Llaman a asegurar la participación de trabajadores mineros y faeneros en los procesos eleccionarios

En la resolución aprobada por la Sala, se resalta la necesidad de adoptar las medidas necesarias para que estos trabajadores puedan emitir su voto como cualquier otro ciudadano, en los procesos eleccionarios que tenga el país.

Con 121 votos a favor y 1 abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 415. Por medio de ella, se solicita al Presidente de la República asegurar la participación de todos los trabajadores de la minería y faeneros que se encuentren de turno, en todos los procesos eleccionarios que se realicen en Chile.

De esta manera, se espera consagrar el concepto de “democracia justa”, que una a todo el país.

El documento resalta la importancia del cobre para Chile. Recuerda, por ejemplo, que gracias a él es posible sustentar gran parte de las necesidades del Estado y la entrega de beneficios sociales.

En dicho marco, se estima importante reconocer la función de los trabajadores de la minería, que con esfuerzo y sacrificio producen un inconmensurable aporte a nuestro país.

Se explica que existen más de 44 mil trabajadores en operaciones y faenas relacionadas con la gran y pequeña minería. Además, aproximadamente 18 mil personas laboran en empresas proveedoras que entregan los suministros requeridos en la ejecución de esta actividad.

Ante ello, se resalta que se vuelve primordial tomar las medidas necesarias para asegurar que estas personas puedan ejercer su legítimo derecho a sufragio en los procesos eleccionarios que enfrente el país.

La resolución la presentaron los/as PDG Yovana Ahumada, Roberto Arroyo, Karen Medina, Víctor Alejandro Pino y Gaspar Rivas. También la firman el independiente Francisco Pulgar y el PRI Enrique Lee.

Sala pide al Ejecutivo ratificar convenios internacionales relativos a seguridad y salud laboral

En la resolución, se llama a adherir al Convenio 155 de la OIT, sobre seguridad y salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo; y al Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre salud y seguridad de los trabajadores.

Por 99 votos a favor, 3 en contra y 17 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la resolución 273. Por su intermedio, se solicita al Presidente de la República que ratifique el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este aborda el tema de la seguridad y la salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo.

Se resalta en el documento que dicho acuerdo requiere de una política nacional que tenga por objeto prevenir los accidentes. Igualmente, los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo. La idea es ir reduciendo al mínimo las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

Junto a lo anterior, se llama a ratificar el Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre salud y seguridad de los trabajadores.

Según explica el texto, dicho acuerdo requiere el establecimiento de requisitos y procedimientos para el registro y notificación de los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y, cuando sea procedente, los sucesos peligrosos, los accidentes de trayecto y los casos de enfermedades cuyo origen profesional es sospechoso.

Los gestores de la propuesta remarcan que ambos convenios contemplan garantías en favor de las y los trabajadores. Esto, dado que se establecen deberes del Estado para adecuar la legislación nacional a los estándares allí establecidos.

La resolución la presentaron Jaime Mulet (FRVS), María Candelaria Acevedo (PC), Boris Barrera (PC), Félix Bugueño (FRVS), Karol Cariola (PC), Luis Alberto Cuello (PC), Carmen Hertz (PC), Camila Musante (IND), Lorena Pizarro (PC) y Carolina Tello (PC).

Promueven que se haga un reconocimiento a las iglesias defensoras de los DD.HH. en la dictadura

La resolución, respaldada por la Cámara, pide que el Primer Mandatario reconozca la labor de diversos credos que participaron en el Comité de Cooperación por la Paz, el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados y la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas.

La Sala de la Cámara aprobó, por 79 a favor, 11 en contra y 31 abstenciones, la resolución 182. En ella se pide al Presidente Gabriel Boric, el reconocimiento oficial -mediante un acto ecuménico- de diversas iglesias como defensoras de los derechos humanos de personas perseguidas y sus familias, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Entre las iglesias mencionadas están la Católica; evangélicas Metodista, Bautista, Luterana y Metodista Pentecostal; Ortodoxa; y la judía. También las del Consejo Mundial de Iglesias.

El acto busca valorar la imprescindible labor que cumplieron dichas entidades durante el régimen de Augusto Pinochet. Especialmente, quienes trabajaron activamente en el Comité de Cooperación por la Paz en Chile, presidida por monseñor Fernando Ariztía; el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados, dirigida por el obispo luterano Helmut Frenz; la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, dirigida por los nombrados anteriormente junto Samuel Nalegash y Claudio González.

El texto recuerda que, en dicho período histórico y hasta la recuperación de la democracia, Chile vivió en crisis por violaciones a los DD.HH. Entre los actos a lamentar se constaron torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y exilios.

En tal contexto, acota el documento, muchas instituciones religiosas respondieron prestando ayuda a miles de chilenos.

Los autores son Tomás Hirsch (IND), María Candelaria Acevedo (PC), Karol Cariola (PC), Ana María Gazmuri (IND), Carmen Hertz (PC), Claudia Mix (Comunes), Helia Molina (PPD), Lorena Pizarro (PC) y Gael Yeomans (PCS).

Cumbre del Mercosur comienza en medio de temores de 'perturbación' y 'extinción'

Brasil, Argentina y Paraguay reiteraron este lunes (5) sus críticas a Uruguay por su deseo de negociar acuerdos con países fuera del Mercosur, advirtiendo que eso podría "llevar a una ruptura", mientras que Montevideo considera que, sin apertura comercial, el bloque se encamina hacia la "extinción".

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, el 8 de septiembre de 2022 en Berlín John Macdougal


"Necesitamos un bloque capaz de estrechar lazos con otros países y bloques. No podemos permitirnos la inmovilidad", dijo el canciller anfitrión, el uruguayo Francisco Bustillo, en su discurso de apertura de la reunión del Consejo del Mercado Común.


El ministro uruguayo aclaró que su país "no pretende ni quiere romper con el bloque", fundado en 1991, pero consideró que la situación actual lo acerca a la "extinción".


Estas declaraciones respondieron al discurso del canciller argentino, Santiago Cafiero, para quien "se está siguiendo un camino que muy probablemente puede llevar a la ruptura" del bloque, en alusión a los intentos de Uruguay de negociar tratados bilaterales con terceros países, sin la aprobación de sus socios.


Bustillo afirmó que el Mercosur cuenta ya con 11 acuerdos vigentes y sólo cuatro de ellos son extrarregionales.


“Un dato no despreciable es que desde 2010 hasta hoy, la Organización Mundial del Comercio registra 172 tratados de libre comercio. Ninguno del Mercosur”, ilustró.


“No tenemos acuerdo con ninguna de las 10 principales potencias económicas y comerciales del mundo”, agregó.


La reunión de representantes de Estados Partes y Estados Asociados es el preámbulo de la cumbre de jefes de Estado de este martes, a la que asistirán el argentino Alberto Fernández y la paraguaya Mari Abdo, además del uruguayo Luis Lacalle Pou.


Tal como sucedió en julio pasado en la reunión de Asunción, Jair Bolsonaro se perderá este encuentro.


Domo "entretenido" -


El presidente uruguayo pronosticó una cumbre "entretenida" el miércoles pasado, tras la difusión de una nota en la que Brasilia, Buenos Aires y Asunción plantean la posibilidad de "eventuales medidas" contra Montevideo por su solicitud de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. (CPTPP).


Horas después de la publicación del comunicado conjunto, el gobierno uruguayo cumplió con su pedido de adhesión al acuerdo comercial que integran Australia, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Brunei, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam.


Este es un nuevo capítulo en la disputa que el país más pequeño del bloque, con 3,5 millones de habitantes, mantiene con sus socios desde hace décadas.


De hecho, el gobierno de Lacalle Pou también está tratando de negociar un TLC con China sin la aprobación de los demás miembros del Mercosur, lo que irritó especialmente a Argentina y Paraguay.
- Hacia la "ruptura" -


Una resolución conjunta del año 2000 y el tratado fundacional de 1991 determinan que los acuerdos del Mercosur deben ser alcanzados en conjunto por los socios, interpretación de la norma que Uruguay no comparte.


"Nos preocupan ciertas actitudes unilaterales, orientadas a negociaciones bilaterales con terceros países fuera de los consensos del bloque", evaluó Cafiero. “Creemos que esto es contrario a las normas del Mercosur”, señaló.


“Los enfoques bilaterales no nos asustan”, pero “siempre fueron fruto del consenso”, reforzó.


"Nos preocupa que se esté avanzando en un camino que muy probablemente puede conducir a una ruptura" del bloque, dijo el ministro argentino.


El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos França, afirmó que Brasil está "abierto a discutir modalidades flexibles", siempre que ocurran "de manera franca y transparente en las instancias pertinentes del bloque y respetando los principios básicos" del Mercosur.


“El consenso es la regla del Mercosur y hay que respetarlo (…) El objetivo del Tratado de Asunción es claro, no hay lugar a interpretaciones”, dijo, a su turno, el canciller paraguayo, Julio César Arriola.


Para el especialista en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesaghi, Uruguay “ha iniciado hasta ahora (…) anuncios y acciones que no tienen ningún tipo de posibilidad de reclamación judicial”.


Además, destacó que la ausencia de Brasil, la "potencia" regional, por segunda vez en una cumbre, es un claro indicador de la fragilidad actual del bloque.

Solicitan implementar un indicador diferenciado por regiones de vulnerabilidad socioeconómica

El llamado que hace la Cámara al Presidente, a través de una resolución, también plantea la creación de un mecanismo de medición del encarecimiento de la canasta de productos que considere la vida en las zonas extremas.

La Sala de la Cámara aprobó la resolución 402, que solicita al Ejecutivo implementar un indicador de vulnerabilidad que incluya, diferenciadamente, la realidad regional. Asimismo, pide la creación de un mecanismo de medición del encarecimiento de la canasta de productos, en la misma línea. Estas medidas tienen como objetivo facilitar el acceso a los beneficios sociales que otorga el Estado.

El texto evidencia la compleja situación de las regiones extremas, particularmente de la región de Aysén. Ello, ante diversas materias que para otras zonas parecieran de rutina o fácil realización.

Uno de los fenómenos que ha golpeado a la gran mayoría de la ciudadanía se refleja en el alza del costo de la leña.

Conocida es, además, la situación de distancias que les afecta en estas zonas del sur de Chile. Así, se constata que Coyhaique y otras comunas cercanas se ubican dentro de aquellas con el valor más alto de la bencina a nivel nacional. Dicha situación repercute en el valor del transporte.


Todos estos aspectos marcan una clara diferencia entre Aysén, las zonas o regiones extremas y aquellas que no lo son. Sin embargo, el sistema de medición de la vulnerabilidad socioeconómica es uniforme a nivel país. Recordar que este se concreta mediante el Registro Social de Hogares que, al asignar un porcentaje de vulnerabilidad, es determinante para el acceso a los beneficios que otorga el Estado.

Los autores son los diputados y diputadas RN Marcia Raphael, Juan Carlos Beltrán, José Miguel Castro, Mauro González, Andrés Celis y Carla Morales. También la firman el UDI Fernando Bórquez y los independientes Paula Labra, Christian Matheson y María Luisa Cordero.