'Fui arrancado de los brazos de mi madre'
La semana pasada, el presidente que deja el cargo el 11 de marzo lanzó un proyecto que pretende agilizar la búsqueda de bebés secuestrados en el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). En definitiva, la iniciativa realizará aportaciones de dinero y la compra de kits de ADN para que las organizaciones dedicadas a esta búsqueda puedan realizar su labor.
La semana pasada, el presidente que deja el cargo el 11 de marzo lanzó un proyecto que pretende agilizar la búsqueda de bebés secuestrados en el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). En definitiva, la iniciativa realizará aportaciones de dinero y la compra de kits de ADN para que las organizaciones dedicadas a esta búsqueda puedan realizar su labor.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que, de esta forma, el Gobierno de Chile “colaborará con las personas cuyos hijos fueron adoptados irregularmente o fueron registrados falsamente, habiéndoseles quitado a las madres y los padres, en actos que atentan contra la dignidad humana”. A pesar de las intenciones, el programa fue criticado en la sociedad e incluso entre las asociaciones posiblemente beneficiadas.
“Son delitos cometidos por el Estado, por eso le pedimos al Estado que establezca una Comisión Nacional de Verdad, Justicia y Reparación” que pueda centralizar los allanamientos, dijo en declaraciones a Hijos y Madres del Silencio. La organización que inició su trabajo de manera organizada en 2014 se dedica a identificar a menores secuestrados de sus padres en la década de 1970, similar a lo que hacen las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina.
En el país vecino, Hijos y Madres del Silencio también busca al menos a 579 bebés que fueron arrebatados a sus padres principalmente en la década de 1970, al inicio de la dictadura de Pinochet. Aunque la práctica atroz tenía el mismo fin, sus motivaciones eran, en alguna escala, diferentes.
"Era realmente un negocio, un negocio muy lucrativo y basado en un crimen de lesa humanidad", cuenta a la prensa Marisol Rodríguez, de Hijos y Madres del Silencio. La asociación ya ha promovido 230 encuentros y también cuenta con 237 niños que buscan a sus padres biológicos y 357 familias que buscan a sus hijos. Entre los países donde más chilenos fueron entregados ilegalmente se encuentran Suecia, Estados Unidos, Argentina y Uruguay.
Para Carroza, aunque se investigan 579 adopciones ilegales de parejas extranjeras en la década de 1970, esa cifra podría ser mucho mayor, entre 700 y hasta 20.000.
Afirma que el programa chileno no cubre aspectos como equipos de apoyo psicológico, abogados y técnicos que pueden ayudar desde la obtención de nuevos documentos hasta la relación con las familias biológicas y, principalmente, adoptivas -ya que muchas de ellas están sujetas a procesos legales, dependiendo de lo que sabían sobre el proceso.
El parlamentario también se hizo eco de que el programa delegó en las ONG una responsabilidad que le correspondería al Estado chileno.
Otras críticas al plan tienen que ver con la compra de kits de ADN -que no cumplirían con el estándar necesario para este tipo de búsquedas- y la ausencia en el texto de un compromiso del gobierno para crear una base de datos genética, en la línea de lo que se utiliza en Argentina por las Abuelas de Plaza de Mayo. El recurso, referente internacional en casos de personas desaparecidas, mantendría la información bajo el resguardo de la identidad de quienes se comprometen a dejar allí su material para la búsqueda de familiares.
“Descubrirte de adulto siendo una persona apartada tan joven de tu familia es algo traumático. Un proyecto de gobierno debe ser más integral en cuanto a lo que puede hacer por estos ciudadanos, que son chilenos”, dice Barrera.
