La corrupción es uno de los mayores de Brasil. Un nuevo escándalo ha saltado a los medios esta semana, mientras los ‘indignados’ mantienen sus protestas, aunque con menor intensidad, en Río de Janeiro y Sao Paulo. En medio de este panorama, la justicia brasileña ha dictado la primera condena de cárcel para un senador por un caso de corrupción.
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El pasado mes de junio, la subida del precio del transporte público de Sao Paulo impulsó unas multitudinarias protestas en todo el país latinoamericano. En poco tiempo los brasileños comenzaron a reclamar una mejor sanidad y educación y a mostrar su malestar por la corrupción política, muy extendida en la nación.
Un par de meses después, los ciudadanos siguen saliendo a las calles, aunque las movilizaciones no son tan multitudinarias como al principio. Esta semana, se han manifestado en Río de Janeiro y Sao Paulo con un objetivo en mente: acabar con la corrupción.
En Río de Janeiro cerca de mil manifestantes exigieron la destitución del gobernador, Sergio Cabral, acusado de la violenta represión policial de las protestas y de ser demasiado cercano a grandes empresarios. Además, aseguran que derrocha el dinero público para transportar a su familia y su mascota en sus vacaciones.
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Por su parte, en Sao Paulo las protestas tienen que ver con la sanidad pública. "No creemos en el modelo de mercantilización de la salud, con hospitales privados, y queremos más calidad en la atención de la población y en el trabajo de los empleados del SUS (sanidad pública)", explicó a Efe el manifestante Paulo Spina.
Pero también están organizando grandes movilizaciones en relación al nuevo escándalo de corrupción relativo a la adjudicación de contratos ferroviarios. El gobierno de Sao Paulo, controlado por el principal partido de la oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ha sido acusado por la empresa alemana Siemens de haber permitido en la construcción del metro de la ciudad de la localidad la creación de un cartel entre empresas para adjudicarse las obras.
Governo Alckmin
De momento, parece que la presión social ha tenido sus efectos. Este jueves, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó al senador Ivo Cassol a cuatro años y ocho meses de prisión en régimen semiabierto. Esta sentencia supone la primera pena de cárcel por corrupción a un titular de la Cámara alta en el país iberoamericano.
La condena al senador, del derechista Partido Progresista (PP) tiene que ver con un fraude de licitaciones cometido entre 1998 y 2002, cuando era alcalde de la ciudad amazónica de Rolim de Moura, en el estado de Rondonia.
