El pedido de destitución de la mandataria acogido por Cunha se apoya, básicamente, en cinco decretos destinados a liberar créditos que fueron firmados por Rousseff sin el aval del Congreso.
Una vez instalada la comisión, la presidenta Dilma Rousseff será notificada oficialmente
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, acogió este miércoles un pedido de apertura de juicio político destinado a destituir a la presidenta Dilma Rousseff.
Cunha anunció su decisión pocas horas después de que la bancada parlamentaria del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) resolviera votar a favor de que se abra un proceso de destitución en contra del jefe de Diputados.
Dicho proceso, que será votado la semana que viene en el Consejo de Ética de la Cámara Baja, se basa en los presuntos nexos de Cunha con la red de corrupción que operó en la petrolera Petrobras, y con las sospechas de que mantuvo cuentas secretas en Suiza en las que depositó dinero fruto de sobornos.
El político conservador acogió el pedido de destitución de la presidenta presentado por dos renombrados juristas, Hélio Bicudo, uno de los fundadores del PT, y Miguel Reale Júnior, ex ministro de Justicia durante el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.
"No me causa ninguna felicidad practicar este acto", dijo Cunha, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el mayor socio de la coalición de gobierno. El político agregó que su parecer no es de naturaleza política, sino técnica.
El pedido acogido por Cunha está suscrito por el principal opositor del Gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y se basa en las maniobras fiscales practicadas por Rousseff durante su primer mandato, del 1 de enero de 2011 al 1 de enero de 2015.
Dichas maniobras consisten en atrasar el traspaso a los bancos públicos del dinero destinado a pagar beneficios sociales. Los bancos pagan en tiempo y forma, lo que constituye una especie de préstamo al Estado, algo expresamente prohibido por la ley.
Las prácticas llevaron al Tribunal de Cuentas (TCU) -organismo auxiliar del Poder Legislativo- a rechazar la rendición de cuentas del Gobierno relativas a 2014. Esto influyó, entre otros factores, en que Brasil perdiera el grado de inversión por parte de la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's.
El pedido de destitución de la mandataria acogido por Cunha se apoya, básicamente, en ese parecer del TCU y en cinco decretos destinados a liberar créditos que fueron firmados por Rousseff sin el aval del Congreso.
Tras la decisión del jefe de Diputados, el pedido de apertura de proceso será analizado por una comisión especial en la Cámara Baja creada para tal fin. La comisión estará integrada por legisladores de todos los partidos, en número proporcional al de las respectivas bancadas.
Una vez instalada la comisión, la presidenta será notificada oficialmente y tendrá un plazo de diez sesiones para presentar sus descargos.
A partir de que los presenta, la comisión tendrá un plazo de cinco sesiones para votar un veredicto en contra o a favor de la apertura del proceso.
Cuarenta y ocho horas después de que ese veredicto es publicado, el mismo debe ser incluido en el orden del día del plenario de la Cámara Baja, en el que se necesitan dos tercios (342) de los votos, de un total de 513, para que se ratifique la apertura del proceso.
Una vez abierto, la presidenta debe alejarse del cargo por 180 días y el proceso pasa a ser juzgado en el Senado, donde también se necesitan dos tercios de los votos: 54 de un total de 81.
