Por Rodolfo Varela
La reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que elevó las indemnizaciones a víctimas detenidas y torturadas en 1973 y 1974, ha sido presentada como un avance en materia de reparación.
Es cierto: se trata de un reconocimiento judicial al dolor y al daño moral causado por la maquinaria represiva de la dictadura. Pero, ¿acaso después de cinco décadas debemos aplaudir un fallo tardío, que apenas alcanza a rozar la dimensión del horror sufrido por miles de chilenos?
Mientras se anuncia esta resolución como si fuera un logro, miles de procesos siguen estancados o invisibilizados. Las familias de niños y niñas abusados y vendidos al extranjero durante los años más oscuros de nuestra historia aún esperan verdad y justicia. Los presos políticos, los torturados, los detenidos desaparecidos y sus familiares cargan con décadas de espera, promesas incumplidas y expedientes archivados.
Y hay un hecho aún más doloroso: en el Instituto Médico Legal permanecen cientos de restos mortales de víctimas de la dictadura que aún no han sido identificados, porque falta la autorización del Estado para avanzar en los procesos. Allí, en depósitos fríos y silenciosos, se acumulan huesos que tienen nombre, historia y familias que llevan medio siglo esperando una respuesta que nunca llega.
Yo mismo soy uno de esos sobrevivientes. Fui detenido y torturado en 1973, en el subterráneo del Ministerio de Defensa, y luego en Salvador, ciudad minera del norte de Chile, donde me amenazaron de muerte. Durante años no inicié proceso alguno contra el Estado; a mis 75 años siento que, si algún día llegara un fallo, ya estaría muerto. Solo cuando quise ser reconocido como exonerado político debí entrar en un proceso judicial, y fue el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto quien me defendió. De no haber sido por él, aún seguiría esperando una resolución.
Hoy recibo una pensión de $230.000 pesos, cantidad que en Chile no alcanza para vivir dignamente ni para costear los remedios que necesito por las secuelas de las torturas sufridas. Mi historia es la historia de miles.
Chile arrastra una deuda que no se resuelve con sumas de dinero fijadas en tribunales, mucho menos cuando esas indemnizaciones llegan tarde y solo a unos pocos. Lo más grave: los sucesivos gobiernos —de derecha y también de izquierda— han demostrado una falta de compromiso real con la justicia. La izquierda, que se proclama heredera de las luchas por la democracia, ha caído en la misma tibieza institucional que posterga y relativiza el derecho a la verdad.
¿Hasta cuándo se seguirá llamando “victorias judiciales” a fallos que son apenas el cumplimiento mínimo de una obligación del Estado? La justicia no debería llegar como limosna ni como reparación simbólica, sino como respuesta concreta, integral y oportuna.
Hoy, cuando se conmemoran más de 50 años del golpe, la deuda con las víctimas y con el pueblo sigue abierta. Chile necesita despertar de la indiferencia, reconocer que estas resoluciones no son un regalo ni un gesto magnánimo de los tribunales, sino la evidencia de que la justicia ha llegado tarde, mal y a medias.
No hay verdadera democracia sin memoria, sin reparación íntegra y sin un Estado que asuma de una vez por todas su responsabilidad frente al dolor de miles de compatriotas que siguen esperando.
Por Rodolfo Varela, locutor y sobreviviente de la dictadura chilena
