( Um Poco de Memoria) “El Cóndor sigue volando”, dice responsable de revelar archivos de dictadura

La Operación Cóndor se preparó inicialmente en Brasil, se formalizó en Chile y “sigue volando”. Esta es la evaluación de Martín Almada, responsable de descubrir los “Archivos del Terror” de la dictadura de Alfredo Stroessner, quien gobernó Paraguay entre 1954 y 1989. Para el especialista, es necesario detener el golpe de Estado en Brasil y Venezuela por el “ cóndor deja de volar”.

Martín Almada

En una entrevista con la prensa el 27 de mayo –cuando la justicia argentina volvió a condenar a prisión al último dictador del país, Reynaldo Bignone, y a otros 15 oficiales acusados ​​de participar en la Operación Cóndor–, Almada habla de la “hazaña histórica” que es condenar a estos agentes de las dictaduras.


“¿Qué nos preocupa? la impunidad ¿Qué significa impunidad? No castigar y, al no castigar, se produce más corrupción y más represión. Ambos, más corrupción y más represión”, comentó sobre la decisión -“una hazaña histórica”- la activista, quien no dejó de criticar la postura del poder judicial en países donde hubo dictaduras militares. Para Almada, la sentencia podría representar “una explosión de memoria que afectará a toda América Latina. Y ojalá Brasil”.

“Necesitamos justicia para actuar. Hay que despertar del olvido, organizar y movilizar a los despiertos”, dice. La sentencia condenó a los oficiales por los delitos imprescriptibles de lesa humanidad, asociación ilícita en secuestro, tortura y desaparición forzada de opositores, y fue difundida en las embajadas argentinas de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay.


Almada, quien es profesor de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), dice que la Operación Cóndor estuvo compuesta por dos movimientos distintos: “uno lento, pacífico”, que se desarrolló en Brasil, Paraguay y Bolivia, donde la izquierda estaba ya derrotado; otra, “urgente, rápida, salvaje y criminal”, en Argentina, Uruguay y Chile, donde hubo, además de organización y movilización popular, un presidente socialista, Salvador Allende, derrocado por un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973.

Todo empieza en brasil


Según el investigador, en Brasil hubo una fase pre-Cóndor, creada con la preparación del golpe de Estado de 1964 contra João Goulart. La operación propiamente dicha se formalizó en Chile, el 25 de noviembre de 1975, y hoy ha tomado el rostro de un fenómeno globalizado.


“Condor sigue volando”, dice. Y recuerda las situaciones políticas actuales de Brasil y Venezuela. “Dilma fue víctima de tortura en su juventud y ahora sigue siendo víctima de Cóndor. Y hay que ayudar a Dilma, porque ella no cometió un delito [de responsabilidad]. ella es inocente Defiende a Dilma y a Maduro, pero para eso hay que decirle en voz alta al Cóndor: deja de volar”.

Para Almada, la política estadounidense ahora quiere “recuperar el tiempo perdido” frente a los gobiernos de izquierda que dominaron América Latina en la última década. “La presencia de este juicio y de esta Justicia argentina demuestran que América Latina recuperará su libertad”, cree.


“Terrorista intelectual”


Almada fue secuestrado por policías paraguayos en noviembre de 1974 cuando se desempeñaba como director del Instituto Juan Bautista Alberdi en San Lorenzo. Allí, junto a su esposa Celestina Pérez, desarrolló experiencias cooperativas de autogestión social y pedagógica, inspiradas en la “Pedagogía del Oprimido” de Paulo Freire.


La acusación de la dictadura de Stroessner era que Almada era un “terrorista intelectual” y había provocado la “subversión mental” de los jóvenes estudiantes. Luego de defender el doctorado “Paraguay: Educación y Dependencia” en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, Martín Almada fue nuevamente detenido a su regreso a Paraguay en 1974.


Torturado por un equipo internacional de civiles y militares, con presencia de argentinos y chilenos, bajo el mando paraguayo del Jefe de Investigaciones Pastor Coronel, Almada fue cuestionado sobre su tesis y sus conexiones internacionales con “subversivos”.


“Mi tesis doctoral también me costó la muerte de mi esposa Celestina Pérez, la confiscación de nuestras propiedades, torturas, mil días en las cárceles de Stroessner y otros diez años de exilio. Los dos fuimos víctimas del Cóndor”, dice. Aterrorizada diariamente por las llamadas telefónicas realizadas durante las sesiones de tortura de su esposo, Celestina Pérez sufrió un infarto.

El aparato policial-militar trató de convencer a Almada, aún en prisión, de que se trataba de un caso de suicidio. Desde entonces, Almada comenzó a tratar de averiguar las circunstancias y los responsables del asesinato de su compañera y por qué soldados extranjeros lo habían torturado en su propio país.

|(Un poco de memoria) Derecha chilena propone castigar a quienes elogian a Salvador Allende

El año es 2016, pero si depende de los parlamentarios de derecha de Chile, el sistema político podría volver a ser el mismo del dictador Augusto Pinochet (1973-1990). Esto se debe a que los legisladores han propuesto la creación de una ley cuyo objetivo es multar con aproximadamente US$ 316 o encarcelar a todo el personal que “elogie” el gobierno de Salvador Allende (1970-1973).

Salvador Allende

El proyecto de ley fue presentado este lunes (4) por los diputados del partido de derecha Unión Democrática Independiente (UDI), Jorge Ulloa, Gustavo Hasbún e Ignacio Urrutia. Según el documento, el objetivo es “castigar” a quien “alabe” a gobiernos que “dañan el estado de derecho”, “como Salvador Allende” y “niegue o minimice los efectos” de estos gobiernos.


Los diputados alegan que el gobierno de Allende “ha violado el estado de derecho” y “hackeado la sociedad” al aplicar medidas que consideran dañinas, entre ellas la reforma agraria que expropió los latifundios de Chile y repartió la tierra entre más de 200.000 campesinos. Para los parlamentarios, esta acción “perjudicó a las familias” que sienten los efectos “hasta el día de hoy”.

“Es posible señalar que bajo el régimen de Allende se violaron garantías constitucionales de gran valor, como el derecho a la propiedad, la libertad de asociación y otros derechos constitucionales que ocasionaron pérdidas irreparables que hasta el día de hoy perjudican a las víctimas y sus familias”, dice el documento..


En otro pasaje, los parlamentarios también afirman que la “forma de hacer política” de la “izquierda radical” ha fortalecido movimientos y asociaciones de izquierda “terroristas y extrainstitucionales”, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El MIR fue un grupo de jóvenes socialistas y comunistas creado en 1965 con el objetivo de apoyar la revolución en Chile que luego, durante la dictadura de Pinochet, jugó un papel importante en la resistencia.

Los parlamentarios también acusan al gobierno de Allende de abrir los partidos Socialista y Comunista, que se "radicalizaron", e introdujeron la "enemistad" en la política chilena, "convirtiendo la actividad pública en una trinchera en la que los chilenos se encontraban alienados".

La dictadura de Pinochet convirtió el Estadio Nacional de Chile en un verdadero campo de concentración donde miles de chilenos fueron asesinados por defender la democracia.


Esta sociedad unida y cordial idealizada por los representantes de la UDI es casualmente la misma que tres años después de la asunción de Allende apoyó el golpe militar del general Augusto Pinochet. La dictadura chilena duró casi 20 años y causó más de 40.000 víctimas, incluidos 3.225 muertos o desaparecidos.

El presidente Allende, quien tras ser elegido democráticamente en las urnas fue asesinado en el Palacio de La Moneda, impulsó una serie de cambios positivos durante sus tres años de gobierno. Además de la reforma agraria, que benefició a más de 200.000 campesinos, nacionalizó el cobre, el hierro y más de 91 industrias. Además, aumentó en un 89% el acceso de los indígenas a la universidad, en un 80% el programa de alimentación del país y construyó una unidad de salud por cada 40.000 habitantes.

Proceso constituyente y defensa de la libertad de expresión.

La mayoría de la Convención Constituyente parece adherirse a la lucha contra la discriminación y los discursos de odio, sacrificando o sofocando la libertad de expresión. No hay otra manera de entender el capítulo que propuso la comisión. El impacto sobre la libertad de expresión y de prensa termina con la imposición de la censura y el cierre de los medios de comunicación opuestos al poder de turno, como de hecho sucedió en Venezuela.

Crédito: Agencia Uno.

¿Son compatibles las normas sobre libertad de expresión, esenciales para una democracia, con aquellas que buscan combatir la discriminación y los discursos de odio que tanto importan para una convivencia civilizada?

Es claro que se trata de un choque de valores y la mayoría de la Convención Constitucional parece adherirse al combate a la discriminación y los discursos de odio sacrificando o asfixiando la libertad de expresión. No de otra forma se puede entender el capítulo que la comisión ha propuesto.

Proteger la libertad de expresión, y en especial la libertad de prensa, supone limitar al máximo la intervención de los poderes públicos, permitiendo su intromisión sólo ex post con el fin de sancionar eventuales abusos previamente determinados por la ley.

En cambio, lo que la mayoría de la Convención quiere instalar son medidas preventivas de protección ante la discriminación o el odio, que inevitablemente implican sacrificar la libertad de expresión, instalando ideas tales como la prohibición del negacionismo -que afectará no sólo la libertad de expresión sino también la investigación histórica ya que implica la consagración de una verdad oficial-, la obligación a los medios de disponer información “veraz y oportuna” calificada ésta por el gobierno de turno, la necesidad de expresarse con respeto a los derechos de la naturaleza, la presencia en los medios de la diversidad de lenguas, la “educación mediática con perspectiva feminista”, entre otras originalidades que condicionan o francamente atentan contra la independencia de los medios y de este modo limitan o derechamente sacrifican la libertad de expresión.

El pluralismo mediático no se logra obligando a cada medio a renunciar a su línea editorial sino multiplicando las posibilidades y las voces en el debate y la información pública. La concentración de los medios y la información en pocas manos -una realidad previa a internet- merece que se apliquen las normas antimonopolio generales, no la creación de normas específicas dedicadas a los medios. La defensa de los derechos humanos no se logra censurando opiniones y por lo tanto victimizando a los voceros de sus justificaciones, sino fortaleciendo los valores y las libertades de la sociedad.

Anticiparse a hechos potencialmente ilícitos limitando o prohibiendo la libertad de expresión, representa un grave retroceso para la democracia. La amenaza de sanciones provocará el efecto de la autocensura, donde estudiosos, editores y periodistas buscarán evitar las investigaciones y reportajes que pudieran ser críticos o afectar las normas y verdades oficiales bajo las cuales la sociedad chilena deberá vivir.

La afectación de la libertad de expresión y de prensa empieza de esta forma y termina con la imposición de la censura y el cierre de los medios opuestos al poder de turno, como de hecho ha ocurrido en Venezuela. Las disidencias políticas quedan amordazadas bajo el pretexto que afectan los principios que con tanta insistencia la mayoría de los constituyentes intenta imponer a la sociedad chilena.

Guerra en Ucrania: las reacciones del Partido Comunista, Boric y otros actores en Chile ante el ataque ruso

Tras la declaración del presidente electo Boric rechazando el ataque de Rusia a Ucrania, el PC emitió un comunicado en el que, pese a condenar y llamar a Rusia, aclara atacar a EEUU y la OTAN por sus “deseos expansionistas” que “abrían el peligro de guerra”.

Guillermo Teillier, presidente del PC. Imagen: Agencia Uno

Qué significa: El PC introduce un matiz en el debate político chileno sobre el ataque ruso a Ucrania, frente a lo que ha sido la posición transversal de condena categórica al accionar del gobierno de Putin que existió desde el gobierno de Sebastián Piñera hasta el futuro gobierno bórico. Lo hicieron asignando la responsabilidad a EE. UU. y la OTAN por el conflicto en las regiones separatistas ucranianas de Donetsk y Luhansk.

De todos modos, el PC no defendió a Rusia -como sí ha hecho con Venezuela, Cuba y Nicaragua ante los cuestionamientos por DD.HH.-, por lo que su posición tampoco se vislumbra como un choque directo con la condena de Boric, como sí ha sucedido en el debate por la situación en esos otros países latinoamericanos.

“El Partido Comunista de Chile condena los hechos de guerra en la solución de conflictos. En el caso del conflicto en Ucrania, cada país debe asumir su propia responsabilidad; en primer lugar Rusia”, dice primero el texto.

“Pero también los EE.UU. y la OTAN, que con sus provocaciones, afanes expansionistas, intereses económicos y geopolíticos junto a su política de armamentismo en Ucrania han propiciado el desconocimiento del tratado de Minsk, lo que indudablemente abría el peligro de la guerra”, concluyen.

Boric, por su parte, lamentó que Rusia haya “optado por la guerra” y “violado la soberanía de Ucrania” utilizando de “forma ilegítima la fuerza”.

Las reacciones de Piñera, Bachelet y otros actores: En el resto del arco político, la reacción fue en el mismo tono que Boric. Temprano en la mañana, el Presidente Piñera fijó la postura del gobierno actual, al rechazar la “agresión armada” de Rusia como una violación al derecho internacional.

En términos similares se expresó la exmandataria y alta comisionado ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, lamentando que se pongan en riesgo “incontables vidas civiles”. “En las hostilidades, los principios de distinción, proporcionalidad y precaución deben ser completamente respetados”, aseveró.

Desde la ex-Concertación, el excanciller Heraldo Muñoz pidió defender la integridad territorial de Ucrania.
La canciller Carolina Valdivia admitió los efectos económicos que podía traer al país.