HISTORIA DE LA DICTADURA CIVIL-MILITAR DE CHILE
Los antecedentes del golpe del 11 de septiembre de 1973 estuvieron marcados por un intenso resurgimiento de la rivalidad política entre la derecha y la izquierda. En efecto, antes de 1973 Chile gozaba de un estatus de larga tradición democrática, a diferencia de otros países latinoamericanos, 2006). Sin embargo, luego del fin del gobierno populista del general Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), en menor escala que Juan Domingo Perón en Argentina o Getúlio Vargas en Brasil, las fuerzas políticas partidistas chilenas comenzaron a reagruparse. En el período de 1958 al golpe de 1973, tanto la derecha como el centro y la izquierda lograron poner en práctica sus respectivos modelos de gobierno y políticas económicas, completamente divergentes entre sí. Posteriormente, las presidencias de Jorge Alessandri (1958-1964), Eduardo Frei (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973), evidenciaron la polarización política chilena. Sin embargo, fue en el gobierno de izquierda del marxista Salvador Allende, en plena Guerra Fría y la Revolución Cubana, que los militares chilenos decidieron dejar de lado su neutralidad político-partidista e intervenir directamente en las instituciones del Estado democrático.
Bombardeo al Palacio de la Moneda de Chile, 1973.
Las elecciones de 1958, ganadas por el candidato independiente de derecha Jorge Alessandri, apoyado por los partidos Conservador y Liberal, marcaron el regreso de la derecha al poder en Chile después de casi dos décadas. Sin embargo, también marcó el crecimiento significativo de la izquierda, especialmente entre los trabajadores urbanos y rurales. La izquierda chilena estuvo representada en la candidatura de Salvador Allende por el “Frente de Acción Popular” (FRAP), que luego dio origen a la “Unidad Popular” (UP), una coalición de partidos y movimientos sociales de izquierda, incluido el Partido Popular. Partido Socialista (PS) y Partido Comunista de Chile (PCC). Después de 1959, la situación política de Chile despertó la atención de Estados Unidos (EE.UU.), que temía el surgimiento de una nueva Cuba en América Latina. La reforma agraria chilena comenzó de manera muy incipiente, aún durante el gobierno de Alessandri, bajo la presión de los EE.UU., en un intento de mitigar los conflictos y malestares en el campo. De todas formas, Jorge Alesssandri no pudo contener los avances de la izquierda, dado el aumento de la inflación, el desempleo y la dependencia del capital extranjero. Estados Unidos invirtió masivamente en Chile. Empresas y bancos estadounidenses eran sus principales acreedores, casi el 40% de las importaciones chilenas provenían de EE.UU., así como el 90% de los equipos para la minería del cobre, su principal actividad económica exportadora en ese momento.
Así, para las elecciones de 1964, Estados Unidos apoyó económicamente al candidato de centro-derecha Eduardo Frei, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que salió victorioso. Durante el gobierno demócrata cristiano, Chile recibió alrededor de mil millones de dólares en ayuda exterior de Estados Unidos, más que cualquier otro país latinoamericano. Bajo la promesa de realizar reformas estructurales, combatir la inflación y avanzar en la reforma agraria, el gobierno de Frei no logró quebrar la desconfianza de los empresarios y campesinos, alarmados por el avance de la redistribución de la tierra, ni logró insertarse efectivamente en el movimiento sindical y eliminar la influencia del FRAP en los trabajadores urbanos y rurales. Incluso con la llamada “chilenización” de las minas de cobre, una sociedad entre el Estado y empresas mineras privadas estadounidenses, el PDC no logró romper el dominio de los partidos de izquierda entre los sectores populares de la sociedad. El PDC fue presionado por ambos lados, la derecha trató de radicalizarse a través de grupos paramilitares, mientras se intensificaba el malestar social. En los años 1968 a 1970 se registraron más de 648 huelgas, sin contar las ocupaciones de fábricas y fincas.
En consecuencia, el resultado de las elecciones de 1970 fue la victoria de la izquierda, a través de la coalición “Unidad Popular” (UP). Salvador Allende llegó al poder con el 36% de los votos válidos, lo que en sí mismo no significó una radicalización del electorado. De hecho, el expresidente conservador Jorge Alessandri obtuvo el 34% de los votos. Allende no contó con la mayoría del Congreso Nacional para ratificar su plan de gobierno. De hecho, el Congreso solo permitió la toma de posesión de Allende tras imponer la firma de un “Estatuto de Garantías Democráticas”, exigiendo que se respete la Constitución Federal, las garantías políticas y civiles, la existencia de los partidos políticos, la libertad de prensa y la autonomía. Las fuerzas armadas. Aun así, la oposición más decidida contra Allende provino de organizaciones y conglomerados estadounidenses que operaban en el país. La “Compañía Internacional de Teléfonos y Telégrafos” (ITT) desembolsó sumas significativas para obligar a todas las alas del PDC a oponerse en el Congreso. La CIA, con el fin de crear un caos político, financió a grupos de extrema derecha para llevar a cabo el secuestro del entonces Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el general leal y, por tanto, defensor de la Constitución, René Schneider, quien fue asesinado resistiendo la acción. Al mismo tiempo, la banca internacional y el empresariado nacional procedieron a la fuga de capitales e interrupción del crédito o financiamiento al Estado.
En medio de los “embargos” económicos en el exterior y la desconfianza del empresariado local y la pequeña burguesía, Salvador Allende anunció en su toma de posesión su disposición a negociar lo que sería el primer “gobierno auténticamente democrático, popular, nacional y revolucionario en la historia de Chile”. Si bien la derecha chilena trató de caracterizar al nuevo gobierno como autoritario, antidemocrático, comunista y subversivo, la UP, alianza política que agrupó diferentes corrientes de pensamiento de izquierda, sintetizadas en el llamado movimiento “Poder Popular”, destinado a poner en práctica su proyecto sin salirse de los límites constitucionales. Las reformas implementadas consistieron en un aumento general de los salarios; institución de control de precios y distribución, a través de los comités locales y las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), que también aseguraban el suministro gratuito de leche a las familias con niños en edad escolar; la nacionalización efectiva de las minas de cobre; la nacionalización de más de ochenta empresas en sectores estratégicos, puestas bajo la tutela del Área de Propriedad Social (APS), con participación directa de los trabajadores; la reforma agraria, que avanzó más en un año de gobierno de la UP que en todo el gobierno del PDC, con la creación de cooperativas agropecuarias. Como resultado, las tasas de crecimiento del PIB alcanzaron el 7% y las tasas de desempleo por debajo del 3%. Sin embargo, la “revolución” de Allende avanzaba con extrema dificultad. La política de inversión social disparó el gasto público en un 66% más, el déficit fiscal casi se duplicó, llegando al 22% del PIB, combinado con la caída de las exportaciones de cobre, que fueron “boicoteadas” por los estadounidenses en el mercado internacional. Además, con la acción de los medios y opositores, prácticamente todas las medidas adoptadas por la UP se tornaron rápidamente en polémica. Por ejemplo, la reforma educativa, el proyecto Escuela Nacional Unificado (ENU), que por usar terminología marxista fue categóricamente rechazado por obispos de la Iglesia Católica y el Ejército, ya que podría interferir en escuelas privadas y colegios militares. En 1971 tuvo lugar la larga visita oficial a Chile del líder revolucionario cubano, Fidel Castro, que generó reacciones internacionales, principalmente de EE.UU.
Agotadas las fuentes de financiamiento externo, el Congreso Nacional bloqueaba cualquier intento de reforma fiscal y se interrumpían deliberadamente las inversiones del sector privado interno. Muchos asuntos gubernamentales, que antes se resolvían políticamente, entre el Poder Ejecutivo y los diputados, pasaron a ser judicializados, es decir, resueltos en el ámbito del Poder Judicial. Pronto, la inflación volvió a subir, el “comercio paralelo” de productos básicos y también el radicalismo de la derecha. Hubo constantes actos de sabotaje y amenazas de una “huelga de jefes”. De hecho, tuvo lugar en octubre de 1972 y pasó a ser conocido como el “paro de camioneros”. Esta huelga general fue convocada por dirigentes opositores del PDC, luego de negociaciones entre los camioneros, organizados en asociaciones de profesionales liberales llamadas “gremios”, con los empresarios. Otros sectores los siguieron de inmediato en la decisión de parar. En respuesta, grupos de trabajadores, partidarios del gobierno, se organizaron en los llamados “Cordones” y, frente al paro económico total, ocuparon unas 250 fábricas en un solo día. Pero la reacción llegó demasiado tarde, ya que el golpe creció entre los políticos civiles opuestos a la UP y entre los altos mandos militares. El derrocamiento del gobierno elegido democráticamente ya había comenzado.
En 1973 se autorizó a la CIA a gastar alrededor de ocho millones de dólares para derrocar a Allende. El entonces Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Carlos Prats, como leal, al igual que su antecesor René Schneider, se vio obligado a dimitir, al negarse a sumarse al golpe. Cuando el general traidor Augusto Pinochet tomó su lugar, las Fuerzas Armadas se levantaron.
El 11 de septiembre de 1973 fue cercado y bombardeado el palacio presidencial de La Moneda. Sólo resistió la pequeña guardia personal de Allende. El “Grupo de Amigos Personales” (GAP), encargado de la seguridad del presidente, estaba integrado por simpatizantes y militantes del ala radical de la UP, y quienes no pudieron escapar al exilio tras el golpe terminaron muertos en la acción o bajo tortura inmediatamente después. Salvador Allende también fue asesinado por militares traidores a la patria, pero la versión oficial fue de suicidio.
El traido General Pinochet concentró el poder de las Fuerzas Armadas, siendo también jefe del Poder Ejecutivo de la Dictadura Cívico-Militar chilena. El régimen recién establecido pretendía acabar por completo con los movimientos políticos y sociales en Chile. Se suprimieron todos los partidos, tanto de derecha como de izquierda y de centro, este último, golpista. La participación civil en la dictadura se dio a través de empresarios tecnocráticos y economistas en el Consejo de Estado. Como en otros ejemplos latinoamericanos, la dictadura del traidor Pinochet buscó legitimarse a través de una política económica completamente nueva. En el caso chileno, los ideales neoliberales monetaristas de Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago, recurrieron al autoritarismo para ser implementados. La combinación de estos factores llevó a Chile a ser un gran experimento de neoliberalismo económico en el siglo XX. Por lo tanto, la base principal de las presiones sociales, a ser eliminadas, residía en las tasas de inflación aún en torno al 300% entre 1974 y 1975. De esta forma, a partir de 1975, los “Chicago boys”, muchos de los cuales ya habían sido asesores en el gobierno conservador de Jorge Alessandri, pudieron aplicar su autodenominado “tratamiento de choque” a la economía chilena. El proyecto, encabezado por el ministro Sergio de Castro, consistía en la combinación de la libre acción de las fuerzas del mercado, la máxima austeridad en las cuentas públicas y la privatización radical.
Permitir que las “leyes” del libre mercado regulen los salarios, privatizando el sector público, para socavar el poder de negociación política de los sindicatos y así ahuyentar de una vez por todas el espectro del socialismo, ha alentado a las empresas locales y especialmente a los conglomerados internacionales. En los primeros tres años del dictadura militar del traidor Pinochet, Chile recibió más de US$300 millones en préstamos e inversiones del exterior, frente a los US$15 millones recibidos por el gobierno de Allende durante los tres años anteriores. Al mismo tiempo, las inversiones públicas se redujeron a la mitad, los salarios se devaluaron más del 60% y el desempleo aumentó un 15%. Las privatizaciones se realizaron en condiciones muy favorables para unos pocos conglomerados capaces de adquirir activos estatales. Se estima que, en 1978, sólo cinco conglomerados controlaban el 53% de todo el capital chileno. Asimismo, la reforma agraria sufrió importantes reveses. Ante la falta de acceso a crédito y asistencia técnica, los campesinos que trabajaban la tierra redistribuida tuvieron que venderla. Las tasas de gasto social per cápita, principalmente en salud, educación y seguridad social, se redujeron a las peores de toda América Latina. Los fondos de pensiones fueron transferidos a las arcas de las aseguradoras privadas, propiedad de los mismos conglomerados que concentraban la mayor parte de los ingresos. Aun así, el crecimiento medio anual del PIB no llegó al 1,5%, a pesar de que los datos fueron maquillados por la dictadura y las medidas aplicadas fueron desfavorables a las inversiones, estimulando sólo el capital especulativo.
Mientras que, por un lado, el Estado fue desmantelado bajo la tutela de los militares, por el otro, el régimen se consolidó a través de la violencia política contra los opositores. La dictadura del traidor Pinochet se hizo conocida como una de las más brutales y sangrienta de la historia latinoamericana. Solo en los primeros meses, más de 80.000 personas fueron detenidas por motivos políticos. La barbarie no perdonó ni siquiera a figuras de renombre internacional como el popular cantante Víctor Jara, quien fue golpeado en sesiones de tortura, le rompieron las manos y luego fue ejecutado en el Estadio Nacional de Chile, donde los presos políticos eran encarcelados y torturados a la espera de su ejecución. La policía secreta de Pinochet, denominada “Dirección de Inteligencia Nacional” (DINA), encabezada por el General Manuel Contreras, constituyó un aparato represor del Terrorismo de Estado con más de 9.000 agentes y una vasta red de informantes. En el marco de la “Operación Cóndor”, la DINA fue responsable de los asesinatos del General Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires y también del ex canciller de Allende, Orlando Letelier, ocurrido en Washington (EE.UU.). Como resultado, debido a la presión de EE.UU., DINA acaba de cambiar su nombre a CNI. El general Contreras fue destituido, sin embargo, se mantuvo el funcionamiento del aparato represivo. Además, los gastos militares del genocida Pinochet fueron igualmente grandes. Para mantener la lealtad de los generales, Chile se convirtió, en 1980, en el país latinoamericano con mayor inversión en las Fuerzas Armadas, en torno al 6% del PIB.
Cualquier actividad partidista era prácticamente imposible durante la dictadura chilena. Los líderes de la UP fueron prácticamente desaparecidos o exiliados. Con la desindustrialización del país y la caída real de los salarios, el movimiento sindical quedó casi totalmente controlado y desarticulado. Aun así, la resistencia se dio principalmente a través de la clase obrera. Por ejemplo, los trabajadores del sector del cobre rechazaron a los líderes impuestos por la dictadura y se organizaron en paralelo. El “Comando Nacional de Trabajadores”, formado por dirigentes sindicales, en su mayoría desempleados, centró sus actividades en manifestaciones callejeras. Las poblaciónes de Santiago también fueron escenario de la reacción popular y se convirtieron en verdaderos campos de batalla. A finales de 1984, las fuerzas de seguridad organizaron incursiones represivas en los barrios pobres para sofocar los disturbios. También surgieron movimientos guerrilleros que vieron en la lucha armada la única solución para enfrentar al régimen dictatorial y construir el camino al socialismo. Entre ellos destacaba el “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR), que se había radicalizado desde finales de la década de 1960. El dictador traidor Augusto Pinochet, sin embargo, sin éxito. Esta organización permaneció activa hasta después de la “transición democrática” y fue considerada una “organización terrorista” por EE.UU. El Movimiento Juvenil Lautaro (MAPU LAUTARO), con orígenes en la década de 1980, entre las alas de la izquierda cristiana, también se mantuvo activo tras el fin de la dictadura, hasta que su principal líder fue capturado y juzgado como “terrorista” en 1994. Otro importante polo de resistencia provino de la Iglesia católica, encabezada por el cardenal de Santiago. El cambio de posición de los máximos líderes de la Iglesia chilena, que inicialmente habían apoyado el golpe, se debió a la persecución de los líderes católicos vinculados al PDC. Desde entonces, la Iglesia ha denunciado constantemente las violaciones de los derechos humanos y ha encabezado movimientos populares por la “transición democrática”.
Sofocada la oposición, el régimen se legitimó con el apoyo de grandes conglomerados y sectores medios de la sociedad. Esta vez, Pinochet se sometió al escrutinio popular en 1980. Se convocó a plebiscito para aprobar una nueva Constitución Federal, cuyo texto incorporó el autoritarismo, institucionalizó la represión y otorgó poderes ilimitados al dictador. El Traidor Pinochet permanecería en el cargo por otros ocho años, con posibilidad de reelección. Esta Carta Magna, con algunas reformas, está vigente hasta el día de hoy. A pesar de esto, la severa crisis económica de 1982-1983 llevó al declive del régimen. El ministro “chico de Chicago” Sergio de Castro fue despedido y la inflación volvió a subir a niveles estratosféricos. El desempleo ya alcanzaba la proporción del 30% de la población activa y el PIB cayó más de un 14%. Ante la crisis provocada por el experimento neoliberal, que los militares atribuyeron a la recesión internacional, los partidos políticos volvieron progresivamente a la actividad política directa, luego de más de diez años de gobierno militar. En el centro se formó la “Alianza Democrática” (AD) y en la izquierda se formó el “Movimiento Democrático Popular” (MDP). El Partido Comunista, por su parte, rechazó cualquier coalición, ni abdicó de la resistencia armada. Tras el fallido atentado contra el dictador Pinochet en 1986, el temor a que la izquierda volviera al poder hizo que el control de la transición estuviera en manos del régimen.
En el plebiscito de 1988, El traidor Augusto Pinochet se lanzó como único candidato. El electorado chileno acudió masivamente a la elección, ante la atención internacional y la participación de observadores extranjeros. Los votantes deben decidir entre “Sí” y “No”. La opción de no continuar con el régimen ganó con el 55% de los votos. Sin embargo, los militares aún tendrían más de un año, hasta las elecciones presidenciales de 1989, para preparar su salida. Mientras tanto, se promulgaron decretos que imposibilitaron que un presidente civil controlara las Fuerzas Armadas e investigara los hechos cometidos durante el régimen. Incluso las principales campañas de oposición fueron por la reconciliación nacional y la moderación política. Patrício Aylwin del PDC, exsenador durante el régimen, asumió el cargo de presidente en 1990, manteniendo al traidor Augusto Pinochet como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Al final de la Dictadura Cívico-Militar neoliberal, siete millones de chilenos se encontraban en la pobreza.
También en 1990, por orden del presidente electo, se estableció la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, también conocida como Comisión Rettig. El informe final de la Comisión, en 1991, encontró alrededor de 3.000 violaciones a los derechos humanos, sin señalar culpables. Luego, se creó la “Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación” para promover la reparación de las víctimas. Las medidas más efectivas para la memoria y la justicia fueron impulsadas por el juicio al General Manuel Contreras, en 1993, en relación con el asesinato de Orlando Letelier. Posteriormente, el exdirigente de la DINA también fue juzgado por secuestros y asesinatos de opositores políticos y condenado en Argentina por el asesinato del general Carlos Prats. El caso de mayor repercusión fue la extradición del general traidor Augusto Pinochet, detenido en Londres en 1998 a petición del juez español Baltazar Garzón. Dos años después, en el 2000, el gencida Pinochet fue enviado de regreso a Chile, donde no pudo ser juzgado, dada su inimputabilidad, acreditada por razones de insania mental. En 2006, después de su muerte, multitudes salieron a las calles de Chile para celebrarlo. De todas formas, las investigaciones continuaron y, según el “Informe Anual de Derechos Humanos en Chile”, de la Universidad Diego Portales, hasta 2017 la Corte Suprema de Chile condenó a 532 agentes de la represión por casos de imprescriptibles violaciones de derechos humanos.
