La ex ministra Helia Molina no falta a la verdad cuando se refiere a que el aborto clandestino acentúa las diferencia de clases. No es sólo asunto de salud pública.
La ex ministra Helia Molina no falta a la verdad cuando se refiere a que el aborto clandestino acentúa las diferencia de clases, tal y como lo resaltó el titular de portada de La Segunda. Más aún, expresa algo que es sabido por todas y todos: la ilegalidad del aborto no es sólo asunto de salud pública sino también cuestión de clase.
Dolorosamente, hemos sido testigos de casos reiterados de mujeres jóvenes, menores de edad, chicas que viven en condición de pobreza, en lugares rurales y sobrevivientes de violaciones; niñas a quienes el sistema las ha puesto en una situación de vulnerabilidad y el Estado las somete de manera reiterada a situaciones que violan todos sus derechos, contraviniendo tratados internacionales donde el Estado chileno es signatario. Tal y como lo señalan diversas institucionalidades internacionales vinculadas a la protección de los derechos humanos: sabrán de la Convención del Niño (a) o de la Convención contra la Tortura.
Sólo para efectos de explicar cómo se pasa por alto lo que debiese estar a la base del debate, Helia Molina dice que “… hay momentos en que una mujer debe ser capaz de elegir lo que quiere”. Lo anterior, no es ni más ni menos que la libertad de decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida.
Sólo para efectos de explicar cómo se pasa por alto lo que debiese estar a la base del debate, Helia Molina dice que “… hay momentos en que una mujer debe ser capaz de elegir lo que quiere”. Lo anterior, no es ni más ni menos que la libertad de decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida.
Se les pregunta a los hombres cuántas veces han abortado, se les cuestiona porque en sus proyectos de vida no consideran ser padres. Muchos hombres abortan a diario, prueba de ello es el número de mujeres que se hacen cargo en solitario de la crianza y educación de hijas e hijos, siendo el ejercicio de la maternidad también una responsabilidad social.
La ex ministra también dijo que el proyecto impulsado desde el gobierno de Bachelet para despenalizar el aborto sólo por tres causales viene “suave”. Agrego, no tan solo es suave, y restituye un derecho que tuvimos las mujeres por más de cincuenta años y que en 1989 fue prohibido por la dictadura. Es “suave” porque la despenalización por tres causales alcanza al 3% de los casos, sólo la despenalización total y la legalidad del aborto que garantice atención digna y con estándares de calidad en salud, entrega una solución real a las mujeres.
“Muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas” en clínicas dentro y fuera del país; en hospitales públicos están quienes decidieron interrumpir un embarazo y no cuentan con los medios para hacerlo de manera más segura. Las niñas y mujeres que llegan a los hospitales por complicaciones, son atendidas con tratos crueles y denigrantes por funcionarias y funcionarios de la salud. Sus casos los conocemos sólo a través de la prensa, como los casos de las jóvenes delatadas y denunciadas por personal médico del Hospital Luis Tisné. En otros, las mujeres son esposadas a las camillas por la policía, criminalizadas socialmente.
No sigamos con las falacias, las mujeres siempre hemos abortado. Es la condición de ilegalidad la que nos expone a una situación de alta inseguridad en materia de salud física y emocional. Expone a las mujeres a prácticas clandestinas y al mercado negro, al cuestionamiento moral y a la persecución de aquellas que ejercen el “derecho” de la libertad de decidir.
