Por Rodolfo Varela
Durante décadas, Chile fue presentado como un modelo de éxito en América Latina por su enfoque neoliberal en la gestión de servicios sociales. Sin embargo, el tiempo ha evidenciado profundas falencias estructurales, especialmente en dos áreas fundamentales: el sistema de pensiones y el sistema de salud.
Ambos atraviesan una crisis que ha generado frustración ciudadana, múltiples protestas y demandas urgentes de reforma.
1. El sistema de pensiones: un modelo en entredicho
El sistema chileno de pensiones, basado en la capitalización individual, fue instaurado en 1981 durante la dictadura militar. A diferencia de los sistemas de reparto solidario, el chileno se apoya en cuentas individuales administradas por empresas privadas (las AFP). Cada trabajador cotiza el 10% de su salario, pero sin aportes obligatorios del empleador ni del Estado. Con el tiempo, este modelo ha mostrado serios problemas:
-
Bajas pensiones: Muchos jubilados reciben montos que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Esto se debe a los bajos salarios, lagunas previsionales, y a que el 10% de cotización no basta para una vejez digna.
-
Falta de solidaridad: Al ser un sistema puramente individual, no considera la realidad de trabajadores informales, desempleados o personas que, por distintas razones, no logran cotizar de manera continua.
-
Envejecimiento de la población: La caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida han generado un desbalance demográfico. Cada vez hay menos trabajadores activos por cada jubilado.
-
Baja tasa de reemplazo: Las pensiones representan una fracción muy baja del salario promedio que las personas tenían antes de jubilarse, lo que genera descontento generalizado.
-
Desconfianza ciudadana: Casos de mala gestión, ganancias millonarias para las AFP en contraste con las pensiones mínimas para los cotizantes, y falta de transparencia han erosionado la legitimidad del sistema.
Aunque se han aprobado reformas parciales —como la Pensión Garantizada Universal (PGU)—, no han sido suficientes para revertir el problema de fondo. La discusión actual gira en torno a si Chile debe transitar hacia un modelo mixto o solidario, con mayor participación del Estado y el empleador, tal como ocurre en la mayoría de los países desarrollados.
2. El sistema de salud: desigualdad y sobrecarga
La atención médica en Chile también está marcada por una fuerte dualidad entre el sector privado y el sector público. Mientras el primero ofrece servicios de alta calidad, está reservado para quienes pueden pagar seguros privados (Isapres). El sector público, representado por Fonasa, atiende a la mayoría de la población, especialmente a los sectores más vulnerables, pero con serias limitaciones.
-
Desigualdad estructural: El sistema dual profundiza las brechas de acceso. Mientras una minoría accede rápidamente a especialistas, diagnósticos y cirugías en clínicas privadas, la mayoría enfrenta listas de espera de meses, incluso años.
-
Financiamiento insuficiente: El gasto público en salud es bajo en comparación con países OCDE. Esto se traduce en falta de insumos, infraestructura precaria, y una sobrecarga crónica del sistema público.
-
Costos de bolsillo elevados: Incluso en el sistema público, muchos pacientes deben asumir altos costos por medicamentos, exámenes o tratamientos, lo que afecta particularmente a los sectores medios.
-
Falta de personal y recursos humanos mal distribuidos: En regiones apartadas, la escasez de médicos y especialistas es crítica. Muchos profesionales prefieren trabajar en el sector privado o en zonas urbanas.
-
Gestión burocrática e ineficiente: El diseño fragmentado del sistema y la excesiva burocracia dificultan la coordinación entre niveles de atención y retrasan la solución de problemas urgentes.
Este sistema tiene sus raíces en las reformas de los años 80, cuando se impulsó la privatización de la salud. Si bien permitió el crecimiento del sector privado, lo hizo a costa de debilitar el acceso universal. Hoy, el Estado chileno enfrenta el desafío de reconstruir un sistema de salud más integrado, equitativo y eficiente.
Mi reflexión final
La crisis de las pensiones y la precariedad de la salud pública en Chile reflejan las consecuencias de un modelo social basado en la lógica del mercado, con una baja presencia del Estado como garante de derechos fundamentales. Las demandas por dignidad, justicia social y equidad, que han sacudido al país en la última década —incluyendo el estallido social de 2019— siguen tan vivas y urgentes como entonces.
Aunque las reformas en curso representan un avance, siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema. Superar esta crisis requiere voluntad política real, diálogo social amplio y una profunda reestructuración del sistema de bienestar, para que pensiones y salud dejen de ser privilegios y se conviertan, de verdad, en derechos garantizados para todos.
No podemos normalizar que, en pleno siglo XXI, haya personas que mueren esperando la aprobación de su jubilación o un tratamiento médico oportuno. Esa es una realidad inaceptable en cualquier sociedad que aspire a la justicia y la dignidad humana.
