La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en contra de cuatro ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Santiago Ferruz López, Mario Quezada Solís, José Ascencio Subiabre y Octavio Boettiger Vera, ilícitos perpetrados entre el 11 de diciembre de 1975 y el 17 de enero de 1976.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Hugo Dolmetsch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Carlos Aránguiz– condenó a penas de 5 años y un día de presidio a los agentes Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderorth Pozo, Ricardo Lawrence Mires y Carlos López Tapia.
La sentencia del máximo rebajó el quantum de la pena de 15 años de presidio que dictó en primera instancia el ministro Leopoldo Llanos en contra de los sentenciados, acogiendo -por mayoría- la figura de la media prescripción.
En el aspecto civil, el máximo tribunal condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos) a Luis Quezada Solís; $ 75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos) a Andrea Boettiger Montenegro; $100.0000.000 (cien millones de pesos) a Luperfina Urbina Pizarro, y $100.000.000 (cien millones de pesos) a Emelina Subiabre Ovalle.
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