Por Rodolfo Varela
La Corte Suprema de Chile acaba de confirmar una condena vergonzosa: tres años de presidio, con beneficio de remisión condicional, contra el exteniente de Carabineros Óscar Arnaldo Urrejola San Martín, responsable directo de la detención ilegal y posterior muerte del primer alcalde de Pueblo Hundido (hoy Diego de Almagro), Florencio Ascencio Vargas Díaz, ocurrida en octubre de 1973.
Tres años. Una burla judicial. Una bofetada en la cara de la familia de don Florencio, de sus hijos, nietos y de toda una comunidad que lo conoció como un hombre honesto, trabajador y profundamente comprometido con su pueblo. Yo lo conocí personalmente. Trabajamos juntos en Radio Diego de Almeyda, donde fui director entre 1971 y 1972, y puedo dar testimonio de su integridad y de su compromiso con la comunidad.
Don Florencio no fue un alcalde más. Como primer edil de Pueblo Hundido, fue el gestor de los trámites —junto a la Junta por el Progreso— que permitieron que su localidad se convirtiera en comuna. Fue también quien habló personalmente con el presidente Salvador Allende, no solo para obtener respaldo al desarrollo de la región, sino también para que yo mismo fuera designado como director de la emisora local, con la misión de realizar una labor social, cultural y comunicacional ante el pueblo minero del norte de Chile.
Ese compromiso con su gente, ese espíritu de servicio público, fue lo que lo convirtió en blanco de la dictadura. Depuesto de su cargo, detenido ilegalmente y hallado muerto en una celda policial, don Florencio fue víctima del terrorismo de Estado que arrasó con líderes sociales y políticos en todo Chile.
El fallo de la Suprema reduce su asesinato a un simple “secuestro” y absuelve de responsabilidad a quienes crearon el escenario de su muerte. La justicia chilena, una vez más, demuestra que los crímenes de la dictadura siguen siendo relativizados, disfrazados y minimizados bajo tecnicismos legales que insultan la memoria de las víctimas.
Chile vuelve a barrer su historia bajo la alfombra. Más de medio siglo después del golpe, seguimos viendo cómo se cierran causas con penas simbólicas, mientras miles de familias continúan cargando con el dolor y la impunidad. ¿Cómo puede hablarse de reconciliación, cuando el Estado mismo niega justicia?
El caso de Florencio Ascencio no es aislado: es un espejo de la deuda pendiente del país con todos los ejecutados políticos y desaparecidos. Y frente a esa deuda, no basta con homenajes ni con discursos vacíos: se necesita verdad plena, justicia real y reparación efectiva.
Porque no fueron tres años de presidio lo que sufrió Florencio. Fueron el encierro, la tortura y la muerte a manos del Estado. Y frente a eso, la justicia chilena le responde con una condena simbólica. Una vergüenza histórica que el pueblo de Chile no debería aceptar en silencio.
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