Protestas de los pueblos indígenas en Chile
Grandilocuentes planes de intervención, represión o fútiles mesas de diálogo son algunas de las políticas que se han empleado. ¿El resultado? Un balance abyecto de muertes, violaciones de derechos humanos, presos, ataques incendiarios y militarización de las comunidades.
Las primeras semanas del gobierno bórico fueron difíciles. A la visita de la ministra del Interior Izkia Siches a la comunidad de Temucuicui, de la que tuvo que salir a toda prisa tras dispararse en las inmediaciones, siguió la renuncia de un asesor del Gobierno mapuche y la posterior implementación del estado de emergencia.
A pesar de ello, el gobierno lanzó el Plan Buen Vivir, con el que pretende establecer una relación diferenciada con los pueblos originarios, incentivando la restitución de tierras o la reactivación del proyecto del Ministerio de Asuntos Indígenas e inversiones, además de planes de seguridad para enfrentar la violencia, entre otras medidas.
Además, el gobierno ha mantenido su voluntad de establecer un diálogo transversal para la solución de un conflicto que califica de político y que, por tanto, requiere una solución política.
Mucho de lo anterior no difiere mucho de lo que ya han implementado otros gobiernos. Ya sea por el contexto político o por presiones de la derecha, el camino político prometido desde la campaña sigue siendo una deuda, y en los próximos días se discutirá otra prórroga del estado de excepción.
Un conflicto que ha marcado a todos los gobiernos desde el retorno a la democracia.
Se sabía que ese sería un tema complejo de enfrentar durante el mandato del presidente Gabriel Boric. Hubo un sinfín de problemas que heredó del gobierno de Sebastián Piñera: las violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos desde el levantamiento de octubre de 2019; los efectos de la pandemia en la economía, y encaminar al país en el marco de la redacción de una ya controvertida nueva Constitución. A esto se sumó el conflicto chileno-mapuche.
Todos los gobiernos posdictatoriales han vivido este enfrentamiento y ninguno ha logrado avances significativos. Sin ir más lejos, el Gobierno de Boric, al igual que su antecesor, mantuvo el estado de excepción en el sur del país, epicentro del conflicto.
Un conflicto que hunde sus vergonzosas raíces en la historia de Chile desde la invasión militar de territorios mapuche a fines del siglo XIX, conocida eufemísticamente como la “Pacificación de la Araucanía”. A esto siguió el proceso posterior de arraigo y reducción de las comunidades y la colonización de los territorios ocupados incentivada por el Estado.
Los mapuche fueron subyugados con vehemencia e integrados por la fuerza en el nuevo estado-nación chileno. Su cultura, lengua, cosmovisión e historia carecían de valor, siendo expresión tangible de una supuesta barbarie que, por cierto, se oponía a la civilización ilustrada promovida por el liberalismo del siglo XIX que la élite chilena impuso al país.
Sobre estas bases se construyó una relación de dominación con el pueblo mapuche, quien en la década de los 90 vio surgir un movimiento que se convirtió en un actor político constante y presente.
Durante la transición a la democracia y con la resistencia a la conmemoración del V centenario de la conquista española, este movimiento emergió como actor con incidencia y enfrentamiento con el Estado y las empresas forestales a partir de 1997, tras la quema de tres camiones forestales en las comunidades. de Piciloncoyan y Pililmico, en el sector de Lumaco, en la Región de la Araucanía, en el sur de Chile.
Este fue un punto de inflexión para el movimiento y su relación con el Estado, pero también en cuanto al posicionamiento de sus demandas en la agenda, pasando de la reivindicación de la tierra en la década de 1970 a la reivindicación de sus derechos colectivos sobre el territorio y la autonomía como expresión de la derecho a la libre determinación de los pueblos. Esta transición también se desarrolló de manera autónoma, desconectada de la influencia de los partidos políticos chilenos.
El inicio del siglo XX fue testigo de un movimiento heterogéneo con manifestaciones y repertorios de acción colectiva de todo tipo, desde la violencia y el sabotaje hasta la participación electoral. Esta multiplicidad de organizaciones comparte como objetivo la lucha por el territorio y la autonomía del pueblo mapuche, así como la convicción de un camino propio, libre del paternalismo de los partidos políticos.
Según el historiador mapuche Fernando Pairican, hubo dos hilos o almas. Por un lado, estaban las organizaciones gradualistas, entre las que menciona Ad Mapu, la Identidad Territorial Lafkenche, la derechista ENAMA, además de la participación en la Convención Constituyente. Y, por otro lado, los que califican como disruptores, como la Coordinadora de Comunidades en el Conflicto Arauco-Malleco (CAM), nacida a fines de la década de 1990, Weichan Auka Mapu y Resistência Lafkenche, entre otras.
Desde 2021, estos últimos han implementado procesos de recuperación territorial, sabotaje de máquinas forestales y camiones, así como ataques a particulares, iniciando así una escalada de violencia que no se detuvo durante el gobierno de Boric. Por el contrario, a pesar de los llamados al diálogo transversal y sustantivo que ha hecho el nuevo gobierno, las acciones y la violencia han continuado.
Además, tras la victoria de Gabriel Boric, la CAM emitió un comunicado calificando al gobierno como una “nueva izquierda hippie, progresista y de buen pueblo” y expresando su derecho a “seguir resistiendo y reivindicando la violencia política como instrumento legítimo de nuestra lucha, sea quien sea”. está gobernando y que mantiene el patrón de acumulación capitalista y su andamiaje colonial”.
Se estima, extraoficialmente, que durante 2022 hubo poco más de 150 acciones violentas en lo que se conoce como macrozona sur. Esto llevó al gobierno a insistir en la renovación sistemática del estado de emergencia, contradiciendo así la desmilitarización de las comunidades que habían propuesto durante la campaña.
En este contexto, es complejo juzgar definitivamente al nuevo gobierno después de solo tres meses y, de hecho, puede ser que el proceso constituyente no sea el más adecuado para reformas de este tipo, impulsadas por el gobierno.
Actualmente se disputan transformaciones sustantivas y de largo plazo, como señala el primer apartado del artículo 1 del proyecto de nueva constitución: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológica”. Pero además de los resultados que finalmente se logren, una parte importante de este logro se debe al trabajo de los representantes mapuche en la Convención, muchos de los cuales provienen de lo que se ha descrito como la corriente gradualista del movimiento autonomista mapuche.
