Por Rodolfo Varela
Mientras la justicia chilena absuelve a los acusados del caso SQM —uno de los mayores escándalos de corrupción política de las últimas décadas—, la Comisión de Derechos Humanos recibe un informe sobre tortura, malos tratos y abusos en centros estatales. Dos noticias que, juntas, revelan un país donde la impunidad sigue siendo ley y la justicia, una burla para el pueblo.
Porque en Chile, como en gran parte de América Latina, los papeles están invertidos: quienes violan la ley caminan libres, y quienes la sufren viven presos del olvido. Los tribunales defienden a los poderosos, a los corruptos y a los torturadores, mientras las víctimas de dictaduras —militares o civiles— siguen esperando justicia. ¿Hasta cuándo soportaremos estas injusticias disfrazadas de democracia?
El informe del Comité de Prevención contra la Tortura, presentado el 22 de octubre de 2025 ante la Comisión de DDHH, revela lo que muchos ya sabemos pero pocos se atreven a denunciar: tortura psicológica, aislamiento extremo, sanciones sin control judicial, abusos en residencias de menores, maltratos en centros psiquiátricos, y condiciones infrahumanas en cárceles y centros para migrantes. En septiembre de 2024, 329 personas seguían encerradas 22 horas al día. Y en las escuelas penitenciarias persiste una “cultura del castigo” que se reproduce en todos los niveles del sistema.
Mientras tanto, en el norte del país, los migrantes son retenidos en instalaciones que “no son cárceles”, pero funcionan como tales. Niños y niñas que cruzan fronteras sin adultos responsables quedan expuestos a abusos, explotación y trata de personas. El Estado lo sabe, lo documenta, y aún así lo permite.
¿Dónde están los organismos de derechos humanos cuando se trata de defender a las víctimas reales?
Porque parece que en América Latina estos comités, comisiones y ONGs se han vuelto expertos en burocracia y silencio. Publican informes, repiten frases técnicas, pero no mueven un dedo por los pueblos que siguen siendo víctimas de abusos judiciales, prisiones arbitrarias y torturas encubiertas.
Tenemos dictaduras judiciales disfrazadas de democracias constitucionales. Cortes supremas que violan la propia Constitución. Y una prensa que calla o manipula, porque también es parte del sistema de impunidad.
Chile no es una excepción. Es el espejo de un continente entero atrapado entre el cinismo del poder y la resignación de sus pueblos. Y mientras las élites celebran sus absoluciones, los pobres, los presos, los exiliados, los migrantes y las víctimas de ayer y de hoy siguen siendo torturados —no solo en cuerpo, sino también en alma y en memoria.
Ha llegado la hora de decirlo con todas sus letras:
sin justicia, no hay democracia; sin memoria, no hay futuro.
