El Estado de Chile debiera pedir perdón por la falta de protección que permitió que niños y niñas fueran víctimas de robo, abusos y adopciones ilegales durante la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet.
Pero más grave aún es la indiferencia de gran parte de la población chilena, que parece no conmoverse frente a este drama humano. Porque cuando el problema no les toca directamente, los chilenos prefieren mirar hacia otro lado.
El 5 de junio de 2025, víctimas de las adopciones ilegales se manifestaron exigiendo al gobierno de Gabriel Boric la creación inmediata de un banco público de ADN que permita a miles de familias reencontrarse con sus hijos, hijas y hermanos arrebatados por un sistema de horror. No piden caridad ni discursos: exigen justicia y memoria.
Al grito de “¡No más silencio!” y “¡Nos mintieron, nos sedaron, nuestros hijos nos robaron!”, miembros de la Fundación Hijos y Madres del Silencio recordaron frente a La Moneda que esta promesa debe cumplirse antes del fin del mandato de Boric, o quedará —como tantas otras— sepultada en el olvido.
La creación de un banco público de ADN es una medida urgente y necesaria, similar a lo que han hecho las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Sin embargo, en Chile, las promesas se acumulan mientras las madres mueren sin saber dónde están sus hijos.
La verdad es brutal: se calcula que unos 20.000 niños chilenos fueron robados y entregados en adopciones irregulares a familias extranjeras, principalmente en Estados Unidos, Suecia, Alemania, Francia, Italia, España y Países Bajos. Apenas 1.000 han logrado reencontrarse con sus familias.
Estos crímenes no fueron accidentales ni aislados: hubo médicos, matronas, jueces, notarios, políticos, autoridades migratorias y religiosos involucrados en la maquinaria de sustracción de menores. Fue un negocio sucio, avalado por el silencio cómplice de instituciones y de una sociedad que prefirió callar.
Hoy, casi medio siglo después, muchos siguen callando. Muchos prefieren decir que “hay que mirar hacia adelante”, como si el pasado fuera un estorbo. Pero ese “mirar hacia adelante” solo significa una cosa: indiferencia y cobardía frente al dolor ajeno.
Chile necesita memoria, y no solo en los discursos oficiales del 11 de septiembre. Necesita memoria viva, activa, incómoda, que se enfrente a la verdad: miles de niños fueron robados, miles de madres fueron engañadas, y el país entero permitió que esto ocurriera.
Mientras no exista justicia plena, mientras el banco público de ADN no sea una realidad efectiva, y mientras la población chilena siga mirando para el lado, Chile seguirá siendo un país sin memoria, un país que traiciona a sus propios hijos.
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