La vergonzosa demora de una ley clave contra los incendios forestales
Por Rodolfo Varela
Mientras Chile enfrenta una nueva temporada de megaincendios forestales, con comunidades evacuadas, miles de hectáreas destruidas y regiones enteras bajo Estado de Catástrofe, el Congreso Nacional vuelve a demostrar una conducta inaceptable: lentitud, negligencia y una peligrosa desconexión con la realidad del país.
El Proyecto de Ley de Incendios Forestales (Boletín 16335-14), presentado en 2023, permaneció más de 27 meses estancado, principalmente en el Senado, pese a haber sido despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados en marzo de 2024 y contar con urgencia legislativa. No fue una demora técnica. Fue una decisión política.
Esta historia no es nueva. Proyectos similares han sido presentados durante más de una década y terminaron archivados. El patrón se repite: cuando una ley afecta intereses económicos, inmobiliarios o forestales, el Congreso se paraliza. Cuando la urgencia es social y humana, el trámite se vuelve eterno.
Sueldos de primer mundo, respuestas de tercer nivel
Diputados y senadores reciben sueldos millonarios financiados por los contribuyentes, gozan de privilegios institucionales y, aun así, incumplen su función esencial: legislar para prevenir tragedias anunciadas.
La pregunta es directa:
¿Hasta cuándo Chile seguirá tolerando un Congreso que reacciona solo cuando el país ya está en llamas?
Basta revisar la tabla legislativa para comprobar que decenas de proyectos estratégicos permanecen congelados, tanto en la Cámara como en el Senado. No es falta de tiempo. Es falta de voluntad, exceso de cálculo político y una alarmante normalización de la irresponsabilidad.
Un avance tardío, impuesto por el fuego
No fue liderazgo.
Fue reacción tardía.
Organizaciones como Greenpeace Chile advirtieron reiteradamente que la demora legislativa agravaba la crisis. El Congreso escuchó tarde, como casi siempre.
¿Qué establece la ley?
La iniciativa introduce medidas básicas de prevención:
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Cortafuegos obligatorios para propietarios públicos y privados.
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Regulación estricta de la interfaz urbano-rural, donde el riesgo es mayor.
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Facultades ampliadas para CONAF, incluyendo la prohibición de uso de fuego en zonas críticas.
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Responsabilidad directa del propietario, con posibilidad de cobro estatal si no cumple.
Medidas evidentes, elementales, urgentes.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué el Senado bloqueó esto durante más de dos años?
El punto más incómodo: el negocio del fuego
El mayor conflicto fue el cambio de uso de suelo tras los incendios.
La propuesta original buscaba impedir que terrenos quemados fueran utilizados para proyectos inmobiliarios. Esa norma fue debilitada tras presiones políticas conocidas —aunque nunca transparentadas— en las comisiones del Senado, particularmente en aquellas con peso económico y presupuestario.
El resultado fue una solución tibia: mapas de riesgo, zonas de amortiguación y planificación municipal. Avances, sí. Pero sin una prohibición clara, la puerta a la especulación sigue entreabierta.
Interpelación directa al Senado de la República
El Senado de Chile, sus comisiones permanentes —especialmente Hacienda y Medio Ambiente— y su conducción política deben asumir responsabilidad política por esta demora injustificable.
No basta con aprobar leyes cuando la tragedia ya ocurrió.
No basta con discursos solemnes mientras el país se quema.
Chile necesita saber:
Quién decidió frenar este proyecto.
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Quiénes pidieron más tiempo mientras ardían los bosques.
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A qué intereses se protegió con el silencio legislativo.
Esto no es ideología. Es decencia pública.
Si el Congreso no es capaz de legislar a tiempo para proteger la vida, el territorio y el futuro del país, entonces el problema no es técnico: es ético y político.
Chile arde.
Y el Senado ya no puede seguir mirando para otro lado.