Chile intenta agilizar búsqueda de bebés secuestrados y vendidos durante dictadura

La semana pasada, el presidente que deja el cargo el 11 de marzo lanzó un proyecto que pretende agilizar la búsqueda de bebés secuestrados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)

'Fui arrancado de los brazos de mi madre'

En la fase final del gobierno de Sebastián Piñera, y en medio del anuncio del gabinete de ministros del futuro presidente Gabriel Boric, en los últimos días Chile ha dado un paso más en la revisión de los crímenes cometidos por militares durante la dictadura -y hacia históricos reparación a quien sufrió con ellos.

La semana pasada, el presidente que deja el cargo el 11 de marzo lanzó un proyecto que pretende agilizar la búsqueda de bebés secuestrados en el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). En definitiva, la iniciativa realizará aportaciones de dinero y la compra de kits de ADN para que las organizaciones dedicadas a esta búsqueda puedan realizar su labor.

La semana pasada, el presidente que deja el cargo el 11 de marzo lanzó un proyecto que pretende agilizar la búsqueda de bebés secuestrados en el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). En definitiva, la iniciativa realizará aportaciones de dinero y la compra de kits de ADN para que las organizaciones dedicadas a esta búsqueda puedan realizar su labor.


El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que, de esta forma, el Gobierno de Chile “colaborará con las personas cuyos hijos fueron adoptados irregularmente o fueron registrados falsamente, habiéndoseles quitado a las madres y los padres, en actos que atentan contra la dignidad humana”. A pesar de las intenciones, el programa fue criticado en la sociedad e incluso entre las asociaciones posiblemente beneficiadas.

Primero, por la demora: el asunto estuvo entre las promesas de campaña de Piñera en 2017, pero recién ahora ha entrado en vigor. En segundo lugar -y principalmente- porque, según estos grupos, el Estado se exime de cualquier responsabilidad por los delitos por la forma en que está diseñada la iniciativa.


“Son delitos cometidos por el Estado, por eso le pedimos al Estado que establezca una Comisión Nacional de Verdad, Justicia y Reparación” que pueda centralizar los allanamientos, dijo en declaraciones a Hijos y Madres del Silencio. La organización que inició su trabajo de manera organizada en 2014 se dedica a identificar a menores secuestrados de sus padres en la década de 1970, similar a lo que hacen las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina.

Cuando se habla de secuestros de bebés durante las dictaduras del Cono Sur, este grupo bonaerense es el ejemplo más conocido. Desde 1978, las abuelas han encontrado a 138 personas y les han devuelto sus identidades originales: se cree que la represión argentina ha arrebatado a más de 500 niños de sus madres, entregándolos para que los críen personas cercanas a los militares o ellos mismos.


En el país vecino, Hijos y Madres del Silencio también busca al menos a 579 bebés que fueron arrebatados a sus padres principalmente en la década de 1970, al inicio de la dictadura de Pinochet. Aunque la práctica atroz tenía el mismo fin, sus motivaciones eran, en alguna escala, diferentes.

En Argentina, la sustracción de menores estuvo generalmente relacionada con la actividad política familiar. Los bebés robados eran generalmente hijos de militantes de izquierda, Montoneros (guerrilla urbana peronista) y otros opositores al régimen militar (1976-1983). Asesinados en centros de detención o arrojados al Río de la Plata en los llamados "vuelos de la muerte", estas personas desconocían la suerte de sus hijos.

En Chile, una investigación que lleva adelante el juez Mario Carroza desde 2018 ha demostrado que la motivación de estos crímenes fue diferente. Con el pretexto de actuar en un plan de régimen para erradicar la pobreza del país, religiosos, trabajadores sociales, jueces, médicos y enfermeros actuaron, pagados por el Estado, como intermediarios entre familias humildes –muchas de ellas indígenas mapuches– y extranjeros interesados ​​en tener hijos. 

Las adopciones se hacían vía pago al Estado chileno.

Según los informes recogidos en las investigaciones, era común que a los padres biológicos se les dijera que el bebé había muerto al poco tiempo de nacer, mientras que las actas de adopción contenían una declaración falsa de que el niño había sido entregado voluntariamente. A los padres adoptivos se les decía que eran niños de familias muy humildes, que decían que no estaban en condiciones de criarlos, o prostitutas que no querían responsabilidad, porque no sabían quién era el padre y no contaban con su ayuda.

"Era realmente un negocio, un negocio muy lucrativo y basado en un crimen de lesa humanidad", cuenta a la prensa Marisol Rodríguez, de Hijos y Madres del Silencio. La asociación ya ha promovido 230 encuentros y también cuenta con 237 niños que buscan a sus padres biológicos y 357 familias que buscan a sus hijos. Entre los países donde más chilenos fueron entregados ilegalmente se encuentran Suecia, Estados Unidos, Argentina y Uruguay.


Para Carroza, aunque se investigan 579 adopciones ilegales de parejas extranjeras en la década de 1970, esa cifra podría ser mucho mayor, entre 700 y hasta 20.000.

La falta de apoyo legal para familiares y secuestrados fue otro de los problemas señalados en el proyecto de gobierno de Piñera por los críticos del texto. El diputado Boris Barrera, del Partido Comunista, fue uno de los que planteó este punto, a partir del apoyo que implica la asociación de abuelas argentinas.


Afirma que el programa chileno no cubre aspectos como equipos de apoyo psicológico, abogados y técnicos que pueden ayudar desde la obtención de nuevos documentos hasta la relación con las familias biológicas y, principalmente, adoptivas -ya que muchas de ellas están sujetas a procesos legales, dependiendo de lo que sabían sobre el proceso.

El parlamentario también se hizo eco de que el programa delegó en las ONG una responsabilidad que le correspondería al Estado chileno.


Otras críticas al plan tienen que ver con la compra de kits de ADN -que no cumplirían con el estándar necesario para este tipo de búsquedas- y la ausencia en el texto de un compromiso del gobierno para crear una base de datos genética, en la línea de lo que se utiliza en Argentina por las Abuelas de Plaza de Mayo. El recurso, referente internacional en casos de personas desaparecidas, mantendría la información bajo el resguardo de la identidad de quienes se comprometen a dejar allí su material para la búsqueda de familiares.

“Descubrirte de adulto siendo una persona apartada tan joven de tu familia es algo traumático. Un proyecto de gobierno debe ser más integral en cuanto a lo que puede hacer por estos ciudadanos, que son chilenos”, dice Barrera.