Chile aún tiene una deuda pendiente con muchas de sus víctimas

Por Rodolfo Varela

El pasado 10 de junio, el gobierno del presidente Gabriel Boric entregó a los familiares de víctimas de la sangrienta dictadura militar las carpetas de calificación que por décadas estuvieron bajo reserva. 

Esto es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia, fundamental para el fortalecimiento de los derechos humanos”, Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Estos documentos contienen información clave: antecedentes personales, testimonios, informes periciales y resoluciones que permitieron acreditar oficialmente a personas como víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990 por agentes del Estado.

Este acto, profundamente simbólico, se inscribe dentro de los esfuerzos por avanzar hacia la verdad, la justicia y la memoria. Sin embargo, aún persisten preguntas fundamentales: ¿qué pasa con aquellas víctimas que no quedaron registradas por ninguna comisión? ¿Qué pasa con los que fueron detenidos, torturados y exonerados sin que existiera una sola línea escrita sobre su historia?

Soy uno de ellos.

Fui detenido, torturado y exonerado político. Pero como tantos otros, no existía registro oficial. Mis imposiciones previsionales desaparecieron misteriosamente. Solo lograron recuperar un año de cotizaciones, en una caja de empleados particulares. Para poder ser reconocido como exonerado político, tuve que enfrentar a la justicia. Tuve que probar lo que el Estado no quiso registrar, lo que muchos fingieron no ver.

Nelson Caucoto, abogado especialista en Derechos Humanos

Conté con la valiente representación del abogado Nelson Caucoto, destacado defensor de derechos humanos, cuya labor fue crucial para que mi historia fuera escuchada por los tribunales. Mis testigos fueron mis amigos y compañeros de trabajo Sergio Campos Ulloa y Rafael Montes, ambos periodistas de Radio Corporación de Santiago, donde trabajé hasta que la represión me arrebató no solo mi empleo, sino también años de vida y tranquilidad.

Sergio Campos y Rodolfo Varela

A causa de los golpes recibidos en la cabeza durante las sesiones de tortura, he debido someterme a dos cirugías por aneurisma cerebral. Sufro además de problemas auditivos permanentes en mi oído izquierdo y otras secuelas físicas y emocionales que me acompañan hasta hoy.

En 1976, logré salir de Chile y autoexiliarme en Brasil, donde todavía vivo. Hoy, con 75 años, sobrevivo gracias a la ayuda de mis hijos y a una pensión del Estado chileno que no alcanza los 250.000 pesos chilenos, una suma indigna que no permite vivir con dignidad. Como si eso fuera poco, me descuentan mensualmente un 7% de Fonasa, aunque vivo en el extranjero y no tengo acceso a ese sistema de salud. Ese descuento absurdo es una muestra más del abandono y la desconexión de las autoridades con la realidad de sus víctimas.

Me da vergüenza contarlo, pero más me avergüenza que Chile, en pleno 2025, mantenga este nivel de abandono con quienes pagamos el precio más alto por defender la democracia.

Celebramos la entrega de estas carpetas. Es un paso importante para muchas familias. Pero no es suficiente. Porque la reparación no puede depender de si hubo o no una carpeta. No puede depender de si existió o no una firma o un timbre. La dignidad no necesita documentos. La deuda con nosotros existe, y sigue creciendo.

Chile no puede seguir postergando a quienes lo defendieron en su hora más oscura. Es hora de que el Estado deje de mirar hacia el pasado con discursos y empiece a actuar con justicia en el presente.