construir un proyecto soberano para estos países. En este desafío, se han revisado las tácticas de lucha; como en el tema agrario, la entrada de la economía verde, el avance de los transgénicos y los pesticidas hicieron mucho más compleja la lucha por la tierra que el acceso a la tierra frente al Estado.
Así como en el ámbito de los afectados por las centrales mineras o hidroeléctricas, quienes ya no se enfrentan al Estado para garantizar sus derechos, sino que están sujetos a la lucha contra las sociedades anónimas abiertas, integradas por accionistas a los que no tienen acceso.
Esto lleva a incorporar a la agenda de lucha contra las empresas transnacionales presentes en la lucha contra los nuevos tratados de libre comercio, como se perfila contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y, ahora, contra los acuerdos del Mercosur con Europa; contra el uso de la deuda externa como mecanismo de control por parte de los países del Sur Global de la entrada de capital extranjero y la propuesta de auditar las deudas; en el rechazo a las políticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), clara defensora del proteccionismo de las empresas transnacionales.
No solo en agendas de movilización reactiva, sino también en la consolidación de grandes articulaciones de proyectos más soberanos, como la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, que tiene como eje a las transnacionales; la Campaña Global por el Desmantelamiento del Poder Corporativo y por la soberanía de los pueblos, cuyos principales frentes de trabajo son el avance del Tratado Vinculante para la regulación de las empresas transnacionales en materia de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Naciones Unidas).
La novedad es que la lucha contra los complejos arreglos jurídico-políticos de las empresas transnacionales, organizadas en estructuras confusas de cadenas productivas globales, exige un refinamiento táctico para mirar el problema del poder corporativo dentro de la captura de bienes comunes como agua, tierra, energía, minerales, bosques, cuerpos vitales de los trabajadores. ¿Contra qué arreglo debemos movilizarnos y pensar en un programa de acción?
Las empresas transnacionales son estructuras complejas, compuestas por varias empresas y filiales a lo largo de toda la cadena productiva. Esta fragmentación aparentemente demuestra una independencia entre los eslabones de la cadena, lo que dificulta la rendición de cuentas. Las normas comerciales, la captura corporativa del proceso legislativo a través del cabildeo, constituyen un marco en el que las empresas están protegidas y las víctimas no reparadas.
En este escenario se consolida la noción de “arquitectura de la impunidad empresarial”, basada no sólo en la asimetría de poder entre las grandes empresas y los pueblos que resisten y sufren el despojo, sino también en la asimetría de poder entre estas empresas y muchos Estados receptores. inversión, así como relaciones comerciales asimétricas y desiguales entre bloques de países y regiones. Una arquitectura que posibilite y favorezca la injusticia sistémica, la continuidad de los estándares y la certeza de la impunidad por parte de las empresas.
“[Las empresas] han ganado la batalla de las ideas y se han afirmado como actores en la construcción de políticas públicas con tanta o mayor legitimidad que las personas”
De esta forma, el Estado transfiere facultades de inspección, vigilancia, rendición de cuentas y reparación de las violaciones a los derechos humanos a las propias empresas a través de la responsabilidad social empresarial. A medida que los estados se debilitan cada vez más por el desmantelamiento neoliberal, ya no tienen la estructura para monitorear el cumplimiento ambiental y promover políticas públicas sociales en áreas afectadas por los desarrollos, y transferir estas tareas históricas a las corporaciones.
Ley exige devolución de ayuda en poblado minero golpeado por represa de Fundão
Durante años, las instituciones de justicia han estado tratando de hacer cumplir la legislación y están bloqueadas por la captura empresarial en los tres poderes. A pesar de la gravedad, a la fecha las víctimas no han sido debidamente indemnizadas, mientras que la empresa sigue superando la rentabilidad, demostrando cómo el crimen compensa. En este caso, los reiterados incumplimientos de una misma empresa demuestran cómo se va estructurando la certeza de la impunidad.
El cambio de rol de la rendición de cuentas estatal por la voluntad de las empresas de hacer cumplir, dentro del límite de la no injerencia en sus fines de lucro, es un retroceso en el camino hacia la soberanía porque termina reforzando su mayor control social y político. De esta forma, se asume el mito de que los conflictos se resolverán con la participación y consideración de todos los actores involucrados, como los gobiernos, la iniciativa privada y la sociedad civil a través de bases igualitarias, desconociendo la profunda asimetría de poder entre ellos.
Este es un discurso incorporado por los gobiernos que afecta profundamente las bases democráticas. Si prestamos atención a que las corporaciones sólo representan sus intereses, que no son más que las ganancias que se logran con el aumento de la tasa de explotación, no están sujetas a la rendición pública de cuentas, a mecanismos de elegibilidad y control social, vemos cómo las innovaciones diseñadas como códigos de conducta, memorias de sostenibilidad y estados financieros lejos de responder a intereses democráticos, también están diseñadas para responder a la demanda de los accionistas y dar una apariencia verde y responsable al mundo empresarial.
Esta realidad estuvo presente en los absurdos contractuales para el acceso a las vacunas covid, que contenían cláusulas de exención total de responsabilidad de las corporaciones farmacéuticas por efectos secundarios.
En consecuencia, aún no se ha determinado objetivamente la responsabilidad de las empresas por las violaciones a los derechos humanos, sino sólo la de los Estados. Esta propuesta, de códigos voluntarios y control privado de las corporaciones, sienta el precedente para que entendamos que hay zonas de “no derechos”, o peor aún, que hay derechos humanos que valen más en determinados territorios.
Equipo de rescate de los cuerpos de las víctimas de la ruptura de la represa de Vale, en Brumadinho (MG) en 2019. Cerca de 270 personas murieronLa histórica ley es un logro porque va en contra de iniciativas gubernamentales que ponen los esfuerzos para avanzar en mecanismos voluntarios y no de rendición de cuentas a las empresas, como las iniciativas de los Planes Nacionales de Acción (PNA), que ya han sido evaluadas como poco o nada efectivas.
Si bien incorpora una perspectiva crítica sobre las leyes de debida diligencia, la PL reconoce el deber de diligencia, o vigilancia del respeto a todos los derechos humanos, por parte de las empresas, como una obligación intermedia, reconociendo la importancia del reporte y los planes de acción por parte de las empresas, pero demuestra que su mera existencia sin avances concretos no puede ser considerada como el fin, como el cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas de respetar y no violar los derechos, lo que requiere ser demostrado, o debe ser denunciado en los tribunales civiles correspondientes.
Si bien la legislación nacional es avanzada en protección social y ambiental, la captura empresarial, la asimetría de poderes entre las grandes corporaciones y los afectados conducen a su ineficacia. Avanzar en un marco regulatorio que responsabilice a las empresas, con una lista clara de obligaciones con el Estado y con ellas, es dar un paso adelante para acabar con la cultura de la impunidad.
Si queremos avanzar con gobiernos progresistas en Brasil y América Latina, no podemos dejar de enfrentar el espectro de la dependencia de estas empresas. Trabajar para construir un desarrollo soberano implica regular el poder corporativo, y más que eso, se erige como una agenda clave para mantener cualquier gobierno en el poder.
Mientras más personas en el mundo estén unidas en la lucha contra las empresas transnacionales, instrumentalizadas, en esta coyuntura, en el avance de los marcos normativos reguladores, más fuerza se gana para crecer en estos proyectos emancipadores.
