Brasil: Marina Silva anuncia la creación de la Autoridad Nacional de Seguridad Climática

En el acto en el que asumió el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, la ministra enumeró la reanudación y creación de secretarías e instancias para que el país pueda honrar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

La ceremonia tuvo lugar en el Palacio del Planalto este jueves (05/01).Foto: Filipe Araújo

La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, anunció, este miércoles (04/01), la creación de la Autoridad Nacional de Seguridad Climática en el ámbito de la Pasta, a finales de este año. La declaración fue hecha durante la ceremonia de traspaso de cargo, en el Palacio del Planalto, en Brasilia (DF).


“Para marzo de este año se formalizará la creación de la Autoridad Nacional de Seguridad Climática, en el ámbito del Ministerio del Ambiente, además de la creación de un Consejo Nacional de Cambio Climático, que será comandado por el Presidente de la propia República y con la participación de todos los ministerios, sociedad, estados y municipios”, anunció el ministro.


Marina explicó que la Autoridad Nacional de Seguridad Climática tendrá como finalidad producir subsidios para la ejecución e implementación de la Política Nacional de Cambio Climático, además de regular y monitorear la implementación de acciones relacionadas con políticas y metas sectoriales de mitigación, adaptación y promover la resiliencia al cambio climático. La decisión del gobierno es que el diseño de esta autarquía se presente al Congreso Nacional para el próximo mes de abril.


En la ceremonia, hizo un llamado al país a trabajar juntos en temas ambientales durante los próximos cuatro años. “La presencia de todos ustedes es prueba de que esta tarea no es mía. Esta tarea es de un pueblo, es de una sociedad, es de una visión política que ahora está a la altura del desafío que el mundo nos exige y la condición que tiene Brasil para responder a ese desafío”, dijo, luego de destacar la emoción que sintió al estar acompañada de su familia en la ceremonia y al estar segura de la devolución del Fondo Amazonía, que fue retomado en virtud de un decreto firmado por el presidente Lula.


El ministro hizo un balance crítico de la gestión de los últimos cuatro años en el área ambiental. “La política de cambio climático se ha vaciado por completo, al punto que Brasil, que antes era un actor exponente en el ámbito global, ahora es visto como un paria ambiental”, destacó.

Para revertir esta situación, anunció una serie de medidas, entre ellas la reanudación y creación de secretarías e instancias para que el país pueda honrar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y tratar otros temas ambientales. “La emergencia climática se impone. Queremos resaltar la debida prioridad del que es, quizás, el mayor desafío global que vive actualmente la humanidad”, resaltó.

Marina Silva anunció la recreación de la Secretaría Nacional de Cambio Climático, que había sido extinguida y que incluye un departamento de políticas para la gestión oceánica y costera.

Marina Silva reveló el regreso al MMA de la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Básico (ANA) y el Servicio Forestal Brasileño (SFB). También vuelve a la cartera la responsabilidad de la gestión compartida de los recursos pesqueros, la promoción de la gestión ambiental en las zonas rurales, así como las políticas para fortalecer el papel de los pueblos y comunidades tradicionales en la administración de sus territorios. Otro destaque fue el retorno a la gestión de la Política Nacional de Recursos Hídricos y la inauguración del Departamento para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales.

“Entonces, vinculados al MMA están el IBAMA, el ICMBio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad), el Jardín Botánico de Río de Janeiro, la ANA (Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Básico), el Servicio Forestal y, posteriormente, la Autoridad para el Cambio Climático”, citó Marina Silva. También anunció que dentro de la carpeta ahora está la Secretaría Extraordinaria de Control de la Deforestación y Ordenamiento Territorial y Territorial.

Para evidenciar el cambio de enfoque dado al medio ambiente en este gobierno, Marina Silva mencionó la importancia del Decreto Presidencial que recompone la participación social del Consejo Deliberante del Fondo Nacional Ambiental (FNMA), con el fin de hacerla más participativa y transparente. . También recordó el Despacho Presidencial que, ante el agotamiento del Consejo Nacional del Medio Ambiente - Conama, determina la revisión de la estructura y funcionamiento de Conama, con el fin de eliminar los retrocesos que le impuso el gobierno anterior en un plazo de cuarenta y cinco años. cinco años.días.

Al final, Marina también señaló que este gobierno volverá a promover la valoración de los empleados vinculados con el medio ambiente. “Basta ya de persecución. No más acoso institucional e individual. Mereces respeto”, concluyó el ministro.

En el evento, el primer ministro de la Casa Civil, Rui Costa, marcó la pauta de la importancia que tendrá la agenda en esta gestión. “La Casa Civil de la Presidencia de la República se expresará todos los días, procurando que el medio ambiente se vea de manera transversal en todos los ministerios de la República”, destacó la ministra. También afirmó que la atención a la sustentabilidad y al ecosistema será tenida en cuenta en todos los proyectos del gobierno Lula.

Currículum de Marina Silva

Nacida en Rio Branco (AC), Marina Silva, de 64 años, posee una larga trayectoria en la política, habiendo sido concejala de Rio Branco, diputada estadual y senadora por Acre y, en las últimas elecciones, fue elegida diputada federal por São Paulo.

Ocupará por segunda vez el cargo de Ministra del Medio Ambiente, cargo que ocupó entre 2003 y 2008. Historiadora, fue una de las fundadoras de la Central Única dos Trabalhadores (CUT) en Acre, junto al cauchero Chico Mendes. 

Bono Marzo sube al doble: conozca el detalle de esta medida junto al paquete de apoyo a la economía familiar que implementará el Gobierno

 

De ser aprobado por el Congreso, el Aporte Familiar Permanente 2023 (Bono Marzo) llegará a cerca de $120.000 que irán directo al bolsillo de las personas, alcanzando a más de 1 millón 500 mil hogares

Nuevas y muy buenas noticias para las familias chilenas dio a conocer el Presidente Gabriel Boric, quien anunció un aumento al doble del Aporte Familiar Permanente 2023, más conocido como Bono Marzo, el cual, de ser aprobado por el Congreso, llegará a cerca de $120.000 que irán directo al bolsillo de las personas, alcanzando a más de 1 millón 500 mil hogares.

Este Bono será recibido por familias con Subsidio Familiar, pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades, o que reciben el pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Pero como sabemos que estos han sido tiempos difíciles y que enfrentar el alza en el costo de la vida es un desafío que las familias viven mes a mes, el Gobierno decidió también anunciar otras medidas para generar soluciones que apoyen y sean un real alivio para la economía en los hogares.

En total serán siete, entre las que destacan: el aumento al doble del Aporte Familiar Permanente (Bono Marzo) correspondiente al año 2023; la creación de un Bolsillo Familiar Electrónico y el aumento y ampliación de la Asignación Familiar (AF) y del Subsidio Único Familiar (SUF), entre otras.

Estas medidas se sumarán a diversas iniciativas y proyectos de ley que hemos impulsado en los últimos meses para llevar ayudas concretas a los hogares. Medidas tales como: la estabilización del precio de los combustibles, ingreso del proyecto de ley que incorporar a alrededor de 70 mil nuevos beneficiarios en la Pensión Garantizada Universal (PGU) y sube su monto a 250 mil pesos, la entrega del bono extraordinario de invierno de 120 mil pesos que benefició a 7,5 millones de personas, el mayor aumento del salario mínimo en los últimos 25 años, la creación del nuevo Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario (FOGAPE) para facilitar el acceso a financiamiento de las pymes y una ley de alivio tributario para las empresas de menor tamaño, entre otras.
Conozca a continuación el detalle de todas las nuevas medidas:

1. Bono Marzo

Duplicaremos de forma extraordinaria en 2023 el monto del Aporte Familiar Permanente (conocido como Bono Marzo), apoyando a las familias en una etapa del año con una alta carga económica. Esto beneficiará a más de 3 millones de personas, pertenecientes a 1,5 millones de hogares.

Las personas obtendrán el Aporte Familiar Permanente tal como hasta ahora, y recibirán un segundo pago extraordinario por el mismo monto una vez aprobado el proyecto de ley en el Congreso. Alcanzando de esta manera, un aporte total de alrededor de 120 mil pesos.

Para consultar se debe ingresar a www.aportefamiliar.cl con su RUT y fecha de nacimiento, donde se informará cuál será su fecha y local de pago asignado, una vez que se publiquen las nóminas de beneficiarios.

*Proyecto de ley sujeto a la aprobación del Congreso Nacional

2. Crearemos el “Bolsillo Familiar Electrónico”


Este consistirá en una transferencia estatal -realizada por el IPS- de 13.500 pesos mensuales por carga. Esta se entregará dentro de la Cuenta RUT como un monto separado, con dedicación exclusiva para la compra de alimentos. Estos recursos cubrirán hasta un 20% del valor de las compras con el propósito de aliviar el aumento en el costo de la vida para 1,5 millones de hogares. Si el beneficiario no tuviera dinero en su Cuenta RUT, aún así podrá usar el saldo que tenga en su “Bolsillo Familiar Electrónico”.

Esto reemplazará al “Aporte Canasta Básica de Alimentos”, que tenía vigencia sólo hasta abril de 2023. Ahora el beneficio se convertirá en un monto fijo, que se extenderá por todo el año, y que permitirá seguir ayudando a las familias.

*Proyecto de ley sujeto a la aprobación del Congreso Nacional

3. Incrementaremos de Asignación Familiar y Subsidio Único Familiar

Incrementaremos, de forma permanente, en un 20% el monto de la Asignación Familiar (AF) y del Subsidio Único Familiar (SUF), beneficiando a más de 3 millones de cargas, pertenecientes a 1,5 millones de hogares.

Esto implicará un incremento de hasta 3.500 pesos mensuales, lo que permitirá que una familia beneficiaria del SUF o del primer tramo del AF, que recibía 16.828 pesos mensuales, ahora obtendrá 20.328 pesos. Para los dos tramos restantes de la AF, los valores pasarán de 10.327 pesos mensuales a 12.475 pesos y de 3.264 pesos mensuales a 3.943 pesos, respectivamente.

Por ejemplo, un hogar con dos cargas familiares, recibirá 40.656 pesos mensuales por concepto de SUF (o primer tramo de Asignación Familiar).

Además, en línea con nuestro propósito de poner a los niños y niñas en el centro, avanzaremos en la automatización del SUF, para que llegue a más de 900 mil niños, niñas y adolescentes que pertenecen al 40% más vulnerable de la población, que actualmente no acceden al beneficio por efectos del trámite de postulación. Esto permitirá avanzar hacia un piso progresivo de protección social.

Cámara aprobó cambios para aumentar beneficiarios de la PGU

 

El proyecto, remitido al Senado para su segundo trámite, permitirá sumar, el primer año, a mas de 73 mil adultos mayores a este beneficio.

Permitir que más personas puedan acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU) es el objetivo del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados (boletín 15625).

El texto, aprobado por 131 votos a favor y 1 abstención, pasa al Senado a su segundo trámite.

Además, las/os diputados aprobaron una indicación que establece una obligación de información del Instituto de Previsión Social, a las comisiones de Trabajo del Congreso Nacional, cada seis meses, del número de personas que cumplen los requisitos establecidos en la ley.
Contenido del proyecto

La propuesta modifica la ley 21.419, que creó este beneficio como reemplazo de las prestaciones de vejez del Sistema de Pensiones Solidarias (Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario de Vejez).

Cabe recordar que la PGU pasó de la cobertura del 60% de la población de menores recursos -Pilar Solidario-, a toda la población de 65 años o más. Esta pensión garantizada incluye a los adultos mayores que no están jubilados. La única excepción es el 10% más rico de ese universo.

Pero esta calificación consignada en la ley dejó fuera a adultos mayores que sí deberían recibir el beneficio, porque no forman parte del 10% más rico de la población total del país.

Esto debido a que si se toma en cuenta al 90% de toda la población de menores recursos del país, el valor de corte es de $683.469 pesos. Pero si se usa como base solo al 90% de la población de 65 años o más, como ocurre hoy con la PGU, su valor disminuye a $497.468; ya que los adultos mayores son más pobres que la población general.

En ese sentido, el proyecto propone modificar la ley para tomar como corte al 90% de toda la población y no al subgrupo de 65 años o más. Con este cambio, alrededor de 73 mil adultos mayores también podrán acceder a la PGU, en el primer año de vigencia de la norma.


Debate parlamentario

El informe de la Comisión de Trabajo lo rindió a la Sala el diputado Luis Alberto Cuello (PC). Por la Comisión de Hacienda, en tanto, lo hizo el diputado Guillermo Ramírez (UDI).

Intervinieron en el debate las/os diputados Alberto Undurraga (DC), Bernardo Berger (IND), Felipe Donoso (UDI); Nelson Venegas (PS), Chiara Barchiesi (PREP), Carlos Bianchi (IND); Francisco Undurraga (Evopoli), Miguel Ángel Calisto (IND), Gael Yeomans (CVS); Nathalie Castillo (PC), Cristhian Moreira (UDI), Luis Alberto Cuello (PC); Miguel Mellado (RN), Cristián Tapia (IND), René Alinco (IND) y José Carlos Meza (PREP).

Asimismo, Leonardo Soto (PS), Marta Bravo (UDI), Joanna Pérez (IND); Ximena Ossandón (RN), Andrés Jouannet (IND), Emilia Schneider (Comunes); Agustín Romero (PREP), Daniella Cicardini (PS), Jorge Guzmán Evopoli); Félix González (PEV), Daniel Lilayu (UDI), Andrés Giordano (IND); Carolina Tello (PC), Erika Olivera (IND), Christian Matheson (IND) y Juan Santana (PS).

Transversalmente, las/os diputados valoraron esta modificación que permite avanzar a la universalidad y que beneficiará a un importante número de adultos mayores.

No obstante, se planteó que aún persisten criterios discriminatorios en el caso de las mujeres, que si bien pueden jubilar a los 60 años, solo pueden postular a la PGU a los 65. En ese sentido, se insistió con una indicación en la Sala para rebajar dicha edad. Esta fue declarada inadmisible, porque es una materia que es de exclusiva iniciativa del Presidente de la República.

Otro punto puesto en debate fue el llamado a incorporar en el universo beneficiado a pensionados del sistema Capredena. Esto, porque según señaló la diputada Chiara Barchiesi (PREP), un 25% de estos recibe pensiones menores a 450 mil pesos.

Las/os legisladores también llamaron la atención sobre el financiamiento de la PGU, que hoy implica un aporte del Estado equivalente a 2,3 puntos del PIB. Así, se trata de un beneficio que concentra la mayor cantidad de recursos públicos y que se incrementará año a año al sumar nuevos beneficiarios.

Por ello, se instó desde distintos sectores a contar transparentar cuál será la fuente permanente de financiamiento. Sin embargo, se plantearon posturas disímiles sobre el origen de esos fondos. Desde el oficialismo se llamó a respaldar la reforma tributaria para que no sean los trabajadores, sino los que más tienen los que aporten.

En cambio, el diputado José Carlos Meza (PREP), criticó que no se discuta otra vía que, es gastar menos y reducir costos innecesarios, como “la contratación de amigos y parientes en el Estado o subir sueldos a altos funcionarios”.

Todos los sectores plantearon que es necesario seguir avanzando en mejorar el sistema de pensiones. En ese aspecto, se pidió al gobierno implementar mecanismos que universalicen el beneficio, que faciliten su postulación (ya que los adultos mayores son poco digitalizados) y que se pueda asegurar que quienes hoy reciban la PGU no la pierdan en el futuro, por cambios en los parámetros socioeconómicos de la población.

Gobierno

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, explicó que esta propuesta pretende mejorar la ley aprobada el 29 de enero del año pasado. La idea es corregir el alcance de los beneficiarios aplicando el mismo parámetro de política pública usado con el otrora pilar solidario. Ello, aclaró, permitirá la incorporación de mas personas en régimen a este beneficio.

Precisó que, del universo de personas de 65 años o más, 24 mil adultos mayores ya postularon y fueron rechazados con los criterios vigentes que esta norma corrige. El resto de los posibles beneficiarios se calculan atendiendo la situación socioeconómica disponible en las bases administrativas del Estado. Detalló que quienes ya presentaron su postulación serán recalificados de oficio, sin necesidad de volver a realizar el trámite.

Por último, especificó que la iniciativa tendrá un costo fiscal de 168 mil millones de pesos. Asimismo, remarcó que, a la fecha, se pagan 2 millones 30 mil Pensiones Garantizadas.

Con argumentación de Acuerdo de Escazú: INDH presenta informe en derecho ante Suprema por socavón en Tierra Amarilla

En el informe elaborado por el INDH se enfatiza el derecho a la información que tienen las personas y que es uno de los puntos esenciales del tratado del que Chile es parte desde junio del año pasado.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante la Corte Suprema un informe en derecho o Amicus curiae por el reclamo que tienen tanto la municipalidad como los vecinos de Tierra Amarilla por un socavón producido a causa de la actividad minera en un área cercana al río Copiapó. 

Este socavón de 32 metros de diámetro y 64 metros de profundidad ocurrió durante el pasado 30 de julio, en un predio de la Compañía Minera Ojos del Salado. Esta firma tiene en el lugar el proyecto Mina Alcaparrosa.

Debido al socavón, que está a 500 metros de asentamientos con personas, el municipio y algunos vecinos de Tierra Amarilla presentaron recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. 

El tribunal rechazó dichas presentaciones porque la situación está “absolutamente controlada” y los organismos fiscales especialistas adoptaron “todas las medidas urgentes, necesarias y pertinentes”. Ya conocido el resultado, los autores del recurso elevaron su reclamo a la Corte Suprema, donde lo verá la tercera sala.

En este contexto fue que el INDH interpuso su Amicus curiae. Se trata de una presentación que pueden realizar terceros ajenos a una causa judicial pero que tienen un justificado interés en el litigio. Su admisibilidad queda entregada por lo general al respectivo tribunal. 

El INDH también ha presentado estos informes con motivo de la licitación para explotar yacimientos de litio en Antofagasta y Atacama (2022) y para la defensa de un espacio ceremonial de comunidades mapuche – williche en Los Ríos (2021).

Según dice el informe del INDH, la presentación tiene por objetivo ilustrar los alcances del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y los estándares sobre empresas y DD.HH., en particular principios relativos al deber del Estado de proteger y el deber de las empresas de respetar, que están contenidos en diversos instrumentos y documentos del derecho internacional de los DD.HH. 

Entre otros argumentos, el Amicus curiae menciona acerca del primer punto los principios señalados en el Acuerdo de Escazú, del cual Chile es parte desde el 13 de junio del año pasado.

El informe recuerda que el Acuerdo de Escazú tiene por objetivo garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Dedica especial atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad y coloca la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. 

De hecho, el artículo 5 del acuerdo indica que cada Estado firmante “deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental”, que está en poder de las autoridades, bajo su control o custodia, según el principio de máxima publicidad”. 

A eso, añade que la autoridad deberá responder solicitudes de información ambiental con la máxima celeridad, “en un plazo no superior a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la misma o en un plazo menor si así lo previera expresamente la normativa interna”.

Hay que recordar que el recurso del Municipio de Tierra Amarilla que rechazó la Corte de Copiapó plantea, entre otras materias, que la autoridad instruya un estudio dando cuenta de las explotaciones subterráneas e informando si debajo de la zona urbana existen explotaciones de ese mismo tipo. Además, el recurso pide ordenar a la Minera Ojos del Salado entregar semanalmente información sobre el socavón y las tronaduras “para la tranquilidad de los y las vecinas” de Tierra Amarilla.

Derechos humanos y empresas

El Amicus curiae también menciona los principios rectores en materia de derechos humanos y empresas. Entre ellos hace especial énfasis en el Pilar N°2 de estos principios, que sostiene que “las empresas deben respetar los DD.HH. Eso significa que deben abstenerse de infringir los DD.HH. de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los DD.HH. en las que tengan alguna participación”.

La consecuencia de este pilar es que existe una responsabilidad corporativa independiente de respetar los DD.HH., “lo que significa que las empresas comerciales deben actuar con la debida diligencia para evitar infringir los derechos de los demás y abordar los impactos adversos con los que están involucrados”.